Juicio del 1-O: Un tribunal controlado “desde delante”
Por Gemma García
Kaosenlared
11.02.2019
Con motivo del juicio contra el 1 de Octubre, La
Directa publicó el suplemento “La Defensa”, 80.000 ejemplares gratuitos que se
distribuyen por todo el territorio. El artículo repasa la figura de los siete
magistrados que forman el tribunal, bajo la sombra de la parcialidad y del
sesgo conservador.
“Controlaremos la sala segunda desde
atrás”. El whatsapp del portavoz de los populares en el Senado español, Ignacio
Cosidó, pretendía tranquilizar a los miembros de la Cámara alta después de que
se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Poder
Judicial en noviembre pasado. Quien iba a permitir “controlar desde atrás” la
sala penal del Tribunal Supremo era Manuel Marchena. El pacto de ambas fuerzas
políticas implicaba que el magistrado dejara de presidirla y se colocara al
frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Supremo.
Finalmente, a raíz del mensaje filtrado, Marchena renunció y el supuesto
“control” se mantiene “desde delante”: el ex fiscal de la aznarato continúa
encabezando el tribunal que juzga el 1-O y será el ponente de la sentencia.
Encabezados
por Marchena, serán siete los jueces que juzgarán a las doce personas
querelladas en el banquillo del majestuoso salón de plenos del Supremo,
coronado por la composición pictórica La ley triunfando sobre el mal.
De estos, al menos cinco han sido cuestionados por las defensas. Para el jurista
José Pérez Royo, la existencia del whatsapp ya “es un caso bastante evidente de
pérdida de imparcialidad”, pero a las defensas tampoco les parecen
“imparciales” Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela
Castro ni Antonio del Moral García. Todos ellos han sido recusados porque formaron parte de la sala de admisión que dio luz verde a tramitar
la querella criminal. Advirtiendo que hay que examinar cada caso y el grado de
intervención, el fiscal y ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín —quien precisamente fue
relevado por Marchena cuando se jubiló— explica que esta situación en términos
procesales se denomina “contaminación objetiva”. De hecho, hay sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, ha estimado que
no había imparcialidad.
Más allá de la contaminación objetiva,
sobre el tribunal planean un buen puñado de decisiones polémicas, amistades
peligrosas y un nítido sesgo conservador. Solo uno de los componentes, Varela
Castro, pertenece a la asociación Jueces para la Democracia. La mayoría están
alineados con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o
con la escindida Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
(AJFV). Un conservadurismo, recuerda Martín Pallín, que “impera” en el
conjunto de la judicatura española.
Hijo
de un capitán de la Legión, Marchena —capitaneado el tribunal— encarna este
conservadurismo, aunque es reconocido como buen jurista por parte de distintas
sensibilidades; “formalmente exquisito”, según la abogada Eva Labarta. Pasó
toda su infancia en El Aaiún, en Marruecos, donde habían destinado a su padre,
pero ya en España forjó su carrera judicial tras el fiscal general del Estado
ultraconservador y miembro del Opus Dei Jesús Cardenal. Como magistrado, acordó
las ilegalizaciones de
Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas
(PCTV), y también condenó por desobediencia al presidente del Parlamento vasco
Juan María Atutxa y los ex miembros de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. En
Cataluña, es quien firmó la condena a tres años de prisión para ocho activistas
de Aturem el Parlament, que
fueron absueltos por la Audiencia Nacional. En relación con el conflicto
político, Marchena —en este caso en tándem con Martínez Arrieta—, archivó la
querella por violación de secretos, prevaricación y malversación contra el ex
ministro español de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex director de la
Oficina Antifraude Daniel de Alfonso, a raíz de las conversaciones grabadas en
el despacho del ministro en las que se conspiraba para atacar a líderes de los
principales partidos soberanistas.
Además de una mayoría recusada, “los
siete magníficos” —como los llaman en algunos chats del Poder Judicial,
según el periodista Ernesto Ekaizer— tienen más rasgos en común. Como Marchena,
Antonio del Moral también inauguró su carrera judicial ejerciendo de fiscal en
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y en 2013, como ex
fiscales y ya dentro del Supremo, ambos se encontraron para recoger la Gran
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, un premio otorgado por el Consejo
de Ministros.
Vinculado
al Opus Dei, Del Moral consiguió archivar la causa contra la ex alcaldesa de
Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo, investigada por haber
concedido contratos a tres empresas de la trama Gürtel antes de la redacción de
las condiciones del concurso. En el mismo hilo de la red de corrupción,
Marchena, que despegó su carrera bajo los gobiernos populares —a propuesta de
Alberto Ruiz-Gallardón fue nombrado presidente de la comisión parlamentaria que
elaboró la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal—,
fue sorprendido comiendo con el ex ministro español Ángel Acebes en octubre de
2014, poco antes de que fuera imputado por el juez Ruz; una botella mágnum de
vino francés Petrus de 2.000 euros y dos kilos de angulas eran algunos de los
detalles de la mesa de los comensales. No es el único vínculo de Marchena con
los ex ministros de Aznar: el magistrado formó parte del jurado del galardón La
Ley, que otorga Wolters Kluwer. La fundación tenía como presidente de su
delegación en España al exministro de Justicia del PP José María Michavila, que
hasta 2015 controlaba el 37% de la sociedad.
Marchena
y Del Moral también coincidieron —entre cargos de la policía, la abogacía, la
fiscalía y en magistratura que impartían clases y conferencias— en la Schola
Iuris. El instituto jurídico madrileño se situó en el ojo del huracán porque un
grupo de juristas, en 2012, denunció ante el CGPJ que la participación de
determinados jueces ponía en duda el cumplimiento de los regímenes de
incompatibilidades y prohibiciones. La empresa, propiedad de los socios del
comisario Villarejo —cerebro
de la operación Cataluña—, hacía confluir jueces como los del Supremo, que
decidían sentencias sobre la trama de corrupción Gürtel, con profesionales del
derecho que asumían la defensa de las personas imputadas. Como ejemplo, en
2013, el tribunal en el que estaban ambos —así como Juan Ramón Berdugo, también
uno de los “siete magníficos”— ratificó la decisión de un jurado popular de
absolver al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en
el caso de los trajes de la Gürtel. El CGPJ nunca dijo nada.
No
todos los magistrados del tribunal de los siete, sin embargo, han podido
disfrutar de los silencios. Hace menos de un año, tanto Martínez Arrieta como
Berdugo recibieron un serio revés de Europa: el Tribunal Europeo de Estrasburgo
confirmaba que los miembros de ETA Igor Portu —que tuvo que ingresar en la UCI—
y Mattin Sarasola fueron víctimas de un “tratamiento inhumano y degradante”,
y condenaba al Estado español a
indemnizarlos. Ambos magistrados, en 2011, habían anulado la condena contra los
cuatro guardias civiles perpetradores de las torturas, dictada por la Audiencia
de Gipuzkoa un año antes. Jaume Asens, actual teniente de alcalde de Barcelona
y entonces vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, ya lo
calificó de “aberración jurídica”.
Más
allá de los nombres —Marchena, Arrieta, del Moral, Berdugo, Ferrer, Varela y
Palomo—, para la abogada Labarta, que llevó la defensa de Francesc Homs en el
juicio por 9N, hay un problema sistémico: “El CGPJ es quien nombra a los jueces
y, a su vez, es mayoritariamente ultraconservador, con importantes influencias
del Opus. Los jueces están contaminados formalmente por la sala de admisión y
realmente por todo lo demás”. Asimismo, Martín Pallín tiene claro que el
sistema de selección de la cúpula judicial es “aberrante y no existe en ningún
país de Europa”. Para el ex magistrado del Supremo, hay que volver al sistema
inicial, anterior a la reforma de 1985, cuando al menos doce vocales del CGPJ,
que eligen a los del Supremo, eran elegidos por integrantes del esqueleto
judicial.
Bajo el sistema vigente, a los doce
independentistas les toca sentarse ante la mirada de quien constituye hoy en
día el núcleo duro del poder judicial en España: Manuel Marchena. Lo hacen
después de una investigación que duró doce meses, encabezada por Pablo Llarena,
quien un día de 2012 creyó que el conflicto entre Cataluña y el Estado español
tenía “una solución esencialmente política”. Finalmente, y en sentido contrario
a aquellas palabras, la política está en manos de un tribunal de siete jueces y
entre las cuatro paredes de la sala de plenos, donde cada año el rey español
preside la ceremonia de apertura del año judicial.
LA
DEFENSA
Este
reportaje forma parte del suplemento ‘La Defensa’,
editado con motiva del juicio contra el Referéndum de Catalunya por La Directa.
El texto original, en catalán, se puede leer en la web de La Directa.
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