Caso de los ERES: la punta del
iceberg.
DIARIO
OCTUBRE / diciembre 5, 2019
En España los casos
de corrupción desvelados e investigados hasta ahora suponen un coste de unos
124 mil millones de euros. Para poner esa cifra en contexto, el presupuesto de
sanidad es de unos 4 mil millones y el de Educación unos 2 mil millones de
euros.
Según la Memoria
de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada actuó en un total de 678 procesos
durante 2018:
Aunque los
medios de comunicación del régimen tratan de poner cerco a la herida, la
realidad es que el cuerpo entero del régimen capitalista está putrefacto y en
descomposición. Conforme se tira del hilo, unos casos de corrupción llevan a
otros y abarcan a todas las instituciones y ámbitos geográficos del Estado
español.
A la jueza
Mercedes Alaya, que se ocupó de la causa de los EREs durante años, la apartaron
para que no fuera más allá de Andalucía y el PSOE, pues como ella misma relató
en una reciente entrevista concedida a ABC
“tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente,
con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación
de dichos procedimientos […] La causa real … fue, desde mi punto de vista, el
miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación
porque habíamos visto ya cosas asombrosas.[…] durante años se concedieron
nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber
acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año
anterior».
En el caso de
los EREs nos encontramos ante una muestra de cómo las instituciones burguesas
acuden al rescate de las empresas para que incluso los despidos, subidas
salariales y reestructuraciones les salgan gratis, saltándose si hace falta sus
propias normas y controles. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez
emitió hasta quince informes entre 2003 y 2009, en los que advertía de las
deficiencias del sistema para abonar las ayudas, haciendo caso omiso el
gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
Como se
concluye en la sentencia Nº 490/2019 de la Audiencia
Provincial de Sevilla, relacionada con la pieza política del caso de
los EREs, las ayudas a las empresas, con la necesaria colaboración de las
cúpulas sindicales de UGT y CCOO, sirvieron para comprar la “paz social” ante
una nueva cresta de la crisis capitalista en los años 90 que preveía despidos
masivos y cierres de empresas:
“HECHOS
PROBADOS […] CUARTO.- Cronología de los hechos. 1.- Hay que partir de la
situación social por la que atravesaba la comunidad autónoma de Andalucía en la
década de los 90, cerca ya del año 2000. Con una situación generalizada de
fuertes crisis empresariales, que afectaban a una importante cantidad de
trabajadores, llegando incluso a suponer el despido de plantillas en su
totalidad, y cierres inmediatos de muchas empresas.” (Página 226 de la
sentencia)
“Que en Santana
Motor, al abandonarlo el grupo japonés, pasa a ser una empresa perteneciente a
la Junta de Andalucía en el 100 % de su capital social. En dicha sociedad, dado
que los japoneses habían retirado parte de las licencias de la distribución y
producción, había que hacer una reestructuración tremenda de personal, había
que despedir a 600 personas y también había que reubicar a 400 personas en el
Parque de proveedores de la propia Santana. Por ello después de lo ocurrido en
Cárnicas Molina, en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo
mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor. Pero
es que también estaba apuntando el tema de Astilleros, la Bahía de Cádiz e
incluso la Faja Pirítica de Huelva.[…] ante esta situación […] era una
preocupación de la Junta de Andalucía […] el mantenimiento de la “paz social”.
(Pág. 680)
Entre 2001 y
2011 se ejecutaron en Andalucía 9.461 EREs que afectaron a 120.849
trabajadores, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Página
291). Todo ello a pesar de que en todos los pactos y acuerdos entre gobierno,
patronal y sindicatos de comparsa (CCOO y UGT), “desde el Pacto por el Empleo
de 1997, y el IV Acuerdo de Concertación de 1999 […] se establecían compromisos
de la Junta Andalucía, tendentes fundamentalmente al mantenimiento del empleo,
a evitar el cierre de empresas y mantener, por tanto, intactas en la medida de
lo posible, las plantillas.” (Página 226)
Y como también
se concluye de manera rotunda y varias veces en la propia sentencia, los
principales beneficiarios de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía
fueron los empresarios, aunque dichas ayudas se camuflaran de “sociolaborales”:
“7.- Que estas
ayudas, en su mayor parte, son ayudas a empresas, queda acreditado
adicionalmente por: […] Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil
[…] del análisis documental y de las declaraciones tomadas, llegaron a la
conclusión que el beneficiario real era la empresa, […] que ésta, una vez
“adelgazada” su plantilla con fondos públicos, se beneficiaría del
mantenimiento de importantes beneficios en el ejercicio de su actividad
empresarial, o incluso, a través de la venta de las instalaciones e inmuebles
en los que se ubicaba el centro productivo”. (Pág. 323)
“8.- Siendo el
efecto buscado de esta tramitación, apariencia de ser considerados como
beneficiarios los extrabajadores, para soslayar los problemas que se derivarían
de su consideración de ayudas a empresas”. (Pág. 325)
“10.- Que
estamos ante ayudas a empresas y no de ayudas a trabajadores, se desprende
igualmente de la ficha del programa 31L, para el ejercicio 2010 […] la
aplicación presupuestaria utilizada, artículo 47 “A EMPRESAS PRIVADAS”,
identifica como destinatario a las empresas.» (Pag. 329)
Entre las
beneficiadas podemos encontrar grandes empresas como Hytasal, Santana Motor,
FCC, Ferrovial, Boliden, ABB, Cervezas Alhambra, Minas de Río Tinto, o Dhul.
Lo que la
justicia burguesa ni el resto de partidos políticos ponen en entredicho no son
las ayudas a las empresas, sino el hecho de que no todas las empresas hayan
tenido acceso a ellas, y no sólo las seleccionadas a dedo por el gobierno
socialista:
“B) En cuanto a
las ayudas a empresas en crisis, al no haberse efectuado una convocatoria de
estas ayudas […] se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas,
un importante número de empresas en situación de crisis económica.» (Página 93
de la sentencia)
Aunque la
sentencia cifra “el montante global de los créditos […] para ayudas
sociolaborales y ayudas a empresas en crisis […], desde el ejercicio
presupuestario 2000, al ejercicio presupuestario 2009, a un total de más de
680.000.000 €” (Página 290), esto no es más que una mínima parte de lo que los
empresarios roban a los trabajadores de manera legal a través de las plusvalías
que genera la clase obrera con su trabajo.
La corrupción
no son “cuatro o cinco golfos” que roban más de la cuenta, como se nos intenta
mostrar desde los medios e instituciones del régimen. Es estructural en el
capitalismo, pues es la parte de los beneficios que los capitalistas han de
destinar en forma de comisiones para, por un lado, hacerse con contratos públicos con el Estado,
comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y por otro
lado, y no menos importante, para comprar a la aristocracia obrera (partidos de
la izquierda parlamentaria, sindicatos amarillos) que sirve de muro de
contención, mediante la “paz social”, ante una posible revuelta de las clases
populares por el empeoramiento de sus condiciones de vida.
Estos son los que nos dicen cómo hemos de vivir los
trabajadores
Aquellos que son firmes defensores de la “transición” y la “democracia”, que desde poses “progresistas” nos han dicho que hemos de seguir sometidos al mismo látigo del patrón y del terrateniente que mandaban con el franquismo, han regado a estos con cientos de millones de euros en ayudas y subvenciones mientras al pueblo andaluz nos han venido diciendo que abusamos del sistema de salud o que no queremos trabajar sino vivir del cuento cobrando subsidios.
Entre los
condenados encontramos la “crême de la crême” de responsables políticos a todos
los niveles: 2 presidentes de la Junta de Andalucía, 2 ministros de trabajo, 1
ministro de sanidad, 1 ministra de fomento, 1 delegado del gobierno, 3
consejeros de Economía, 2 de Hacienda, 2 de Administración Pública, 2
consejeros de empleo, 1 consejero de Obras Públicas y Transportes, 1 Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa, 2 Directores Generales de Trabajo y Seguridad
Social, 1 director general de Administración Local y Justicia, 6 presidentes o
directores generales de la Agencia IDEA, 1 director general de presupuestos de
la Junta de Andalucía, 1 consejero presidencia, 1 secretario de Estado, 1
secretario general del PSOE en Andalucía, 1 secretario general del PSOE en
Sevilla, y 1 presidente de Renfe.
Como vemos,
entre los condenados hay responsables en materia de empleo, seguridad social,
economía, hacienda, administraciones públicas, justicia, ciencia, transportes,
y sanidad. Todos nos han dado lecciones sobre cómo hemos de vivir el pueblo
trabajador andaluz.
Tomemos el caso
de Carmen Martínez Aguayo. Consejera de Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, participó en 1991 en la elaboración del
Informe Abril, cuyo objetivo era, coincidiendo con la desaparición del campo
socialista de Europa del Este y la URSS, “optimizar” el Servicio Nacional de
Salud español. Lo que en lenguaje capitalista significa quitar recursos de la
sanidad pública para favorecer al negocio privado de la salud.
En dicho
informe se aseguraba que en la Atención Primaria, se “consumen en exceso medios
diagnósticos y terapéuticos”, que “el Sistema público no tenía visión global y
empresarial”, y se proponía “mayor eficiencia de los recursos”, “promover
conciencia de coste en el profesional y en el usuario” y la “creación de
estructuras más flexibles y autónomas en su gasto.”
De los EREs al
franquismo
El expediente
que llevó al gobierno socialista a saltarse los pocas trabas que había a las
ayudas a empresas fue el de la cárnica Hijos de Andrés Molina S.A., tras las
reiterativas “disconformidades” que plantearon los interventores de la propia
Junta de Andalucía.
Pero si tiramos
del hilo a través de esta empresa, podemos conectar la corrupción del
franquismo con la actual:
– Mediante una
ley de 1942, el franquismo intenta controlar la producción de pequeños
productores agrícolas creando fachadas cooperativas como la Unión Territorial
de Cooperativas (UTECO) de Jaén. Este entramado empresarial fue presidido entre
1962 y 1982 por Domingo Solís, presidente también de la Caja Rural Nacional, de
la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y de la Unión Nacional de
Cooperativas (Unaco). Su hermano, José Solís. fue un “camisa azul” de la
Falange, que concentró un gran poder en el régimen franquista y actuó como
fiscal en el juicio que sentenció a muerte a un grupo de maquis en 1941,
culpables de querer “restaurar la República”.
– En 1982,
Domingo Solís es procesado por “delitos monetarios” que suman 11.600 millones
de pesetas (70 millones de euros) y “falsificación de documentos mercantiles”,
al acordar partidas de aceite de oliva con una empresa francesa y apropiarse
del sobreprecio que correspondía a UTECO (en torno a los mil millones de
pesetas, 6 millones de euros).
– José Caballos
Mojeda, cabecilla de uno de los clanes socialistas (el del ex-presidente
Borbolla) durante las últimas décadas, y uno de cuyos hijos ha sido director de
marketing de Maestrazgo de Sevilla SL, una empresa de ibéricos de bellota a la
que la Junta concedió 2,4 millones de euros en ayudas directas del «fondo de
reptiles», escribía en 1982 en el diario El País
acerca del procesamiento del presidente de UTECO: “Una vez más, el Gobierno
socialista tiene que cargar con la irresponsabilidad de unos pocos que se
ampararon, primero, en la falta de libertades, para luego vivir como peces en
el océano del dejar hacer que caracterizó a las Administraciones (?) de UCD.
[…] Habrá que apelar a esos aceituneros altivos, de Miguel Hernández, para que
«de la tierra callada, el trabajo y el sudor» surjan sobre unas bases firmes el
desarrollo y el bienestar de ese gran pueblo de Jaén”.
– Con el
objetivo de “reconstruir la estructura financiera” de UTECO y la Cooperativa
Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y “salir al paso” de “una grave crisis en el
sector agrario”, el gobierno de Felipe González aprueba en 1983 créditos
extraordinarios por valor de 27.160 millones de pesetas (163
millones de euros).
– En febrero de
1988, la empresa pública Mercor, filial del Ministerio de Agricultura, y
gestora de UTECO y CPA, comienza el desmantelamiento de sus plantillas
(ERE encubierto), recibiendo para ello un crédito estatal de 2.200 millones de
pesetas (13 millones de euros). Una de las marcas de aceite de oliva producidas
por estas sociedades estatales era Coosur, que fue adquirida en subasta por Aceites del
Sur en 2002.
– Meses más
tarde, la empresa Hijos de Andrés Molina SA, entonces con mil trabajadores y
“una de las más importantes del mercado nacional en la elaboración de productos
cárnicos”, compra CPA. El entonces secretario provincial de UGT en Jaén, Tomás
Cabrera, declara que la oferta de Hijos de Andrés Molina «tiene el respaldo del
sindicato»: «Es una empresa con claras
perspectivas de expansión en el mercado exterior, y los beneficios se quedarán
en Jaén«.
– A principios
de los años 90 Hijos de Andrés Molina SA atraviesa “dificultades financieras”,
reduciendo la mitad de la plantilla. La Junta de Andalucía toma el control en
1995 a través del Instituto de Fomento de Andalucía, la actual agencia IDEA.
Esta ha sido la agencia intermediaria para usar el “fondo de reptiles”.
– La Junta de
Andalucía riega a la empresa Hijos de Andrés Molina con 50 millones de euros en
ayudas estatales en forma de préstamos, garantías y condonación de deudas, lo
cual es declarado ilegal por la Comisión
Europea.
– La Junta de
Andalucía regala en 1999 Hijos de Andrés Molina
a Campofrío, gracias a la ayuda de 5,83 millones de euros que le se
concede. Campofrío se queda con 300 de los 475 obreros que trabajaban en Hijos
de Andrés Molina, prejubilando al resto en algunos casos a los 50 años de edad.
Además se le ceden 100.000 metros cuadrado de terreno para construir una
fábrica de “tecnología punta”, El delegado de industria de la Junta en Jaén,
Francisco Reyes, asegura que Campofrío viene a “hacer una gran cárnica en Andalucía”.
– El entonces
secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Jaén, Juan Lanzas
Fernández, hace de “mediador” en el ERE de Campofrío. El dirigente de UGT hace
una gran carrera como “conseguidor” de EREs, habiendo sido recibido según un auto de la jueza Alaya casi
10 millones de euros a través de empresas intermediarias, más 3 millones por
mediar hasta en 5 EREs con la familia Ruiz Mateos, y casi 600.000 euros
logrados al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus
cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul. Llegó a tener 16 casas y su
madre declaró a la Guardia Civil que su hijo tenía dinero para “asar una vaca”.
– Campofrío,
después de reducir la plantilla a 145 trabajadores, vende Cárnicas Molina en
2004 al grupo Primayor Foods, que en 2007 entra en concurso de acreedores y
cierra. El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, el mismo que
en 1999 decía que Campofrío venía a “hacer una gran cárnica en Andalucía”,
reconoce que el actual proyecto empresarial de Cárnicas Molina «no es viable».
No olvidemos
tampoco la responsabilidad de los oportunistas PCE-IU-Podemos en blanquear lo
que ellos llaman la “izquierda”, co-gobernando con el PSOE en la Junta de
Andalucía, ayuntamientos de toda España y arrodillándose una y otra vez para
gobernar en coalición con estos representantes de la banca y el Ibex-35. No es
de extrañar que Alberto Garzón quiera pasar página y olvidemos el latrocinio y
expolio al que sus compañeros de viaje han perpetrado contra el pueblo
trabajador andaluz:
En definitiva,
lluvias de millones para los empresarios y sus lacayos políticos y sindicales,
que prometen y prometen, mientras juegan con las vidas y los anhelos de la
clase obrera que aspira no más a tener un puesto de trabajo que le permita
llegar a fin de mes.
Es hora de
aspirar a algo más. Es hora de tomar las riendas de nuestro destino, de tomar
el control de los medios de producción para quitarse de encima a una clase
parasitaria, la burguesía y la aristocracia obrera amamantada por ella, que
vive el paraíso en la tierra y que nos sumergen constantemente en unas
condiciones de vida cada vez más miserables y donde es imposible tener un
proyecto digno de vida.
Y para ello no
hay otra que estructurar y vertebrar a las clases populares desde abajo, desde
el corazón de los centros de trabajo, con el sindicalismo de clase,
convirtiendo los comités de empresa y delegados de personal en órganos de poder
obrero con el que tomar el control de las empresas y la producción; en los
barrios obreros, a través de asambleas o asociaciones de vecinos de donde
salgan los representantes más honestos y combativos; de los centros de estudio
y formación a través de las delegaciones de alumnos, creando asambleas de
estudiantes y jóvenes; de asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los
pueblos y zonas rurales. Todas estas asambleas unidas a través de un Frente
Único del Pueblo que sea el germen de una nueva democracia y una sociedad
planificada en beneficio del pueblo trabajador y no de un puñado de
sanguijuelas vividoras y parásitas.
Por el fin a la
democracia de los banqueros, empresarios y terratenientes
Por la Construcción del Frente Único del Pueblo
Por el Socialismo
Por la Construcción del Frente Único del Pueblo
Por el Socialismo
Secretaría
Política del Comité Regional
del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Andalucía
del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Andalucía
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