martes, 7 de enero de 2020

DESCABEZANDO TÍTERES: JOSÉ JOAQUÍN LEÓN DEL DIARIO DE SEVILLA


La tal “Mertxe Aizpurua”, que es el calificativo que le endosa José Joaquín León a la diputada mencionada, tiene tanta legitimidad para estar en el Congreso como la que pueda tener el Excelentísimo Señor don Santiago Abascal, montador de caballos y pistola en el sobaco para defenderse de los delincuentes, Casto en materia laboral por otra parte.

Al Rey lo ha defendido precisamente un diputado del PNV, contra los agravios que han vertido sobre él, PP, Ciudadanos y VOX al no aceptar que si Pedro Sánchez era Candidato lo era por voluntad real que como tal lo propuso al Congreso para poder formar gobierno DE-MO-CRÁ-TI-CA-ME-NTE por elección de los Diputados, que es precisamente lo que se acaba de realizar, porque el Presidente legitimo ni es el autoproclamado, tipo Guaidó, y ni siquiera el que los súbditos han elegido, sino el que eligen los Diputados previamente elegidos por los votantes, porque el sistema político español no es democrático, sino democrático social de derecho.

El voto de Teruel existe, vale tanto y están de oro como el del señor no soltero, o sea, Casado, del PP.

La simplicidad mental y la unilateralidad es la esencia del fascismo, y simplicidad mental y unilateralidad en su estado puro es la utilizada por este sujeto llamado José Joaquín León del Diario de Sevilla, para afirmar que Teruel existe, pero no Andalucía.

Existe Teruel, pero no desde hoy, sino de mucho antes. Teruel ya existía cuando yo presenté un proyecto para la fabricación de carbón activo i negro de huma en ALLOZA, dentro del Plan de Endesa del PEAN, y Teruel ya existía cuando los vecinos de Aliaga se movilizan para defender la permanencia de una empresa en el pueblo, logrando que para ello, desde la Diputación Provincial de Teruel hasta las Cortes de Aragón tuvieron que desdecirse y autorizar la permanencia en Aliaga de dicha empresa, en lo que yo pude participar personalmente, como el último mono, pero participé. Teruel existía incluso desde mucho antes de que se estableciera la General Motors en Aragón, hecho que supuso la consagración del desequilibrio territorial en Aragón. Es decir, que Teruel existe desde mucho antes de hoy en que un diputado turolense ha votado sí al gobernó del PSOE-UP.

Afirmar que Andalucía no existe es tanto como decir que en Andalucía lo que hace falta es un partido o movimiento Nacionalista Andaluz con voz propia que lleve el sentir andaluz y las inquietudes andaluzas al Congreso de los Diputados en Madrid, con lo que yo estaría absolutamente de acuerdo. Pero el sujeto José Joaquín León está muy lejos de reclamar en Andalucía partidos o movimientos políticos de este tipo. Si hubiese pretendido esto hace tiempo que nos hubiera obsequiado con muy buenos artículos, porque este tipo de partidos o movimientos nacionalistas andaluces hace un buen tiempo que existen. Pero él no se refería ni pretendía esto. Lo que él ha pretendido con su artículo es escarba cual gallina en un estercolero para repartir la mierda sobre un gobierno legal y legítimamente constituido para contribuir al encrespamiento social para alterar el orden público yendo contra el mandato de Su Majestad Felipe VI que propuso al Congreso de los Diputados la figura de Pedro Sánchez, como ganador de las últimas elecciones generales (que no las ganó el Diario de Sevilla), como candidato a la residencia del gobierno, que hoy se ha realizado.

Pero Andalucía existe, lo que pasa que el sujeto José Joaquín León todavía no se ha enterado de que mi pueblo, Isla Mayor, a 40 kilómetros al Sur de Sevilla, pésimamente comunicado, junto a otros pueblos del contorno, es el mayor productor de arroz de España, y que seguramente sea uno de los pueblos que más contribuyó a espantar las hambres de la postguerra incivil de 1936, donde habría que investigar el por qué, cómo, cuándo y con quién el General Queipo de Llano, el que llamaba a Franco Paca la culona, se hizo con unas fincas, de arroz, por supuesto.


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Teruel existe y Andalucía no

Pero no se extrañen de la votación. ¿Qué han oído de Andalucía y de Sevilla en estos días de debate?


José Joaquin León
DIARIO DE SEVILLA
07 Enero, 2020 

Guste o no guste, Pedro Sánchez será investido hoy presidente del Gobierno. El domingo pasado, una tal Mertxe Aizpurua, de los proetarras de Bildu, tuvo una intervención escandalosa, pero Pedro Sánchez, cuando subió a hablar, no defendió al Rey, ni condenó a ETA, cuyos herederos se van a abstener para que él gobierne. Por un puñado de votos se olvida hasta la dignidad. Después, cuando los diputados votaron, se vio que la culpa de tener a Pedro Sánchez de presidente no es sólo de su pacto con Unidas Podemos y los acuerdos con los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu, sino que además, entre otros, será presidente hoy gracias al voto de oro de Teruel Existe.
Al final, Teruel, que no existía, pues resulta que sí, y que es decisivo. Como se sabe, Pedro Sánchez necesita que gane el y no le vale el empate. Si el único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se arrepiente y vota no, el resultado probable sería de 166 votos a favor y 166 en contra. Es decir, que el candidato del PSOE no sería investido. Pero no se hagan ilusiones los de derechas. El voto de Teruel Existe es tan seguro como el de Adriana Lastra. 

Con los cántabros y los canarios contaba Sánchez en su amalgama, pero el partido de Revilla y Ana Oramas (por su cuenta y riesgo) han considerado que el resto de España no puede aceptar los privilegios para Cataluña que ofrecerá Sánchez. Por el contrario, en Teruel Existe se lo han tragado. Sin consulta a sus bases, por cierto. 

En Teruel, el 28 de abril de 2019, habían sido elegidos un diputado del PSOE, uno del PP y uno de Ciudadanos. Pero en noviembre eligieron a uno de Teruel Existe, uno del PSOE y uno del PP. En el análisis de sus votantes, se aprecia que entre el 55% y el 60% de los que apoyaron a Teruel Existe procedían del centro-derecha y que entre el 40% y el 45% salían del PSOE y de Unidas Podemos. Un grupo transversal, aunque con más extracto social de derechas, que le hará el juego a la izquierda populista y los independentistas. 

Una de sus peticiones es que construyan el AVE de Valencia a Zaragoza y que pase por Teruel. Mientras que el AVE de bajo coste llega a Cataluña, no se le espera aún en Sevilla, ni en Andalucía, donde cuatro de sus ocho capitales carecen de AVE, y en todas hay más población que en Teruel. Pero no se extrañen. ¿Qué han oído de Andalucía y de Sevilla en estos días de debate? Los andaluces viven en la comunidad con más población de España, pero ya ven para lo que sirve. Hasta en Teruel han sacado provecho del mercadeo, dando el triunfo al presidente de la España más
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HERRERA, CARLOS, LOCUTOR DE USTEDES DE LA CADENA COPE PARA ESTAR BIEN INFORMADOS HA EMIGRADO, PERO, NO LO DEJAN ENTRAR EN SOMALIA



Se lo tenía advertido. Herrera, Carlos, locutor de ustedes de la Cadena COPE para estar bien informados, a mi, como caerme me cae bien. Le deseo todas las caidas del mundo. 

Él es un ventajista que, como hombre sin escrúpulos, saca una noticia de cualquier sitio. Le basta con inventársela; atribuirle a otro lo que jamás dijo, o si lo dijo lo hizo con otro sentido, y si viene a mano, que viene muchas veces para él, le planta dos mamacharrerías al "Kirchi", Alcalde de Cádiz,  y se come a continuación dos platos de garbanzos y se queda con una pesadez de barriga tal que Obispo harto grabanzos.

Pero a lo que interesa, yo me le tenía dicho: Carlos, que a Somalia no puedes irte, si como tienes anunciado decides exiliarte allí en caso de gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Y no puedes irte, le decía yo, porque en Somalia, apesar de tus desprecios altaneros y prepotentes, no admiten a cualquiera. En Sonalia solamente admiten a gente decente, y tú, muy a pesar nuestro, eres un vulgar, aunque rico, eso sí, Herrera, Carlos, locutor de ustedes, de la Cadena perteneciente a un Estado extranjero, el Estado de El Vaticano, la COPE, para tener bien envenenda y engañada a la opinión pública.

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OIGA, QUE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES NO SON TERRORISTAS. LOS GUERRA CIVILONES SON LOS JEFES PRINCIPALES DEL PP, CIUDADANOS Y EL CABALLO DE SANTIAGO ABASCAL DE VOX, EL QUE MÁS CHICA CEREBRAL TIENE DE TODOS ELLOS, Y POR ESO ES EL AUTOR INTELECTUAL CON MANDO EN PLAZA, DE TODAS LAS MENTIRAS QUE SUELTAN PARA ENVENENAR A LA OPINIÓN PÚBLICA



Reflexiones sobre el caso de los CDR terroristas


"Entre el 23 de septiembre y el 10 de noviembre una preocupante información llenó las portadas de los diarios, televisiones, radios y medios digitales españoles", escribe Èric Lluent. Un repaso del tratamiento mediático a la detención de los CDR, a los que se acusó de estar preparando un atentado inminente

LAMAREA.COM
31 diciembre 2019

Entre el 23 de septiembre y el 10 de noviembre —día de las elecciones generales— una preocupante información llenó las portadas de los diarios, televisiones, radios y medios digitales españoles: en Catalunya un nuevo grupo terrorista de signo independentista estaba a punto de atentar con explosivos. El arresto de nueve independentistas radicales el 23 de septiembre, con entradas a domicilios propias de la guerra contra el narco, había evitado una masacre. Con los días, hubo una intensa lluvia de artículos y exclusivas en las que se daban detalles variopintos, desde una lista de los explosivos que tenían preparados hasta los planes del responsable de comunicaciones del grupo terrorista para asegurar líneas wifi desde bares y pisos francos para no ser interceptado.

Según la versión mediática casi unánime y siempre basada en el relato y filtraciones policiales, el gran plan terrorista era la toma del Parlament el ‘día D’. Había gente “de arriba” que estaba al corriente del tema. Torra y Puigdemont, se comentaba. La entrada sería espectacular: unos pocos hombres sin entrenamiento especializado reducirían a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, uno a uno. Primero esposarían al jefe de la unidad, así que los subordinados caerían faltos de una cabeza pensante. Una vez dentro del edificio, defenderían el Parlament para que Quim Torra proclamase la República. El encierro en el Parlament y en los pisos francos podría durar días, así que haría falta comida. Algo sencillo pero suficiente como para no bajar la moral de la tropa

Durante la acción terrorista, fuera del Parlament estaban programadas charlas, con carpas, sillas y trípticos. Ah, importante, también había explosivos. Quizás no para esa acción, o sí, pero había explosivos, o precursores de explosivos, o muchos tipos de explosivos. La operación u operaciones eran un encargo que venía del conocido como CNI catalán, el misterioso ente que extrañamente nunca ha podido detectar el CNI español.

En este relato mortadelofilemoniano se daba categoría de grupo terrorista que preparaba un atentado inminente a una organización muy poco organizada con un supuesto plan bastante delirante, sin material para llevarlo a cabo. 

A continuación, presento una recopilación de algunos de los principales titulares que se publicaron y difundieron por las redes sociales en los dos picos informativos sobre la Operación Judas —así la apodó la Guardia Civil—. El primero coincidiendo con la detención de nueve CDR acusados de terrorismo el 23 de septiembre, y el segundo justificado por la revelación de nuevos detalles tras el levantamiento del secreto de sumario —después de semanas de filtraciones a la prensa— en los días previos a las elecciones generales del 10 de noviembre. 

Los CDR planeaban ocupar el Parlament una semana y colocar explosivos el “día D” (24 de septiembre, El Confidencial); Objetivo de los CDR: sembrar el caos con una oleada de explosiones el 1-O (27 de septiembre, La Razón); Una hermana de Puigdemont actuó de enlace entre los CDR detenidos y Torra (29 de septiembre, La Razón); El plan de los CDR detenidos para “tomar y defender” el Parlament: pisos francos y ayuda del Govern (6 de noviembre, eldiario.es); La Guardia Civil acusa al ‘CNI catalán’ de financiar con grandes cantidades a los CDR para asaltar el Parlament (6 de noviembre, El Mundo); El papel de los detenidos: preparación de explosivos y ocupar el Parlament (8 de noviembre, El País). 

Mes y medio después de las elecciones, las informaciones que recibimos nada tienen que ver con la alarma terrorista que se azuzó entre los meses de septiembre y noviembre del presente año, un periodo con suficiente conflictividad —publicación de la sentencia del Tribunal Supremo con largas penas de cárcel para los líderes catalanes, respuesta popular en las calles de Catalunya, vías de comunicación entre Sánchez y Torra totalmente rotas, repetición de elecciones, auge de la extrema derecha— como para añadir a la ecuación un factor tan preocupante como la creación de un nuevo grupo terrorista. 

Ahora parece evidente que no existía la peligrosa organización terrorista preparada para atentar que se nos explicó en septiembre y, sobre todo, a principios de noviembre. A día de hoy, siete de los nueve supuestos terroristas están en libertad bajo fianzas que van de los 5.000 a los 10.000 euros. 

Si eran y son tan peligrosos, y además estaban financiados por ‘gente de arriba’ con mucho dinero, ¿cómo se los deja sueltos por cantidades irrisorias? El simple hecho de su libertad provisional nos indica que el relato que compraron de forma acrítica medios de comunicación de casi todos los colores debió ser cuestionado. Siempre es grave alejarse del rigor y de la veracidad en periodismo, pero aún lo es más cuando de lo que se informa es de una amenaza terrorista, en un país que conoce bien el significado de las violencias fratricidas, civiles y militares, que han lastrado nuestra historia contemporánea.

¿A ninguna redacción de prensa diaria le pareció extraño que se levantara el secreto de sumario a pocos días de unas elecciones generales, dado que la información podía utilizarse para vincular una opción política con el terrorismo? ¿A nadie le vinieron a la cabeza los casos del comando Dixan, de Tamara Carrasco o de Alsasua? ¿Nadie se preguntó en qué condiciones estuvieron los detenidos antes de declarar y con qué información contaban los abogados defensores? Nueve días después de las elecciones descubrimos, por ejemplo, que algunos interrogatorios en sede judicial no se hicieron con todas las garantías debidas ya que el juez instructor escondió información esencial a los abogados defensores

En las mismas fechas en las que el relato policial y judicial se repetía por la mayoría de los medios de comunicación españoles, los abogados defensores ya denunciaban irregularidades en la detención, traslados y régimen penitenciario y subrayaban la nula información con la que contaban sus clientes. Estas manifestaciones solo tuvieron cierto peso en algunos medios de comunicación catalanes. La realidad actual es que la Audiencia Nacional ha rebajado las pretensiones de la Guardia Civil y de la Fiscalía y ha ido abriendo la puerta de la cárcel a la mayoría de los integrantes del supuesto grupo terrorista

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, usó con intereses políticos y electorales las informaciones sobre la existencia de un complot terrorista independentista invitando a Quim Torra a condenar una violencia que no había tenido lugar. “El señor Torra lo tiene muy fácil. Si no quiere que al independentismo se lo relacione con cualquier tipo de acción violenta, lo que tiene que hacer precisamente es denunciar, y criticar, y condenar cualquier tipo de potencial uso de la violencia por parte de cualquier grupo vinculado con el independentismo”, declaró Sánchez el 25 de septiembre, dos días después de la detención de los nueve supuestos terroristas. 

El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicó este mensaje en Twitter: “¿A esto se refería Torra cuando pedía a los comandos separatistas que apretaran? ¿A que apretaran el detonador de la Goma 2? España no puede soportar un presidente autonómico que trabaja cada día para destruir al Estado, romper la convivencia y legitimar la violencia. #155YA”. 

Pablo Casado, líder del Partido Popular, reaccionaba a las detenciones felicitando a la Guardia Civil: “Mi reconocimiento a la Guardia Civil por esta operación en Cataluña contra los CDR que planeaban acciones terroristas. La fortaleza del Estado de Derecho prevalece siempre en favor de la paz y la convivencia que queremos el conjunto de los españoles”. Por su parte, Vox fue más allá, publicando gráficos en sus redes sociales en los que se compartía el siguiente eslogan: “Los CDR son un grupo terrorista”, en la línea de las peticiones de Vox ante el Consejo de Europa para que los CDR fueran considerados como un grupo terrorista. La estrategia de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, a pesar de las diferencias, tenía una característica en común: vinculaban de forma más o menos directa independentismo y terrorismo. Asociaban estos dos términos.

A falta de responder muchísimas preguntas sobre las intenciones de algunos de los detenidos, su situación personal y psicológica, sobre las mentiras que se han publicado y el origen de las filtraciones ilegales, sobre la presunta existencia de un grupo secreto llamado ‘CNI catalán’, sobre el conocimiento o desconocimiento de los líderes catalanes del supuesto plan para tomar el Parlament, o sobre la normalidad con la que la prensa puede crear una alarma terrorista, una única certeza surge entre tanto ruido: la mayoría de informaciones publicadas entre el 23 de septiembre y el 9 de noviembre de 2019 sobre el caso de los supuestos terroristas CDR generaron un estado de alarma y un estado de opinión sin base real que, estigmatizando una opción política legal y legítima, condicionaron la recta final de la campaña electoral y, por ende, la propia votación. 

Las pruebas de que hay temas y estrategias de Estado que deben ser aceptados de forma acrítica, al menos durante momentos considerados de emergencia nacional, para preservar un bien superior -en este caso, la unidad de España- parecen evidentes. El caso de los peligrosos CDR terroristas, siete de los cuales están ahora mismo fuera de la prisión después de un esperpento policial, judicial y mediático -con el duro trauma y estigma que supone para los acusados y sus familias lo vivido- es un ejemplo más de una conducta policial, judicial, política y mediática que debería hacernos replantear a más de un periodista cómo reproducir la versión oficial cuando hay dudas razonables de su veracidad o bien antecedentes que minan la confianza de algunas fuentes que sabemos están dispuestas a confundir o exagerar por, en este caso, razones de Estado.

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IRAN. ME PARECE A MI QUE LOS DIRIGENTES DE EUROPA SE BASAN EN EL HUMANISMO CRISTIANO O QUE EL ÚNICO DIOS QUE TIENEN ES EL DINERO. YO NO ESTOY SEGURO, PERO A MI ESTO ME SUENA DE ALGO

 

Irán aconseja a Europa que no se involucre en los crímenes de EEUU.

 

PENSIONES. NO ES LO MISMO JODER QUE ESTAR JODIENDO, LO DIJO CAMILO JOSE CELA. AHORA COMPAÑERITO DEL ALMA COMPAÑÉ VAMOS A ESTAR EN EL GOBIERNO



Acuerdo de investidura PSOE-Unidas Podemos

Pensiones: medidas positivas, carencias y ambigüedades




Mikel de la Fuente
Vientosur.info
05.01.202 

Este escrito, redactado de forma apresurada, tiene por objetivo examinar las propuestas sobre pensiones contenidas en el “Nuevo acuerdo para España” suscrito por el PSOE y Unidas Podemos “para conformar un Gobierno progresista de coalición” y que, a la hora de redactar este artículo, se está debatiendo en el Congreso. Teniendo en cuenta que las pensiones están determinadas por los salarios y el empleo, tanto desde el punto de vista del acceso y la cuantía de las pensiones, como desde el correspondiente a los ingresos del sistema de seguridad social que provienen de forma muy mayoritaria de las cotizaciones sociales y por lo tanto del nivel salarial y del empleo, se va a empezar por indicar, de forma resumida, las repercusiones en los salarios y el empleo de la reforma laboral del PP de 2012.

La reforma laboral del PP se puso en marcha con la finalidad de provocar una profunda devaluación salarial y precarizar al máximo la situación de las y los trabajadores. Y tuvo éxito: entre 2008 y 2017, la parte salarial en el PIB cayó desde el 50,1% al 47,3%, el porcentaje más bajo de los últimos 30 años. La caída salarial fue principalmente fuerte para los salarios más bajos, tardíamente atenuada por el incremento a 900 euros del salario mínimo. Además, no se ha verificado el argumento justificativo de la flexibilización pro-empresarial de la reforma: la eliminación del desempleo. Este se mantiene en una tasa superior al 14% y su ritmo de reducción se ha desacelerado el último año, pasando en el conjunto del Estado del 6,7% en 2018 al 1,21% en el 2019. Ello, sin contar que una parte del empleo se produce con contratos a tiempo parcial involuntarios.

La promesa inicial del PSOE –y exigencia de Unidas Podemos- de derogación de la misma no se ha mantenido, pasando a limitarse a la de sus “elementos más regresivos”, que “lo son todos” según una declaración ante la televisión vasca de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. El acuerdo tiene importantes omisiones y carencias en esta materia, como muestran Vidal Aragonés y Raúl Navas, de las que señalo algunas: se mantiene la reducción de la indemnización por despido improcedente; se mantiene la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes; no se recupera la necesidad de la autorización administrativa en la tramitación de los ERE; se mantiene la posibilidad de “descuelgue” de los convenios colectivos en materia salarial, tiempos de trabajo, turnos, sistemas de trabajo y mejoras voluntarias de la seguridad social, cuando se produzcan “causas económicas graves”. Este último aspecto es singularmente grave, ya que aunque cuantitativamente ha tenido una relevancia limitada, al haberse aplicado, según un estudio de la secretaría de Acción Sindical de CCOO, a 348.229 personas cubiertas por la negociación colectiva desde el 2010, permite soslayar, como indica Antonio Baylos, al convenio colectivo sectorial como norma que regule las relaciones laborales, introduciendo elementos de antisindicalidad y, añado, de inseguridad, en relación con los derechos incluidos en los convenios.

En materia de pensiones hay medidas progresivas pero también importantes carencias e imprecisiones. Así, no se hace ninguna referencia a la necesaria derogación de los “elementos regresivos” de la reforma promovida por el gobierno del PSOE a través de la Ley 27/2011, con el apoyo de CC.OO y UGT. Y ello, cuando en este mismo año 2020 tiene lugar una aceleración de las medidas de recorte de las pensiones, concretada en medidas tales como el aumento de la edad de jubilación que pasa a 65 años y 10 meses (dos meses más que en el 2019); aumentando a 37 años (tres meses más que en el 2019) la duración de la cotización necesaria para jubilarse a los 65 años; el aumento de los años cotizados para percibir el 100% de la pensión, que pasa de 35 años y 6 meses a 36 años; y aumento también del período de cálculo que pasa de 22 a 23 años.

Otros elementos de la reforma de 2011 afectan a la gente con carreras laborales más interrumpidas y precarias, como la de exigencia efectiva de 15 años cotizados para acceder a la jubilación contributiva, mientras que en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de considerar como cotizado a estos efectos las dos pagas extras legales, era posible acceder a la pensión con algo menos de 13 años. Esta medida contribuye a mantener la mayor brecha de género de la Unión Europea en la cobertura de la pensión de jubilación, con 27 puntos menos entre las mujeres.

Si ya en los últimos años las nuevas pensiones de jubilación estaban siendo inferiores a las del año anterior, es muy probable que ese proceso se amplifique por la aceleración en la aplicación de varios de los citados elementos de la reforma de 2011, mientras que los salarios que forman la base de cálculo se mantienen casi congelados. El mantenimiento de esta reforma es incompatible con el objetivo de garantizar “unas pensiones justas” que se proclama en el primer apartado del acuerdo.

También lo que se incluye en el Acuerdo permite márgenes de ambigüedad que pueden permitir una aplicación regresiva y con ello se mantienen las incertidumbres del preacuerdo entre ambas fuerzas que como ya analicé en su día. La “plena integración” en el Régimen General de la Seguridad Social de las trabajadoras de hogar, “a lo largo de la legislatura” (Apartado 1.11), permite el mantenimiento durante un período muy amplio en la minusvaloración de sus derechos, sin aclararse además si esa integración va a ir acompañada de la eliminación de la restricción de sus derechos de pensión por una cotización diferenciada de sus salarios, ya bajos, tal como ya explicó Isabel Otxoa.

Entre las medidas progresivas se pueden citar la revisión de la cobertura de lagunas, es decir, de los períodos sin cotizar que, a efectos del cálculo de las pensiones, hasta la reforma del 2011 se sustituían por la base mínima y que a partir de la misma esa base mínima solo se mantenía durante los primeros 48 meses mientras que posteriormente se aplicaba la mitad de la base mínima. También se propone que el complemento por maternidad debe ser más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género. No se aclara el sentido de esta propuesta. Se recuerda que ese complemento se estableció como recargo por la tenencia de 2 o más hijos o hijas para las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016. Para que fuera tal, el carácter equitativo debiera referirse a conceder carácter retroactivo a esos recargos, de forma que pudieran beneficiarse las mujeres de más edad, que en muchos casos fueron expulsadas del mercado de trabajo por razones legales y sociales y que, en el mejor de los casos, solo perciben una pensión de cuantía muy reducida. Es más; en muchos casos no han podido causar una pensión por derecho propio, por lo que los recargos son insuficientes y lo que debiera instaurarse es una pensión específica y transitoria, de cuantía equivalente a las pensiones mínimas contributivas.

También merece una valoración positiva, pero matizada, la reinstauración de la revalorización conforme al IPC. En este tema hay que señalar que el gobierno en funciones del PSOE ha cometido una enorme irresponsabilidad con las personas pensionistas al no haber restaurado esa norma durante el tiempo de su mandato. Más aún cuando en el último Consejo de Ministros de hace unos días se negó a aprobar la revalorización para el 2020 con el estrambótico argumento de los costes logísticos de aplicar la revalorización en dos veces, el 0,25% inmediatamente y la diferencia hasta el 0,9% una vez se constituyera el gobierno. Cuando el resultado de la investidura era –y todavía en cierta media lo es- incierto, no aplicar una revalorización que podía quedar postergada indefinidamente es una decisión lamentable para un gobierno que se pretenda de izquierda. Además, la revalorización conforme al IPC, que hoy se presenta como objetivo impostergable, no permite que se mantenga una relación estable ente pensiones y salarios, ya que, aunque en escasa medida, los salarios han aumentado en las últimas décadas por encima de la inflación, esa revalorización da lugar a que a la edad de 80 años, tal como se indicaba en un informe de UGT de enero de 2018, la pérdida relativa de las pensiones en relación con los salarios es de las más elevadas de la Unión Europea.

Las medidas para garantizar la suficiencia y revalorización de las prestaciones del sistema público de pensiones, así como para asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo se reconducen a través del Pacto de Toledo (Apartado 2.4), lo que es escasamente garantista a la vista de las posiciones de la derecha a favor de reducir la protección del sistema público y favorecer su progresiva privatización, como se mostró en la última ronda del Pacto de Toledo, en la que no hubo acuerdo para mantener la exigencia en ese momento de Unidas Podemos de revalorización incondicional –también en las situaciones de crisis económica- de las pensiones conforme a la evolución del IPC. Para las pensiones mínimas y no contributivas se propone que aumente su poder adquisitivo, pero sin precisar ningún objetivo cifrado de alcanzar determinadas cuantías, como para las primeras plantea el movimiento pensionista de todo el Estado español cuando exige 1.080 euros mensuales, en cumplimiento de las exigencias de la Carta Social Europea en su interpretación por el órgano encargado de su cumplimiento, el Comité de Derechos Sociales.

Merece también una valoración positiva la estimación de que hay que aumentar los ingresos de forma estructural, pero, también aquí, ni siquiera se apunta, entre otras medidas, el posible nuevo aumento de las bases máximas de cotización, que son de las más bajas de la Unión Europea. Un aumento sustancial, incluso aunque fuera acompañado de una elevación, eso sí, de menor cuantía, de las pensiones máximas, cuyo efecto en el gasto además de más reducido que el aumento de ingresos, se dilataría en el tiempo y permitiría obtener recursos cuando más necesarios son para hacer frente al aumento del número de pensiones que se va a producir en los próximos 10-15 años.

También es positiva la propuesta de eliminar el Factor de Sostenibilidad, en la actualidad en suspenso hasta el 2023. Sin embargo, el condicionante de esa eliminación a que siempre se debe asegurar “la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”, exige estar vigilantes para que ese factor no sea sustituido por otros, tal como apuntaban algunas organizaciones en el Pacto de Toledo, como por ejemplo el que se aplica en Suecia que liga las pensiones a la evolución del crecimiento económico o por la instauración de un régimen por puntos como el que quiere implantar Macron, con la oposición frontal de una población trabajadora movilizada, para contener el gasto en pensiones en un porcentaje que no supere el actual 14% del PIB, por cierto varios puntos superior al del Estado español.

No se hace ninguna mención en el Acuerdo PSOE-UP a medidas reivindicadas por el movimiento pensionista como la reducción de la edad de jubilación, que además de ser un acto de justicia para quienes han trabajado en duras condiciones es necesaria para reabsorber el desempleo joven; ni el reconocimiento más amplio y generoso de la reducción de esa edad por la realización de trabajos penosos, insalubres y peligrosos, que debieran considerar elementos que no se han tomado en cuenta hasta el presente y que afectan especialmente a las mujeres, como son las afectaciones músculo-esqueléticas de los trabajos de hogar y de cuidado, de las kellys, etc.; tampoco se apunta la jubilación a edades anticipadas y sin aplicación de coeficientes penalizadores de quienes han trabajado durante 40 y más años.

También va en el buen sentido la instauración de lo que se denomina Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social, empezando por el aumento de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. Esta prestación ocuparía el terreno que en la actualidad cubren las rentas de garantía de ingresos de las comunidades autónomas, a cargo de sus presupuestos, de alcance muy diverso y que, a mi entender, deben mantenerse hasta que no se desarrolle la nueva prestación y que, una vez desarrollada, podrán complementar las insuficiencias y lagunas de la misma.

Una consideración final. Más allá de las carencias, insuficiencias y ambigüedades del Acuerdo, en esta y otras materias, lo que es seguro es que la puesta en práctica de las medidas positivas que contiene y la aplicación de otras muchas no incluidas, va a depender, en mucha mayor medida que de las habilidades gestoras y la dedicación de los y las responsables de Unidas Podemos, de la lucha de los movimientos sociales, no solo de los que han tenido más protagonismo hasta ahora en el terreno de las pensiones, el movimiento pensionista y el feminista, sino de las organizaciones sindicales, del sindicalismo social, etc. La respuesta agresiva que ya han anunciado la derecha y la extrema derecha y las organizaciones patronales y que se va a producir sin ningún plazo de espera, requieren desde ya respuestas como la que está en marcha en el País Vasco para el próximo 30 de enero, cuya preparación es analizada por Jon Fano y que cuenta con el apoyo de la mayoría del movimiento sindical y de un gran número de organizaciones sociales, contando con apoyos en el Estado español, como se puede ver aquí.

4/01/2019

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