domingo, 9 de marzo de 2014

GUARDIAS CIVILES VERSUS GUARDIAS CIVILES



(O la historia no contada de la lucha por la democracia
desde las entrañas del Estado)
 5/8

Rodrigo M. Rico Ríos
Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)
Rebelión

Organizar el silencio
Y declararlo en  huelga...

Antonio Gamoneda


La contradicción detonante: represores sin derechos.

El 17 de diciembre de 1976 cerca de cuatrocientos miembros de la Policía Armada (los llamados «grises») y la Guardia Civil, ambos dependientes del Ejército de Tierra, se concentraron a las once de la mañana en la Plaza de Oriente de Madrid.

En la plaza celebraron una asamblea y a continuación marcharon hasta las puertas del Ministerio de Gobernación con una lista de reivindicaciones de corte laboral: aumento salarial, ser acogidos en el régimen de la Seguridad Social, cien por cien del salario al llegar a la jubilación, derecho a vacaciones, regular los turnos (entonces se hacían jornadas de 48 horas seguidas) o dejar de ser tratados como militares y pasar a ser profesionales del orden público. Lógicamente esta acción contundente no era producto de la generación espontánea.

Había sido programada metódicamente y con discreción. Los líderes de la acción sabían lo que se jugaban puesto que pertenecían a unos cuerpos militarizados. La contagiosa conflictividad social del año 1976 y el notable malestar de los componentes de estos cuerpos fue garantía del éxito de la convocatoria.

A pesar de que algunos oficiales fueron a la puerta del Ministerio de Gobernación a disolver la manifestación, las órdenes que daban para cargar contra los manifestantes no eran obedecidas. Los propios agentes responsables de disolver la manifestación desobedecían las instrucciones manteniéndose en actitud pasiva.

 Las fotos que otros compañeros de seguridad debían tomar a los cabecillas aparecían veladas o desenfocadas (16. La solidaridad se había extendido entre los compañeros de los manifestantes y las contradicciones sociales habían llegado al núcleo del Estado. Cuando el Estado tiene que reprimir una protesta del propio cuerpo represor entonces sus estructuras chirrían y la estabilidad política peligra.

La llamada manifestación de la Seguridad Social recibió una destacada cobertura mediática, extendiéndose la notica por medios provinciales y nacionales.

Fue todo un golpe de mano mediático, una deflagración que dejó aturdidos a muchos mandos y miembros del gobierno. Pero los efectos sancionadores no tardaron en llegar y fueron implacables: más de doscientos guardias civiles y policías detenidos, interrogados con «malos tratos» y posteriormente expedientados.

De éstos cerca de cincuenta guardias civiles fueron expulsados y tuvieron que luchar por su reingreso. Muchos de los participantes, ya fueran policías o guardias, fueron enviados al País Vasco como medida de castigo. Sin  embargo, esto último facilitó la sinergia entre ellos y la creación de focos sindicales  policiales en esta región. De esta confluencia surgió en 1978 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el cual sería clandestino hasta 1984 y que fue un referente para los  círculos sindicales que germinarían en la Guardia Civil.

¿Qué pasó para que se produjera esta explosión de rebeldía en unos cuerpos
militarizados? El detonante fundamental fue la contradicción intrínseca que vivían estos hombres: represores sin derechos, víctimas y verdugos. A la vez que debían contener la alta contestación social de la época, sufrían unas condiciones laborales deplorables.

Los cuerpos de seguridad, sea en la época que sea, no son contenedores estancos, no son grupos de personas impermeables a la realidad social. De un medio a otro, de la vida civil a la vida marcial, se filtra información, se filtran problemas, se filtran soluciones, se filtran emociones.

 España estaba inundada de movilización social, huelgas y protesta, donde el movimiento obrero era el más pujante de las fuerzas disidentes. Igualmente, la muerte del dictador abrió la puerta a la esperanza de cambio y libertades en amplias capas y sectores sociales. Estos servidores del Estado no eran ajenos a esta realidad e incluso algunos llegaban a simpatizar con los movimientos que tenían que controlar.

Sus penosas condiciones de trabajo les llevó a dar el gran salto adelante y tirando del hilo de las reivindicaciones laborales ampliaron sus demandas en reivindicaciones políticas: derecho de sindicación, acercamiento pueblo-cuerpos de seguridad, desmilitarización de la Policía y la Guardia Civil. En definitiva, unos reclamos que arrancan pidiendo mejoras de las condiciones materiales y que llegan hasta la búsqueda de la democratización de los cuerpos de seguridad, una evolución en sintonía con los acontecimientos que transcurrían en el país.

El proceso constituyente de 1978 despertó las esperanzas delos miembros de la Guardia Civil. Las llamadas Fuerzas de Orden Público (Guardia Civil y Policía) serían definitivamente deslindadas de las Fuerzas Armadas. Según el artículo 8 de la Constitución las Fuerzas Armadas estarían formadas por los tres Ejércitos y no se hacía mención alguna a las Fuerzas de Orden Público.

Por lo tanto Guardia Civil y Policía ya no serían parte de las Fuerzas Armadas. Esto suponía un gran paso para el cambio. El anhelo principal de los luchadores demócratas de la Guardia Civil era la desmilitarización completa, puesto que esto les permitiría tener mayores derechos civiles y desarrollar la lucha sindical legalmente.

 La Policía al pasar, mediante leyes y victorias judiciales, a ser definida como un cuerpo íntegramente civil conseguiría, al cabo de años de presión sindical (principalmente del SUP), derechos y libertades fundamentales como cualquier otro funcionario público.

La Guardia Civil no corrió la misma suerte y los caminos de aquellos dos cuerpos militarizados que lucharon juntos en la manifestación de la Seguridad Social empezaron a divergir. La ahora llamada Policía Nacional caminaba hacia la normalización democrática mientras la Guardia Civil se congelaba en las peores tradiciones preconstitucionales.

En 1980 se promulgó la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Organización Militar , la cual mostraba un texto ambiguo en lo referente a la Guardia Civil. La ley supuso un regreso a la doble dependencia: del Ministerio de Defensa para las misiones de carácter militar, y del Ministerio de Interior para el desempeño de las funciones relacionadas con el orden público. Los sectores más escorados a la derecha optaron por mantener la militarización, los sectores antagonistas (incluido el PSOE) apostaron por la desmilitarización total.

La solución salomónica (similar a la impuesta por Narváez y Ahumada en 1844) que parecía tener un espíritu modernizador y progresista, fue utilizada precisamente para lo contrario.

 Aprovechando el carácter confuso de la reforma, las instancias políticas y de la propia Dirección General de la Guardia Civil pusieron todo el acento en el carácter militar, en la disciplina castrense, abriendo el campo al autoritarismo y la discrecionalidad en las sanciones cometidas contra los integrantes del cuerpo. Un gran jarro de agua fría para los guardias sindicalistas y demócratas que habían entregado su esperanza al proceso constituyente y las nuevas leyes.