miércoles, 22 de julio de 2020

Dios los crea, nosotros los alimentamos y vestimos, ellos se en-derechan, a los trabajadores nos joden, con lo que se hace un montón + que yo no me entero de nada, oiga + 19 martillazos que le acabo de dar a los discos duros del pc después de echarlos a rodar escaleras abajo + 65 millones de euros, cama-palacete aparte + la pretérita y presente situación que en vez de llamarle x le vamos a llamar nueva normalidad que para florearla un poco diremos que es recuperativa, que eso sí, será histórica, porque todo lo que se produce en la historia es histórico, pero que como cosa de engañe y pega no está mal = a que todo incremento del capital es equivalente a lo que se le roba al trabajador+ lo que se le robará + el 3%, que yo por escribir esto y no decir que esta boca es mía algo me tengo que llevar y quedamos como amigos. Pero que yo no me meto en política, Dios me libre, que eso es cosa de políticos y de marcianos sin papeles.


¿Dónde está la oposición? Matarile, rile ron…
  • El acuerdo con la derecha por el PSOE y Más Madrid sólo beneficia al alcalde Almeida, no a la inmensa mayoría de la ciudadanía
  • Si bien el acuerdo nos vende humo con el parque público de vivienda, lo que logra es facilitar el negocio a las empresas privadas, que es lo que realmente les importa
  • En la crisis alimentaria, más de 45.000 personas han tenido que ser atendidas por el movimiento vecinal y social, porque el Consistorio no era capaz de hacerlo



Jordi Escuer.  Miembro de la Colegiada de IU Madrid ciudad
Cuartopoder.es
El lunes, 20 de julio de 2020

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a la salida del homenaje a las victimas del covid-19 en el Patio de la Armería del Palacio Real en Madrid este jueves./ Fernando Villar (Efe)

Dar malas noticias nunca es agradable, pero alguien tiene que hacerlo. Asistimos a una campaña general a favor de los pactos y, a diferencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha hecho bandera del acuerdo. Muchos alaban su talante, empezando por la oposición que le ha dado su respaldo. Sin embargo, lo realmente elogiable de Almeida es su habilidad para embarcar al PSOE y a Más Madrid en un acuerdo del que los principales beneficiarios serán las grandes empresas, y su gobierno[1]. Hasta Vox se ha subido al carro, lo que debería darnos que pensar.
El acuerdo firmado en julio entre todos los partidos del pleno municipal de Madrid recoge hermosas declaraciones de intenciones. Y la más llamativa de ellas es su apuesta por “impulsar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler similar al existente en las ciudades europeas más avanzadas, como Viena, Berlín, Ámsterdam, o París, tendente a alcanzar un 20% del parque inmobiliario”.
¡Qué maravilla! Pero no plantean ni cifras concretas ni plazos para alcanzar ese objetivo, salvo que se continuará con la promoción de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) “hasta conseguir la construcción de aproximadamente 15.000 nuevas viviendas protegidas públicas en alquiler social a lo largo de los próximos años”.
Vivienda: mucho ruido y pocas nueces
Hagamos cuentas para ver qué nos están prometiendo. La EMVS tiene 6.300 viviendas. Si les sumamos las de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad, 17.800, el total de vivienda pública en alquiler en la ciudad de Madrid asciende a 24.100, el 1,1% del parque inmobiliario, que es de 1.530.000. Para llegar a ese 20% necesitamos incrementar el parque público de viviendas en alquiler en casi 290.000 viviendas más.
Eso nos acercaría al nivel de París, cuyo porcentaje de vivienda en alquiler social es de un 22%[2]. Y seguiríamos a años luz de Viena donde el 60% de sus 1,8 millones de habitantes vive en una casa protegida[3].
A principios de año, la EMVS tenía 38 promociones de vivienda pública en alquiler, con un total de 3.200 viviendas, de las cuales sólo estaban terminadas 5 promociones, 212 pisos[4]. Entre 2001 y 2015, en Madrid se promovieron 3.640 pisos públicos, mientras en París se promovieron 7.000 cada año[5]. Vamos a suponer que, a partir de ahora, se construyen 3.200 viviendas en cada legislatura. Las 15.000 a construir en los “próximos años” necesitarían 20 años. Si tenemos en cuenta que, en enero, para el último sorteo de 163 pisos de la EMVS, se presentaron 26.000 demandantes, no se cubriría ni la demanda existente (en realidad mucho mayor). Para alcanzar el 10% de vivienda pública del total de parque inmobiliario, harían falta 165 años.
Pero además la construcción de vivienda municipal en los nuevos desarrollos urbanísticos tiene como techo el 2% del parque inmobiliario de la ciudad [6]. Cruzar esa frontera para conseguir un parque público de tamaño digno requeriría una intervención activa del Ayuntamiento en el mercado inmobiliario que no aparece en los acuerdos, ya que se confía en la continuidad del programa actual de adquisiciones de vivienda, con el que se obtienen menos de 40 al año, un 1% del parque inmobiliario cada 400 años. En resumen, los acuerdos no proponen ningún plazo para conseguir su objetivo, pero con esas medidas no se alcanzaría antes de 6.000 años.
Respecto a la incorporación de vivienda vacía al parque público (con la compra de vivienda, ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, mediando en el alquiler, etcétera), ni tan siquiera se hace una estimación de los objetivos.
Se facilita el negocio privado
Si bien el acuerdo nos vende humo en lo que al parqué público de vivienda se refiere, lo que logra a cambio es facilitar el negocio a las empresas privadas, que es lo que realmente les importa: “Acometer la modificación de las normas urbanísticas para generar o visualizar contenidos económicos reales, mayor edificabilidad por ejemplo, que hagan atractivas estas actuaciones para los promotores privados”.
También se abre la puerta del suelo público a las empresas privadas en materia de alquiler: “Desarrollar fórmulas de colaboración público privada para construir vivienda de alquiler a precios asequibles en las parcelas municipales con la calificación de vivienda libre”. Una de las herencias envenenadas de la política urbanística de la derecha es que la mayor parte de las viviendas que puede promover directamente el Ayuntamiento está en ese tipo de parcelas, de modo que se nos anuncia su concesión a empresas privadas por plazos de hasta 75 años (el máximo legal en la Comunidad de Madrid).
Y aquí está la madre del cordero, hacer “atractiva” la inversión inmobiliaria. Es evidente que, como es previsible que la venta de vivienda privada no va a volver a ser el negocio que fue, se trata de abrir nuevos espacios de rentabilidad para el capital en el terreno del alquiler y la rehabilitación de vivienda, con abundantes ayudas públicas. Nada nuevo bajo el sol. Pero ahora, con el aval de la “izquierda”.
Además, se abre la puerta a la “transformación de parte del suelo dotacional en residencial”, una medida que, en manos de la derecha, es garantizar que ese suelo pasará a ser parte del negocio de la vivienda y que el déficit dotacional crónico de los barrios se agravará.
El objetivo mínimo en vivienda debería ser atender la demanda existente en una legislatura, 26.000 demandantes. Es decir, promover 6.500 viviendas públicas anuales, bien de nueva construcción por la propia EMVS, bien con una intervención a fondo en la vivienda vacía con todos los medios al alcance del Consistorio.
La clave es dejar de considerar la vivienda como un negocio y tratarla como un bien social básico. El coste real de construir una vivienda es muy inferior a los precios de mercado. Y con esos costes reales hay que trabajar para garantizar el acceso a un derecho básico como es la vivienda.
Y la primera condición es dejar de usar el suelo público como negocio. Por ejemplo, los terrenos de la Operación Campamento y de la antigua Cárcel de Carabanchel son, en su inmensa mayoría, públicos y deben dedicarse al 100% a dotaciones, a vivienda pública en alquiler y a preservar los espacios verdes. Eso reivindica el movimiento vecinal. El primer responsable de que eso sea así es el Ayuntamiento, pero esperar eso de la derecha es pedirle peras al olmo. Son los representantes de las grandes empresas, y su política está al servicio de ellas, como hizo Gallardón con Calle 30. Lo triste es que el PSOE y Más Madrid se presten a ese juego, como ya hicieron con su apoyo a la operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte) a pesar del rechazo el movimiento vecinal y ecologista.
Los Servicios Sociales no se toman en serio
Pero si en un terreno es evidente cuáles son las prioridades del Consistorio de la derecha es en el de los Servicios Sociales. De las 352 medidas propuestas, sólo 8 corresponden a esta materia. En aras al “refuerzo del personal de Servicios Sociales” y dotarlos de los medios humanos necesarios, “en los próximos meses de realizará un análisis”. Ni una sola cifra. Deberían empezar por comprometerse en garantizar un trabajador/a social por cada 3.000 habitantes, que es lo que reclama el Colegio Oficial de Trabajo Social. Eso implicará algo más del doble de la actual plantilla. Dada la gravedad de la crisis sanitaria y social es lo mínimo que cabe hacer.
Sin embargo, por su actuación en esta crisis alimentaria ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera. A pesar de los recursos económicos de los que dispone el Ayuntamiento, más de 45.000 personas han tenido que ser atendidas por el movimiento vecinal y social, porque el Consistorio no era capaz de hacerlo. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento con un presupuesto de 5.500 millones de euros no haya sido capaz de garantizar la alimentación a todo el que lo necesitase durante la pandemia? ¿Y ahora nos dicen que van a hacer un análisis en “los próximos meses”?
Si no han atendido esta emergencia alimentaria como deberían es porque no ha sido su prioridad, digan lo que digan. Los contratos de emergencia alimentaria tramitados (que no necesariamente ejecutados) por el Consistorio, a fecha 6 de julio, son inferiores a 8 millones de euros, un 0,14% de todo el presupuesto. El Ayuntamiento debería haber creado despensas municipales en todos los distritos y doblado, como mínimo, el personal de servicios sociales. Nada de eso ha llegado.
Con estos antecedentes, no cabe esperar mucho de las palabras de Almeida y su equipo. Sólo quieren la fotografía del pacto, para reforzar su posición política. Y es difícil entender que la “oposición” les ayude a ejercer esa representación.
Almeida sabe que la gestión del PP durante la pandemia, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, ha sido un absoluto fracaso. La ejecución presupuestaria es ridícula y, aunque pondrán como excusa al coronavirus, no han sido capaces de gestionar ni siquiera el presupuesto extraordinario para hacer frente a sus efectos.
Han ahorrado una gran cantidad de dinero por la suspensión de contratos de servicios que no se sabe a dónde irá. Han utilizado los ERTEs para suspender servicios más allá de toda lógica social. Comedores escolares, Escuelas Infantiles… que han seguido trabajando, o podían haberlo hecho, durante la pandemia. Las Escuelas Infantiles se ofrecieron para hacer comida para las familias que cobraban RMI, y otras necesidades, pero se les negó tajantemente la posibilidad. Se cierran comedores escolares que podían haber evitado las colas del hambre, pero se prefiere hacer contratos vergonzosos con Rodilla o Telepizza. En vez de utilizar los propios recursos municipales, o que ya tenían contratados, aprovechan la ocasión para hacer contratos a grandes empresas para darles negocio durante el confinamiento. Ni siquiera ha tenido el gesto de hacer algunos contratos con el pequeño comercio de los distritos y barrios para ayudar a ese sector.
Llegar a un Pacto con ellos en estas circunstancias es respaldar su gestión, tanto la de recorte del gasto social plasmada en los presupuestos de 2020, ya puesta en marcha antes de la pandemia, y la gestión desastrosa durante ella. Es significativo del valor de este pacto para la inmensa mayoría que se haya dejado totalmente fuera temas como Igualdad y Género.
Una política a medida de la derecha
No se establecen objetivos concretos para ampliar la plantilla municipal. Por ejemplo, en la Asistencia a Domicilio, ya insuficiente antes de la pandemia y más necesaria que nunca. O en Limpieza. Si se van a ampliar los servicios de la EMT, ¿cuánto crecerá la plantilla, que ya es insuficiente para los servicios actuales? Se habla de solicitar que la plantilla municipal, los bomberos y el Samur sean considerados servicios esenciales para facilitar aumentar su número, lo que nos parece muy bien. Pero en qué cantidad ¿y el resto de los servicios? ¿Se van a auditar los servicios que prestan empresas privadas para ver si cumplen con las condiciones? ¿Son suficientes para atender las necesidades desde el inicio de la pandemia?
No se habla tampoco de recuperar su prestación pública directa, que permitiría disponer de más recursos para el propio servicio y garantizar condiciones de trabajo estables y dignas.
Ni una palabra de aumentar la progresividad fiscal para que paguen más los que más tienen. Nada de eso puede extrañarnos, pues el gobierno de Almeida se apresuró al inicio de la pandemia a bajar el IAE un 25% a buena parte de las grandes empresas, incluidas las casas de apuestas. La prueba última de que estamos ante una declaración de buenas intenciones, en el mejor de los casos, es la ausencia de medidas presupuestarias que respalden las propuestas. El texto usa más de 50 veces la palabra impulsar, así como la de “promover”, “estudiar”, “avanzar” y un sinfín de verbos lo suficientemente vagos para que no comprometan a nada.
La derecha actuará conforme a los intereses de clase que defiende, de acuerdo con su naturaleza. Lamentablemente, no están siendo igual de coherentes quienes representan a la izquierda en el Pleno municipal.
Desde luego, el Gobierno central debe garantizar recursos suficientes a los municipios para atender las necesidades sociales y dotarse de unos servicios públicos adecuados. Y el primer paso es levantar de una vez por todas las leyes que limitan que los ayuntamientos puedan hacer uso de la totalidad del superávit, igual que tiene que derogar la reforma laboral si no quiere dejar indefensos a los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal.
Pero, a la vez, esos recursos deben estar condicionados a políticas sociales. Hay que regular los alquileres con una legislación estatal. Hay que permitir la ampliación de las plantillas públicas, derogando la tasa de reposición, y legislar para facilitar la devolución al sector público de los servicios privatizados y garantizar que los recursos, así como el suelo, se emplean en atender las necesidades sociales y no el negocio privado de un puñado de grandes empresas.
En sus manos está, también, que terrenos como los de la Operación Campamento y la Cárcel de Carabanchel, que son propiedad de los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente, se empleen para atender las necesidades sociales y no para el lucro privado.
Si el Gobierno central actúa conforme a esa política en seguida será evidente la imposibilidad un gran pacto con la derecha. Por eso, PSOE y Más Madrid se equivocan al sembrar esperanzas en que un acuerdo con la derecha resuelva los problemas de la mayoría de la sociedad.
El único acuerdo posible es el de todas las organizaciones de la izquierda política y sindical, del movimiento vecinal, sindical, feminista y ecologista, de los colectivos de pensionistas, inmigrantes, etcétera, para luchar de forma unitaria y democrática por nuestros derechos, con la misma coherencia con que la derecha defiende a la élite dominante.
[1] https://www.madrid.es/UnidadWeb/Coronavirus/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf
[2] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[3] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/03/economia/1556907468_058543.html
[4] https://www.emvs.es/Comunicacion/Noticias/2020/Paginas/primeraConvocatoria0611.aspx
[5] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[6] Los suelos de cesión obligatoria, que son el 10 % del aprovechamiento urbanístico, unas 20.000 viviendas de las 180.000 que faltan por desarrollar, aproximadamente el 2% del parque inmobiliario total que tendrá Madrid en el futuro, de 1,7 millones de viviendas

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Lo que no puede ser no puede ser, y además, es imposible. Sin cambio de relaciones de producción no puede haber acuerdo que beneficie al trabajador


Europa salva los muebles… de momento

Rebelion
22/07/2020 | Europa



Fuentes: Público

Después de la situación tan tensa que se había creado en el seno del Consejo Europeo y del enorme obstruccionismo con que actuaban algunos países del norte, el acuerdo de ayer puede considerarse un éxito para la Unión Europea en su conjunto y, quizá sobre todo, para los Gobiernos del sur. Máxime, si se tiene en cuenta que tanto el italiano como el español habían tenido que luchar no sólo contra los ataques del holandés sino con los partidos de su oposición nacional.
En España, el Partido Popular alentó claramente los discursos demagógicos del Gobierno holandés contra España con tal de dinamitar al de Pedro Sánchez y ahora tiene que morder tierra de nuevo. La estrategia de acabar como sea, el todo vale contra un Gobierno legítimo no termina de darle réditos a Pablo Casado y hace daño a España. En esta ocasión, ha hecho más difícil que se alcanzara lo conseguido por España pero también da más valor a lo que Sánchez trae de Bruselas.
Para el conjunto de la Unión Europea el acuerdo es positivo si se tiene en cuenta que no haberlo alcanzado y seguir sin dar respuestas definitivas a la crisis que vivimos hubiera sido un desastre histórico, sobre todo, por las condiciones fratricidas en las que se estaba dando el debate. Y no se puede negar que el acuerdo representa un avance sin parangón, no sólo por la cantidad de recursos que se van a poner en la economía europea sino porque el discurso que ha servido para justificar la propuesta del Consejo en los últimos meses contiene elementos que modifican algunos de los principios de política económica mantenidos hasta ahora y que se había demostrado que no daban los resultados que se dijo que iban a dar.
El acuerdo va a permitir que los diferentes países de la UE lleven a cabo programas de inversión muy ambiciosos, sin los cuales sería materialmente imposible evitar una recesión muy prolongada, con caídas de la actividad y del empleo posiblemente nunca vistas.
Sin embargo, en esta primera y rápida evaluación del acuerdo es imprescindible mencionar también algunos aspectos que impiden echar las campanas al vuelo, tal y como están haciendo la gran mayoría de los comentaristas cuando no tienen en cuenta sus lagunas o incluso los peligros que conlleva, tal y como en un principio está formulado. estos aspectos críticos que me parecen más destacables son los siguientes.
– La Unión Europa vuelve a recurrir a los mercados para financiarse, obviando al Banco Central Europeo. Es cierto que así se aminora el coste de la deuda que se generará y que disminuirán las tensiones especulativas, pero sigue siendo un sinsentido económico que, en lugar de utilizar al banco central como prestamista en última instancia, se utilice una dramática crisis sanitaria y económica para que sigan enriqueciéndose los bancos privados.
– Como he dicho, la cantidad de dinero que se va a movilizar es muy grande, en comparación con las dotaciones presupuestarias actuales, pero aún así, hay que señalar que es claramente insuficiente. Con la cantidad de dinero que se va a poner en juego no se podrá conseguir que los países más afectados por la crisis puedan financiar todo lo que van a necesitar para no perder más comba todavía respecto a los más ricos. Baste tener en cuenta un solo dato. Según la última evaluación del Fondo Monetario Internacional (aquí), Alemania ha gastado ya en su economía el equivalente al 14% de su PIB, más o menos lo mismo que Francia. Italia, sin embargo, sólo el 5% y España el 3,2%.
Tal y como está formulado el acuerdo, será imposible evitar que la divergencia en el seno de la Unión Europea siga ampliándose
– Esto último es más grave todavía porque la Unión Europea sigue sin estar dispuesta a abordar el problema de la deuda que se ha ido acumulando. Sin adoptar fórmulas que reduzcan significativamente su porcentaje sobre el PIB en los países con más endeudamiento será imposible evitar nuevas crisis en el futuro que afectarán a todos. Y eso es algo que sería posible conseguir sin necesidad de crear agravios y sin que unos países paguen, como se dice, la deuda de otros. El Banco Central Europeo, en lugar de seguir enriqueciendo a la banca y de limitarse a evitar artificialmente su insolvencia, puede convertir tramos de deuda nacionales en deuda a muy largo plazo o perpetua, por ejemplo.
– Hay que tener en cuenta, además, que una buena parte de los fondos que se van a dedicar a la reconstrucción tras la pandemia merman otros programas de gasto de la UE previamente aprobados, de modo que su impacto neto final no será el que a primera vista parece que tiene. Y este efecto puede ser más negativo, precisamente para los países más beneficiados por los fondos de cohesión que se van a recortar en beneficio de otros programas que irán en mayor medida a los países más ricos.
– También es muy importante señalar que los nuevos fondos van a ir acompañados de condicionalidad. Algo que debe valorarse con cuidado. Es cierto que ésta es deseable cuando se refiere a aspectos en los que algunos Gobiernos no vienen consiguiendo los resultados óptimos deseados, como en el mejor uso posible del gasto, transparencia, lucha contra la corrupción, eficacia del sector público, etc. Pero también lo es que en la Unión Europea priman principios de comportamiento que han guiado las condiciones impuestas hasta ahora y que han demostrado que no sirven realmente para lo que se dice que sirven. Si se sigue imponiendo esta tipo de condicionalidad, volveremos a las andadas.
Lo que ahora es fundamental es que las economía europeas y sobre todo las más afectadas por la crisis, recuperen cuanto antes la actividad, que esa actividad responda a nuevas lógicas productivas y sociales y que eso se haga con el menor incremento posible de una deuda que pueda actuar como una losa para conseguirlo.
Por eso, este acuerdo no puede ser valorado en todo lo que significa sino hasta que se ponga sobre el papel el tipo de condicionalidad ex post que va a llevar consigo. Si se vuelve a insistir en condiciones que la experiencia ha demostrado que frenan la actividad y aumentan la deuda, en lugar de solucionar problemas los volverá a crear y en mayor grado.
En concreto, hay que ver qué posición se mantendrá sobre las reglas fiscales, de momento en suspenso. La evidencia empírica ha demostrado que las políticas de austeridad tienen efectos negativos, que estos no son momentáneos sino que persisten en el tiempo, que son todavía peores cuando se aplican en fases de crisis y que terminan aumentando el porcentaje de deuda sobre el PIB. Y la experiencia de estos últimos años también nos ha permitido comprobar que para incrementar la actividad y reducir el peso de la deuda lo que mejor funciona es impulsar la demanda, lo cual se consigue mejor a través de la inversión pública y el gasto en sectores que generan más empleo (salud, educación, cuidados…) que bajando impuestos o concediendo transferencias a empresas. Como también es un hecho que la insistencia en lograr superávits públicos primarios (más ingresos que gastos antes de pagar intereses) no es la vía que reduce la deuda sino justamente la que la aumenta.
Si una vez suscrito este acuerdo, los Gobiernos europeos con mayor capacidad de decisión vuelven a esa especie de homeopatía económica que es la doctrina de la austeridad, las divergencias aumentarán y la crisis de los países hasta ahora más endeudados, precisamente por el predominio de ese tipo de políticas, será inevitable. Con la salvedad de que ya no serán los países más pequeños de la Unión Europea como Grecia, Malta o Chipre, sino potencias económicas como Italia o España.
En resumen, los países del sur no han sufrido la derrota que querían infringirle los del norte y el acuerdo constituye un paso de gigante en la historia de la Unión Europea. Aunque esto haya tenido que ser por la fuerza de los hechos, a trompicones, abriendo heridas que quizá no cierren nunca y ante el drama de una crisis sanitaria, hay que felicitarse por lo que se acaba de acordar. Pero, dicho esto, es una irresponsabilidad o un engaño dejar de mencionar los grandes retos que la Unión Europea no está siendo todavía capaz de abordar y que este acuerdo deja al desnudo quizá con mayor nitidez que en ninguna otra ocasión anterior.
En los meses venideros se sigue jugando el futuro de Europa porque una cosa es que lo menos malo sea preferible a lo peor y otra que se haya hecho lo que se debía hacer.


Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Pues en España las concesiones para empeorar las condiciones de vida de los trabajadores las hace el gobierno, pero gobernar no gobierna


¿Acuerdo histórico? A cambio de los fondos europeos el gobierno deberá renunciar a derogar la reforma laboral y aplicar nuevos recortes en las pensiones públicas
Jul 21, 2020



Finalmente, el Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para repartir los millones del fondo de reconstrucción del Covid-19. Según Pedro Sánchez, que se felicita del acuerdo, al Estado Español le corresponderán 140.000 millones del paquete de 750.000 millones aprobado (390.000 en subvenciones y 360.000 en créditos). De esos 140.000 millones, 72.700 serán en forma de ayudas directas (sin devolución) y el resto, 67.300 millones, engrosarán la deuda pública del Estado
Pero para acceder al fondo, el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que aplicar determinadas políticas, particularmente en el campo laboral y de las pensiones.
Fue el líder holandés y máximo representante del bando de los llamados ‘países frugales’, Mark Rutte, el que dejó claro que España tiene que mantener la flexibilidad del mercado laboral y tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en pensiones como condiciones para acceder a los fondos europeos.
Es decir, que el Gobierno tendrá que olvidarse de sus planes de cabecera en el campo laboral. Como mínimo, de su idea de desmantelar la reforma del Partido Popular de 2012 en un plazo más o menos corto de tiempo.
En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ha bajado mucho el tono en este campo. De ser uno de los principales proyectos de la ministra Yolanda Díaz, la ‘contrarreforma’ laboral ha pasado a ser un objetivo secundario que parece ya no se encuentra entre las metas más inmediatas del Ejecutivo.
Esto ocurrió, particularmente, después de que la patronal amenazara con abandonar la mesa del Diálogo Social tras el acuerdo parlamentario entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar en un corto espacio de tiempo la reforma laboral, aunque Moncloa dio marcha a atrás a este acuerdo casi de inmediato. 
Aspectos más lesivos
A día de hoy, después de que Trabajo reconstruyera puentes y recuperara a la patronal para el Diálogo Social, lo único que queda sobre la mesa respecto a la derogación de la reforma laboral son los aspectos más lesivos, los relacionados con la negociación colectiva.
Sin embargo, habrá que ver qué decide hacer el Gobierno al respecto. El ‘freno de mano’ aprobado por el Consejo Europeo permitiría a cualquier estado miembro de la UE frenar los fondos para España si se considera que nuestro país no está cumpliendo con las recomendaciones comunitarias, que orientan a mantener un alto grado de la llamada ‘flexibilidad laboral’.
Así, ideas que se manejaban hasta ahora como la reforma de la subcontratación, del despido y el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI quedan en el alero, con bastantes posibilidades de quedarse en el cajón, al menos hasta 2022.
Pensiones
En cambio, en pensiones los principales partidos parlamentarios del Estado están dispuestos a poner en marcha medidas que reduzcan el gasto. Y desde hace tiempo. El problema es que las correspondientes reformas en la Seguridad Social y en el modelo público quedaron frenadas por la falta de acuerdo político ante la proximidad electoral.
Eso es lo que ocurrió en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que aborda la reforma de estas prestaciones y que no llegó a un acuerdo antes de la celebración de las elecciones de abril de 2019 y de la disolución de las Cortes, en medio además de una potente movilización del movimiento pensionista.
Ahora los trabajos empiezan de nuevo. Antes de la crisis del coronavirus, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó su propuesta para, según su opinión, ‘salvar’ las pensiones públicas en España y a la Seguridad Social de la bancarrota. Entre los argumentos para abordarla con urgencia, el ministro señaló que en 2023 se espera un importante incremento de las prestaciones de jubilación por la retirada del mercado laboral de la generación del ‘baby-boom’ español.
Entre las medidas que propuso para reducir el gasto señaló que el Estado asuma determinados gastos y prestaciones que a día de hoy abona la Seguridad Social (y que le obligan a endeudarse) y penalizar y dificultar todavía más las prejubilaciones, de manera que la edad efectiva de jubilación se vaya prolongando paulatinamente. También se ampliaría el número de años para calcular la pensión final, lo que supondrá un nuevo y significativo recorte de las prestaciones. Por ahora, además, no hay visos de que el gobierno tenga intención de derogar, como mínimo, dos de los aspectos más cuestionados de la reforma de Rajoy del 2013: el factor de sostenibilidad y el incremento de las pensiones desvinculado del crecimiento del IPC.
Magdalena Valerio, exministra del ramo y presidenta del Pacto de Toledo, considera que es posible un acuerdo parlamentario al respecto antes de que acabe el año que se deberá traducir después en un proyecto legislativo. El Gobierno va a tener que acelerar para contentar a Bruselas.
¿Freno al gasto social?
Por otro lado, la capacidad que tienen los estados miembros para frenar las ayudas de otro si no cumple las reglas también pone en un problema a España en lo que respecta a su gasto social.
Cabe recordar que debido al impacto laboral y económico de la crisis del coronavirus, el Gobierno ha extendido un importante escudo social, a base de subsidios y ayudas, en este 2020. Un escudo que corre el peligro de difuminarse ante el amenazante ‘freno de mano’ europeo.
Con todo, entre las iniciativas en peligro no debería estar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que de hecho había sido reclamada por la propia Comisión Europea dados los problemas relacionados con la pobreza extrema en España.
El ‘freno de mano’ también puede afectar considerablemente al plan de reformas e inversiones que presentará el Ejecutivo a Bruselas en octubre como paso final para acceder a los millones comunitarios.
Como afirmara Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la intención del Gobierno es dedicar fondos europeos, además de a la digitalización del tejido productivo y a la transición ecológica, al Estado del Bienestar y al sector de los cuidados, algo que ahora queda en entredicho.
Iglesias habla de acuerdo europeo de ‘alcance histórico sin precedentes’ y asegura que no habrá recortes
El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por su parte ha ensalzado este martes el «alcance histórico y sin precedentes» del acuerdo europeo que, en su opinión, permitirá afrontar la crisis «sin recortes» y continuar con «el programa» del Gobierno de coalición.

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Iglesias admite que el acuerdo no va «todo lo lejos» que a «algunos» les habría gustado, pero considera una buena noticia que la Unión Europea haya dejado atrás la senda de la austeridad y los recortes que, según enfatiza el vicepresidente, lastró las economías del sur en la crisis de hace diez años.
«Debemos destacar algo clave para España: el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno», remarca Iglesias.
El líder de Podemos hace esta consideración cuando se ha puesto en duda la oportunidad de acometer algunos aspectos del programa, entre ellos la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una cuestión que está recogida en ese acuerdo al que hace referencia Iglesias.
«Los ‘eurobonos’, que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes«, señala Iglesias.
De esta forma, en su opinión, el acuerdo del Consejo Europeo va en «una dirección diametralmente opuesta» a hace diez años, cuando se apostó -dice- por «recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo«.
Iglesias elogia a la UE
Iglesias considera que Europa ha reaccionado a la crisis del coronavirus de forma «coordinada y solidaria» ya que por primera vez en la historia de la UE se plantean subvenciones financiadas con deuda conjunta.
España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, en virtud de ese acuerdo sobre el fondo europeo y el marco financiero plurianual.
«Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un marco institucional y de gobierno en el que se refuercen los procedimientos democráticos, así como una reforma del Pacto Fiscal y de Estabilidad para evitar una posible vuelta de la austeridad fiscal», añade el vicepresidente, en el mensaje que a continuación reproducimos.
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