¿Dónde está la oposición? Matarile, rile ron…
- El
acuerdo con la derecha por el PSOE y Más Madrid sólo beneficia al alcalde
Almeida, no a la inmensa mayoría de la ciudadanía
- Si bien
el acuerdo nos vende humo con el parque público de vivienda, lo que logra
es facilitar el negocio a las empresas privadas, que es lo que realmente
les importa
- En la
crisis alimentaria, más de 45.000 personas han tenido que ser atendidas
por el movimiento vecinal y social, porque el Consistorio no era capaz de
hacerlo
Jordi Escuer.
Miembro de la Colegiada de IU Madrid
ciudad
Cuartopoder.es
El lunes,
20 de julio de 2020
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a
la salida del homenaje a las victimas del covid-19 en el Patio de la Armería
del Palacio Real en Madrid este jueves./ Fernando Villar (Efe)
Dar malas noticias nunca es agradable, pero alguien
tiene que hacerlo. Asistimos a una campaña general a favor de los pactos y, a
diferencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis
Martínez-Almeida ha hecho bandera del acuerdo. Muchos alaban su talante,
empezando por la oposición que le ha dado su respaldo. Sin embargo, lo
realmente elogiable de Almeida es su habilidad para embarcar al PSOE y a Más
Madrid en un acuerdo del que los principales beneficiarios serán las grandes
empresas, y su gobierno[1]. Hasta Vox se ha subido al carro, lo que
debería darnos que pensar.
El acuerdo firmado en julio entre todos los
partidos del pleno municipal de Madrid recoge hermosas declaraciones de
intenciones. Y la más llamativa de ellas es su apuesta por “impulsar el
desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler similar al existente en
las ciudades europeas más avanzadas, como Viena, Berlín, Ámsterdam, o París,
tendente a alcanzar un 20% del parque inmobiliario”.
¡Qué maravilla! Pero no plantean ni cifras
concretas ni plazos para alcanzar ese objetivo, salvo que se continuará con la
promoción de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)
“hasta conseguir la construcción de aproximadamente 15.000 nuevas viviendas
protegidas públicas en alquiler social a lo largo de los próximos años”.
Vivienda: mucho ruido y pocas nueces
Hagamos cuentas para ver qué nos están prometiendo.
La EMVS tiene 6.300 viviendas. Si les sumamos las de la Agencia de la Vivienda
Social de la Comunidad, 17.800, el total de vivienda pública en alquiler en la
ciudad de Madrid asciende a 24.100, el 1,1% del parque inmobiliario, que es de
1.530.000. Para llegar a ese 20% necesitamos incrementar el parque público de
viviendas en alquiler en casi 290.000 viviendas más.
Eso nos acercaría al nivel de París, cuyo
porcentaje de vivienda en alquiler social es de un 22%[2].
Y seguiríamos a años luz de Viena donde el 60% de sus 1,8 millones de
habitantes vive en una casa protegida[3].
A principios de año, la EMVS tenía 38 promociones
de vivienda pública en alquiler, con un total de 3.200 viviendas, de las cuales
sólo estaban terminadas 5 promociones, 212 pisos[4].
Entre 2001 y 2015, en Madrid se promovieron 3.640 pisos públicos, mientras en
París se promovieron 7.000 cada año[5].
Vamos a suponer que, a partir de ahora, se construyen 3.200 viviendas en cada
legislatura. Las 15.000 a construir en los “próximos años” necesitarían 20
años. Si tenemos en cuenta que, en enero, para el último sorteo de 163 pisos de
la EMVS, se presentaron 26.000 demandantes, no se cubriría ni la demanda
existente (en realidad mucho mayor). Para alcanzar el 10% de vivienda pública del
total de parque inmobiliario, harían falta 165 años.
Pero además la construcción de vivienda municipal
en los nuevos desarrollos urbanísticos tiene como techo el 2% del parque
inmobiliario de la ciudad [6].
Cruzar esa frontera para conseguir un parque público de tamaño digno requeriría
una intervención activa del Ayuntamiento en el mercado inmobiliario que no
aparece en los acuerdos, ya que se confía en la continuidad del programa actual
de adquisiciones de vivienda, con el que se obtienen menos de 40 al año, un 1%
del parque inmobiliario cada 400 años. En resumen, los acuerdos no
proponen ningún plazo para conseguir su objetivo, pero con esas medidas no se
alcanzaría antes de 6.000 años.
Respecto a la incorporación de vivienda vacía al
parque público (con la compra de vivienda, ejerciendo el derecho de tanteo y
retracto, mediando en el alquiler, etcétera), ni tan siquiera se hace una
estimación de los objetivos.
Se facilita el negocio privado
Si bien el acuerdo nos vende humo en lo que al
parqué público de vivienda se refiere, lo que logra a cambio es facilitar
el negocio a las empresas privadas, que es lo que realmente les importa:
“Acometer la modificación de las normas urbanísticas para generar o visualizar
contenidos económicos reales, mayor edificabilidad por ejemplo, que hagan
atractivas estas actuaciones para los promotores privados”.
También se abre la puerta del suelo
público a las empresas privadas en materia de alquiler: “Desarrollar fórmulas de colaboración público
privada para construir vivienda de alquiler a precios asequibles en las
parcelas municipales con la calificación de vivienda libre”. Una de las
herencias envenenadas de la política urbanística de la derecha es que la mayor
parte de las viviendas que puede promover directamente el Ayuntamiento está en
ese tipo de parcelas, de modo que se nos anuncia su concesión a empresas
privadas por plazos de hasta 75 años (el máximo legal en la Comunidad de
Madrid).
Y aquí está la madre del cordero, hacer “atractiva”
la inversión inmobiliaria. Es evidente que, como es previsible que la venta de
vivienda privada no va a volver a ser el negocio que fue, se trata de abrir
nuevos espacios de rentabilidad para el capital en el terreno del alquiler y la
rehabilitación de vivienda, con abundantes ayudas públicas. Nada nuevo bajo el
sol. Pero ahora, con el aval de la “izquierda”.
Además, se abre la puerta a la “transformación de
parte del suelo dotacional en residencial”, una medida que, en manos de la
derecha, es garantizar que ese suelo pasará a ser parte del negocio de la
vivienda y que el déficit dotacional crónico de los barrios se agravará.
El objetivo mínimo en vivienda debería ser atender
la demanda existente en una legislatura, 26.000 demandantes. Es decir, promover
6.500 viviendas públicas anuales, bien de nueva construcción por la propia
EMVS, bien con una intervención a fondo en la vivienda vacía con todos los
medios al alcance del Consistorio.
La clave es dejar de considerar la vivienda como un
negocio y tratarla como un bien social básico. El coste real de construir una
vivienda es muy inferior a los precios de mercado. Y con esos costes reales hay
que trabajar para garantizar el acceso a un derecho básico como es la vivienda.
Y la primera condición es dejar de usar el suelo
público como negocio. Por ejemplo, los terrenos de la Operación Campamento y de
la antigua Cárcel de Carabanchel son, en su inmensa mayoría, públicos y deben
dedicarse al 100% a dotaciones, a vivienda pública en alquiler y a preservar
los espacios verdes. Eso reivindica el movimiento vecinal. El primer
responsable de que eso sea así es el Ayuntamiento, pero esperar eso de la
derecha es pedirle peras al olmo. Son los representantes de las grandes
empresas, y su política está al servicio de ellas, como hizo Gallardón con
Calle 30. Lo triste es que el PSOE y Más Madrid se presten a ese juego, como ya
hicieron con su apoyo a la operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte) a pesar del
rechazo el movimiento vecinal y ecologista.
Los Servicios Sociales no se toman en serio
Pero si en un terreno es evidente cuáles
son las prioridades del Consistorio de la derecha es en el de los Servicios
Sociales. De las 352 medidas propuestas, sólo 8 corresponden a esta
materia. En aras al “refuerzo del personal de Servicios Sociales” y dotarlos de
los medios humanos necesarios, “en los próximos meses de realizará un
análisis”. Ni una sola cifra. Deberían empezar por comprometerse en garantizar
un trabajador/a social por cada 3.000 habitantes, que es lo que reclama el
Colegio Oficial de Trabajo Social. Eso implicará algo más del doble de la
actual plantilla. Dada la gravedad de la crisis sanitaria y social es lo mínimo
que cabe hacer.
Sin embargo, por su actuación en esta crisis
alimentaria ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera. A pesar de los
recursos económicos de los que dispone el Ayuntamiento, más de 45.000
personas han tenido que ser atendidas por el movimiento vecinal y social,
porque el Consistorio no era capaz de hacerlo. ¿Cómo es posible que un
Ayuntamiento con un presupuesto de 5.500 millones de euros no haya sido capaz
de garantizar la alimentación a todo el que lo necesitase durante la pandemia?
¿Y ahora nos dicen que van a hacer un análisis en “los próximos meses”?
Si no han atendido esta emergencia
alimentaria como deberían es porque no ha sido su prioridad, digan lo que digan. Los contratos de emergencia
alimentaria tramitados (que no necesariamente ejecutados) por el Consistorio, a
fecha 6 de julio, son inferiores a 8 millones de euros, un 0,14% de todo el
presupuesto. El Ayuntamiento debería haber creado despensas municipales en
todos los distritos y doblado, como mínimo, el personal de servicios sociales.
Nada de eso ha llegado.
Con estos antecedentes, no cabe esperar mucho de
las palabras de Almeida y su equipo. Sólo quieren la fotografía del pacto, para
reforzar su posición política. Y es difícil entender que la “oposición” les
ayude a ejercer esa representación.
Almeida sabe que la gestión del PP durante la
pandemia, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, ha sido un absoluto
fracaso. La ejecución presupuestaria es ridícula y, aunque pondrán como excusa
al coronavirus, no han sido capaces de gestionar ni siquiera el presupuesto
extraordinario para hacer frente a sus efectos.
Han ahorrado una gran cantidad de dinero por la
suspensión de contratos de servicios que no se sabe a dónde irá. Han utilizado
los ERTEs para suspender servicios más allá de toda lógica social. Comedores
escolares, Escuelas Infantiles… que han seguido trabajando, o podían haberlo
hecho, durante la pandemia. Las Escuelas Infantiles se ofrecieron para hacer
comida para las familias que cobraban RMI, y otras necesidades, pero se les
negó tajantemente la posibilidad. Se cierran comedores escolares que podían
haber evitado las colas del hambre, pero se prefiere hacer contratos
vergonzosos con Rodilla o Telepizza. En vez de utilizar los propios recursos
municipales, o que ya tenían contratados, aprovechan la ocasión para hacer
contratos a grandes empresas para darles negocio durante el confinamiento. Ni
siquiera ha tenido el gesto de hacer algunos contratos con el pequeño comercio
de los distritos y barrios para ayudar a ese sector.
Llegar a un Pacto con ellos en estas
circunstancias es respaldar su gestión,
tanto la de recorte del gasto social plasmada en los presupuestos de 2020, ya
puesta en marcha antes de la pandemia, y la gestión desastrosa durante ella. Es
significativo del valor de este pacto para la inmensa mayoría que se haya
dejado totalmente fuera temas como Igualdad y Género.
Una política a medida de la derecha
No se establecen objetivos concretos
para ampliar la plantilla municipal.
Por ejemplo, en la Asistencia a Domicilio, ya insuficiente antes de la pandemia
y más necesaria que nunca. O en Limpieza. Si se van a ampliar los servicios de
la EMT, ¿cuánto crecerá la plantilla, que ya es insuficiente para los servicios
actuales? Se habla de solicitar que la plantilla municipal, los bomberos y el
Samur sean considerados servicios esenciales para facilitar aumentar su número,
lo que nos parece muy bien. Pero en qué cantidad ¿y el resto de los servicios?
¿Se van a auditar los servicios que prestan empresas privadas para ver si
cumplen con las condiciones? ¿Son suficientes para atender las necesidades
desde el inicio de la pandemia?
No se habla tampoco de recuperar su prestación
pública directa, que permitiría disponer de más recursos para el propio
servicio y garantizar condiciones de trabajo estables y dignas.
Ni una palabra de aumentar la progresividad fiscal
para que paguen más los que más tienen. Nada de eso puede extrañarnos, pues el
gobierno de Almeida se apresuró al inicio de la pandemia a bajar el IAE un 25%
a buena parte de las grandes empresas, incluidas las casas de apuestas. La
prueba última de que estamos ante una declaración de buenas intenciones, en el
mejor de los casos, es la ausencia de medidas presupuestarias que respalden las
propuestas. El texto usa más de 50 veces la palabra impulsar, así como la de
“promover”, “estudiar”, “avanzar” y un sinfín de verbos lo suficientemente
vagos para que no comprometan a nada.
La derecha actuará conforme a los intereses de
clase que defiende, de acuerdo con su naturaleza. Lamentablemente, no están
siendo igual de coherentes quienes representan a la izquierda en el Pleno
municipal.
Desde luego, el Gobierno central debe
garantizar recursos suficientes a los municipios para atender las necesidades
sociales y dotarse de unos servicios públicos adecuados. Y el primer
paso es levantar de una vez por todas las leyes que limitan que los
ayuntamientos puedan hacer uso de la totalidad del superávit, igual que tiene
que derogar la reforma laboral si no quiere dejar indefensos a los trabajadores
y trabajadoras frente a la patronal.
Pero, a la vez, esos recursos deben estar
condicionados a políticas sociales. Hay que regular los alquileres con una
legislación estatal. Hay que permitir la ampliación de las plantillas públicas,
derogando la tasa de reposición, y legislar para facilitar la devolución al
sector público de los servicios privatizados y garantizar que los recursos, así
como el suelo, se emplean en atender las necesidades sociales y no el negocio
privado de un puñado de grandes empresas.
En sus manos está, también, que terrenos como los
de la Operación Campamento y la Cárcel de Carabanchel, que son propiedad de los
ministerios de Defensa e Interior, respectivamente, se empleen para atender las
necesidades sociales y no para el lucro privado.
Si el Gobierno central actúa conforme a esa
política en seguida será evidente la imposibilidad un gran pacto con la
derecha. Por eso, PSOE y Más Madrid se equivocan al sembrar esperanzas en que
un acuerdo con la derecha resuelva los problemas de la mayoría de la sociedad.
El único acuerdo posible es el de todas las
organizaciones de la izquierda política y sindical, del movimiento vecinal,
sindical, feminista y ecologista, de los colectivos de pensionistas,
inmigrantes, etcétera, para luchar de forma unitaria y democrática por nuestros
derechos, con la misma coherencia con que la derecha defiende a la élite
dominante.
[2] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[5] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[6] Los suelos de cesión obligatoria, que son el
10 % del aprovechamiento urbanístico, unas 20.000 viviendas de las 180.000 que
faltan por desarrollar, aproximadamente el 2% del parque inmobiliario total que
tendrá Madrid en el futuro, de 1,7 millones de viviendas
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