(Gazparetes primeros espadas actuales del personal robo a beneficio propio a troche, moche y desmoche, junto a los que no aparecen en la foto: Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodriguez Zapatero, responsables todos ellos del desprestigio de la amada España fuera de España, incluso dentro de España, y del robo robo mondo y lirondo a todos los trabajadores españoles, que deben ser puestos a disposición judicial)
UN ESPIA EN EL CONGRESO
22 octubre 2013
Seis organizaciones internacionales han condenado al régimen político
español un total de 77 veces por sus reiterados incumplimientos de la legalidad
internacional y los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (70 veces), laOrganización para la Seguridad y Cooperación Europea (3 veces), Transparencia Internacional,
Access Info, la Agencia Mundial Antidopaje y hasta la Unión Ciclista
Internacional (1 vez cada una) han emitido sentencias,
informes, notas y comunicados públicos de condena que en la mayor parte de las
ocasiones la mayoría de la prensa española ha silenciado, manipulado o
desvirtuado. En paralelo, Cruz Roja ha anunciado que este
año va a repartir en España 40 millones de kilos de comida porque los españoles
pasan hambre, entre ellos 2 millones de niños, según precisan Unicef y Cáritas. Y a ellos les acompañan 6 millones de
parados y 2 millones más de exiliados laborales, una catástrofe humanitaria y
diaria que los políticos no ven.
(Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo): 70 condenas a España)
Los profesores Juan
Velázquez, Iñaki Valiente yJuan Ignacio Ugartemendía (UPV) han recopilado en un libro las 70 sentencias en contra que acumula España
en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente entre los años 1988 y 2009. No hay país europeo que haya sido
condenado tantas veces y su caso ya es digno de estudio en el ámbito
internacional, pues las élites españolas parecen tenerle aversión a las leyes y
aún más a su cumplimiento.
El “caso Parot” no es el único. La prensa ha puesto sordina a otros precedentes: el “caso Bultó”, el “caso Sanders”, el “caso Castells”, Casado Coca, Díaz
Ruano, Ruiz Torija, López Ostra, Salvador Torres… Los hay también
famosos como Gómez de Liaño, Juan Alberto
Perote o Ruiz Mateos. Todos han tenido que ser indemnizados con el erario
público porque sufrieron abusos judiciales y
políticos, que en España se entremezclan hasta el delirio. Son tantos los que han
recurrido a Estrasburgo y tantos los que han ganado que solo se puede concluir
que los 15 ministros de Justicia del régimen han sido unos manifiestos
incompetentes y he aquí sus nombres para los libros de Historia, por si algún
día debieran devolver esas indemnizaciones con los sueldos públicos y pensiones
que cobraron tan generosamente:
(El juez Gómez de Liaño también ganó en Estrasburgo un juicio por su
persecución política y judicial)
Landelino Lavilla
(UCD), Iñigo Cavero (UCD), Francisco Fernández Ordóñez (UCD), Pío Cabanillas
(UCD), Fernando Ledesma (PSOE), Enrique Múgica (PSOE), Tomás de la Quadra
(PSOE), Juan Alberto Belloch (PSOE), Mariscal de Gante (PP), Angel Acebes (PP),
José María Michavila (PP), López Aguilar (PSOE), Fernández Bermejo (PSOE),
Francisco Caamaño (PSOE) y Ruiz Gallardón (PP).
Los gobernantes españoles tienen un problema con su
inserción internacional. Émulos de Franco, el régimen de
Monarquía de partidos que continuó a la dictadura se basa en el control
mediático de la opinión pública interna mediante subvenciones publicitarias
directas o concesiones administrativas a sus editores (desde las burdas gasolineras
hasta las recalificaciones urbanísticas, mediaciones para créditos o
financiaciones bancarias etc…).
(Ruiz Mateos, expropiado y acosado por el Gobierno, también ganó en
Estrasburgo)
Especialistas en adoctrinar en la ignorancia, se hace
más difícil emerger a la sociedad civil cuando desde el Estado se promueven
valores como el “chanchullo”, el “compadreo”, el “enchufe” o el “amiguismo”
frente a la meritocracia, la legalidad, el respeto a la libertad ajena o la
división de poderes en un estado democrático. Esta es la clave del porqué la
partitocracia española se revuelve por el último “varapalo” del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos contra la “doctrina Parot”, que no es sino la aplicación
en España de la irretroactividad en las leyes, incluidas las del terrorismo. Si los ciudadanos están indefensos ante los abusos de sus
gobernantes, imagínense los terroristas, que han sufrido desde la “guerra
sucia” de varios gobiernos hasta el quebranto de las leyes que regulan los
derechos humanos en el resto del mundo.
(El militar Juan Alberto Perote fue perseguido por denunciar la corrupción.
Ganó en Estrasburgo)
Franco se refugiaba en
sus cómicas pero muy eficaces alertas contra el “contubernio de Munich” para
impedir las reformas que la comunidad internacional le exigía y la prensa del
régimen hacía el resto. Hoy, la ancestral autarquía de la península española es abonada desde el
poder para mantener a los ciudadanos ajenos al mundo contemporáneo y solo la
sociedad civil más informada, gracias a la globalización
informativa que permiten internet y las redes sociales, percibe el engaño: las
élites políticas españolas están desacreditadas internacionalmente porque han
optado por subyugar a su propio pueblo antes que recortar sus privilegios, que
ahogan además a la propia economía.
Es un egoísta “harakiri” que se basa
en la cada vez menor ceguera e ignorancia interna y que suscita la
repulsa internacional de las organizaciones independientes. Por eso las élites
de los partidos y sindicatos, víctimas de su propia perversión y de su escasa
formación laboral y económica, temen que cuando el “sistema”
los sustituya en las urnas, puedan ser perseguidas, enjuiciadas y encarceladas,
teniendo que devolver sus patrimonios. Ese pavor a la justicia les hace impedir
toda clase de cambio con toda suerte de distracciones: Gibraltar, el terrorismo
(hasta cuando no existe), Cataluña, los vascos… etc.
(David Howman (Agencia Mundial Antidopaje): una silenciada condena a España)
Las condenas
internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) junto a las del COI y
UCI contra la permisividad hacia el dopaje deportivo en España fueron
manipuladas por las élites mediáticas y el “caso Contador” o la “Operación
Puerto” se maquillaron como “ataques” a los “éxitos” deportivos o “envidias” de
sus competidores. Lo cierto es que los deportistas que
hicieron trampas y se doparon fueron absueltos o apenas apercibidos por los
tribunales en base a unas leyes, las mismas por cierto que garantizan la
impunidad a los políticos y banqueros corruptos y las mismas que ahora han
desatado la ira de las víctimas del terrorismo.
La realidad es que diputados y senadores apenas saben
legislar ni les preocupa la calidad legislativa, pues son elegidos por los
partidos y no por los ciudadanos. Un simple repaso a la Comisión de Justicia de ambas cámaras evidencia que mediocres abogados sin apenas trayectoria profesional ni prestigio
académico componen sus inútiles reuniones donde lo único que se debate es “lo
que sale en la prensa”, según confiesa uno de sus integrantes y da fé la lectura de los órdenes
del día.
(Janez Lenarcic (OSCE): 3 condenas a España)
El sistema jurídico español, sin separación de
poderes, hace aguas. Y en este río revuelto, los pescadores más avezados ganan: María del Carmen Fernández-Montalvo García y José Ramón Aparicio de Lázaro, hija y yerno
de Rafael Fernández Montalvo, presidente de la Sección Segunda del Tribunal
Supremo, han sido nombrados ‘a dedo’ en esta misma institución por un período
de tres años, prorrogables otros tres. Como antes el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, firmó la contratación de la hija del vocal Miguel Collado, felizmente frustrada
cuando se aireó. Si el Consejo General del Poder Judicial se lo reparten
PP, PSOE, CiU y PNV desde su creación, no es de extrañar que los jueces que lo
componen sigan idénticas inercias que quienes los han elegido.
No son las únicas condenas que ha recibido España. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) condenó también a los
actuales políticos españoles por no respetar el derecho de
reunión y manifestación para los convocantes de la concentración
bajo el lema “Jaque al Rey”. Es la misma organización internacional que ya ha emitido tres comunicados internacionales contra España por
su sistema electoral y por su supuesta “ley de Transparencia”, que en opinión de los
observadores extranjeros independientes, pretende todo lo contrario: volver a engañar y ocultar al ciudadano su derecho a la
información pública sobre su dinero y el destino de sus impuestos. La respuesta del
Gobierno fue expulsar a los seis
diplomáticos que la OSCE había enviado a Madrid como observadores.
(Jesús Lizcano (Transparencia Internacional): condena a España)
Y es que esta España que asoma al siglo XXI apenas se
distingue de la que Valle Inclán describía hace un
siglo en su corte de los milagros. La prensa denuncia que ya no se pueden colgar carteles en las Universidades sin el sello
del rectorado, España pasa apuros para aprobar el examen
internacional sobre blanqueo de capitales, 40 millones
de kilos de comida van a repartir este año las ONGs a una España que pasa
hambre, se persigue a los chinos vendedores
ambulantes de cerveza, desnudan a la profesora Mar Esquembre para asistir a la
tribuna del Congreso, expulsan a los que protestan y acordonan con vallas la
que se supone que era la casa del pueblo, impiden a los manifestantes acudir a
las manifestaciones, expulsan a diplomáticos, apalean a manifestantes… El
Gobierno actúa, la oposición, la prensa y los sindicatos callan. Todos ellos se
enriquecen mientras España agoniza pero la culpa es del “contubernio”
extranjero.
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