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LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS
PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL
COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO
PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA
ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y
SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)
NO ES CASUALIDAD QUE AQUALIA, LA FILIAL DE GESTIÓN DE
AGUA DE FCC, SEA UNO DE LOS SECTORES MÁS LUCRATIVOS DE LA CONSTRUCTORA MATRIZ
(144 MILLONES EN 2016)
La decisión del Supremo llegó después de que el líder
del PP cántabro ofreciera un rosario de versiones, desde que se “paga sus
facturas” hasta que él mismo reservó la estancia pero que no la pagó porque,
tras un encuentro casual con Henry Laíño, director territorial de Aquagest en
Asturias y Galicia, este no se lo permitió. Laíño está imputado en la Operación
Pokémon. La policía desmontó también esta versión. Que la causa se archivara
tiene acaso que ver, pero es solo una hipótesis, con la última fase del ciclo
del agua, como veremos luego.
Marcas de agua
En todo caso, dos años después, los clientes forzosos
de Aquagest pasaron a serlo de Aquarbe. Tras las filtraciones –no dejamos la
tropología líquida– del caso Pokémon, centrado en las empresas Vendex y
Aquagest/Agbar, Aguas de Barcelona reorganizó sus filiales y la propia Agbar
pasó a llamarse Aquadom, como sociedad cabecera del grupo. La reestructuración
obedece, según la comunicación de la empresa a los usuarios –sin fecha ni firma
legible–, a “criterios de organización territorial, mediante la implantación de
nuevas filiales en cada uno de los ámbitos territoriales […] atendiendo a
motivos de proximidad y cercanía al territorio”.
Agbar ha creado así un racimo de filiales
distribuidas por diferentes comunidades autónomas: Sorea en Cataluña, Aquona en
las dos Castillas, Hidrobal en Baleares, Canaragua en las islas Canarias,
Hidrogea en Murcia, Hidraqua en la Comunidad Valenciana, Aquanex en
Extremadura, Asturagua en Asturias, Aquarbe en Cantabria, País Vasco, Navarra y
la Rioja, Aquara en Aragón y Viaqua en Galicia (Economía digital, 07/11/2013;
El Norte de Castilla, 20/11/2013)[2]. Aquadom es el único accionista de todas
esas sociedades. La división catalana es la más importante por volumen de
negocio aunque tiene también una presencia destacada en Castilla y León,
Castilla la Mancha y Asturias[3]. En Castilla y León prestaba servicio a un
millón de habitantes de cerca de 75 municipios. Silvia R. Pontevedra asegura
que el escándalo Pokémon hizo que Aquagest se transformara en Viaqua (El País,
31/07/2015). El caso de Galicia permite sacar partido a una anécdota. Hace
años, un sabio local sin diploma solía decir con socarronería que en Galicia
solo llovía para Fenosa. El sabio ya no está y no podemos saber qué diría hoy.
Hoy el cambio climático que la globalización neoliberal ha traído a la política
permite que llueva en Galicia para una empresa de Barcelona sin que eso importe
muchos a los teóricos del particularismo nativista y los agravios
territoriales. Parece que las cuencas hídricas están más liberalizadas que las
cuencas regionales.
Modus operandi de Agbar
Pero hay que decir algo del modus operandi de la matriz,
Agbar, presentada como modelo de emprendedurismo y con presencia en distintos
lugares del mundo. En su informe de sostenibilidad de 2005 hay un apartado
titulado Compromisos con la sociedad, que comprende un subapartado sobre Ética,
transparencia y derechos humanos en el que podemos leer (p. 24):
“Uno de los valores del Grupo es el “respeto a la
democracia, las leyes, la libertad y la salud pública”. En consecuencia,
cualquier caso de corrupción, en tanto que práctica ilegal, supondría un
incumplimiento de este compromiso. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios
Generales no ha recibido ninguna denuncia de caso de corrupción. El Grupo Agbar
no ha recibido ninguna denuncia contra su organización por casos de
corrupción”.
SEGÚN
LA EXPOSICIÓN DE LA JUEZA, LA EMPRESA AQUAGEST DESARROLLABA PRESUNTAMENTE UNA
POLÍTICA QUE INCLUÍA EL SOBORNO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PARA LOGRAR
ADJUDICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES
Desde
luego parece que esta declaración ha quedado malparada por lo que vamos sabiendo.
Diez años después, el director de Agbar y Aqualia, con un lenguaje impostado
sobre el compromiso con el “progreso universal del desarrollo sostenible”, sin
mencionar ninguna de las peripecias de la historia reciente, se muestra mucho
más cauteloso limitándose a esta declaración gaseosa: “Las empresas deben
promover en sus áreas de influencia: los derechos humanos, los derechos
laborales, la protección del medio ambiente y combatir la corrupción”
(Corresponsables, enero 2015: 28). En puridad se puede promover sin sentirse
concernido por lo que se promueve.
Pero
Agbar tiene mucho que decir al respecto y asegura también de forma integral el
ciclo político del agua. Agbar es protagonista de varias operaciones. Por las
prácticas de Aquagest, la jueza encargada del caso, Pilar Lara, señala un
esquema repetido:
“consistente en la fijación de una estructura
empresarial dirigida a la obtención de ilícitas adjudicaciones violentando los
principios de igualdad, competencia y libertad de concurrencia y defraudación
de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la
contratación administrativa. De esta forma, la empresa AQUAGEST perteneciente
al GRUPO AGBAR ha obtenido amplios beneficios. […] pudiendo considerarse a la
empresa AQUAGEST como una verdadera asociación ilícita, pues además del engaño
que implica la simulación de la transparencia en la adjudicación de contratos,
cuando en realidad hay un concierto que predetermina la decisión final en
consideración a una dádiva, que por sí presupone un sobrecoste en la obra, se
perjudica a la comunidad en general, pues el empresario lo va a repercutir en
el precio final de la prestación del servicio…”. (Auto de 28/07/2015)
La
empresa se encuentra en el ojo de la Operación Petrum contra la financiación ilegal
de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC); el grupo Agbar ha sido el mayor
donante a CDC entre 2008 y 2013 vía fundaciones (895.000 euros a CatDem y
695.000 a Barcelona Fòrum) (El País, 21/10/2015), aprovechando el resquicio que
dejaba la Ley orgánica de financiación de partidos (8/2007, de 4 de julio). CDC
es corresponsable de que el 84% de la población catalana tenga privatizado su
servicio de agua, mayoritariamente en manos de Agbar (La Marea, 01/01/2016). En
un valioso informe sobre la privatización del agua en Cataluña, Carles
Escolano, Eloi Badia, Jaume Delclòs y Lidia Serrano afirman que Agbar se ha
convertido en un holding de 142 empresas que factura más de 4.000 millones de
euros en todo el mundo y suministra agua a más de 26 millones de personas.
Según estos autores, en 2009 –recuérdese, en plena
crisis y el año del escándalo del Palau barcelonés y del editorial conjunto de
varios medios de la prensa catalana en torno a “la dignidad de Cataluña”–,
después de subir la tarifa un 8,5%, el grupo obtuvo unos beneficios de 160
millones, repartió 90 entre sus accionistas y aumentó un 30% las retribuciones
de la dirección. En 2010, los beneficios subieron a 310 millones mientras
reducía un 20% la plantilla en un proceso de “mejora de la calidad”, un
eufemismo para cuenta de resultados[4]. Para acercarnos en el calendario y
restringiendo el foco, Aigües de Barcelona, empresa público-privada controlada
por Agbar, al poco de dar a conocer su cuenta de resultados de 2015, con un
aumento de beneficios del 38%, propuso una subida de las tarifas en un 1,68% en
24 municipios, incluida la capital (aiguaesvida.org, 28/04/2016).
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