El oligopolio de las empresas eléctricas, joya de la corona del capitalismo español
El modelo eléctrico español: la historia de un
oligopolio y un régimen político a su servicio.
KAOSENLARED
En
las últimas semanas a raíz de la subida histórica de la factura de la luz, se
ha puesto encima de la mesa cuál es el papel de uno de los sectores
empresariales más importantes del Estado español: las eléctricas. Llama la
atención que incluso Nadia Calviño (la ministra más neoliberal del Gobierno) ha
tenido que admitir que las eléctricas están teniendo “excesivos beneficios”.
Este hecho
refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha
caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que
gozan y que les permite conseguir esos «excesivos beneficios» ha sido
construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un
capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el
actual mercado energético español.
Se trata sin duda
de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que
muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están
al servicio de un puñado de capitalistas.
Un mercado repartido entre los amigos del
dictador
En el caso de la
patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su
origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de
la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias
intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos
privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido
significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.
De esta manera el
papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que
financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa
(Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte
importante de la actual Endesa.
Otro de los
empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y
promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de
Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el
noroeste de la península a través de Fenosa.
Al sur también la
lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del
mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de
Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno
de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos.
Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante
los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de
Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.
A pesar del
modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector
estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la
liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la
electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba
Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes
eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía
para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios.
Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a
propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que
agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la
producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una
función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el
propio Estado.
Esta
autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria
eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos
se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de
Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las
eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época
pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales
compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el
capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.
La ayuda de
Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan
y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las
empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española
desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de
la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que
poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de
comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a
pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El
resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a
precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y
las “socializó” entre unos pocos capitalistas.
Coexistiendo con
estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa
pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de
distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos
de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que
como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los
capitalistas.
La privatización completa de la
electricidad: de González a Aznar
La llegada de la
“democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y
aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el
mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.
Un hito en este
proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual
ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones
sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública
en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones
políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio
inicio a la salida a bolsa de Endesa.
El 16 de abril de
1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización
de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y
estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar
un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en
1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de
las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.
Con un discurso
marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con
esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el
Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de
electricidad.
Cuando llegó
Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia
privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco
tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones
quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una
minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno
lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar
totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana
Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta
empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por
el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente
privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el
principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran
multinacional.
La expansión
internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas,
fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras
las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante
volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue
Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la
aplicación del consenso de Washington, les ofrecía «oportunidades» a precio de
saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural «compraron» empresas públicas o
privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados
por el imperialismo.
Llegados a este
punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no
podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y
en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el
oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20
ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de
secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado
eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.
El fenómeno de
las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces,
este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular
más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera
fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así
atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos
principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno,
González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas.
Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en
cuatro años. Todo un despropósito.
No puede haber
mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a
las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra
los negocios comunes de la clase burguesa”.
Un modelo hecho “a dedo” para el control
de unos pocos capitalistas
Pero la
privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las
eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han
determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios
de estas empresas.
En 1997 bajo el
Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se
legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando
lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía
para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas
las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de
estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la
luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando
paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.
Cinco años más
tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió
fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin
embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los
usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el
denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las
empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la
Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería
cobrada con intereses.
Es decir, el
gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos
consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a
todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía
que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a
mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la
electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio
eléctrico.
Dos de las
últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y
beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados
“beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien
quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la
energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda
regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de
CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las
empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que
en el «pool» del mercado energético el precio de la luz es determinado por el
coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que
utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos
por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción
eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la
producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar-
así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la
producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).
Otra de las
polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el
reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados
«fondos para la recuperación» irán destinados a modo de transferencia directa
para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las
cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes
millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de
«eficiencia energética» o «transición ecológica». Endesa por ejemplo ha
presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.
Un sector estratégico
Nos encontramos
por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales
fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y
partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son
empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus
intereses y beneficios.
Estos privilegios
no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta
democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener
una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de
la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.
Es por esto que
los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran
totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y
a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del
combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus
principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que «disparar la factura
de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo
consiente, será cómplice».
Sin embargo, como
hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que
ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado
a proponer
tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública
en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a
la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de
manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto
sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las
concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas
con duración de más de 30 años.
El oligopolio de
las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales
medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz
son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno
también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de
una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una
manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en
contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.
Son preguntas,
que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas
tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del
oligopolio energético.
La única
complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas
bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra
estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por
tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de
las clases populares.
La vinculación
íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los
principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector
clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular
tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía.
Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado
de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que
también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de
clase.
La importancia de
estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en
las llamadas “huelgas
Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En
las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del
sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el
suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el
servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y
solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.
También es el
caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de
Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes
se jugaron a bloquear la
estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz,
la capital boliviana.
Estos ejemplos
son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la
voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de
nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el
Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra
ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este
artículo tratamos humildemente aportar al respecto.
En
las últimas semanas a raíz de la subida histórica de la factura de la luz, se
ha puesto encima de la mesa cuál es el papel de uno de los sectores
empresariales más importantes del Estado español: las eléctricas. Llama la
atención que incluso Nadia Calviño (la ministra más neoliberal del Gobierno) ha
tenido que admitir que las eléctricas están teniendo “excesivos beneficios”.
Este hecho
refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha
caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que
gozan y que les permite conseguir esos «excesivos beneficios» ha sido
construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un
capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el
actual mercado energético español.
Se trata sin duda
de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que
muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están
al servicio de un puñado de capitalistas.
Un mercado repartido entre los amigos del
dictador
En el caso de la
patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su
origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de
la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias
intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos
privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido
significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.
De esta manera el
papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que
financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa
(Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte
importante de la actual Endesa.
Otro de los
empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y
promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de
Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el
noroeste de la península a través de Fenosa.
Al sur también la
lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del
mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de
Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno
de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos.
Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante
los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de
Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.
A pesar del
modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector
estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la
liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la
electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba
Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes
eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía
para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios.
Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a
propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que
agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la
producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una
función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el
propio Estado.
Esta
autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria
eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos
se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de
Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las
eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época
pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales
compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el
capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.
La ayuda de
Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan
y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las
empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española
desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de
la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que
poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de
comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a
pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El
resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a
precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y
las “socializó” entre unos pocos capitalistas.
Coexistiendo con
estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa
pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de
distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos
de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que
como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los
capitalistas.
La privatización completa de la
electricidad: de González a Aznar
La llegada de la
“democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y
aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el
mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.
Un hito en este
proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual
ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones
sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública
en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones
políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio
inicio a la salida a bolsa de Endesa.
El 16 de abril de
1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización
de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y
estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar
un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en
1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de
las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.
Con un discurso
marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con
esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el
Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de
electricidad.
Cuando llegó
Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia
privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco
tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones
quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una
minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno
lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar
totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana
Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta
empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por
el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente
privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el
principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran
multinacional.
La expansión
internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas,
fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras
las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante
volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue
Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la
aplicación del consenso de Washington, les ofrecía «oportunidades» a precio de
saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural «compraron» empresas públicas o
privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados
por el imperialismo.
Llegados a este
punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no
podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y
en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el
oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20
ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de
secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado
eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.
El fenómeno de
las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces,
este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular
más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera
fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así
atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos
principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno,
González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas.
Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en
cuatro años. Todo un despropósito.
No puede haber
mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a
las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra
los negocios comunes de la clase burguesa”.
Un modelo hecho “a dedo” para el control
de unos pocos capitalistas
Pero la
privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las
eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han
determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios
de estas empresas.
En 1997 bajo el
Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se
legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando
lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía
para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas
las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de
estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la
luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando
paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.
Cinco años más
tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió
fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin
embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los
usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el
denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las
empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la
Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería
cobrada con intereses.
Es decir, el
gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos
consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a
todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía
que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a
mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la
electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio
eléctrico.
Dos de las
últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y
beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados
“beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien
quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la
energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda
regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de
CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las
empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que
en el «pool» del mercado energético el precio de la luz es determinado por el
coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que
utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos
por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción
eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la
producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar-
así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la
producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).
Otra de las
polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el
reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados
«fondos para la recuperación» irán destinados a modo de transferencia directa
para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las
cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes
millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de
«eficiencia energética» o «transición ecológica». Endesa por ejemplo ha
presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.
Un sector estratégico
Nos encontramos
por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales
fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y
partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son
empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus
intereses y beneficios.
Estos privilegios
no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta
democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener
una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de
la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.
Es por esto que
los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran
totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y
a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del
combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus
principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que «disparar la factura
de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo
consiente, será cómplice».
Sin embargo, como
hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que
ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado
a proponer
tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública
en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a
la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de
manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto
sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las
concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas
con duración de más de 30 años.
El oligopolio de
las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales
medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz
son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno
también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de
una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una
manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en
contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.
Son preguntas,
que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas
tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del
oligopolio energético.
La única
complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas
bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra
estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por
tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de
las clases populares.
La vinculación
íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los
principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector
clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular
tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía.
Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado
de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que
también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de
clase.
La importancia de
estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en
las llamadas “huelgas
Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En
las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del
sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el
suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el
servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y
solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.
También es el
caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de
Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes
se jugaron a bloquear la
estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz,
la capital boliviana.
Estos ejemplos son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este artículo tratamos humildemente aportar al respecto.
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