miércoles, 22 de enero de 2020

GOBIERNO PSOE / UP, SER O NO SER, HE AHÍ LA MADRE DEL CORDERO



El precedente andaluz PSOE-IU: un recordatorio de aciertos y fallos para el nuevo Gobierno


El nuevo Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos. REUTERS


No existía Vox. Ni Podemos. Cataluña aún no había celebrado la gran diada que marcó el impulso del 'procés'. Pero la esencia de las políticas que llevó a firmar el acuerdo entre PSOE e IU en Andalucía hace ocho años es la misma que ha llevado a PSOE y Unidas Podemos a firmarlo hoy en España.

lamarea.com
17 enero 2020

«Mis mejores deseos para el nuevo Gobierno. Se inicia una etapa de esperanzas, nada será fácil. Como en 2012 en Andalucía, existirán muchas contradicciones, pero valdrá la pena. ¡¡Adelante, hagámoslo posible!!». Quien dice estas palabras es Diego Valderas, histórico de Izquierda Unida, vicepresidente en el gobierno de coalición entre PSOE e IU en Andalucía. Valderas capitaneó la Junta primero con José Antonio Griñán como presidente y luego con Susana Díaz. Esa coalición conformada por PSOE e IU era la que cada martes –cuando se reúnen en Andalucía los Consejos de Gobierno– combatía como podía las políticas de derechas de Rajoy adoptadas en los Consejos de Ministros de los viernes, ahora trasladados a principios de semana por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 

No estamos, por tanto, ante una experiencia totalmente desconocida. El precedente andaluz puede ser una guía para intentar desentrañar lo que funcionará y lo que no funcionará. Los contextos son distintos, obviamente. No existía Vox. Ni Podemos. Cataluña aún no había celebrado la gran diada que marcó el impulso del procés. Pero la esencia de las políticas que llevó a firmar el acuerdo entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía hace ocho años es la misma que ha llevado a PSOE y Unidas Podemos a firmarlo hoy en España.


Susana Díaz y Diego Valderas, en una imagen de archivo. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Ahora, como en 2012 en Andalucía, hay un punto destacado en el acuerdo entre los partidos liderados por Sánchez e Iglesias que preocupa a la banca. Ahora hablamos de la regulación de los precios del alquiler. Antes se hablaba de la ley de la función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios, que fue la primera prueba de esa nueva política de defensa de lo público que ponía por encima de cualquier cifra macroeconómica a las personas, la misma columna que vertebra el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición. 

En aquella ocasión, la ley –que fue impulsada por IU y negociada con el PSOE fuera del pacto de coalición– fue recurrida por el Gobierno del PP en el Constitucional, que veía una barbaridad la expropiación temporal del uso de la vivienda y las sanciones –de hasta 120.000 euros– para las entidades que tuvieran viviendas vacías o que no dieran un uso social a sus viviendas protegidas. 

Fue una de las principales batallas libradas entre la Administración central y la autonómica –junto con la ley de reforma local y la ley de dependencia–. Y fue duro. El entonces ministro Cristóbal Montoro llegó a admitir en una visita a Andalucía la enorme capacidad del Gobierno PSOE-IU para resistir las embestidas de Moncloa. Finalmente, el Constitucional anuló la disposición adicional que proponía la expropiación, y lo que fue origen de unas políticas sociales fructuosas terminaron, tras el conflicto por el realojamiento de la corrala Utopía, con la ruptura del pacto de Gobierno tres años más tarde, en 2015. 

Hoy, algunos dirigentes que entonces formaban parte o asesoraban al Ejecutivo andaluz también forman parte del nuevo Gobierno de España: la actual jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, la abogada Amanda Meyer, era secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, es el ejemplo más claro. Pilotó durante esa legislatura en Andalucía la Consejería de Salud, primero, y, luego, la de Hacienda. Algunas voces andaluzas de Izquierda Unida han celebrado estos días el nombramiento de Montero como portavoz, aunque casi nunca se olvidan de recordarle que cerró varios presupuestos autonómicos con Ciudadanos. 

La mayor parte de la actuación del Gobierno PSOE-IU en Andalucía no se tradujo, sin embargo, en la aprobación de leyes incluidas en el pacto de coalición. De casi una treintena solo salieron adelante dos: la Ley de Transparencia y la Ley integral de Transexualidad. La de memoria histórica, otro de los acuerdos incluidos en el pacto y enarbolada por Izquierda Unida, tampoco vio la luz durante la legislatura. Y esto, unido a la fragmentación del Congreso, puede volver a repetirse.

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La exconsejera Elena Cortés (IU) conversa con el número 2 del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en una imagen de archivo. LAURA LEÓN 

En materias como educación y sanidad, el bloque PSOE-IU fue crucial como dique de contención con respecto a las políticas del PP. Y se consiguieron también avances en el ámbito medioambiental, como la recuperación de la Almoraima, la playa de Valdevaqueros y el freno al almacén de Gas Natural –hoy Naturgy–, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de quitarle la razón en favor de la Administración autonómica. Hay un sector que considera que sin IU en el Gobierno, el PSOE no hubiera actuado de la misma forma en estos asuntos. 

Las contradicciones, como decía Valderas, casi siempre estuvieron presentes en el experimento andaluz y es posible que suceda ahora en Moncloa, como el propio Sánchez repetía después del primer intento fracasado tras el 28-A, cuando se refería a que temía que hubiese dos gobiernos. Una de las cuestiones más criticadas por IU a su socio de gobierno en Andalucía fue la relación de la entonces presidenta de la Junta con el IBEX, quien siempre fue clara en ese sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las empresas confíen e inviertan en Andalucía”. La fotoperiodista Laura León inmortalizó en una fotografía el momento en el que Emilio Botín le besó la mano a Susana Díaz en la primera visita –al menos pública– que un banquero hacía al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Por allí pasaron Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone. 

«Susana Díaz no tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”, reprochó entonces el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón. La banca pública fue otra de las banderas de IU que no llegó a buen puerto y generó tensiones entre los socios de gobierno. Además, según IU, condicionaba la convocatoria de un referéndum entre sus militantes sobre su continuidad o no en el Gobierno andaluz. Las otras leyes que exigieron sacar adelante para descartar la consulta afectaban a igualdad y violencia de género, la renta básica y la agricultura integral.

Entonces, en IU atribuían la responsabilidad de la ruptura del pacto a Susana Díaz, a quien consideran más de derechas que a Griñán. En el PSOE, señalaban a Garzón y Antonio Maíllo –coordinador de IU en Andalucía, hoy fuera de la actividad política por decisión personal–. El mismo día que los nuevos ministros y ministras tomaron posesión, Valderas, el que fuera vicepresidente andaluz, le mandó este mensaje a Garzón en un tuit: “Y Garzón sentó la ‘cabeza’, con las mismas responsabilidades que Lola Muñoz en el gobierno IU-PSOE en la Junta de Andalucía. ¡Cómo la razón manda!”. 

¿Tendrá que hacer este nuevo Gobierno recortes? De momento, con la subida de las pensiones y la intención de aumentar también el salario mínimo, parece todo lo contrario. Pero esa será otra de las cuestiones que podrán sobrevolar y para la que deberán estar preparados. La primera medida que adoptó la Junta nada más arrancar el Ejecutivo PSOE-IU –con Griñán como presidente–, fue un decreto de recortes de salarios a los funcionarios que más tarde compensó con el abono íntegro de las pagas extraordinarias. 

En 2014 llegó Podemos, que se situó como tercera fuerza política, con 15 escaños, en las autonómicas de 2015, adelantadas por Díaz tras la ruptura del pacto. IU bajó a cinco escaños. Y Susana Díaz, después de tres meses de bloqueo, fue investida finalmente con el apoyo de Ciudadanos. 

La relación de la actual Junta de Andalucía con el nuevo Gobierno de España también cambiará. Ahora es el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos el que pide a Moncloa un nuevo modelo de financiación. Ahora es la ministra Montero la que fiscaliza las cuentas andaluzas desde la Moncloa. Ahora es Vox el que condiciona el pacto en Andalucía. Y ahora habrá que ver cómo el independentismo condiciona el pacto entre PSOE y Unidas Podemos

Con distintos matices, en Andalucía los tres partidos a la izquierda han  dado su apoyo al nuevo Gobierno: “Si hay una tierra que lo necesita es Andalucía”, ha dicho la socialista Susana Díaz. “Celebro el acuerdo de gobierno. Las medidas pactadas requerirán presión en las calles porque los poderosos no se quedarán de brazos cruzados. Andalucía será clave para que el giro social encuentre impulso popular. A remangarse”, ha asegurado el coordinador andaluz de IU, Toni Valero. Quien muestra cierto escepticismo, y a la vez esperanza, es la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

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CAPITALISMO VERDE COMO EL CABALLO VERDE QUE TE QUIERO VERDE.¡SE ACABARON PENURIA Y MISERIA PARA LOS TRABAJADORES!, INCLUSO PARA LA ANIMALIDAD EN GENRAL: LOS PERROS SE EMPEZARÁN A ATAR CON LONGANIZA. Y EL CABALLO DE SANTIAGO ABASCAL COMENZARÁ A COMER BOCADILLOS DESARDINAS EN ACEITE PURO DE LA PATRIA QUE ESTÁN MUY RICAS



Capitalismo para todos (pintado de verde)

DIARIO OCTUBRE /enero 22, 2020


Hoy ha dado comienzo el ritual anual del capitalismo: el Foro de Davos. Y lo quieren hacer grandioso porque cumple 60 años: 2.800 invitados de 118 países (de ellos, 1.700 son empresarios), políticos, politiquillos, «líderes sociales», «figuras públicas»… ¡Qué bonito!, que suenen las trompetas, que arrojen pétalos de rosas a nuestros benefactores porque…

El lema de este año es, también, grandioso: «Capitalismo para todos». ¡Ah!, se les ha ido un poco el buenismo porque de forma encubierta reconocen que el capitalismo hasta ayer no era para todos. Debe ser porque ayer se dijo eso de que los 26 más ricos del mundo tienen tanto dinero como la mitad de la población del planeta. Pero tranquilidad, eso era ayer. Hoy todo el mundo es bueno, de lo mejor, y el capitalismo va a ser para todos. Ya me estoy imaginando a esos 26 dándose golpes de pecho y lamentándose por lo que tienen y cómo van a dar un poquito a los que no tienen. Leyendo los temas de discusión no puedo evitar las lágrimas: «el objetivo es crear el capitalismo de los interesados», que todo el mundo quiera hacerse rico es legítimo y hay que ayudar. O sea, un «capitalismo popular» que hasta ayer no se veía por ninguna parte. Pero eso era ayer. Hoy Davos lo cambia todo. Me veo obligado a mostrar mi más sincero agradecimiento. Gracias, ricachones, gracias por vuestra condescendencia y magnanimidad.

Y me imagino los discursos autocríticos con el neoliberalismo, al que van a dar si no por muerto sí por amortizado. Eso ha creado demasiados pobres. Y pobres los pobres. Por eso ahora hay que hablar de «capitalismo para todos». Por eso y porque anda por ahí circulando una encuesta terremoto, hecha en todo el mundo y según la cual el 56% de los habitantes del planeta creen que el capitalismo «hace más daño que bien».

Así que ahora los capitalistas se asustan un poquito, y ahora resulta que ahora los capitalistas van a recuperar el Estado, ese estado que han destruido con el neoliberalismo. Y por ello hablan de «revitalizar la asociación público-privada», o sea, una especie de socialdemocracia muy devaluada (el retorno de Keynes) como la que existió en Europa hasta la desaparición de la URSS. Una «asociación público-privada» que debe actuar en seis áreas: ecología, economía, sociedad, industria, tecnología y geopolítica. No sé si os habéis dado cuenta, pero el orden de los factores sí altera el producto. Ecología en primer lugar, economía en el segundo…

«Enfrentando el apocalipsis climático». «Camino sostenible hacia el futuro común». «Libérese del plástico desechable». Así se denominan algunas de las sesiones de estos tres días. Y ahí tenemos a nuestra joven heroína, Greta Thunberg, hablando en Davos sobre todo esto, siendo aplaudida por estos arrepentidos depredadores, como lo serán otras figuras que hablarán sobre feminismo, igualdad de género, derechos de las minorías sexuales… No me diréis que no es para llorar de agradecimiento. ¡Gracias, mil veces gracias!

Casi a otro nivel está el tema económico: «Pronóstico económico global» (y el FMI diciendo que ciudadito que puede haber una nueva recesión), «El futuro de los mercados financieros», «El futuro de la economía digital». Tanto interés por el futuro significa que el presente no se tiene claro. Y no se tiene, entre otras cosas, porque lo que han dejado para lo último o como último tema, la geopolítica, es lo primero y está revuelto. Por eso en Davos se va a hablar de «El futuro de la política exterior de EEUU», «Prioridades del G-7» (sin tener en cuenta que aquí no está ni Rusia, ni India, ni Indonesia, ni México, ni Brasil…) o sobre «Nueva narrativa europea» (pero con el secretario general de la OTAN como perro cancerbero estrella).

En fin, de esto es de lo que están hablando ahora y estos tres días. Pero como mal pensado que soy lo interpreto a mi manera: el capitalismo ha alcanzado un punto de crisis real, una crisis de sobreproducción que se está enfrentando a dos intentos de salir del embrollo diferentes: el de EEUU, que está actuando ahora en el segmento más retrógrado y reaccionario del capitalismo (casi un neofascismo dentro y fuera del país) y el de una moribunda Europa que quiere levantar algo la cabeza poniendo el énfasis en el color verde. Y Europa lo ve como una oportunidad para hacer negocios (con el añadido de Greta, buena chica) porque una buena mano de pintura verde puede ocultar el rojo de la sangre y la pobreza.

Y aquí están los verdes, sobre todo los alemanes, defendiendo el «progresismo capitalista» (¡huy, casi hablo de los «progres» españoles de Unidas Podemos!).

Es la importancia de los que mandan, cómo manipulan el lenguaje y a nosotros mismos, cómo se dan una pátina de democracia invitando a personajes y personajillos «de oposición» (de nuevo Greta y similares) y cómo, con todo ello, forman las opiniones de la mayoría. O sea, la nuestra. Lo más gracioso de todo es que en esta sesión de Davos a la aparición de estos personajes «sociales» se le ha llamado «contraste de estrategias». No me negaréis que no es democrático.

Mañana hablará Trump, y mañana todo el mundo verá cómo a Trump se le lee la cartilla con lo del cambio climático. Y se dirá algo así como ¡hemos ganado a Trump, se ha quedado solo! La pintura verde sobresaldrá sobre todas las demás. Sobresaldrá sobre la pugna con China y el acuerdo comercial de «fase 1«.

En definitiva, mucha retórica pero mucha preocupación porque el modelo de producción capitalista está tocado y por eso hablan ahora de «nuevo modelo de desarrollo» (verde) porque es la única posibilidad de que el sistema capitalista se mantenga vivo y se reduzcan los riesgos de una nueva crisis que sería más dura que la de 2008 y, tal vez, letal.

El Lince
21/01/2020

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TRABAJADORES FRANCESES A FAVOR DE TRABAJADORES FRANCESES Y CONTRA EL GOBIERNO Y SINDICATO QUE LES ROBAN



Trabajadores de la electricidad en Francia le cortan la luz al sindicato que colabora con Macron.



DIARIO OCUBRE / 22.01.2020
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Los trabajadores de la electricidad de Francia se hicieron famosos por realizar acciones «Robin Hood»: cortar el suministro a los ricos y reconectar a los hogares pobres. Este lunes le cortaron la luz a la sede del sindicato CFDT, que se negó a llamar a la huelga y colabora con Macron para legitimar la odiada reforma jubilatoria.

Este lunes los trabajadores de la electricidad de Francia organizados en la CGT Energía, volvieron a realizar una de sus acciones catalogadas como «Robin Hood». La característica de cortarle la luz a empresarios, comisarías y edificios gubernamentales, mientras reconectan a los hogares pobres que no pueden pagar las tarifas esta vez apuntó a la cúpula de la CFDT, el sindicato más viejo del país, y también el más conciliador.

En particular la acción iba dirigida contra Laurent Berger, el dirigente de la CFDT que se negó a llamar al paro desde que comenzaron las acciones contra la reforma de las jubilación el 5 de diciembre pasado.

Desde hace un mes y medio los trabajadores del transporte metropolitano de París (RATP) y los ferroviarios de todo el país (SNCF), mantienen una huelga por tiempo indeterminado, secundados por huelgas intermitentes en los sectores de docentes, energía, refinerías y puertos, entre otros. En muchos casos lo hicieron incluso desoyendo a las direcciones sindicales que llamaron a no parar ni movilizarse.

A pesar de esta huelga histórica, la más importante desde 1968, y las movilizaciones de millones de personas, Laurent Berger estuvo desde el primer día sentado en la mesa de diálogo con el Gobierno de Macron y defendió la mayor parte de la reforma de las pensiones, incluso las clausulas que atacaban a sus propios afiliados. La bronca fue creciendo con este sindicato, al punto que el viernes pasado ya un grupo de huelguistas de la coordinación que hay entre la RATP y la SNCF ocuparon el hall central de la sede del sindicato, que contó con un gran respaldo de los trabajadores en redes sociales, y en la calle, a pesar de que los medios de comunicación, el Gobierno y la mayoría de los sindicatos salieron a condenarla.

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PARA HACER POLITICA DE IZQUIERDAS, LO PRIMERO ES TENER UNA POLÍTICA DE IZQUIERDAS, PORQUE SI NO VENDRÁ EL LOBITO Y SE COMERÁ NUESTRAS PENSIONES, ENTRE OTRAS COMILONAS



cuartopoder.es  
Educación

El nuevo y el viejo “pin parental”

21/01/2020 | Moisés Martín Gómez
cuartopoder.es
21.01.2020



La política educativa de los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos con apoyo de VOX contribuye a clarificar la “naturaleza” de los mismos. Encontramos, por una parte, una previsible sintonía en materia económica en el seno del “trifachito”: son gobiernos con una dura agenda neoliberal que conciben los servicios públicos como nichos de negocio. Fijémonos en Andalucía: el recorte de líneas en centros públicos en combinación con medidas anunciadas como la extensión de los conciertos educativos a FP y Bachillerato, por ejemplo, evidencian la inspiración del “trifachito” en tantos años de políticas educativas del PP en la Comunidad de Madrid, anteriores a la emergencia de VOX. Por otra parte, estas agresivas políticas se aderezan con medidas planteadas por la extrema derecha pensadas para contentar al electorado más reaccionario, como la inclusión de la caza en el currículo o la implantación del “pin parental”.

Esta última es objeto de una polémica después de que en Murcia el gobierno de PP y Ciudadanos la hayan aceptado a cambio del apoyo de VOX a los presupuestos. Un chantaje similar se está dando en Andalucía. Se habla de “PIN parental” porque sería, grosso modo, una solicitud que permitiría a los progenitores no solo requerir información a la dirección del centro sobre ciertas charlas o actividades, sino evitar que sus hijas e hijos asistan o participen en las mismas. Los contenidos “intrusivos” que pretenden vetar son -obviamente- los relacionadas con la memoria histórica, con la educación afectivo-sexual, con la lucha contra las violencias machistas y la LGTBIfobia, y con el fomento en general de la convivencia y el conocimiento y la aceptación de la diversidad.

Digámoslo claro: ese veto que llaman “PIN parental” es un mecanismo de censura de contenidos curriculares que forma parte de una estrategia más amplia de criminalización de la lucha contra la xenofobia, las violencias machistas o la LGTBIfobia, al tiempo que cuestiona la educación pública y a su profesorado. Para combatirlo hemos de tener en cuenta dos aspectos.

Hay que empezar poniendo sobre la mesa que la implantación del “pin parental” será difícil porque choca con la legalidad vigente. De hecho, cuando el presente curso arrancó en Andalucía, con la amenaza -por una parte- de la implantación de esta medida, y la llegada a los centros -por otra parte- de material de cierta organización ultracatólica defendiéndola, en el sindicato USTEA elaboramos un documento que estamos distribuyendo por los centros en el que se explica la legislación que no solo ampara, sino que obliga al profesorado a trabajar los contenidos que estos censores quieren vetar, con el objeto de informar y, por así decirlo, “tranquilizar” a las y los docentes. Lo ocurrido estos días lo ha puesto en evidencia: horas después de saberse que el gobierno de Murcia daría curso al “pin parental”, la ministra Isabel Celáa amenazaba con llevarlo a los tribunales si no lo retiraba, pues choca con leyes de ámbito autonómico y estatal, empezando por la propia ley de educación. Por su parte, el gobierno de Andalucía ha dicho que está estudiando el “encaje legal” de la medida.

Pero sería un error centrarse en el terreno de la legalidad. Estamos ante una nueva guerra cultural planteada por la derecha en general y la extrema derecha en particular. Es necesario combatir el “pin parental” con un sólido discurso público que, entre otras cosas, cuestione la tópica apelación -de nuevo- a la libertad, en esta ocasión a “la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijas e hijos”.

De la apelación de la derecha a la “libertad” de los progenitores para educar a sus hijas e hijos se desprende una triste sensación de cosificación y “pertenencia” que parece “anularlos”, como si formaran parte de su “propiedad privada”. En realidad, lo que esconde esta supuesta “libertad” es la potestad de imponer la ideología a los hijos, para lo que es necesario tener amordazados a los centros educativos. Lo que debemos defender, porque es lo que aquí está en juego, es la libertad y el derecho de las y los jóvenes a recibir una educación integral, que les posibilite conocer y conocerse, también en lo referente a su sexualidad.

Porque no se trata solo de educar al alumnado en la diversidad, convirtiendo así la escuela –por emplear una socorrida metáfora- en una “ventana al mundo”. Las aulas deben ser también espacios desde los que contribuir a la lucha contra las opresiones, porque también hay que pensar en la libertad y los derechos de quienes las sufren. En esa alumna o ese alumno que está descubriendo su identidad LGTBI, a los que la escuela debe proporcionar formación y referentes que le sirvan de herramientas para facilitarle la comprensión y la aceptación (el periodista Raúl Solís escribía este fin de semana que de haber existido el “pin parental” cuando él tenía 16 años quizás se habría suicidado). O en esa alumna que sufre porque, pongamos por caso, su pareja le coge el móvil o la controla en las redes sociales, a la que la escuela pública debe explicar que eso es también violencia machista. Los ejemplos, en fin, podrían multiplicarse. Y vamos incluso más allá de la libertad y los derechos del alumnado: tenemos que luchar desde las aulas contra la opresión del heterocispatriarcado porque está oprimiendo y matando a la mitad de la población mundial, y están en juego la libertad y los derechos de esa mitad, o tenemos que hablar de emergencia climática porque también está en juego nuestro planeta, y no puede ser arrasado por los beneficios de una minoría en el marco de un sistema económico que es incompatible con los límites de la biosfera. De nuevo los ejemplos podrían multiplicarse.

La aceptación, en fin, de que desde los centros educativos debemos trabajar para proporcionarle al alumnado una formación integral y contribuir a la lucha contra las opresiones nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿qué hacemos entonces con la educación concertada y privada? Porque lo que ahora llaman “pin parental” es tan solo, en realidad, un nuevo tipo de “PIN parental”. Hay otro muy arraigado al que también hay que oponerse: el que se aplica en las escuelas concertadas y privadas, en manos en su mayoría de la Iglesia. La activación del viejo “pin parental” no depende solo de la solicitud de los progenitores: el ingreso en esos centros educativos conlleva el veto automático a determinados contenidos y enfoques. Y en el caso de la concertada, ese “pin parental” se subvenciona con dinero público. En este sentido, resulta irónico y contradictorio que la ministra Celáa hable del derecho fundamental de las niñas y niños a ser educados, y afirme cosas como que “una familia homófoba no tiene derecho a que los hijos sigan siendo homófobos”, que evidentemente comparto, cuando el PSOE ha amparado y protegido la escuela privada y concertada.

Por eso, la lucha coherente contra el “pin parental” pasaría por exigirle al nuevo gobierno no solo que lleve a los tribunales a las Autonomías que pretendan implantarlo, sino también la eliminación de los conciertos educativos. Y más aún, debe llevar a cuestionarnos la existencia misma de la educación concertada y privada.

21/01/2020

Moisés Martín Gómez, es militante de Anticapitalistas y delegado de USTEA Cádiz
https://www./ideas/2020/01/21/el-nuevo-y-el-viejo-pin-parental

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