El precedente andaluz PSOE-IU: un recordatorio de aciertos y fallos para el
nuevo Gobierno
El nuevo Gobierno conformado por PSOE y Unidas
Podemos. REUTERS
No existía Vox.
Ni Podemos. Cataluña aún no había celebrado la gran diada que marcó el impulso
del 'procés'. Pero la esencia de las políticas que llevó a firmar el acuerdo
entre PSOE e IU en Andalucía hace ocho años es la misma que ha llevado a PSOE y
Unidas Podemos a firmarlo hoy en España.
lamarea.com
17 enero 2020
«Mis mejores
deseos para el nuevo Gobierno. Se inicia una etapa de esperanzas, nada será
fácil. Como en 2012 en Andalucía, existirán muchas contradicciones, pero valdrá
la pena. ¡¡Adelante, hagámoslo posible!!». Quien dice estas palabras es Diego
Valderas, histórico de Izquierda Unida, vicepresidente en el gobierno de
coalición entre PSOE e IU en Andalucía. Valderas capitaneó la Junta
primero con José Antonio Griñán como presidente y luego con Susana Díaz. Esa
coalición conformada por PSOE e IU era la que cada martes –cuando se reúnen en
Andalucía los Consejos de Gobierno– combatía como podía las políticas de
derechas de Rajoy adoptadas en los Consejos de Ministros de los viernes, ahora
trasladados a principios de semana por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
No estamos, por
tanto, ante una experiencia totalmente desconocida. El precedente andaluz puede
ser una guía para intentar desentrañar lo que funcionará y lo que no
funcionará. Los contextos son distintos, obviamente. No existía Vox. Ni
Podemos. Cataluña aún no había celebrado la gran diada que marcó el impulso del
procés. Pero la esencia de las políticas que llevó a firmar el
acuerdo entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía hace ocho años es la misma que
ha llevado a PSOE y Unidas Podemos a firmarlo hoy en España.
Susana Díaz y Diego Valderas, en una imagen de
archivo. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Ahora, como en
2012 en Andalucía, hay un punto destacado en el acuerdo entre los partidos
liderados por Sánchez e Iglesias que preocupa a la banca. Ahora hablamos de la
regulación de los precios del alquiler. Antes se hablaba de la ley de la
función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios, que fue la
primera prueba de esa nueva política de defensa de lo público que ponía por
encima de cualquier cifra macroeconómica a las personas, la misma columna que
vertebra el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición.
En aquella
ocasión, la ley –que fue impulsada por IU y negociada con el PSOE fuera del
pacto de coalición– fue recurrida por el Gobierno del PP en el Constitucional,
que veía una barbaridad la expropiación temporal del uso de la vivienda y
las sanciones –de hasta 120.000 euros– para las entidades que tuvieran
viviendas vacías o que no dieran un uso social a sus viviendas
protegidas.
Fue una de las
principales batallas libradas entre la Administración central y la autonómica
–junto con la ley de reforma local y la ley de dependencia–. Y fue duro. El
entonces ministro Cristóbal Montoro llegó a admitir en una visita a Andalucía
la enorme capacidad del Gobierno PSOE-IU para resistir las embestidas de
Moncloa. Finalmente, el Constitucional anuló la disposición adicional que
proponía la expropiación, y lo que fue origen de unas políticas sociales
fructuosas terminaron, tras el conflicto por el realojamiento de la corrala
Utopía, con la ruptura del pacto de Gobierno tres años más tarde, en
2015.
Hoy, algunos
dirigentes que entonces formaban parte o asesoraban al Ejecutivo andaluz
también forman parte del nuevo Gobierno de España: la actual jefa de gabinete
de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, la abogada Amanda Meyer,
era secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la
Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía. La ministra de Hacienda y
portavoz, María Jesús Montero, es el ejemplo más claro. Pilotó durante
esa legislatura en Andalucía la Consejería de Salud, primero, y, luego, la de
Hacienda. Algunas voces andaluzas de Izquierda Unida han celebrado estos días
el nombramiento de Montero como portavoz, aunque casi nunca se olvidan de
recordarle que cerró varios presupuestos autonómicos con Ciudadanos.
La mayor parte
de la actuación del Gobierno PSOE-IU en Andalucía no se tradujo, sin embargo,
en la aprobación de leyes incluidas en el pacto de coalición. De casi una
treintena solo salieron adelante dos: la Ley de Transparencia y la Ley integral
de Transexualidad. La de memoria histórica, otro de los acuerdos incluidos en
el pacto y enarbolada por Izquierda Unida, tampoco vio la luz durante la
legislatura. Y esto, unido a la fragmentación del Congreso, puede volver a
repetirse.
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La exconsejera Elena Cortés (IU) conversa con el número
2 del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en una imagen de archivo. LAURA LEÓN
En materias
como educación y sanidad, el bloque PSOE-IU fue crucial como dique de
contención con respecto a las políticas del PP. Y se consiguieron también
avances en el ámbito medioambiental, como la recuperación de la Almoraima, la
playa de Valdevaqueros y el freno al almacén de Gas Natural –hoy Naturgy–, a
quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de quitarle la
razón en favor de la Administración autonómica. Hay un sector que considera
que sin IU en el Gobierno, el PSOE no hubiera actuado de la misma forma en
estos asuntos.
Las contradicciones,
como decía Valderas, casi siempre estuvieron presentes en el experimento
andaluz y es posible que suceda ahora en Moncloa, como el propio Sánchez
repetía después del primer intento fracasado tras el 28-A, cuando se refería a
que temía que hubiese dos gobiernos. Una de las cuestiones más
criticadas por IU a su socio de gobierno en Andalucía fue la relación de la
entonces presidenta de la Junta con el IBEX, quien siempre fue clara en ese
sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las
empresas confíen e inviertan en Andalucía”. La fotoperiodista Laura León
inmortalizó en una fotografía el momento en el que Emilio Botín le besó la
mano a Susana Díaz en la primera visita –al menos pública– que un banquero
hacía al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Por allí
pasaron Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone.
«Susana Díaz no
tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”,
reprochó entonces el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón. La
banca pública fue otra de las banderas de IU que no llegó a buen puerto y
generó tensiones entre los socios de gobierno. Además, según IU,
condicionaba la convocatoria de un referéndum entre sus militantes sobre su
continuidad o no en el Gobierno andaluz. Las otras leyes que exigieron sacar
adelante para descartar la consulta afectaban a igualdad y violencia de género,
la renta básica y la agricultura integral.
Entonces, en IU
atribuían la responsabilidad de la ruptura del pacto a Susana Díaz, a quien
consideran más de derechas que a Griñán. En el PSOE, señalaban a Garzón y
Antonio Maíllo –coordinador de IU en Andalucía, hoy fuera de la actividad
política por decisión personal–. El mismo día que los nuevos ministros y
ministras tomaron posesión, Valderas, el que fuera vicepresidente andaluz, le
mandó este mensaje a Garzón en un tuit: “Y Garzón sentó la ‘cabeza’, con las
mismas responsabilidades que Lola Muñoz en el gobierno IU-PSOE en la Junta de
Andalucía. ¡Cómo la razón manda!”.
¿Tendrá
que hacer este nuevo Gobierno recortes? De momento, con la subida de las
pensiones y la intención de aumentar también el salario mínimo, parece todo lo
contrario. Pero esa será otra de las cuestiones que podrán sobrevolar y para la
que deberán estar preparados. La primera medida que adoptó la Junta nada más
arrancar el Ejecutivo PSOE-IU –con Griñán como presidente–, fue un decreto de recortes de salarios a los
funcionarios que más tarde compensó con el abono íntegro de las
pagas extraordinarias.
En
2014 llegó Podemos, que se situó como tercera fuerza política, con 15 escaños,
en las autonómicas de 2015, adelantadas por Díaz tras la ruptura del pacto. IU bajó a
cinco escaños. Y Susana Díaz, después de tres meses de bloqueo, fue
investida finalmente con el apoyo de Ciudadanos.
La
relación de la actual Junta de Andalucía con el nuevo Gobierno de España
también cambiará. Ahora es el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos el que
pide a Moncloa un nuevo modelo de financiación. Ahora es la ministra Montero la
que fiscaliza las cuentas andaluzas desde la Moncloa. Ahora es Vox el que condiciona el pacto
en Andalucía. Y ahora habrá que ver cómo el independentismo condiciona el pacto
entre PSOE y Unidas Podemos.
Con
distintos matices, en Andalucía los tres partidos a la izquierda han dado
su apoyo al nuevo Gobierno: “Si hay una tierra que lo necesita es Andalucía”,
ha dicho la socialista Susana Díaz. “Celebro el acuerdo de gobierno. Las
medidas pactadas requerirán presión en las calles porque los poderosos no se
quedarán de brazos cruzados. Andalucía será clave para que el giro social
encuentre impulso popular. A remangarse”, ha asegurado el coordinador andaluz
de IU, Toni Valero. Quien muestra cierto escepticismo, y a la vez esperanza, es
la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.
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