Más de 190.000 cadáveres: una de las mayores matanzas
de la historia se está produciendo en Colombia.
Por primera
vez, esta semana los tribunales colombianos han acreditado al Consejo Regional
Indígena del Cauca (Cric) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (Acin) como víctimas colectivas del terrorisno de Estado.
Los pueblos del
Cauca han cargado con una parte importante de la brutalidad del Estado: 124.785
cadáveres, según los datos oficiales. El número corresponde a miembros de 31
Resguardos y Cabildos Indígenas del Pueblo Nasa que han sido golpeados por el
terror.
El caso, que en
la Justicia Especial de Paz se conoce como el 005, lo dirigen los magistrados
Raúl Eduardo Sánchez Sánchez y Belkis Izquierdo Torreses. Es tan gigantesco
que jamás se podrá obtener una resolución individual de cada uno de los
crímenes.
Los campesinos
han soportado tomas, masacres, asesinatos selectivos y violaciones por parte de
la Tercera División del Ejército y el Bloque Calima de las Autodefensas.
El Caso 005
investiga 2.308 crímenes de desplazamiento forzado, conductas que afectan la
libertad, violencia sexual, muertes productos del terror, confinamiento y
siembra de minas antipersonas, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a
la población y amenazas.
Se han
acreditado 20.205 víctimas pertenecientes a 47 Consejos Comunitarios
Afrodescendientes agrupados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte
del Cauca y otras organizaciones Afro del Sur del Valle.
Los tribunales
han reconocido más de 190.000 víctimas del terror, aunque en el listado se
incluyen, como no podía ser de otra forma, las acciones guerrilleras, en el
mismo plano que las del Estado.
Dentro de los
siete casos priorizados por la JEP se han presentado miles de colombianos para
ser acreditados como víctimas: 9.264 en el caso 001 (Retención ilegal de
personas por parte de las Farc-EP, 48712) en el caso 002 (graves violaciones a
los derechos humanos y al DIH en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas),
885 en el caso 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por agentes del Estado), 15 en el caso 004 (Urabá), 124.785 en el caso 005
(situación territorial del Norte del Cauca y el Sur del Valle), 6.226 en el
caso 006 (genocidio de la Unión Patriótica) y 451 en el caso 007 (Reclutamiento
y utilización de niñas y niños en el conflicto armado). En total la JEP ha
reconocido más de 190.000 víctimas del conflicto armado que ya están teniendo
una participación muy activa en todas las audiencias.
El terrorismo
de Estado y de las bandas parapoliciales no ha parado en ningún momento. El 15
de enero el comunero Jaiber Alexander Quitumbo, de 30 años, murió tiroteado.
Cinco días
antes hubo un doble asesinato en el corregimiento El Palo, sobre la vía que
comunica a los municipios Caloto y Corinto. Ahí fueron atacados con arma de
fuego los campesinos Juan Pablo Dicué Guejía, de 18 años, y Amparo Guejía
Mestizo, de 41 años.
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