Con la suspensión del
diálogo entre los EE. UU. y Venezuela, el avistamiento de bombarderos B-52 en
el espacio aéreo venezolano y los nuevos ataques letales en el Caribe, parece
que los Estados Unidos está acelerando su marcha hacia la guerra con Venezuela.
Venezuela amenazada
El Viejo Topo
20 octubre, 2025
LA ESCALADA
MILITAR DE TRUMP CONTRA VENEZUELA REPITE EL MODELO DE LA GUERRA EN IRAK
El ambiente en
el Caribe se vuelve cada vez más tenso, a medida que los Estados Unidos
intensifica sus amenazas militares. Bajo el engañoso velo de la “guerra contra
las drogas”, los Estados Unidos está ejecutando activamente un plan de
intervención militar en Venezuela, empleando fuerza letal y proyectando su
poder de una manera que las instituciones legales y los líderes regionales han
condenado como una profunda amenaza al orden internacional. Esta agresión no es
una operación de aplicación de la ley; es la negación de la ley, un
renacimiento neocolonial de la Doctrina Monroe, diseñado para destruir la
soberanía de Venezuela, tomar el control de las mayores reservas de petróleo
del mundo e instalar un régimen dócil.
Licencia para
matar: el precedente del asesinato de Estado
La escalada
actual se ha caracterizado por una escalofriante adopción de la violencia
extrajudicial. La administración Trump ha ordenado
ataques militares unilaterales contra buques privados cerca de
la costa venezolana, supuestamente para detener el tráfico de drogas. Para
lanzar estos alarmantes ataques, el ejército estadounidense ha desplegado una
enorme fuerza naval compuesta por buques de guerra, drones y fuerzas de
operaciones especiales.
Estos ataques
han provocado la ejecución sumaria de al menos 27 personas, según informes
recientes. El más reciente
ataque letal en el Caribe provocó la “eliminación” de seis
personas más. Esto no es aplicación de la ley, es asesinato extrajudicial y una
campaña que ahora forma parte de un plan de guerra contra Venezuela. La
administración ha calificado a las víctimas, sin pruebas creíbles, de
narcotraficantes y “terroristas”, una afirmación que, aunque fuera cierta, no
da autoridad legal al presidente de los Estados Unidos para ejecutar a quien
decida.
Las
organizaciones jurídicas y de derechos humanos han condenado de manera
inequívoca esta política profunda y peligrosa, que sustituye los procedimientos
policiales establecidos por la fuerza letal premeditada. La Asociación de
Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYCBA), una voz clave en materia de ética
jurídica internacional, ha denunciado enérgicamente estas acciones. La NYCBA declaró
explícitamente que “dado que los recientes ataques contra
buques venezolanos y sus tripulaciones no estaban autorizados por la
legislación estadounidense y violaban el derecho internacional vinculante, se
trataba de ejecuciones sumarias ilegales, es decir, asesinatos”. Además,
argumentó que estas acciones violan el principio internacional fundamental de
que “nadie será privado arbitrariamente de su vida”, recogido en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Gobierno de
los Estados Unidos posee amplia autoridad legal para que la Guardia Costera
intercepte y registre los buques sospechosos de transportar narcóticos, seguido
de un enjuiciamiento en los tribunales estadounidenses de acuerdo con los
requisitos del debido proceso. Sin embargo, en el caso de los buques
venezolanos, se eludió la función policial de la Guardia Costera autorizada por
el Congreso; en su lugar, las tripulaciones fueron simplemente atacadas y
ejecutadas por una fuerza militar abrumadora. Los líderes regionales, entre
ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, han condenado los asesinatos
extrajudiciales, destacando la profunda inquietud que existe en toda América
Latina por el retorno de la acción militar unilateral de los Estados Unidos
bajo el pretexto de la política antinarcóticos.
Escalada: los
B-52 y la amenaza de guerra
Más allá de los
ataques letales, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado una postura
militar significativa que supone un desafío
directo a la soberanía venezolana. El avistamiento de
bombarderos B-52 estadounidenses en el espacio aéreo venezolano, volando a
corta distancia, supone una escalada significativa. Este belicismo no tiene
nada que ver con la “guerra contra las drogas” y sí con el cambio de régimen
para saquear el petróleo de Venezuela. Este imprudente impulso hacia la guerra
es un acto criminal de agresión internacional.
Los ataques
unilaterales con drones de la Administración Trump en el Caribe, combinados con
la terminación por parte de la Casa Blanca de todas las negociaciones con
Venezuela, parecen ser el precursor de una operación de cambio de régimen a
gran escala. Este es un momento crítico. Debemos dar la voz de alarma: existe
el riesgo de un nuevo y catastrófico conflicto en la región.
Los propios
funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos siguen agravando la crisis con
retórica y acciones belicosas. El secretario de Estado Marco Rubio, uno de los
principales artífices de la política de cambio de régimen, se ha negado
sistemáticamente a descartar la opción militar, afirmando que el régimen de
Maduro se ha convertido en una “amenaza para la región e incluso para los
Estados Unidos”.
La respuesta de
Venezuela ha sido una defensa basada en principios de su soberanía. El
embajador ante la ONU, Samuel Moncada, ha dado repetidamente la voz de alarma
en la escena internacional, argumentando que el despliegue militar
estadounidense en el Caribe es una operación propagandística a gran escala que
busca “excusas para fabricar un conflicto” con el fin de apoderarse de la
riqueza petrolera del país. Moncada afirmó que “los Estados Unidos cree que el
Caribe le pertenece porque lleva más de 100 años aplicando la expansionista
Doctrina Monroe, que no es más que un vestigio del colonialismo”.
El presidente
Nicolás Maduro ha pedido a Washington que reanude el diálogo, afirmando que
“nuestra diplomacia no es la diplomacia de los cañones, de las amenazas, porque
el mundo no puede ser el mundo de hace 100 años”, al tiempo que moviliza
ejercicios de defensa nacional para garantizar que el país esté preparado para
cualquier ataque directo. La NYCBA advirtió que
los ataques contra buques venezolanos y las amenazas denunciadas contra el
Gobierno venezolano violan las obligaciones de la nación en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas, con el riesgo de que se intensifiquen hasta convertirse
en hostilidades abiertas.
Paralelismos
con la guerra de Irak: petróleo, ideología y engaño
La situación
actual recuerda de forma escalofriante los prolegómenos de la invasión de Irak
en 2003. En ese caso, la administración Bush justificó la acción unilateral
basándose en las “armas de destrucción masiva”, pero esto fue un pretexto. Los
verdaderos objetivos no se limitaban al petróleo, sino que también incluían la
consecución de profundos objetivos ideológicos y políticos: derrocar a un
gobierno para remodelar la política de Oriente Medio y afirmar su dominio.
Washington debe
aprender las lecciones de esta historia. La administración Bush prometió una
rápida victoria en Irak. En cambio, las invasiones y la ocupación se cobraron
innumerables vidas iraquíes, provocaron la muerte o heridas a decenas de miles
de soldados estadounidenses y desestabilizaron la región. La idea de que los
Estados Unidos puede llevar a cabo invasiones militares en el corazón de
América Latina sin sufrir un contragolpe masivo es descabellada.
En el caso de
Venezuela, la “guerra contra las drogas” y la calificación del Gobierno como
“amenaza” sirven como nuevos pretextos retóricos. Los intereses de los Estados
Unidos son múltiples: se trata de asegurar las mayores reservas probadas de
petróleo del mundo y de alcanzar el objetivo ideológico y político de derrocar
a un Gobierno socialista para afirmar su dominio y remodelar la política
latinoamericana. Los Estados Unidos busca desmantelar la Revolución Bolivariana
y eliminar un importante centro de política antiimperialista en el hemisferio.
La actual
escalada no tiene que ver con la aplicación de la ley o la lucha contra el
narcotráfico, sino con el cambio de régimen y el saqueo. Aunque los miembros
del Congreso, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, así como voces
clave de la opinión pública, se pronuncian cada vez más sobre la ilegalidad de
estos ataques y la ausencia de información creíble por parte de la
administración, esta situación requiere mucha más urgencia, ya que una vez que
se sube la escalera de la escalada, puede que no haya vuelta atrás. La
comunidad internacional debe reconocer esta agresiva campaña por lo que es: un
acto criminal de agresión internacional. El mundo debe oponerse a esta amenaza
de un nuevo y catastrófico conflicto.
Fuente: Globetrotter y Peoples Dispatch
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