La verdadera crisis no es la afluencia de refugiados hacia Europa per se
sino una combinación tóxica de desestabilizadoras agendas de política exterior,
austeridad económica y aumento del nacionalismo de derechas, que probablemente
empujarán aún más al mundo hacia el caos político y social en meses venideros.
Cercas de
alambre de espino, centros de detención, retórica xenófoba y desorden político;
nada ilustra de forma más descarnada la tendencia de los gobiernos a perseguir
intereses nacionalistas de forma agresiva que su inhumana respuesta ante los
refugiados que escapan del conflicto y la guerra. Con previsiones de cifras de
record de solicitantes de asilo llegando hasta Europa y sin respuesta
humanitaria moralmente aceptable alguna a la vista, el problema inmediato es
más evidente que nunca: el abyecto fracaso de la comunidad internacional a la
hora de compartir la responsabilidad, carga y recursos necesarios para
salvaguardar, de conformidad con el derecho internacional, los derechos básicos
de los solicitantes de asilo.
De atención
urgente son también en toda la Unión Europea las crecientes presiones que los
grupos de extrema derecha y antiinmigración están ejerciendo sobre los
políticos, cuya influencia está distorsionando el debate público sobre la
controvertida cuestión de cómo los gobiernos deberían tratar a refugiados e
inmigrantes. Con la intolerancia racial creciendo a toda velocidad entre los
ciudadanos, la actitud tradicionalmente liberal de los Estados europeos va
reduciéndose rápidamente y los gobiernos van asumiendo cada vez más una cínica
interpretación de las leyes internacionales sobre los refugiados que carece de
cualquier sentimiento de justicia o compasión.
El Convenio
para los Refugiados de 1951, que se puso en marcha en respuesta a la última
crisis importante de refugiados en Europa durante la II Guerra Mundial,
estipula que los gobiernos tienen que salvaguardar los derechos humanos de los
solicitantes de asilo cuando están dentro de su territorio. En violación del
espíritu de esta emblemática legislación de los derechos humanos, la respuesta
de la mayoría de los gobiernos europeos ha sido la de impedir, en vez de
facilitar, la llegada de refugiados a fin de minimizar sus responsabilidades
legales hacia ellos. Para lograr su objetivo, la UE ha llegado incluso a
pergeñar un deficiente y más que cuestionable acuerdo a nivel legal con el
presidente Erdogan para interceptar a las familias de migrantes que cruzan el
mar Egeo y devolverlas a Turquía contra su voluntad.
En vez de
proporcionar a los refugiados “rutas legales y seguras”, un número cada vez
mayor de países situados en la senda migratoria desde Grecia a Europa
Occidental están adoptando la solución de Donald Trump de construir muros,
militarizar fronteras y levantar barreras de alambre de espino para impedir que
las personas puedan entrar en ellos. Los refugiados indocumentados (en su
mayoría mujeres y niños) que están intentando entrar en Europa a través de la
zona de Schengen, que dejó de ser ya una zona sin fronteras, se ven sometidos a
humillaciones y violencia o detenidos en campos rudimentarios sin un mínimo
acceso a los más elementales servicios necesarios para sobrevivir.
Imposibilitados de viajar a sus deseados destinos, decenas de miles de
refugiados están metidos en un cuello de botella en Grecia, convertida en almacén
de almas abandonadas en un país al borde de su propia crisis humanitaria.
De forma
ostensible, la reacción extremada de muchos de los Estados miembros de la UE
ante los que arriesgan sus vidas para escapar de un conflicto armado es
equiparable a la discriminación racial oficialmente sancionada. Como era de
esperar, esta injustificable respuesta de los gobiernos ha sido muy bien
recibida por los partidos nacionalistas que están subiendo ahora en las
encuestas electorales del Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca y
Polonia. Lo mismo sucede en Hungría, donde el gobierno ha llegado incluso a
aceptar exigencias propias de la época nazi confiscando a los refugiados el
dinero y las joyas que puedan llevar a fin de financiar sus campañas antihumanitarias.
Pocas dudas
quedan ya de que la respuesta europea a los refugiados ha sido discriminatoria,
moralmente objetable y políticamente peligrosa. Resulta también
contraproducente porque recortar las libertades civiles y desechar los valores
sociales respetados desde hace bastante tiempo tiene mucho más potencial para
desestabilizar Europa que proporcionar la asistencia a los refugiados que el
convenio de las Naciones Unidas les garantiza. Aunque sea de forma
inconsciente, la actitud reaccionaria de los gobiernos le hace también el juego
al Estado Islámico y a otros grupos yihadíes cuyas intenciones más amplias
incluyen incitar la islamofobia, provocar inestabilidad y conflicto dentro de
los países occidentales y reclutar apoyos para el terrorismo en Oriente Medio y
en toda Europa.
Disipando los
mitos nacionalistas de la extrema derecha
Con los pueblos
cada vez más divididos respecto a cómo los gobiernos deberían responder ante la
afluencia de personas que escapan de los conflictos violentos, es fundamental
exponer lo que realmente son mitos generalizados promovidos por los extremistas
de derechas: intolerancia, exageraciones y absolutas mentiras diseñadas para
exacerbar el miedo y la discordia en la sociedad.
La migración
forzosa es un fenómeno global y Europa, comparada con otros continentes, no
está sometida a la “invasión de refugiados” tan ampliamente difundida por los
medios de comunicación. De los sesenta millones de refugiados que hay en el
mundo, nueve de cada diez no están buscando asilo en la UE, y la inmensa
mayoría permanecen desplazados dentro de sus propios países. La mayor parte de
los que puedan establecerse en Europa volverán a su país de origen en cuanto
consideren que sus vidas ya no corren peligro (como sucedió al final de las
guerras de los Balcanes de la década de 1990, cuando el 70% de los refugiados
que habían huido a Alemania regresaron a Serbia, Bosnia-Hercegovina, Croacia,
Kosovo, Albania y Eslovenia).
La auténtica
emergencia está teniendo lugar fuera de Europa, donde hay una necesidad
desesperada de mayor ayuda de la comunidad internacional. Por ejemplo, Turquía
alberga ya a más de 3 millones de refugiados; Jordania a 2,7 millones, que
llegan a constituir un asombroso 41% de su población; y el Líbano tiene 1,5
millones de refugiados que componen un tercio de sus habitantes. Como era de
esperar, los sistemas económicos y sociales están bajo una presión enorme en
estos y otros países que acogen a la mayoría de los refugiados del mundo, sobre
todo cuando se trata de países en vías de desarrollo que padecen elevados
índices de desempleo, insuficientes sistemas de bienestar y altos niveles de
malestar social. En marcado contraste (y con la notable excepción de Alemania),
los 28 Estados relativamente prósperos de la UE se comprometieron colectivamente
a reasentar tan sólo a 160.000 refugiados del millón que entró en Europa en
2015. No sólo esta suma es menor al 0,25% de sus poblaciones combinadas, sino
que además tales gobiernos sólo han admitido hasta ahora a unos pocos cientos.
La falsa
afirmación de que los recursos de que disponen son insuficientes para poder
compartirlos con quienes buscan asilo en la UE, o eso de que los solicitantes
de asilo van a quitarnos nuestras casas, nuestros empleos y nuestra seguridad
social, es poco más que una justificación para la discriminación racial. Aparte
de la imperiosa obligación moral y legal de los Estados de proporcionar ayuda
de urgencia a cualquiera que huya de la guerra o sufra persecución, la lógica
económica de reasentar a los solicitantes de asilo en Europa (y en el mundo) es
sólida: en países que están experimentando tasas de natalidad muy a la baja y
poblaciones mayoritariamente de edad avanzada –como ocurre en toda la UE-, es
necesario aumentar de forma significativa los niveles de migración para poder
continuar financiando los sistemas de bienestar estatales.
Los hechos son
irrefutables: las pruebas de los países de la OCDE demuestran que los hogares
inmigrantes contribuyen con más de 2.800$ a la economía, sólo en impuestos, que
lo que reciben en prestaciones públicas. En el Reino Unido, los inmigrantes no
europeos contribuyeron con 5.000 millones de libras (6.425 millones de euros)
en impuestos entre los años 2000 y 2011. No obstante, es menos probable que
reciban beneficios del Estado, más probable que emprendan negocios y menos
probable que perpetren delitos que la población nativa. En general, los
economistas de la Comisión Europea calculan que el flujo de personas de las
zonas en conflicto tendrá un efecto positivo a largo plazo en las tasas de
empleo y en las finanzas públicas en los países más afectados por su presencia.
Una agenda
común para poner fin a la austeridad
Si las familias
migrantes contribuyen de manera significativa a la sociedad y muchos países
europeos con tasas bajas de natalidad les necesitan de hecho en mayor número,
¿por qué los gobiernos y un creciente sector de la población se muestran tan
reacios a respetar los compromisos internacionales y a ayudar a los refugiados
en situación de necesidad? Es probable que la creencia generalizada en que los
recursos públicos son demasiado escasos para compartirlos con los solicitantes
de asilo surja del temor y la inseguridad en una era de austeridad económica,
cuando muchos ciudadanos europeos están luchando por poder llegar a fin de mes.
Precisamente
cuando empezaba a incrementarse la cifra de personas forzosamente desplazadas
de los países en vías de desarrollo, las condiciones económicas en la mayor
parte de los países europeos han hecho políticamente inviable proporcionar vivienda
y un bienestar básico a los refugiados que llegan. Las medidas de austeridad
voluntarias y obligatorias adoptadas por los gobiernos después de gastar
billones de dólares en rescatar a los bancos en las secuelas de la crisis
financiera de 2008 han dado lugar a profundos recortes en servicios públicos
esenciales como la sanidad, la educación y los sistemas de pensiones. La crisis
económica resultante ha provocado aumento del desempleo, descontento social,
niveles crecientes de desigualdad y servicios públicos reducidos hasta niveles
de escándalo.
La misma
ideología neoliberal que sustenta la austeridad en Europa es también
responsable de la creación de una inseguridad económica generalizada por todo
el Sur Global, facilitando el éxodo de los llamados “migrantes económicos”,
muchos de los cuales se dirigen también hacia Europa. La austeridad económica
ha sido central en las políticas de “desarrollo” impuestas durante décadas por
el FMI y el Banco Mundial a los países con bajos ingresos a cambio de préstamos
y ayuda internacional. Constituyen una forma moderna de colonialismo económico
que en muchos caos ha diezmado servicios públicos esenciales, frustrado
programas de reducción de la pobreza y aumentado la probabilidad de agitación
social, violencia sectaria y guerra civil. Al dar prioridad a los reembolsos de
los créditos internacionales por encima del bienestar básico de los ciudadanos,
estas políticas neoliberales son directamente responsables de crear un flujo
constante de “refugiados de la globalización” que buscan una seguridad
económica básica en un mundo cada vez más desigual e injusto.
En lugar de
señalar con el dedo acusador a los gobiernos por su mala gestión de la
economía, la indignación pública en toda Europa se está dirigiendo erróneamente
contra un objetivo mucho más fácil: los refugiados de tierras extranjeras,
convertidos en cabezas de turco colectivas de la sociedad en un momento de
agobiante austeridad. Ya va siendo hora de que la gente, tanto en los países
“ricos” como en los “pobres”, reconozca que sus dificultades se derivan de un
conjunto paralelo de políticas neoliberales que han dado prioridad a las
fuerzas de mercado por encima de las necesidades sociales. Haciendo hincapié en
esta causa mutua y fomentando la solidaridad entre los pueblos y las naciones,
los ciudadanos pueden empezar a revocar actitudes prejuiciosas y apoyar
programas progresistas que tienen como objetivo salvaguardar el bien común de
toda la humanidad.
De una cultura
bélica a otra de resolución de conflictos
Está asimismo
claro que cualquier cambio significativo en la sustancia y dirección de la
política económica debe ir de la mano de un cambio espectacular de las agendas
de política exterior agresiva que abiertamente se basan en asegurar los
intereses nacionales a cualquier coste, como apropiarse de los cada vez más
escasos recursos naturales del planeta. En realidad, será imposible abordar las
causas fundamentales de la crisis de refugiados hasta que el Reino Unido, EEUU,
Francia y otros países de la OTAN acepten plenamente que sus equivocadas
políticas exteriores son en gran medida responsables del atolladero actual.
No sólo son
responsables muchas potencias occidentales de vender armas a regímenes abusivos
en Oriente Medio, sus objetivos de política exterior y ambiciones militares en
su conjunto han desplazado a grandes franjas de la población mundial, sobre
todo como consecuencia de la ocupación ilegal de Iraq, la guerra en Afganistán
y la mal concebida invasión de Libia. La conexión entre las intervenciones
militares de los últimos años, la perpetuación del terrorismo y la gravísima
situación de los refugiados en todo Oriente Medio y el Norte de África han sido
sucintamente explicadas por el profesor Noam Chomsky:
“La invasión
anglo-estadounidense de Iraq… fue un golpe casi letal para un país que había
sido ya devastado veinte años antes por un ataque militar masivo seguido de
unas sanciones prácticamente genocidas impuestas por EEUU y Reino Unido. La
invasión desplazó a millones de personas, muchas de las cuales huyeron y fueron
absorbidas por los países vecinos, países pobres a los que se abandonó para que
de alguna manera se encargaran de digerir los detritus de nuestros crímenes.
Uno de los frutos de esa invasión es la monstruosidad del Daesh/EI, que está
contribuyendo a agravar la horrenda catástrofe siria. De nuevo, son los países
vecinos los que han estado absorbiendo el flujo de refugiados. El segundo
mazazo destruyó Libia, convertida hoy en un caos de grupos beligerantes, una
base del Estado Islámico, una rica fuente de yihadíes y armas del África
Occidental a Oriente Medio y un embudo para el flujo de refugiados procedentes
de África.”
Tras esta serie
de estúpidas invasiones de las fuerzas de EEUU y de la OTAN, que continúan
desestabilizando toda una región, uno podría pensar que las naciones
militarmente poderosas aceptarían finalmente la necesidad de un marco de
política exterior muy diferente. Los gobiernos no pueden ignorar ya la
necesidad imperativa de generar confianza entre las naciones y sustituir la
cultura predominante de la guerra por otra de paz y medios no violentos para la
resolución de los conflictos. En el futuro inmediato, la prioridad de los
Estados debería ser la reducción de la intensidad de las tensiones emergentes
de la Guerra Fría y la resolución de la guerra que devasta Siria. Sin embargo
este sigue constituyendo un desafío inmenso en un momento en que se favorece la
intervención militar por encima del compromiso y la diplomacia, aunque el
sentido común y la experiencia nos digan que ese obsoleto enfoque sólo sirve
para exacerbar el conflicto violento y no hace sino causar más inestabilidad
geopolítica.
Compartiendo la
carga, la responsabilidad y los recursos
Teniendo en
cuenta la deplorable e inadecuada respuesta de la mayoría de los gobiernos de
la UE ante el éxodo global de refugiados hasta el momento, el escenario está
preparado para una rápida escalada de la crisis durante este año y más allá. Se
espera que alrededor de diez millones de refugiados se pongan en marcha hacia
Europa sólo en 2016, y esta cifra es probable que aumente con el crecimiento de
la población en los países en desarrollo en las próximas décadas. Pero es el
cambio climático el que causará la verdadera emergencia, con niveles de
emigración mucho más altos acompañados de inundaciones, sequías y subidas
bruscas de los precios globales de los alimentos.
Aunque
ignorados en gran medida por políticos y medios dominantes, los seres humanos
que escapan de los conflictos están siendo ya eclipsados por los “refugiados medioambientales”
desplazados por las graves condiciones ecológicas, cuyas cifras podrían
aumentar a 200 millones en el 2050. Está claro que a menos que las naciones
persigan de forma colectiva un enfoque radicalmente diferente de gestionar los
desplazamientos forzosos, las discordias internacionales y las tensiones
sociales continuarán incrementándose y millones de nuevos refugiados serán
condenados a vivir en condiciones inhumanas en descomunales campos ubicados en
los bordes exteriores de la civilización.
Los fundamentos
de una respuesta eficaz y moralmente aceptable a la crisis están ya articulados
en la Convención para los Refugiados, que estipula las responsabilidades
fundamentales que tienen los Estados con quienes buscan asilo, aunque los
gobiernos hayan interpretado erróneamente ese tratado y no lo estén cumpliendo.
A corto plazo, es evidente que los gobiernos deben movilizar los recursos
necesarios para proporcionar ayuda humanitaria urgente a quienes escapan de la
guerra, sin que importe el lugar de donde hayan tenido que huir. Al igual que
el Plan Marshall puesto en marcha tras la II Guerra Mundial, una respuesta de
emergencia globalmente coordinada ante la crisis de refugiados necesitará de
una redistribución significativa de las finanzas de los países más ricos del
mundo hacia los más necesitados, redistribución que debería gestionarse sobre
la base del “interés propio bien entendido” cuando no de un sentimiento
auténtico de compasión y altruismo.
Las
intervenciones humanitarias inmediatas tendrían que ir acompañadas de un nuevo
sistema más eficaz para administrar la protección a los refugiados de forma
acorde con el derecho internacional para los refugiados. En términos simples,
tal mecanismo debería coordinarlo una Agencia para los Refugiados de la ONU
revitalizada (la ACNUR), que debería asegurarse de que tanto la responsabilidad
como los recursos necesarios para proteger a los refugiados se compartan de
forma justa entre las naciones. Un mecanismo para compartir tal responsabilidad
global debería también significar que los Estados sólo proporcionarán su ayuda
en función de su capacidad y circunstancias individuales, lo que impediría que
las naciones menos desarrolladas tengan que soportar sobre sus hombros la carga
mayor de los refugiados, como sucede en estos momentos.
Aunque la
Convención del Estatuto de los Refugiados ha sido firmada por 145 naciones, los
responsables políticos de la UE parecen incapaces y están poco dispuestos a
mostrar un liderazgo real a la hora de abordar esta o cualquier otra cuestión
trasnacional apremiante. No sólo el fracaso ante el tema de los refugiados
demuestra el alcance en el que el egoísmo domina el statu quo político
en toda la UE, también confirma la sospecha de que la Unión en su conjunto
carece cada vez más de conciencia social y que reformarla es una necesidad
urgente.
Por suerte, los
ciudadanos de a pie les llevan la delantera en esta cuestión fundamental y
están poniendo en vergüenza a esos representantes elegidos proporcionando todo
el apoyo que pueden a las familias con urgente necesidad de ayuda. Los miles de
voluntarios que han acudido a las fronteras europeas están dando la bienvenida
a los solicitantes de asilo proporcionándoles los tan necesitados alimentos,
refugio y ropas, e incluso organizando servicios de búsqueda y rescate para
quienes arriesgan sus vidas en lanchas de goma tras tener que aceptar que
trafiquen con ellas. En ningún lugar es más patente este espíritu de compasión
y generosidad que en Lesbos y otras islas griegas, donde sus habitantes han
sido nominados colectivamente para el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos
humanitarios.
Las acciones
desinteresadas de estos esforzados voluntarios deberían recordar al mundo que
las personas tenemos una responsabilidad y una inclinación natural a servir a
los otros en tiempos de necesidad, con independencia de las diferencias de
raza, religión y nacionalidad. En lugar de levantar fronteras militarizadas y
hacer caso omiso de los llamamientos populares para una respuesta justa y
humanitaria a la crisis de refugiados, los gobiernos deberían tomar la
iniciativa de estas personas de buena voluntad y dar prioridad a las
necesidades de los más vulnerables del mundo por encima de cualquier otra
consideración. Para los dirigentes europeos y responsables políticos de todos
los países, esta es la respuesta instintivamente humana ante la crisis de
refugiados –basada firmemente en el principio de compartir-, y esa es la clave
para hacer frente a todo el espectro de interconectados desafíos sociales,
económicos y medioambientales del crítico período que tenemos por delante.
Rajesh Makwana
es escritor y activista de Share The World’s Resources. Puede contactarse con
él en: rajesh@sharing.org
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