500 personas participan en Valencia en la concentración convocada por CGT,
Intersindical, CNT y COS
Sindicatos alternativos
reivindican en Valencia la derogación de las reformas laborales
Por Enric Llopis
Rebelion /
España
| 02/02/2022 | España
Fuentes: Rebelión [Imagen: CNT Valencia]
Barcelona,
Pamplona, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Vitoria… Son algunas
de las ciudades del estado español en las que se celebraron –el 29 y 30 de
enero- manifestaciones contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno (PSOE
y Unidas Podemos).
Precisamente el
3 de febrero, fecha prevista para votar la convalidación del Decreto (sobre la
reforma) en el Parlamento, el sindicalismo alternativo ha impulsado una
concentración frente al Congreso de los Diputados “Contra la No reforma
laboral”.
En Valencia la
concentración tuvo lugar el 28 de enero, convocada por la CNT, Intersindical
Valenciana, CGT y la Coordinadora Obrera Sindical (COS)-L’Horta, con el lema
“Per la derogació de les reformes laborals. Prou mentides!” (la consigna hace
referencia a las reformas aprobadas por el gobierno del PSOE, en 2010; y del
PP, en 2012).
En la acción
participaron cerca de 500 personas, congregadas en la calle Colón/plaza Los
Pinazo, entre unos conocidos grandes almacenes y el edificio que acogió –de
manera provisional- la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana.
Los
manifestantes clamaron, dirigidos por la megafonía, “Reforma laboral,
terrorismo patronal”; “Si açò no s’arregla, llenya, llenya, llenya”;
“Dónde están, no se ven, Comisiones y UGT” o “Gobierne quien gobierne las
pensiones se defienden”; en otro momento de la protesta cantaron Bella ciao, himno de la
resistencia partisana en Italia contra el fascismo.
“Está todo
fatal, vengo para protestar contra la contrarreforma laboral –todas caminan hacia atrás-
del gobierno más progresista de la historia”, ironiza Manel Roc, militante de
la COS, de 45 años, que trabaja desde los 17 años y lleva 15 cotizados a la
Seguridad Social; tras una larga experiencia en el sector del metal,
actualmente ejerce como profesor de la enseñanza concertada (tuvo que esperar
más de una década para firmar en 2011, como docente, un contrato indefinido).
Pensionista y
extrabajadora de la multinacional Ford, Irene destaca los incumplimientos del
ejecutivo actual: “Nos prometieron que iban a derogar la reforma laboral del
PP, pero los contenidos básicos se mantienen; continuamos en la precariedad más
absoluta, como demuestran los datos oficiales, ya que no han de confundirse
puestos de trabajo con contratos”.
En un
comunicado del pasado 27 de enero, el Gobierno informó sobre la creación de
840.700 puestos de trabajo durante 2021, “la mayor creación de empleo desde
2005”; el ejecutivo se basaba en los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA), publicados por el INE. La misma nota gubernamental reconoce que el
número de parados en el estado español es de 3.103.800, la tasa de temporalidad
se sitúa en el 25,4% y la de desempleo juvenil en el 30,7%.
La citada EPA,
que se hizo pública el 27 de enero, subraya que el empleo temporal ha aumentado
en 307.700 personas durante el último año; el índice de paro entre la población
extranjera se sitúa en el 20,8% y el de los mayores de 55 años se ha
incrementado en 23.400 personas durante el último año. Asimismo, 1.023.900
hogares tienen a todos sus miembros activos en paro. Una comparativa de interés es la de las horas
efectivas trabajadas: las del cuarto trimestre de 2021 es un 3,8% inferior a
las de los últimos cuatro meses de 2019, antes de la crisis sanitaria por la
COVID.
Irene,
militante de la CGT, valora en la manifestación vespertina de Valencia: “Esto
no es futuro, pero hemos de insistir: la reforma actual no retorna a los 45 días
por año trabajado en las indemnizaciones por despido improcedente; tampoco
se tocan los salarios de tramitación; es cierto que se elimina la contratación por
obra y servicio, pero ésta ya se hallaba condenada a muerte“.
En el sector
donde se concentran las banderas de Intersindical-Valenciana se manifiesta
Paqui, trabajadora del comercio y afiliada a esta organización. Señala su
desacuerdo con el “pacto entre la supuesta izquierda en el Gobierno y unos
sindicatos –Comisiones Obreras y UGT- casi verticales”. Además critica que en
las reformas de 2010 y 2012 “no se dio un consenso con todos los agentes
sociales, por el contrario en 2021 sólo se alcanzó un acuerdo cuando la
patronal ha estado contenta”.
¿Qué opina
sobre el rol de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, de Unidas Podemos? “Puede ser un buen referente, pero no puede
hacer más y es posible que acabe quemándose como un ninot de falla; además creo
que el Gobierno no tendría que pactar la reforma con Ciudadanos –socio del PP y
Vox-, sino con ERC, EH Bildu y el BNG, entre otras formaciones, para intentar
volver a la situación anterior a 2010; contra las reformas laborales de 2010 y
2012 los sindicatos convocaron huelgas generales”, recuerda Paqui.
El manifiesto
suscrito por CGT, COS, CNT e Intersindical afirma que el Decreto del Gobierno
“deja en la penumbra” que el fraude empresarial en la contratación es uno de
los factores principales del “salvaje aumento” de la precariedad. Este fraude
está relacionado con variables como el tipo de contratación, pero también con
las posibilidades de despido; o la capacidad de los empresarios para modificar
horarios, turnos y lugares de trabajo; y asimismo con el acceso a la labor
sindical y unos tribunales imparciales.
En términos
similares, el manifiesto añade en el parágrafo siguiente que los trabajadores
en situación de precariedad, falta de representación sindical efectiva o
subcontratación, “no podrán denunciar gran cosa, si pueden ser despedidos en
cualquier momento (porque en esta reforma no se toca el hecho de que
un despido ilícito, ilegal, es decir, improcedente, puede hacerse si se
tiene dinero); o si están sometidos a horarios arbitrarios e infernales, la no
renovación de sus contratos y la hipervigilancia favorecida por las nuevas tecnologías de
control”.
Los sindicatos
firmantes abogan por terminar con los despidos improcedentes (“si es ilegal, no
hay despido”); las cadenas de subcontratación (“si está en tu cadena de valor,
son tus trabajadores); multiplicar la capacidad de las asambleas en los centros
de trabajo; o establecer límites a las decisiones sobre horarios, turnos y el
teletrabajo. “Hace tiempo que los convenios colectivos se han convertido en
letra muerta”, remarcan.
Al finalizar la
movilización en la calle Colón, Rubén –trabajador de Artes Gráficas y militante
de la CNT, de 34 años-, declara que el ejecutivo no ha emprendido una reforma,
sino “una actualización de lo que ya había; se han limitado a retocar cuatro
puntos para contentar a la gente, apaciguarla y que la calle no se ‘queme’”.
Explicita, además, sus razones para la sospecha: “Si la patronal y los
sindicatos mayoritarios están de acuerdo, es que (la reforma laboral) no es
buena para la clase trabajadora”.
Un tono
diferente tienen los discursos oficiales. La nota de prensa remitida por La
Moncloa a los medios informativos, el 23 de diciembre, subraya que el Gobierno
y los “agentes sociales” (las patronales CEOE, CEPYME y los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT) alcanzaron un acuerdo “histórico” en la “gran reforma
estructural” del mercado de trabajo. Además, “el pacto alcanzado permitirá
restablecer el equilibrio en las relaciones laborales y una recuperación
económica más justa e inclusiva”. Cinco días después el Consejo de Ministros
aprobó el Real Decreto-ley sobre la reforma laboral.
En la
concentración de los sindicatos en Valencia se han expresado otras
reivindicaciones; por ejemplo la exigencia del incremento de las pensiones en
función del IPC real, tal como plantea la Coordinadora Valenciana por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones; frente a “una nueva pérdida de poder
adquisitivo para los pensionistas”, la Coordinadora ha convocado una
concentración el 12 de febrero en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Los argumentos
del colectivo se exponen en una hoja, repartida durante la concentración; tiene
este papel entre manos Paco Guerra, de 62 años, prejubilado desde hace cinco; Empezó a
trabajar con 14 años, de artesano. “Me quedan 865 euros al mes de pensión
debido a las penalizaciones y coeficientes por la jubilación anticipada”; “Es una monstruosidad que, después de 45
años cotizados a la Seguridad Social, se haga tabla rasa con este tipo
de prestaciones”, concluye este pensionista.
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