martes, 12 de marzo de 2019

LA DERECHA NO ROBA, EJERCE SU OFICIO



Se viene denunciando un proceso de privatización galopante en Educación en la Comunidad de Madrid

La derecha te roba

Rebelión
Cuarto Poder
12.03.2019


Mientras la izquierda anda ensimismada en sus divisiones, la derecha te roba. Y no me refiero a la rampante corrupción que ha hecho que cientos de cargos públicos hayan sido detenidos e imputados, y decenas de ellos estén o hayan pasado por la cárcel. Ni a la condena judicial del Partido Popular a nivel nacional “como beneficiario de un sistema de corrupción institucional”, que permitió que cristalizará la moción de censura que desalojó al PP y a Rajoy del Gobierno. Ni al coste estimado de la corrupción global que se estima en la friolera de 87.000 millones de euros.

Me refiero a lo que David Harvey llama la política de acumulación por desposesión. Que no es otra cosa que la privatización del bien común, la mercantilización de sectores que estaban cerrados al mercado para una sobreacumulación del capital. Para no andarnos con definiciones técnicas ni eufemismos: es el robo de lo público. Un caso concreto da la medida del expolio: con la privatización de Aena, los fondos de inversión se han embolsado mil millones y hoy su participación vale casi el triple de lo que les costó hace cuatro años. Y así, casos y casos de una privatización de los bienes públicos, que luego se compensa a los políticos responsables con puertas giratorias bien remuneradas.

Hablaré solo de educación en la Comunidad de Madrid. Hace tiempo se viene denunciando el proceso de privatización galopante de la educación pública. El procedimiento es muy preciso. Primero se deteriora la educación pública: brutales recortes y abandono, escolarización desequilibrada que concentra al alumnado con dificultades en los centros públicos, campañas  contra el profesorado y la imagen de estos centros. En segundo lugar, se regala suelo público, se derivan recursos financieros y se establecen “conciertos” que es la forma de financiar a unos pocos con lo que es de todos. El resultado es que se deriva el alumnado hacia los centros privados. Tan es así que mientras que en todo el Estado la relación entre el alumnado de centros públicos y privados está en un 68,5%/31,5%, en Madrid es del 54%/46%. Dicho de otra manera: en la Comunidad de Madrid los centros privados han matriculado a 3 de cada cuatro nuevos alumnos (77%) entre 2007 y 2017. Un robo descarado del alumnado de la pública.

La última fase de esta ofensiva se está produciendo estos días. Es lo que demagógicamente llaman los cheques-bachilleratoSe acaba de publicar en el BOCAM una Orden que establece que 3.000 plazas de bachillerato se van a privatizar. Lo llaman becas y lo venden como si fuera mejor la enseñanza privada, cuando los resultados de la selectividad (Ebau), demuestran que los mejores resultados suelen ser de alumnado de los institutos públicos. Pero da igual, que nadie se engañe. Cuando la zorra “cuida” las gallinas, están hablando de negocios aunque se disfracen de educación.

Esta medida del gobierno del PP en realidad supone: no abrir más de 100 aulas públicas de bachillerato, la pérdida de más de 170 profesores en la pública y trasferir 8 millones de euros a negocios privados. Las cifras vienen a coincidir con la demanda que exigían los sindicatos de crear 121 aulas públicas y aumentar en 200 el cupo del profesorado para atender el crecimiento de la demanda de alumnado en bachillerato. Es una medida de liquidación de la educación pública de tal calibre que sorprende que la comunidad educativa esté quieta, más allá de una recogida de firmas y el anuncio de una denuncia en los tribunales que ha hecho CCOO, algo con pocas posibilidades, teniendo en cuenta los antecedentes y composición de quién debe resolver.
Hay que recordar el abandono educativo que, desde el punto de vista de la financiación, realiza el gobierno del PP de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Según un reciente informe de Unicef, es la comunidad autónoma más rica que menos invierte: solo un 2,25% de su PIB en educación, la mitad del 4,34% del conjunto del Estado. Y el gasto por alumno y año de Madrid es de 4.443 euros, cuando la media estatal es de 5.169 euros. Y cada vez desvía más recursos a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Las agresiones no acaban aquí. Ya en campaña electoral, los candidatos del PP al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid han anunciado que si gobiernan regalarán suelo público para nuevos centros privados. Y el Gobierno del PP ha aprobado la creación de tres nuevas universidades privadas, en contra del criterio del consejo de rectores y del sentido común. Así, están consiguiendo que la Comunidad de Madrid aparezca en todos los estudios sobre segregación escolar como la segunda región de toda Europa que más discrimina por razones socioeconómicas. Ello es consecuencia del fomento de la educación privada frente a la pública y a políticas como el “bilingüismo”, aunque se venda con frases demagógicas como la “libertad de elección”.

Estamos ante el intento de liquidar la educación pública y convertirla en algo marginal. Porque para estudiar un bachillerato de calidad no hacen falta estas “becas” que son una trampa para privatizar 100 aulas: se puede estudiar en cualquier instituto público de forma gratuita. Es un ataque a la educación pública para impedir la equidad, la igualdad de oportunidades y una sociedad más cohesionada. Recoger firmas y anunciar un recurso jurídico no paralizará este brutal ataque a la educación pública. Se necesita resistencia en los centros de la comunidad educativa, movilización en la calle, y no equivocarse con el voto el próximo 26 de mayo. Se pueden decir las cosas más altas, pero no más claras.


*++

CATALUÑA. COMO NEGOCIO CHINO CON LAS BANDERAS, BIEN. COMO BOICOT DE DETERMINADAS EMPRESAS AL INDEPENDENTISMO, BIEN. COMO ESCENARIO DE ARRIMÁ, ARRIMÁ, NO TA´CERQUE A LA PARÉ KETEVÁ MANCHA DE KÁ, DE KÁ, DE KÁ, BIEN. ¿PERO Y EL ANÁLISIS POLÍTICO DE LA IZQUIERDA DE ESTA SITUACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES POLÍTICAS PARA SU ERRADICACIÓN? BIEN, MUY BIEN, GRACIAS. ¿Y USTED Y SU FAMILIA, QUÉ TAL?



Carta de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Sr. Chakir El Homrani

La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas

11.03.2019


La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas, de las cuales cerca de 350.000 sufren las terribles penalidades de la pobreza severa.
El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas y familias en situación de pobreza, que les asegure los mínimos de una vida digna, sigue sin aplicarse a la mayoría de personas vulnerables y se deniega de manera injusta a la gran mayoría de personas solicitantes.
De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 15 de septiembre de 2017 hasta finales de 2018, solo se han aprobado entre prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía y complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales hasta enero de 2019, la cantidad de 10.468. Estas cifras son un escándalo que muestra el grave incumplimiento de la ley de la RGC, así como la falta de humanidad y de sensibilidad social por parte de usted y de los responsables de dicha gestión en el Departamento de trabajo, asuntos sociales, y en especial, de la Dirección General, el Tercer Sector, las cooperativas y la Autoempresa.
Para tapar esta pésima gestión y mala voluntad política, manipulan los datos de la implementación de la ley cuando suman prestaciones diferentes como son la RGC y los complementos de pensiones y prestaciones sociales, o sencillamente se niegan a dar la información solicitada a través de la ley de transparencia de la información pública, como por ejemplo la cantidad de solicitudes de RGC de personas sin hogar, el número de resoluciones aprobadas y denegadas para este colectivo, o esconden las instrucciones emitidas por la Dirección General de Economía social al personal que valora las solicitudes y elabora las resoluciones de aprobación (poquísimas) y de rechazo (la gran mayoría).
Afortunadamente, la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública ha resuelto recientemente a favor de la reclamación presentada por la Comisión Promotora de la RGC y les ha dado un plazo de veinte días para que aporten toda la información solicitada.
Sin embargo, a solicitudes de información presentadas el pasado 15 de enero y 6 de febrero, han elevado su grado de opacidad enviando resoluciones desestimatorias….
¿Qué esconden? ¿A que tienen miedo? ¿A que decenas de miles de familias y personas vulnerables descubran que les están hurtando su derecho? ¿A que la ciudadanía de Cataluña tome nota de su gestión bananera en un derecho que es de todos y todas, y en consecuencia exija responsabilidades?
El lema de “Rescatemos las personas” nos acompaño en la larga movilización de cerca de seis años hasta conseguir que la ley de la RGC fuera aprobada por unanimidad el 12 de julio 2017 en el Parlamento de Cataluña.
No vamos a desistir hasta que se cumpla plenamente el derecho a la RGC y nadie en Cataluña, especialmente la infancia y las mujeres, sigan sufriendo la pobreza.
Le requerimos a que cambie radicalmente de actitud, respete el derecho a la RGC y devuelva la esperanza a la ciudadanía vulnerable, cumpla el mandato del Parlamento para revisar todas las solicitudes rechazadas, cumpla al 100% con la ley de transparencia, cese a los responsables del Departamento de Trabajo y de la Dirección de economía social que incumplen la ley RGC, y si no se siente capaz de todo ello ¡dimita!

TRAN, TREN, TRIN, TRON O TRUMP, CON VENEZUELA, SIN VENEZUELA, PANZA ARRIBA, PANZA ABAJO, DE DÍA O DE NOCHE, POR ESTO Y POR LO OTRO, ES USTED UN CRIMINAL



El efecto de las sanciones
Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela

Rebelion
Página/12
07.03.2019

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.

El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países. 
Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.

No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.

¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.

Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.

Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.