El efecto de las sanciones
Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela
Rebelion
Página/12
07.03.2019
Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado
legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente
Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer
su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás
otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente
desapercibida.
Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones
económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está
causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.
El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en
los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de
derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han
señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas
de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la
muerte de personas en otros países.
Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a
Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún
tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el
principal experto en el mundo en economía venezolana.
No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las
sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es
probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará
rápidamente si las recientes sanciones persisten.
¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la
economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan
una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a
bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y
atención médica.
Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que
murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.
Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones
económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las
exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita
para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos.
Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando
principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector
privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades
básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la
mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.
Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero
que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos.
Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado
disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año
posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente
tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la
pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la
pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía
venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por
año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de
bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.
Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda
recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una
reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene
que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos
hicieron esto imposible.
Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo
embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno
tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima
en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe
restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la
creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían
el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo,
las sanciones lo impiden.
Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las
que igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un
impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones
financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de
comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el
Gobierno de EEUU, como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los
individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el
ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que
estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor
parte del sistema financiero mundial.
Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después
de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno
que Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la
economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado
venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la
caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las
importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía
dependiente de las importaciones.
El 23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan
Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente
interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente),
Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es
así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de
las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados Unidos
y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente interino”.
Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías petroleras
estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como para
multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que han
causado las sanciones anteriores.
En una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló
que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base
para la solución pacífica de las controversias”.
Siguiendo las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el
asesor de seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal
de guerra de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott
Abrams) se desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la
crisis venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas
que morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.
La verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la
presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan
esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están
haciendo Trump y sus sanciones?
Mark Weisbrot. Codirector del Centro de Investigación en Economía y
Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y
presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del
libro Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía
global (2016, Akal, Madrid).
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