viernes, 14 de junio de 2013

PENSIONES: MARIANO RAJOY, POR EMBUSTERO Y LADRÓN, DIMISIÓN


¿Es España una democracia? El caso de las pensiones



Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013

Este artículo denuncia la avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas, promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las instituciones financieras que favorecen la privatización de las pensiones. 

A primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión 

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios. 

*++

PENSIONES: MARIANO RAJOY Y DEMÁS BANDA DE LA SINDICALA Y PARTIDOTES POLITICOS QUE PARTICIPAIS EN EL ROBO DE LAS PENSIONES A TRAVES DEL PACTO DE TOLEDO, POR CRIMINALES, LADRONES Y BANDIDOS, DIMISIÓN, Y ANTE LOS TRIBUNALES A RESPONDER DE VUESTRAS FECHORIAS


Sobre Keynes y pensiones

(Marianuelo, ojalá el que conduce seas tú con tu familia dentro y el precipicio tenga 1.432 kms. de profundidad con clavos de punta para amortiguar el golpe, y lo digo no porque quiera,  ya me comprendes, sino porque es mi deber, ¿captas?)



ABEL ROS / EL PLURAL.COM
13/06/2013

Las pensiones han sido el principal escollo de la contienda electoral desde los tiempos adolfinos. Decía Andrés – pensionista alicantino – que los jubilados de este país deberían salir a la calle para defender sus intereses de clase. Desde que comenzó la crisis – decía este indignado del treinta y seis -, los abuelos de Rajoy compramos menos pan con el mismo parné. Primero fue la congelación de la paga, después el “recetazo” y ahora: la pérdida encubierta de poder adquisitivo con ese dardo envenenado de la “esperanza de vida”. Es una vergüenza, decía este señor, que volvamos a los tiempos galdosianos. Los mismos años, pero dos siglos atrás, cuando los viejos representaban un estorbo económico para el ahorro y la prosperidad de la incipiente burguesía. 

Son precisamente estos fragmentos extraídos de los mentideros callejeros, los que invitan a la Crítica a vislumbrar las sombras que se esconden entre las arrugas de los mayores. La jubilación para el año 2027 del “baby boom” de los sesenta, probablemente borrará los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo. La cuestión aritmética, o mejor dicho, el desequilibrio futuro entre: viejos y jóvenes, ha sido el argumento esgrimido por los “Sabios de Europa”. Argumento esgrimido para encubrir la nueva hornada de recortes que se cocinan en los fogones merkelianos. Nueva hornada, decía, porque existen otros mecanismos – igual de eficaces – para garantizar el sistema de reparto, sin necesidad de tocar la hucha de las pensiones. 

 Seguir leyendo en el blog de Abel Ros 

*++

PENSIONES: EL PACTO DE TOLEDO ES LA VERSIÓN MODERNA DE LA CUEVA ACTUAL DE MARIANO RAJOY Y LOS CUARENTA LADRONES PARA ROBARNOS NUESTRO DINERO Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA MAFIA INTERNACIONAL DE LOS GRANDES CAPITALES



 POR QUÉ VOTÉ EN CONTRA DEL INFORME DE EXPERTOS SOBRE LAS PENSIONES


Santos M. Ruesga, el único experto que se opuso al Informe, explica sus razones en ELPLURAL.COM 

(GRACIAS, HOMBRE, POR TU HONRADEZ)

Santos M. Ruesga / El Plural.com
 13/06/2013 

En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español. 

Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación. 

Una reforma al servicio de una política de austeridad

Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un mix de ellos. Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho público a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.

Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo conveniados con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso está hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada. El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.

No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social.

 Insistir en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados 

Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060. A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida, contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro. 

Tocaba, a mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran al lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia. Ya sé que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión. El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas, no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica. 

Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de Economistas frente a la crisis 

*++