FUSIÓN
CAIXABANK / BANKIA,
¿FINAL DE LAS ESPERANZAS DE
UNA
BANCA PÚBLICA?
Ignacio
Muro
Sociología
crítica
05.09.2020
Fuente: Economistas frente a la crisis
Un
gobierno de izquierdas va a tener la responsabilidad de aprobar una operación
que puede acabar definitivamente con la posibilidad de una banca
publica, justo en un momento en que el papel de lo público para definir e
impulsar sectores estratégicos se considera esencial, justo en el
momento también en el que el Estado debe aumentar su capacidad de intervención
si quiere impulsar las transiciones tecnológicas y medioambientales que
España necesita.
De
aprobarla sin encontrar una fórmula que garantice la defensa del interés
general debilitaría la posición del Estado, al cambiar una participación de
control en un gran banco por una participación minoritaria, que no alcanza
capacidad de control, en otro mayor.
Con
ello confirmaría una lógica que ya ha tenido un antecedente incomprensible. Y
es que, controlando el 62% del capital social de Bankia a través del FROB, no
se entiende que no haya ejercido el poder que le corresponde cuando necesitaba
un banco público con red suficiente para garantizar una gestión rápida de los
programas de avales y subvenciones, y que se haya “olvidado” de utilizarlo como
palanca ante las evidentes dificultades del ICO.
Una
fusión bancaria que podría ayudar a impulsar sectores estratégicos.
El
gobierno va disponer de 140.000 M€ dirigidos a nuevos sectores estratégicos
procedentes de la UE. Su reparto, decidir en donde y cuanto se invierte en cada
proyecto, se convierten en la operación más importante de las últimas décadas y
marcará el devenir del modelo productivo.
Pero
no solo es el reparto. Se necesita de actores profesionales capaces de
canalizarlos y gestionarlos y, en particular, se necesitan actores financieros
que asuman roles concretos. Italia lo acaba de demostrar en una operación en la
que ha utilizado la Caja de Depósitos y Préstamos (CDP), banca semipública
italiana, para impulsar el 5G y extender la fibra óptica a todo el país en una
alianza con TIM, la antigua compañía telefónica estatal, privatizada en los
años noventa.
El
Estado español no está inerte ante esos retos. Tiene capacidad
para condicionar su aprobación blindando su participación en el banco
resultante mediante cualquier fórmula que garantice un papel relevante en la
definición de la política crediticia a favor de los sectores estratégicos así
definidos. Si no se aprovecha esta oportunidad la capacidad para impulsar un
actor financiero público se habrá diluido para siempre jamás.
Paradójicamente
CaixaBank conserva una buena parte de las participaciones industriales de la
antigua Caixa, ahora concentradas en Criteria. Hasta el punto que
su valor representan un 46% del grupo Fundación Bancaria La Caixa, mientras que
el negocio bancario en sí, antes de la fusión anunciada, solo pesa un 34%, por
un 23% del negocio inmobiliario.
Por
tanto, la operación era una oportunidad para incidir de alguna forma en el
dibujo de la nueva política industrial española, bien representada
en las empresas participadas en Criteria. El holding industrial estaba
especializada en redes de servicios de alto valor, principalmente,
infraestructura de gas (Naturgy), telecomunicaciones (Cellnex y Telefónica), de
movilidad (Saba Infraestructuras), de tratamiento aguas y residuos (Aigües de
Barcelona y Suez) y de sanidad privada (Vithas).
La
fusión aumenta un fenómeno ya preocupante de exclusión bancaria
Desgraciadamente
esta oportunidad lleva todos los visos de perderse, con lo que aparecen otras
consecuencias negativas derivadas de la previsible desaparición de muchas de
las 6.600 sucursales de las entidades fusionadas.
El
aumento de la concentración en el sector bancario español y como consecuencia,
el aumento de la exclusión bancaria para los usuarios de buena parte de
la España vaciada, sin acceso a sucursales bancarias
cercanas, será un daño colateral difícil de digerir por un gobierno de
izquierdas.
El
punto de partida es ya preocupante. En un informe realizado para Funcas en
2016, Joaquín Maudos, afirmaba que en 21 provincias, casi la mitad de las
existentes, la concentración sobrepasaba umbrales que en otros países se
consideraban preocupantes. Y que en 9 de ellas, casi todas ellas marcadas entre
las “más vaciadas” (Cantabria, Cuenca, Salamanca, Segovia, Tarragona, Teruel,
Zamora y Melilla) tres bancos concentraban más del 70% de la actividad
financiera.
En
aquel momento, la cuota de mercado, de los cinco mayores bancos era en
España del 58%, una concentración que superaba con creces el 39% existente en
el Reino Unido, el 41% de Italia y el 48% de Francia y casi duplicaba el
32% existente en Alemania.
Tiene
gracia que la fusión que ahora se contempla y que va a acentuar los fenómenos
de exclusión financiera corresponda a la herencia de las dos mayores cajas de
ahorro hoy bancarizadas, mientras la mayor competencia en Alemania surja del
peso que conservan las cajas de ahorro regionales y locales, las landesbanken y sparkassen,
que, allí sí, pudieron mantener su existencia.
Con
ello se culminaría una operación (la privatización de las Cajas) que un informe
de CCOO calificó, utilizando una terminología muy gráfica,
la mayor desamortización de bienes sociales de toda nuestra
historia.
El
discutible gobierno de Goirigolzarri
El
tercer factor asociado a la fusión es su oportunidad como tabla de salvación de
un equipo directivo, capitaneado por Goirigolzarri, que ha destacado por
dirigir durante ocho años un gran banco que ha perdido valor en los mercados en
mucha mayor dimensión que la media del sector. Así lo señalaba mi compañero de
EFC Jose Manuel Gomez de Miguel en un reciente artículo en el que apuntaba que,
desde comienzos de 2015, la acción de Bankia ha perdido el 80% de su valor
frente al 65% de media del sector. Aún más: si elimináramos los últimos meses
asociados al coronavirus, la situación sería todavía peor pues Bankia ha perdido
el 57% de su valor frente al 26% de la media del sector.
La
dudosa gestión de los gestores se puede medir también en su incapacidad para
cumplir los objetivos de su propio Plan Estratégico, de los que ya se
encontraban muy alejados. La razón central es que Bankia sigue manteniendo en
cartera un elevado nivel de activos improductivos y préstamos dudosos.
La
singularidad de esta gestión es la absoluta libertad con la
que se ha producido. Y es que la participación del Estado en Bankia la
detentaba el FROB, organismo encargado del saneamiento y resolución de bancos,
y no la SEPI, encargada de gestionar las participaciones empresariales del
Estado y controlar a sus ejecutivos. Significa que Goirigolzarri es el único
CEO que ha gobernado una banca, con un accionista ausente,
cuyo único mandato era deshacerse de su participación, desinteresado de marcar
directrices de actuación ni siquiera en un contexto de crisis aguda que ha
necesitado como nunca de una red que acercara la banca a los usuarios.
Pues
bien, esa misma persona es la llamada para dirigir la fusión como presidente
del mayor banco del país y, por lo tanto, de una dimensión que lo coloca en los
niveles de banco sistémico, “demasiado grande para caer”, una condición
que tendrá que aprobar el FSB (Consejo de Estabilidad Financiera) y, que de ser
aprobada, pasará a ser controlado directamente por Banco Central Europeo (BCE)
a través del Mecanismo Único de Supervisión. De modo que tenemos un gestor
santificado y salvado por la operación que ha pilotado.
¿Dónde
se ubicará su sede? La pelea va a reverdecer las tensiones de los partidos
nacionalistas “con Madrid” en un momento político en el que se dilucida la
aprobación de los presupuestos.
Resumiendo.
Casi, casi se podría decir que la operación pareciera diseñada como un torpedo
en la línea de flotación de las alianzas que soportan al gobierno.
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