miércoles, 7 de febrero de 2024

COMERCIALIZACIÓN DEL TOMATE. HERALDO DE ARAGON, Zaragoza, 20 de septiembre de 1977.

 

COMERCIALIZACIÓN DEL TOMATE. HERALDO DE

 ARAGON, Zaragoza, 20 de septiembre de 1977.


(Contenido literal del texto que arriba se muestra aparecido en el Heraldo de Aragón (Zaragoza) el día 20 de septiembre de 1977)

 

productos agrícolas, la figura del intermediario debe desaparecer

Manolo Sogas, gerente de cooperativas agrarias y técnico de la UAGA: “El sindicato campesino debe elaborar alternativas a todos los niveles y organizar a los labradores para la defensa de sus intereses”

Manolo Sogas es director gerente de la cooperativa agraria de El Bayo y asesor de otras cooperativas, así como técnico de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Sobradamente conocido en la provincia. Manolo Sogas ha recorrido en los últimos años las localidades rurales zaragozanas dando charlas, dirigiendo coloquios y ejerciendo su profesión de gerente de cooperativas, siempre con el objetivo de hacer realidad nuevas y reales alternativas a los eternos problemas del campo: la racionalización de la producción, su comercialización, la potenciación de una conciencia de solidaridad entre los agricultores…

Para Manolo Sogas, la aparición en el campo español de nuevas fórmulas de comercialización de los productos es fundamental.

-Hay que partir –asegura- de que la figura del intermediario no tiene por qué existir. Es cierto que la venta de la producción implica una función comercial: Hay que transportar el producto, almacenarlo…; pero para ello no es imprescindible el intermediario, sino que basta con la organización de los agricultores en cooperativas.

Naturalmente, y ello es básico, sería preciso modificar el concepto que de cooperativa agrícola se ha tenido en los últimos cuarenta años. El cooperativismo habría de basarse en la participación de los labradores y apoyarse en una infraestructura de la que hoy se carece: Medios de transporte, almacenes, frigoríficos… Ello unido a medidas como la eliminación del carácter privado y monopolista que hoy tienen los “Mercas”.

-Este tipo de alternativa general ¿hasta qué punto podría ser llevado a la práctica?

Yo creo que es totalmente viable; no se trata, desde luego, de ninguna utopía. Claro que precisa de una serie de elementos que hoy por hoy no se dan. El cooperativismo agrícola y el campo en general, habrían de tener un apoyo económico por parte del Estado. Y me refiero con ello no a la clásica subvención, sino a una financiación de sectores productivos y de interés social. Por otro lado, es preciso igualmente de una autofinanciación de las cooperativas, que estas den confianza al socio para que invierta en ellas sus ahorros. En definitiva, habría que conseguir un tipo de condiciones nuevas, de tal forma que el campo contase con una capacidad de maniobra económica y con instrumentos de presión: para eso estarían los sindicatos campesinos.

-¿Cuál debe ser exactamente el papel de los sindicatos agricultores y ganaderos?

-El sindicato campesino debe elaborar alternativas a todos los niveles y organizar a los labradores para la defensa en gene, la elevación del nivel de vida en las zonas rurales, las reivindicaciones de ese apoyo económico estatal de sus intereses: la consecución de apoyos a su producción de los que antes hablaba. El agricultor ha carecido hasta la aparición de las Uniones de instrumentos reivindicativos y estos le son precisos. Entonces, pienso que la función del sindicato está muy clara: es un medio de presión y de toma de conciencia a todos los niveles; la cooperativa debe ser un instrumento económico.

-Dentro de las experiencias de mejora de la comercialización de productos agrarios se ha hablado bastante últimamente de la venta hecha a través de la cooperativa de El Bayo, y de alguna otra, de grandes paridas de tomates. ¿Cómo se ha hecho esto?

- Bueno, es una experiencia interesante aunque sea un primer paso. La venta de los tomates de El Bayo y de otros lugares la negocié con una fábrica con la que previamente la UAGA había tenido contactos, planteando ya un precio mínimo de seis pesetas el kilo. A este precio vendimos cien kilos. Luego pudimos concentrar casi dos millones de kilos. No sólo de El Bayo, sino de Santa Anastasia y de labradores de Pinsoro, Bárdenas, Sabinar y algún otro pueblo. Entonces presioné al comprador para que aceptara un precio más alto, siete cincuenta el kilo, cantidad que quedó como definitiva. Ha sido el precio más alto pagado por una partida de esas proporciones, aunque a lo mejor, se hayan vendido a mejor precio cantidades más pequeñas de tomate.

-¿Cuál es la clave para la obtención de precios ventajosos en la comercialización de los productos agrarios?

-La consecución de grandes partidas es fundamental para tener una capacidad de presión ante el comprador. Hay que pensar que, en un momento dado, la congelación de ventas por parte de pueblos enteros originaría un desabastecimiento total a más de un fabricante o intermediario. Lo que se intenta en estos momentos es racionalizar y coordinar la producción, por ejemplo, poniéndonos de acuerdo previamente con los fabricantes en el caso de productos de transformación y ajustar la siembra a estas perspectivas de venta. Esta es la única forma de evitar las oscilaciones de precios de la producción agrícola y de dar al campo una seriedad comercial absolutamente necesaria par a acabar con el triste papel que hoy tiene que jugar a la hora de vender sus productos.

José Luis TRASOBARES”.

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El enfado en el campo

 


El enfado en el campo

 

Por Isa Álvarez Vispo

Rebelion / España

Viento Sur

06/02/2024

 

Vivimos días en los que el campo llena titulares y pantallas. Se repite que el campo está enfadado. Algunas personas, que no vivimos de lo que cultivamos, opinamos y analizamos sobre las que sí lo hacen con el ruido que esto nos puede generar a nosotras mismas, conscientes de las limitaciones de nuestros análisis. Se nombra a Europa y su Política Agraria Común (la famosa PAC), a los altos costes y baja remuneración que afronta la agricultura y se nombra el Tratado con Mercosur entre las principales causas del enfado. Pero si miramos atentamente estas movilizaciones y las problemáticas de las que emergen, vemos que enraízan en cuestiones más profundas.

Lo primero a destacar sería que no hay un campo en singular, sino muchos campos que se están movilizando. Si a una gran empresa multinacional la amenazaran con cortar suministros externos de los que depende, toda la empresa se enfadaría, pero la situación de los propietarios de esa empresa y la de las personas trabajadoras serían distintas. Mientras las personas propietarias estarán preocupadas por no perder, las trabajadoras estarán preocupadas por sobrevivir. La capacidad de resistencia y de afrontar las crisis no es homogénea y está atravesada por múltiples ejes, empezando por el capital, el poder de decisión y el de maniobra que tiene cada una. El medio rural y en el sector agrícola-ganadero europeo no son una multinacional pero cuentan con distancias y desigualdades de poder similares. Por eso, en algunos países, como Francia o Alemania, las organizaciones campesinas se han preocupado de visibilizar que en estas movilizaciones no todo es lo mismo, que hay intereses de grandes empresas, la patronal agraria, peleando para no perder y mantener macroproyectos, mientras ellas buscan sobrevivir con vidas dignas.

Insisten en que a pesar de que se están movilizando en las mismas fechas y que todas son parte de lo que sucede en los campos, no van de la mano. Así, mientras ellas reivindican una seguridad social agraria, ingresos dignos y una alimentación que sostenga personas y enfríe el planeta, otras buscan el mantenimiento de un modelo que solo alimenta intereses extractivistas y que éstos se sostengan con dinero público. Además, a caballo entre las grandes empresas y el pequeño campesinado hay otras producciones de tamaño mediano que, sin ser gigantes, ya no se identifican ni con lo pequeño ni como campesinas. Abrazaron el discurso de lo grande como objetivo, pero esa escala no es más que una ilusión y su capacidad de maniobra no es la de quienes cuentan con gran capital. Son producciones que facturan muchos euros, pero esclavas del modelo, muy endeudadas y con poco margen de decisión.

En medio de todos estos malestares, la derecha y extrema derecha buscan pescar y los grandes sindicatos agrarios buscan el mal menor. En este país, ha faltado tiempo para que afloren los titulares que digan que la culpa de todo la tiene la ecología, como si el cambio climático no existiera y las políticas de la UE fuesen ecologistas. La misma UE que a finales de 2023 aprobó continuar usando glifosato. La realidad es que los problemas del sector tienen su germen en un modelo y unas políticas agrarias que lo han llevado al límite. Un modelo que ignora las necesidades y capacidades de la tierra y los ecosistemas, generando ilusiones a golpe de insumos. Un modelo orientado al mercado global y totalmente dependiente de subsidios que no da más de sí. La energía ya no es barata ni para producir ni para transportar los productos a miles de kilómetros e incluso los números de la PAC tienen límites.

El tratado Mercosur tan nombrado estos días es una gota más en un vaso muy agitado. El cambio climático está haciendo caer las ilusiones y marcando los limites en la artificialización del medio. Sequías, lluvias torrenciales y/o temperaturas anómalas no pueden gestionarse a golpe de dron. Mientras el cambio climático da bofetadas y genera inestabilidad al sector, la UE pretende vestirse de verde y aplicar alguna medida que justifique hablar de sostenibilidad, pero sin un plan real que acompañe una transición y sostenga el mientras tanto. Todo esto genera enfados, enfados en la agroindustria que produce los insumos, enfados en quienes se saben dependientes de ellos y enfados entre quienes no dependen tanto de ellos, pero que saben que el coste de los cambios siempre lo acaban pagando las más vulnerables.

Por todo ello, es realista pensar que las derechas más o menos extremas pueden tener buena pesca en estos descontentos. Las diferencias de modelos y tamaños existen, pero la realidad es que todos ellos, especialmente los más pequeños y el medio rural en general, han sido ignorados durante años por todas las esferas políticas. Desde las posiciones de izquierda no ha habido propuestas contundentes que apoyen la defensa de lo pequeño y la transición hacia otros modelos. En los discursos progres más tradicionales que hablan de lucha obrera y/o de clases, se habla siempre pensando en lo urbano, en quienes viven y trabajan sobre el asfalto y rara vez en el medio rural que se sabe periférico. El campesinado no ha sido identificado como esencial en la lucha obrera, aunque sin él no pueda, literalmente, alimentarse. Esto deja la puerta abierta a quienes de repente miran hacia el medio rural, lo perciben como un lugar apto para su beneficio y sacan a pasear discursos que, aunque con más ruido que contenido, parecen atender a quienes nunca han sido atendidas.

En este punto también es importante recordar que más allá de los campos que se rebelan, hay personas en los campos que no tienen oportunidad para rebelarse y que no son nombradas ni visibilizadas en estas revueltas. El campo se está movilizando, salvo excepciones, en masculino singular o plural interesado. Las reivindicaciones hablan sobre todo del mercado. En las movilizaciones vemos muchas máquinas y pocas manos, menos aún manos jornaleras, vemos barbas y calvas principalmente blancas y pocas mujeres poniendo rostro, voz y necesidades a propuestas y reivindicaciones. Si bajo la mirada heteropatriarcal urbana la lucha obrera ignora a quien la alimenta, lo mismo sucede con el sector primario, que parece que obvia toda la ayuda familiar gratuita que hace que las cuentas cuadren, así como a las personas jornaleras que, bajo condiciones de semi-esclavitud en muchos casos, son imprescindibles para que la cadena siga funcionando. El centro del discurso parece seguir siendo cómo sostener el mercado y no cómo sostener la vida. Se sigue desatendiendo a las más desatendidas.

No se escucha estos días la pregunta de ¿quién nos alimentará? cuando es el gran interrogante. Si bien hay diferencias en los campos, en el sector primario sobran corporaciones, pero no sobran personas. En un sector marcado por el abandono y el envejecimiento, el reto es generar transiciones que puedan apoyar caminos hacia modelos más sostenibles, equitativos e ilusionantes, que puedan sostener y alimentar de manera justa a personas y planeta. Modelos que cierren ciclos y que no obvien que alimentarnos es parte del cuidado, fórmulas que estén basadas en la cooperación y no en modelos competitivos que se entretienen en culpar a las de más abajo en lugar de pelear contra quienes los ahogan desde arriba. Son necesarios modelos que se pregunten quién decide sobre nuestra alimentación, hablar de derechos, plantear la soberanía alimentaria, el derecho a decidir sobre nuestra alimentación con criterios de justicia social y medio ambiental, como paraguas bajo el que caminar. Las soluciones al cambio climático no vendrán de tecnologías energéticamente insostenibles, sino de mirar hacia la Tierra y construir convivencia entre sus necesidades y las nuestras. Toca diseñar políticas que acompañen esa transición, que sostengan de verdad. Vivimos un momento complicado, pero también de oportunidad. Oportunidad para ver que otros modelos no solo son posibles, sino que ya existen. Para ser conscientes de la interdependencia en el territorio y salir de la fantasía urbana de la autosuficiencia. Es urgente valorar y enfatizar la esencialidad de quienes alimentan al mundo y acompañar transiciones que sostengan la vida.

Fuente: https://vientosur.info/el-enfado-en-el-campo/

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Deuda militar

 

A algunos nos había pasado por alto: las emisiones de fuente militar no cuentan en los acuerdos sobre el clima. No generan derechos de emisión. Y solo las de EEUU en Afganistán tenían una media anual mayor que la de muchos países industrializados.


Deuda militar


Pascual Serrano

El Viejo Topo

7 febrero, 2024 



Los ejércitos de EEUU y Reino Unido deben a los países pobres 110.000 millones de dólares de compensación climática por emisiones de carbono

Según los cálculos elaborados por el think tank Common Wealth, una organización sin fines de lucro financiada por fundaciones filantrópicas y donaciones con base en el Reino Unido y que también trabajó en Estados Unidos, el costo social de las emisiones de carbono de los ejércitos de estos dos países citados es aproximadamente de 111.000 millones de dólares. Un dinero que se sustrae de las finanzas de las naciones más amenazadas por la crisis climática.

Los acuerdos climáticos internacionales establecen que los países, las empresas o las entidades que emiten gases de efecto invernadero reciben una asignación de derechos de emisión, que representan una cierta cantidad de emisiones permitidas. Estos derechos pueden ser comprados, vendidos o transferidos entre las partes participantes en el mercado. Si una entidad tiene excedentes de derechos de emisión porque ha reducido sus emisiones, puede vender esos excedentes a otras entidades que necesiten más derechos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones.

Es evidente que son los países más pobres los que, por su poca industrialización y consumo, tienen excedentes de derechos de emisión para vender; y que son los ricos los que, al contaminar más y necesitar más derechos de emisión, pagan a los pobres para poder contaminar lo que estos segundos no hacen. Pues bien, en ese cálculo no se han incluido los 430 millones de toneladas de CO₂ que han emitido los militares del Reino Unido y de EEUU desde que entró en vigor el Acuerdo Climático de París, en 2016. Eso supone más del total de emisiones de gases de efecto invernadero producidos en el Reino Unido en 2022.

No olvidemos que las emisiones de fuentes militares no se abordan en los acuerdos internacionales sobre el clima. Como resultado del cabildeo estadounidense, las emisiones militares en el extranjero se eximieron del Protocolo de Kioto de 1997 y la presentación de informes sobre emisiones militares siguió siendo voluntaria en el Acuerdo Climático de París de 2015.

Los derechos para emitir esos millones de toneladas de CO₂, según el estudio de Common Wealth, se calculan en los 110.000 millones de dólares, 106.000 millones atribuibles a las emisiones de los EEUU y 5.000 millones a las emisiones del Reino Unido. Un dinero que nunca pagaron estos dos países.

La organización denuncia así que “la presencia de EEUU y el Reino Unido en el extranjero muestra los diversos modos a través de los cuales las bases militares, su actividad y su infraestructura producen daños ambientales y residuos tóxicos”.

No solo eso, “los militares del Reino Unido y EEUU disponen de su propia industria militar internacional para suministrar equipos y servicios. En ambos países, esa industria es beneficiaria de la inversión pública y de muchas decisiones estatales. Por ejemplo, en los EEUU, el presupuesto del Departamento de Defensa aprobado el pasado diciembre en el Senado fue de 886.000 millones de dólares. El gasto en defensa de Estados Unidos representa casi el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo, según cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) referidas a 2022. De hecho, Washington gasta más en defensa que los siguientes 10 países juntos.

Desde 2001, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha representado entre el 77% y el 80% del consumo total de energía del gobierno de EEUU, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido representa al menos el 40% de las emisiones del sector público británico.

Conmon Wealth recuerda que “las estrategias industriales centradas en el ejército tanto de los EEUU como del Reino Unido se han beneficiado de la intervención estatal, mientras que los sectores verdes han sufrido una falta de apoyo”.

Los costos de la contaminación militar y los daños ambientales se están sufriendo con mayor intensidad en los países del Sur Mundial, que se enfrentan a los efectos difusos, pero cada vez más intensos, del calentamiento global. Según las recomendaciones del estudio anglosajón, “como paso inicial para corregir su contribución histórica y actual a la crisis ecológica, los EEUU y el Reino Unido deberían contribuir junto a otros grandes emisores de CO₂, con los fondos necesarios para compensar a los países del Sur que enfrentan la crisis climática y la escasez de contribuciones por parte para los países contaminantes del Norte”.

“Reducir la huella global de EEUU y el Reino Unido de casi 900 bases militares e introducir un superfondo militar, similar al administrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para pagar la rehabilitación ambiental de las comunidades afectadas por materiales peligrosos, la contaminación y los residuos de bases e infraestructura militares son algunas de las medidas necesarias para corregir todo el espectro de impactos ambientales”, añade la Fundación.

En un estudio de 2019, la Universidad de Brown (EEUU) estimó que desde la invasión de Afganistán en 2001, el ejército de Estados Unidos había emitido 1.212 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, con una media anual mayor que la de muchos países industrializados como Suecia, Noruega o Suiza.

Otro informe de las universidades británicas de Durham y Lancaster concluyó que el ejército de EEUU es “uno de los mayores contaminadores de la historia” y afirmó que, si fuese un país, sería el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta solo las emisiones por uso de combustible.

Si el drama de las muertes y la destrucción de las guerras no fuera una suficiente razón para renegar de los ejércitos y exigir un menor gasto militar, ahora observamos la contaminación de su industria y los mecanismos de las grandes potencias para evitar las responsabilidades financieras establecidas en los acuerdos mundiales de medioambiente.

Fuente: GLOBALTER.

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