“Esta
no es la reforma de pensiones que necesitamos”
Publicado el 27 de marzo de 2023 / Por Debates / KAOSENLARED
La última reforma de
pensiones aprobada por el gobierno español, con el apoyo de CCOO, de UGT y de
la Unión Europea ha sido rechazada por los movimientos pensionistas que luchan
desde hace años por la mejora del sistema público de pensiones. A seguir, el análisis
de la reforma que han hecho el conjunto de los movimientos pensionistas, entre
ellos la COESPE.
Los movimientos y
plataformas de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado español que
suscribimos este documento, queremos hacer pública nuestra valoración de la
reforma de las pensiones (RDL 2/2023, de 16/3), publicada en el BOE del pasado
día 17 de marzo y pendiente de su ratificación por el Congreso.
Aunque con concesiones
menores de las que exigía Bruselas y con aspectos puntuales que suponen
mejoras, sobre todo en los ingresos de la Seguridad Social, nuestra posición
sigue siendo la de denunciar que esta reforma es el peaje que, a costa de las y
los pensionistas, el gobierno del Estado (PSOE-UP) hace a la Comisión Europea
para librar un nuevo tramo de fondos europeos, que irán destinados en su mayor
parte a financiar a las grandes empresas.
La oposición de los
movimientos de pensionistas a las últimas reformas de pensiones (Decretos Ley
21/2021 y 12/2022), ha sido una circunstancia determinante para que se rompiera
el consenso dominante, y para que la nueva reforme se retrasara varios meses.
El conjunto de las organizaciones pensionistas que subscribimos este texto,
consideramos que la nueva ley (RDL 2/2003) no soluciona, ni de lejos,
las necesidades urgentes de las personas pensionistas, recogidas en las
justas reivindicaciones que unitariamente estamos planteando en las calles,
desde hace seis años. Además:
A. Denunciamos la forma en
que se está dando a conocer la Reforma. Se ha lanzado una fuerte
campaña mediática basada en medias verdades, en un lenguaje que aparenta
coincidir con las exigencias de las personas pensionistas que estamos peleando
desde hace más de 270 semanas en las calles, pero se ha ocultado que su
contenido concreto no se conoció hasta la publicación final del RDL en el
BOE, lo que no ha permitido un debate público y transparente, hasta
que se convertió en un hecho consumado.
B. Esta ley llega sin que
el gobierno haya cumplido sus obligaciones legales anteriores. Nos referimos
a la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, prevista en la
Ley 21/2021, que el gobierno debería haber encargado y haberse realizado antes
del 30 de junio del pasado año 2022. El asunto tiene vital importancia,
porque esa auditoría (independiente y transparente, claro está) demostraría
que, sin soportar gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social
están saneadas, y que los recortes como los que se están haciendo no tienen
ninguna justificación. El propio Tribunal de Cuentas ya ha acreditado una
deuda del Estado con la Seguridad Social de 103.690 millones de euros. Por lo
tanto, el no haber hecho la auditoría, aparte de vulnerar la Ley, demuestra a
las claras la falsedad del objetivo declarado de buscar “la viabilidad del
Sistema”, y que el verdadero objetivo de las reformas no es otro que el
negocio privado que se quiere montar esquilmando las pensiones
públicas, para el cual el ministro Escrivá ya ha puesto “el pie en la puerta”.
C. ¿Qué sentido tiene la
ampliación del período de cómputo? En el punto 23 de la Ley queda
reflejada la ampliación hasta los 29 años del período para el cálculo
de las pensiones futuras (descontando los 24 peores meses), desde los
actuales 25 (reforma de 2011). Aunque se establece la posibilidad de elegir
entre el actual período y el futuro, durante las próximas dos décadas, está muy
claro que las personas a las que les quede 20 o más años para jubilarse (la
mayoría de nuestros hijos y nietos) verán mermadas sus pensiones por esta
ampliación aún más, en el momento de su jubilación. Es falso que la ley busque
adecuar la prestación a la realidad de precariedad laboral de la que es víctima
la mayoría de la juventud. Si así fuera, el período de cómputo se debería
reducir, en vez de ampliarse. Se debería atender nuestra demanda de
volver a los quince años anteriores a la reforma de 2011, porque, con la
precariedad generalizada, la gente trabajadora actualmente en activo no tiene,
ni tendrá, 25, ni 29 ni 30 años de cotización decente.
D. El llamado “Mecanismo de
Equidad Intergeneracional”, que ya analizamos en su día, se incrementa
desde el 0,6% al 1,2% (1% aportado por las empresas y 0,2% por la
persona trabajadora). Las dudas que nos generó cuando apareció
en la Ley 21/2021 se mantienen, en el sentido de que, dada la debilidad
sindical en la negociación colectiva, al final el grueso de esa
aportación mucho nos tememos que sea soportado íntegramente por las y
los trabajadores, recortándola de su salario directo. Consideramos como una
victoria de los trabajadores y del movimiento pensionista la derogación, en su
día, del “factor de sostenibilidad” del gobierno de M. Rajoy, pero consideramos
injusto que esa factura acaben pagándola las y los de siempre.
E. La llamada “Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal” (AIReF) tendrá, según la
nueva Ley (disposición adicional segunda), la capacidad de valorar el proceso
de ingresos y gastos, a partir de 2025, en informes trianuales. Se trata de un
organismo que presidió el propio Escrivá desde su fundación en 2014, hasta que
éste fue nombrado ministro en enero de 2020. Un organismo neoliberal,
ligado a la banca como el propio ministro, parece que de “independiente” tiene
más bien poco. El control (mediante “informes al gobierno”, eso sí) de
un ente semejante sobre las cuentas de la Seguridad Social deja la puerta
abierta a recortes futuros.
F. A pesar de los esfuerzos
mediáticos del gobierno para vender el RDL, las pensiones mínimas siguen muy
lejos de nuestras demandas y de las necesidades de las personas pensionistas. La
pensión mínima de referencia de persona pensionista con cónyuge no a cargo que
se situará para el año 2027 en 873 euros queda muy lejos de los 1.080 euros que
reclamamos para 2023. Cambiar la referencia del SMI para fijar la pensión
mínima contributiva por la renta mediana es una medida más para reducirlas e
impedir pensiones mínimas suficientes
G. Denunciamos que una vez
más los sindicatos de la Mesa del Diálogo Social, CCOO y UGT avalen la nueva
reforma, reforma que da cobertura a los recortes de las pensiones procedentes
de la reforma de 2011 (que también firmaron estos sindicatos) tales como el
aumento hasta los 67 años de la edad de jubilación, el aumento de los años
necesarios para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años e incluye nuevos
recortes como el aumento de este periodo de cálculo a 29 años. que se ha
producido sin debate alguno en el interior de esos sindicatos y menos aún en el
mundo del trabajo que pretenden representar, El nuevo RDL fija y amplía la
nefasta reforma de 2011, y en la que se amplió el período de cómputo para el
cálculo de las pensiones, desde los 15 a los 25 años, y se retrasó la edad de
jubilación hasta los 67 años.
El ejemplo del sindicalismo
francés, que de manera unitaria lleva ya dos meses de
encarnizada lucha contra el aumento hasta los 64 años de la edad de jubilación,
debería hacer reflexionar a los afiliados y delegados de esos sindicatos, sobre
el papel de unos dirigentes que han olvidado sus intereses de clase entre
despachos enmoquetados.
Consideramos, por tanto,
conjunta y solidariamente dentro de nuestra diversidad y pluralidad, que
esta reforma recorta las futuras pensiones, profundiza los recortes de
las anteriores reformas, no sitúa las pensiones mínimas en niveles de dignidad,
y mantiene y amplía la brecha de género. La nueva reforma se enmarca en la
política de pensiones del actual gobierno que no ha realizado la auditoría que
por ley tenía que realizar, que ha abierto la puerta a las pensiones privadas,
que no ha reducido la edad de jubilación ni ha eliminado los coeficientes
reductores en las personas jubiladas anticipadamente con 40 años cotizados.
Por todo ello expresamos
nuestro rechazo, y llamamos a todas las personas trabajadoras y
pensionistas a desplegar una amplia movilización para cuestionar, limitar
y revertir la ampliación del período de cómputo y los demás efectos regresivos
que contiene el nuevo RDL. De hecho, esta ha sido la forma en que rompimos
la congelación de las pensiones, impedimos la aplicación del factor de
sostenibilidad de Rajoy o retrasamos las medias exigidas por Bruselas durante
meses.
Esta no es la reforma por
la que llevamos tantos años luchando; exigimos a los grupos del
Congreso que en la tramitación del RDL nuestras reivindicaciones sean incluidas
con en el objetivo de garantizar pensiones públicas, dignas, justas y
suficientes.
Seguiremos por tanto
manifestándonos en calles y plazas defendiendo las necesidades de las y los
pensionistas, actuales y del futuro, y el Sistema Público de Pensiones.
Seguiremos dando respaldo y explicando la tabla reivindicativa que
las plataformas y movimientos que firmamos este escrito defendemos
unánimemente:
1. Pensión mínima de 1.080
euros.
2. Eliminación efectiva de
la brecha de género.
3. Período de cómputo para
el cálculo de las pensiones, de los mejores quince años de cotización de cada
persona.
4. Auditoría ya, de las
cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley.
5. Jubilación a los 65
años, en camino hacia los 60.
6. Actualización de
pensiones y salarios según el IPC real y anual, y recuperar la paga
compensatoria anual para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las
pensiones.
7. Derogación de las
reformas de 2011 y siguientes de 2021, 2022 y 2023.
8. No a los planes de
pensiones privados de empresa, ni a la gestión privada de las pensiones
públicas.
9. Jubilación anticipada
sin penalización a partir de los 40 años cotizados.
10. No a la
descapitalización de la Seguridad Social, ni a la liquidación de su patrimonio
inmobiliario.
¡¡¡ GOBIERNE QUIEN
GOBIERNE,
LAS PENSIÓNS PÚBLICAS SE
DEFIENDEN !!!
ASJUBI40 (Asociación
Jubilación Anticipada sin Penalizar),
COESPE (Coordinadora
Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),
EHPM (Movimiento
de Pensionistas de Euskal Herria),
MADPP (Movimiento
Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas),
MODEPEN (Movemento
Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos),
UNIDAD-COESPE (Coordinadora
Estatal de Pensionistas),
PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de
Badajoz, Móstoles,
