martes, 14 de julio de 2020

Para reflexionar sobre el coronavirus



‘El coronavirus es un pretexto para que las grandes potencias reestructuren el mundo sin recurrir a la guerra’


El presidente bielorruso Alexander Lukashenko

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseguró el jueves a la cadena Mir que el coronavirus es un pretexto para que las grandes potencias reformen el mundo sin recurrir a la guerra.

Según Lukashenko mucha gente ya se está haciendo la pregunta principal: “¿Cómo será [el mundo] después de la pandemia? ¿No tienes la impresión de que las potencias [...] quieren remodelar el mundo sin guerras a través de esta psicosis de coronavirus, llamada infodemia?”, añadiendo que Macron ya había descrito la pandemia como una guerra.

Recordó la propuesta de la ONU de dedicar el 10 por ciento del PIB mundial para luchar contra las consecuencias económicas del coronavirus. “Este es un dinero vacío. El dólar estadounidense sigue devaluándose tal como está, y ese [gasto] desencadenará una ola de inflación. Está claro dónde terminará [Bielorrusia] con su rublo”, añadió.

“Aún más: ¿quién recibirá esos trillones de dólares, dónde terminarán? ¿No llevaría esto a que los ricos se hicieran más ricos y los pobres más pobres? Lo haría”, dijo.

Según Lukashenko, las naciones del mundo, incluida Bielorrusia, se ven obligadas a “detenerse, sentarse y comer a través de sus modestas reservas de divisas”.

“Ni siquiera podemos decir que Rusia tenga enormes reservas. Nosotros tampoco las tenemos. Luego, después de gastar el 10 por ciento del PIB, los que queden en pie vendrán y te dirán: aquí tienes un poco, pero a cambio harás lo que te digan. Así es como podrían reestructurar el mundo”, manifestó el Presidente.

Lukashenko subrayó que está preocupado por el futuro de su país, y por eso está tratando de mirar hacia adelante. “Todo el mundo dice que después de la pandemia el mundo será diferente, y yo estoy de acuerdo con eso”, dijo.

“Pero, ¿dónde estará nuestro lugar en este nuevo mundo? Esa es la pregunta principal para mí, no en la coronasicosis, ni la infodemia”.

Es un asunto que pronto será urgente para todos. Será urgente “para Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, que es rico en recursos naturales; más aún, para Armenia, Kirguistán, Ucrania y [el presidente lituano Gitanas] Nauseda, que trata de poner en duda las políticas del presidente de Bielorrusia. Me temo que todos nos dividiremos sin guerra”, continuó Lukashenko.

Explicó su insistencia en que las fábricas bielorrusas sigan trabajando en medio de la pandemia. “Porque puedo imaginar lo que nos sucederá después de esta pandemia, si nos detenemos, como muchos: lituanos, letones y otros”, dijo Lukashenko. “Ellos continuarán. Rusia tiene el petróleo y el gas que todo el mundo necesita hoy en día. China tiene una enorme capacidad económica. Estados Unidos tiene una máquina de imprir dinero: están inyectando dos billones de dólares en ella y dos más ya están en proceso”.

https://tass.com/world/1139259

(*) “Infodemia” es una expresión tomada de la Organización Mundial de la Salud, que pronosticó desde el primero minuto un alud de información alarmista sobre el coronavirus

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Lo que esconden las palabras: la seguridad jurídica que tan molondronamente y bien suena que piden los capitales por boca de este, ese y aquél, como si fueran piadosas ovejitas de Nuestro Señor, gentes de orden y amantes de la paz, y no alteradores del orden público y elementos nocivos que impiden el desarrollo del ser humano, no significa otra cosa que el aseguramiento para ellos, de todas todas, que garantice el robo al producto del trabajo que crean los trabajadores. Un ejemplo: la modificación del articulo 135 acordado fundamentalmente por PSOE y PP. (esto que se olvida no le conviene al trabajador que sea olvidado). La primera práctica de "seguridad" jurídica (y primera piedra en la historia reciente de la inseguridad vital del trabajador) reclamada por los grandes capitales en esto que muchos llaman la España democrática la realizan los primeros gobiernos del PSOE con los contratos basura y los recortes de los derechos sociales de los trabajadores (esto se olvida con frecuencia, pero al trabajador no le conviene que se olvide, porque como lo haga, el zoquetazo en la frente lo tiene asegurado). La seguridad jurídica reclamada pro el gran capital, como si fueran fieles cumplidores de las leyes fiscales, significa inseguridad vital para el trabajador (esto no parece estar muy claro entre los trabajadores, pero convendría que lo estuviera). ¿Seguridad jurídica para que el dinero de los trabajadores de las pensiones pasen a mano del capital privado? ¿Seguridad jurídica para el trabajador trabaje cada vez más, por menos dinero y en peores condiciones para que los capitales aseguren su tasa de beneficio a costa de la vida de los trabajadores? ¿Seguridad jurídica para que las empresas más rentables del Estado pasen a manos de los grandes capitales, quintándole al propio Estado la propia capacidad de financiación? Por estas y otras 155.000 razones es esencial para los intereses de la inmensa mayoría de la población que funcionen, verbo funcionar los Círculos; Asambleas locales; Agrupaciones locales y 154.216..819 grupos de estudio y discusión de trabajadores. Pero que nadie se me sofoque ni altere, porque todo lo dicho, hasta que el trabajador no empiece a tener conciencia de clase (que sí, dabute tronqui colegui que te cagas tío, que las clases sociales no han desaparecido, que el que crea la riqueza es el trabajo) es lo mismo que nada, y por eso yo se le estoy diciendo a la pared, que es muy modosita y no me rechista a nada de lo que le digo, porque para eso las paredes tienen mucho conocimiento, y además, son demócratas de toda la vida, porque uno se mea en ellas y ni se inmutan.


La seguridad jurídica y la “reconstrucción” de la CEOE

Vientosur
13 JULIO 2020 




Eliminar trabas burocráticas. Estimular un clima de confianza. Establecer reglas de juego claras. Mejorar la competitividad. Apostar por la innovación. Profundizar el saneamiento de las cuentas. Promover una fiscalidad eficiente. Proporcionar incentivos adecuados. Fomentar la colaboración público-privada. Impulsar el diálogo social. Fortalecer consensos amplios. Generar riqueza, crear puestos de trabajo y liderar el futuro.
Cualquiera de estas frases hechas podría servir como resumen de cualquiera de las intervenciones de los grandes empresarios que tuvieron lugar durante las dos semanas que ha durado la “cumbre empresarial” organizada por la CEOE. También valdrían para titular cualquiera de las entrevistas dominicales a los líderes del capitalismo español que ha venido publicando El País durante ocho semanas. “Hace falta un nuevo contrato social”, proclamaba Ana Botín en la primera de ellas, antes de insistir en que lo fundamental es que se mantengan los mecanismos de extracción de riqueza: “Solo apoyando al empresario y a las empresas es posible todo lo demás”.
Es la retórica habitual de las grandes corporaciones para avalar las bondades del modelo económico y otorgar legitimidad social a sus objetivos de negocio. Crecimiento, desarrollo, inversión, empleo, sostenibilidad e innovación son conceptos recurrentes en el relato empresarial. De la misma manera que las petroleras abanderan la transición ecológica y los bancos la educación financiera, las compañías que acumulan ganancias con un sistema que destruye los derechos humanos son las que ahora nos vienen a hablar de reconstrucción.
La «reconstrucción» de la CEOE

Las grandes corporaciones tienen claro por dónde pasa la “reconstrucción económica”: “Más flexibilidad laboral y rechazo al alza de impuestos”, sintetizaba la portada de Expansión tras la inauguración del show de la patronal. O, dicho de otro modo, por dónde no: se trata de blindar las conquistas empresariales obtenidas tras las sucesivas reformas laborales y rebajas fiscales que tuvieron lugar en las últimas décadas. Cuando los empresarios hablan de “innovación para salir de la crisis”, lo que vuelven a exigir es que se reduzcan aún más los impuestos a las grandes compañías, que el Estado siga subvencionando sus costes laborales y que se las rescate con fondos públicos.

Mantener intactas las fortunas y privilegios empresariales, en época de incertidumbres, requiere también fortalecer la hegemonía cultural de la gran empresa como pilar fundamental del modelo socioeconómico
Ante la profunda crisis socioeconómica que viene, las élites político-empresariales que han venido dominando el capitalismo español desde mediados del siglo pasado saben que está en juego su propia supervivencia. De ahí que, dando carpetazo a la década en que su presidente acabó en la cárcel y las grandes compañías llegaron a montar su lobby paralelo —el Consejo Empresarial para la Competitividad—, la CEOE haya renovado su imagen y su discurso para volver a presentarse como la gran aglutinadora de los intereses de “nuestras empresas”.
Sin apenas declaraciones altisonantes y mostrando su predisposición al “consenso y diálogo social”, la patronal continúa con el mismo objetivo de siempre: presionar al gobierno para que continúe con sus políticas business friendly. Hasta la fecha, con un éxito indudable: a la línea del ICO de 100.00 millones de euros en avales a créditos bancarios para que las empresas dispusieran de liquidez, hay que sumarle ahora 40.000 millones más en avales para inversiones productivas y otros 10.000 millones para que el Estado entre en el accionariado de empresas en quiebra. De nuevo, socialización de pérdidas sin redistribución de ganancias. Todo ello, a pesar de las declaraciones sobre la “recuperación verde” y la necesidad de un “cambio de modelo productivo”, sin plantear siquiera unas mínimas exigencias socioambientales.
En el marco de esta nueva lex mercatoria, la seguridad jurídica únicamente se concibe como un principio vinculado a los intereses económicos dominantes
Mantener intactas las fortunas y privilegios empresariales, en época de incertidumbres, requiere también fortalecer la hegemonía cultural de la gran empresa como pilar fundamental del modelo socioeconómico. Así, junto a la batería de términos positivos asociados al eslogan “Tenemos futuro”, los buques insignia de la Marca España han apostado por difundir por tierra, mar y aire su supuesta función estabilizadora del sistema. El presidente de Inditex, Pablo Isla, subrayó esta idea al abrir la cumbre de la CEOE y al cerrar la serie de entrevistas del diario de Prisa: “Es muy importante dar seguridad jurídica y confianza para atraer y retener inversiones”.
A vueltas con la «seguridad jurídica»

Invocar la noción de “seguridad jurídica” como fundamento central de la protección de los contratos y los intereses comerciales se ha convertido en un clásico en el discurso habitual para apoyar la expansión de las grandes empresas españolas. Lo pudimos comprobar, durante las dos décadas pasadas, cada vez que “nuestras empresas” tuvieron conflictos con los gobiernos latinoamericanos que quisieron renegociar las condiciones tan favorables con las que operaban en sus países. “El gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera”, decía El País en 2012 tras la expropiación de YPF a Repsol, sin tener en cuenta que la decisión del ejecutivo argentino estaba avalada —como lo estaría en España una intervención similar— por la constitución del país.

Cuando hoy vuelve a desempolvarse este concepto, es para recordar una vez más la fortaleza de la armadura jurídica internacional que tiene como razón de ser la defensa de los negocios de las compañías multinacionales. Hablamos de todas esas miles de normas, acuerdos y tratados bilaterales, multilaterales y regionales que han sido promovidos durante medio siglo por los Estados centrales e instancias como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, para conformar la arquitectura de la impunidad en la que desarrollan sus negocios las grandes corporaciones. En el marco de esta nueva lex mercatoria, la seguridad jurídica únicamente se concibe como un principio vinculado a los intereses económicos dominantes.
Bajo el mantra de la colaboración público-privada, pretenden imponernos el enésimo plan de ajuste estructural; tanto en las empresas como en los presupuestos públicos
Pero la seguridad jurídica es un principio internacional que no solo debería estar vinculado a valoraciones económicas. Las medidas que tomaron en la última década los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador para nacionalizar algunos sectores económicos, al igual que las medidas contempladas por el gobierno español en el decreto del estado de alarma en relación a la intervención estatal en sectores estratégicos —que nunca han pasado de ser una mera declaración de intenciones—, demuestran que los Estados se encuentran facultados para modificar leyes y contratos con las transnacionales si estos establecen un trato que vulnere los derechos fundamentales de la mayoría de la ciudadanía. Hay abundante doctrina jurídica al respecto: las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales tendrían que prevalecer sobre las leyes comerciales y de inversiones. La práctica, sin embargo, nos muestra una y otra vez que la realidad no funciona así. Porque no se trata de una discusión de técnica jurídica, sino de un conflicto de raíz político-económica.
Las grandes empresas desarrollan sus negocios con único objetivo: maximizar el beneficio y la rentabilidad para sus propietarios. Pero cuando hay crisis recurren a una vieja estrategia: identificar su interés privado con el interés general. Por eso vuelven a exigir seguridad jurídica, para dar cumplimiento a su “derecho” a continuar con el proceso de reproducción del capital. Con el lema “Empresas españolas liderando el futuro”, trata de reflotarse la marca-país para asegurar la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo económico. Bajo el mantra de la colaboración público-privada, pretenden imponernos el enésimo plan de ajuste estructural; tanto en las empresas (despidos, precarización, devaluación salarial), como en los presupuestos públicos (exenciones fiscales, préstamos a fondo perdido, rescates para las grandes compañías).
La asimetría del horror 

La historia de la globalización capitalista es la historia de una asimetría normativa que se articula en torno a una idea central: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas de comercio e inversión, a la vez que sus obligaciones se reenvían a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a la ortodoxia neoliberal— y se desdibujan tras la voluntariedad de la “responsabilidad social”. Mientras que hemos perdido la cuenta de cuántas reformas laborales y del sistema de pensiones hemos sufrido, el Estado ha ido firmando cientos de tratados comerciales y acuerdos de protección de inversiones para asegurar los negocios de “nuestras empresas” por todo el mundo.
La privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están haciendo que los derechos humanos vayan siendo expulsados del imaginario colectivo
Quienes hablan de emplear con fuerza el principio de seguridad jurídica para proteger con la máxima eficacia los negocios de las transnacionales, no lo tienen en consideración cuando se trata de desregular los derechos de las mayorías sociales en todas aquellas materias susceptibles de comprarse y venderse. Reacios a controlar los abusos cometidos por las grandes corporaciones e imponerles contrapesos y sanciones, los Estados se muestran decididos a la hora de blindar sus fronteras y aplicar “todo el peso de la ley” a quienes están por debajo del vértice de la pirámide de las relaciones de poder. Podrían citarse miles de ejemplos.
Las condiciones extremas en las que trabajen y malviven las temporeras marroquíes de la fresa en Huelva. Las redadas policiales que sufren los trabajadores de la fruta en Lleida. Las trabajadoras migrantes que son contratadas como cuidadoras con plena disponibilidad por dos euros la hora en Gipuzkoa. Las prácticas antisindicales de las subcontratas de Inditex en Myanmar. Las multinacionales como ACS, Indra, Telefónica o Ferrovial que se lucran con la industria de control migratorio. Las compañías como Iberdrola y Repsol que hablan de sus horizontes de descarbonización mientras aumentan sus emisiones de gases contaminantes. “La ley es igual para todo el mundo”, decía el rey Juan Carlos mientras urdía una trama societaria para blanquear las comisiones millonarias obtenidas con el proyecto estrella de la Marca España.
La privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están haciendo que los derechos humanos vayan siendo expulsados del imaginario colectivo. Todo ello tiene una profunda conexión con una lógica colonial y racista que presupone que hay diferentes derechos para diferentes categorías de personas. Para continuar con su dinámica de crecimiento y acumulación, el sistema necesita mantener a personas —principalmente, migrantes— ubicadas en territorios de “no derechos”. Las fronteras, los aeropuertos, la venta ambulante, los invernaderos, los mataderos, el sector agrícola o el trabajo doméstico son limbos jurídicos, funcionales al racismo y la xenofobia. En ninguno de estos casos se ha escuchado a la patronal reivindicar la seguridad jurídica.
Invertir la pirámide normativa

Hace diez años, Díaz Ferrán marcaba la línea de la CEOE para salir de la crisis: “Hay que trabajar más y ganar menos”. Hoy, a pesar de su renovada imagen de marca y de la cuidada puesta en escena, la perspectiva de las clases dominantes que gobiernan el capitalismo español permanece inalterable: “Este año las vacaciones debe tomarlas el que pueda y cuando pueda. Las cosas no están para bromas”, ha dicho el presidente de Viscofan en la reciente cumbre empresarial. El relato de las “propuestas de futuro para la recuperación” pasa por continuar con la lógica de acumulación por desposesión, expulsión y necropolítica.
El Estado de Derecho sufre una fuerte descomposición cuando la asimetría normativa coloniza el núcleo central de su funcionamiento. En la Unión Europea existe un marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y este se vincula, a su vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, la “independencia” de los bancos centrales, el pago de la deuda. Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, por encima de los posibles cambios gubernamentales que puedan darse en el marco de la democracia representativa. Es una arquitectura jurídica imperativa, coercitiva y ejecutiva; ha de cumplirse sí o sí, salvo enfrentamiento descarnado con los poderes financieros, como ocurrió en el caso de Grecia frente a la troika.
En este contexto, frente a esa hiperinflación normativa de la lex mercatoria que contribuye a blindar los beneficios empresariales, ¿qué pasa con la seguridad jurídica de los derechos de las víctimas de las grandes corporaciones y los fondos de inversión transnacionales? La noción de seguridad jurídica no es neutral, objetivable, sino que permite diferentes interpretaciones. Es un concepto que las élites expropian del sistema internacional de los derechos humanos y lo recolocan en favor de la propiedad privada, situando la acumulación de riqueza en el vértice de la jerarquía normativa. La seguridad jurídica, al fin y al cabo, no es sino una expresión más de la disputa frontal entre intereses radicalmente opuestos.
Por un lado, sirve para formalizar las relaciones de fuerza entre los de arriba y las de abajo, que aparece mediatizada por el poder corporativo. Por otro, contribuye a tutelar los derechos humanos, sociales, culturales y medioambientales por encima de los intereses del capital. Esta segunda interpretación enlaza con un uso alternativo de las normas jurídicas a favor de todas las personas que se encuentran al margen del núcleo central del modelo corporativo, en situaciones de “no poder”.
Invertir esta jerarquía normativa, para resituar en su vértice los derechos fundamentales de las mayorías sociales, requiere un conflicto frontal con los grandes propietarios y las corporaciones transnacionales. Es una disputa que exige transitar de lo legítimo a lo legal, para que sean los derechos humanos los que vertebren la seguridad jurídica. Lo contrario, utilizar este principio para blindar las ganancias empresariales, es ilegítimo. Por mucho que la CEOE quiera convertirlo en la única legalidad posible.
12/07/2020

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Como sin mojarse el culo ni siquiera se puede tener el pez más pequeño y tonto de la reunión, o sea, que quiere decirse, que sin leer un puñetero libro, sin saber ni por donde viene el viento, a los trabajadores, que ni más ni menos somos la inmensa mayoría de la población, nos las están dando, y van a seguir dándonoslas todas en el mismo carillo, y por delante, por detrás y por la Unión Europea, sin vaselina ni participación nuestra ni nada de nada, tal cual, a palo seco, y alientos por el cogote de cuando en cuando, adjuntando birle y quite, sin nuestro consentimiento, pues que se hace imprescindible, antes de que nos rompan el pescuezo del todo, poner en marcha (sin esperar a que los jefes toquen el pito de poner en marcha) los Círculos de Podemos; las Asambleas locales de Izquierda Unida, las Asambleas locales del PSOE, etc., para ir viendo, por ejemplo, qué hacen y cómo otros movimientos sociales para sacarse las castañas del fuego, e ir adaptando eso que hacen a la realidad española del pas, pes, pis, pus y post pandemia, y también par ir viendo si hay que cantarles las veinte en oros, o en plata, o en copas o en espada o en bastos, a los jefes o ver si también es necesario cantarles las cuarenta más una de dimisión de verdad, porque no estamos en la butifarrada del me gusta, no me gusta, que me entran las vomitinas de facebook, y que más eres tú, oye, so facha monocular, pues anda que tú, pedazo social Pili Mili fascista populote electricista, sino que se trata de que están jugando con nuestras vidas. Esas vidas que los que saben dicen que hay que vivir. Sin entrar ahora en los pajaritos cantores que mañana yo les voy a dar pintados de verde a lo ecolicuá, porque, no es por nada, pero uno esto de lo eco lo domina.


El movimiento francés demostró un potencial revolucionario que veremos surgir en la postpandemia

Los chalecos amarillos y la invención del futuro

Rebelion
13/07/2020 

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Fuentes: Observatorio Internacional de la Crisis

La revuelta de los Chalecos Amarillos ha sido interpretada y analizada muchas veces y de muchas maneras. La derecha y la mayoría de los medios de comunicación, han definido al movimiento como casi fascista, como una forma de delincuencia colectiva, en una palabra, como una amenaza a la democracia y sus instituciones.
También entre gente que simpatiza con los movimientos sociales – incluidos muchos activistas de izquierda – ha existido una fuerte reserva sobre esta nueva forma de acción política. Muchos en la izquierda tradicional desconfían de la lucha de los Chalecos Amarillos por «confusa» o «poco clara”.
Que los Chalecos Amarillos inspiren tales reacciones muestra hasta qué punto el movimiento ha sorprendido, avergonzado, desorientado e incluso preocupado al sistema político . Los Chalecos Amarillos, en otras palabras, son un movimiento que ha sacudido los patrones y criterios establecidos por la «sociología política institucional”.
El factor principal que desencadenó las protestas – el «impuesto sobre el combustible”- ha llevado a algunos a pensar que los Chalecos Amarillos son anti-ambientalistas y que defienden el derecho de los automovilistas a contaminar el cuanto quieran.
Pero a pesar de estos ataques, una cosa es cierta: este levantamiento popular es un evento político muy significativo. No debemos olvidar cuánto duró, cuánto provocó y por qué obtuvo el apoyo mayoritario de la población. Pero, sobre todo, las características de esta revuelta son las que marcan un punto de inflexión en la historia social y política de Francia.  
Primero: una explosión espontánea en las redes sociales avanzó hacia una dinámica de auto-organización. Segundo: tienen una composición sociológicamente (son asalariados, jubilados, desempleados, propietarios de pequeñas empresas y mujeres que no tenían experiencia previa en movilización colectiva). Y tercero, han inventado formas originales de acción ( ya no son las manifestaciones sindicales en los «grandes bulevares», ahora son  ocupaciones de las «rotondas» en todas partes y, demostraciones, todos los sábados, a veces violentas en el centro de París).
Las discusiones se han focalizado en cómo definir el movimiento: ¿revuelta, insurrección, jacquerie ? No han faltado todo tipo de interpretaciones léxicas.
Lo que se ha olvidado es que la revuelta es básicamente la irrupción de “voces desde abajo”. Voces que han sido silenciadas  y excluidas de cualquier tipo de representación, Voces de ciudadanos que han sido víctimas en las decisiones de las elites políticas y financieras.
Pero, la característica más importante de este levantamiento popular es que inventó con éxito nuevas formas para enfrentar directa e intransigentemente la lógica neoliberal.
Lo que realmente llama la atención es la lúcida conciencia de estos actores que no han olvidado nada del pasado y que supieron reconocer la continuidad de las políticas neoliberales de Sarkozy, Hollande y Macron. De hecho, lo que desató la revuelta fue precisamente la aceleración del programa neoliberal de Macron.
Desde el principio, los Chalecos Amarillos entendieron perfectamente que esta lógica aumenta las desigualdades sociales y territoriales,  que se trata de una política que reduce los impuestos a los ricos y que disminuye los servicios públicos de los que dependen los más pobres para sobrevivir.
El principal resultado de esta revuelta es el establecimiento de una nueva entidad colectiva que se niega a disociar la lucha por la justicia social con la lucha por el medio ambiente y con la búsqueda de nuevas formas prácticas de ejercer la democracia.
Al respecto, debemos observar las características de la revuelta. Primero: aunque la revuelta sólo fuera con un «síntoma» de la crisis de la democracia representativa, los Chalecos Amarillos han sido los protagonistas de una crítica activa, aguda y radical de las instituciones políticas y de su profesionalización oligárquica.
Segundo: estamos ante un proceso de formación de nuevas subjetividades radicales que hasta hace poco habían sido «invisibilizadas» por su situación geográfica, su variedad de condiciones socioeconómicas y su distancia del sistema político, mediático y económico tradicional. Estas nuevas subjetividades son inseparables de las prácticas que caracterizan al movimiento de los Chalecos Amarillos.
La revuelta desafió, de manera práctica, los métodos de organización y discursos clásicos de contestación social. Según la hipótesis de Laurent Jean-Pierre estamos ante la invención de nuevas formas de acción y organización y la revuelta marca el comienzo de un nuevo ciclo de contestación social.
 Las tres negaciones
La revuelta de los Chalecos Amarillos cuestionó directamente la política de representación establecida y lo hizo con tres negativas concomitantes.
Primero: el movimiento se negó a someterse a los movimientos sociales tradicionales que se desarrollaron a partir del siglo XIX, el movimiento despegó su acción de manera independiente de sindicatos y de partidos políticos . Por cierto, esta es la razón por la cual los Chalecos Amarillos han desconcertado a muchos líderes políticos y sindicales que no han sabido qué hacer con este tipo de revuelta atípica.
Un aspecto del movimiento que es particularmente llamativo se deriva del hecho que el tema de las relaciones capital-trabajo no se presentó de manera directa en sus demandas. Al contrario de otros movimientos el desempleo y las condiciones laborales no fueron una tema central.
El objetivo de la revuelta era más bien la injusticia fiscal y social, percibida como la principal responsable de los bajos ingresos. Las demandas, no estaban dirigidos contra los «empleadores» sino contra Macron, el Estado y la Oligarquía, todos mezclados sin distinción.
Segundo: La revuelta se negó desde el principio a operar en el marco de la «democracia representativa». No sólo no se invitó a los partidos políticos a participar del movimiento, sino que se denunció a quienes «intentaban cooptar» el movimiento.
En consecuencia, quisieran o no, los partidos políticos de izquierda y derecha mantuvieron distancia del levantamiento y fueron relegados al papel de espectadores de un enfrentamiento entre el Estado y los Chalecos Amarillos (Por tanto, los activistas de extrema izquierda o de extrema derecha que se involucraron en el movimiento lo hicieron usando un chaleco amarillo, nunca reclamando abiertamente una organización o ideología).
Tercero: el movimiento negó la representación establecida por los discursos dominantes. De hecho, no sólo rechazaron partidos políticos, sindicatos e instituciones representativas, sino también fueron impugnados los discursos políticos y mediáticos que supuestamente «representan» a la sociedad.
El discurso político, en particular, se juzgó demasiado distante y abstracto, es decir, demasiado lejano de la «vida real» y, por lo tanto, incapaz de significar las condiciones concretas y vividas de la «gente de abajo».
Esta negativa a la alienación política de las personas se relacionan con el «bla bla bla» deshonesto de los políticos. Esta objeción a «palabras que no significan nada» no fueron meramente negativas. Los Chalecos Amarillos buscaron formas de articular una voz colectiva que pudiera hablar con franqueza sobre por qué es difícil ganarse la vida, sobre el sufrimiento social y sobre los callejones sin salida de millones de personas.
La memoria histórica de la Revolución Francesa, los símbolos como la bandera nacional y la Marsellesa y expresiones como «somos el pueblo» ayudó enormemente a las personas a articular sus demandas. De esta manera la voz colectiva de los Chalecos Amarillos conectó las experiencias diarias con el recuerdo de un evento histórico fundador de Francia.
Prácticas fundadoras o instituyentes de los Chalecos Amarillos
La revuelta fue una oportunidad para construir un nuevo discurso político y fue desconcertante para quienes se consideran «representantes legítimos» de la sociedad: políticos, periodistas, activistas sindicalista, etc.
Al contrario de lo que se ha dicho, los Chalecos Amarillos no son «apolíticos». El movimiento es  «transversal» o “anti-partido”, y eligió construir un nuevo discurso político a partir de experiencias diarias, personales y locales.
El tema colectivo de este discurso no era una clase o un cuerpo profesional o un grupo ya establecido, sino una masa de individuos identificados como un grupo reconocible por el hecho  que usan un chaleco amarillos y también por haber formado una comunidad de experiencias y similitudes en sus vidas.
El principio de rechazar la representación establecida, que puede expresarse como «nadie tiene derecho a hablar por nosotros», es una voz claramente política que rechaza la mediación tradicional . Es una reivindicación para hablar con claridad sobre la vida cotidiana de millones de personas pobres o modestas .
Y este discurso directo va acompañada de valores no negociables. Es una voz colectiva que reclama mayor justicia social y mayor igualdad, sin mediación, sin portavoces, sin objetivos específicos.
Esto, entre otras cosas, es lo que hace que esta revuelta sea diferente de los movimientos sociales «clásicos», organizados contra una decisión que afecta a una categoría profesional particular, contra una ley que ataca un aspecto de la vida o contra una medida política específica y que, en el mejor de los casos, lleva a una «negociación».
Los Chalecos Amarillos no están simplemente pidiendo el «fin de la austeridad» o defendiendo “esto o aquello” o luchando contra la reforma de las pensiones. El hecho más notable es que a partir del alza del precio del combustible, todo el sistema de desigualdades de la sociedad fue cuestionado y luego, muy rápidamente, se cuestionó también un sistema político que legitima, mantiene y empeora las desigualdades.
La demanda política de igualdad y justicia social es doble: universal y local. Se manifiesta en dos tipos de práctica. El primer tipo son las manifestaciones todos los sábados en el corazón de los centros de poder y justo en el medio de los barrios elegantes de París . Allí se proclama la igualdad para todos y se denuncia la injusticia social que afecta a todos.
La segunda práctica es la ocupación de las rotondas, que son campamentos que sirven a la organización territorial. En las carpas las personas discuten diferentes formas de continuar la lucha, las demandas y sus prioridades. Se establece una nueva lógica de las asambleas locales, lo que Laurent Jean-Pierre llama la «re-politización del lugar”.
La ocupación de las rotondas se extendió por todo el territorio interconectada mediante las redes sociales. Sobre esta base se creó una programa nacional de demandas y se planificó la movilización en las ciudades de acuerdo con el principio de «rotación centralizada «.
Aunque la utilización de Facebook ayudó a superar la represión, lo más sorprendente – y quizás más prometedor-  es la organización federativa que condujo a la creación de «asambleas de asambleas» en Commercy , Saint-Nazaire , Montceau-les-Mines.
Un desafío y un comienzo
Los Chalecos Amarillos han sido una revuelta completamente nueva que ha roto todas las reglas habituales de los conflictos sociales. El movimiento ha demostrado la existencia de un enorme potencial revolucionario contra las desigualdades del sistema neoliberal. Este potencial es explosivo, a pesar de los intentos de cooptación por la extrema derecha.
Dos aspectos de este potencial revolucionario merecen atención extra.
Si bien somos testigos, al menos aparentemente, del crepúsculo de las organizaciones tradicionales que surgieron del socialismo y el sindicalismo histórico ( y que hasta ahora parecen incapaces de reinventarse) estamos viendo la aparición de nuevas poderosas formas de lucha por la igualdad y justicia social.
Los actores de estas nuevas formas de organización se niegan a ser embargados por organizaciones burocráticas o por líderes carismáticos muy al contrario de la «razón populista» teorizada de manera imprudente por Ernesto Laclau, para apoyar la lógica antidemocrática de la representación política.
El nuevo hecho es que un movimiento auto-organizado ya no es prerrogativa de los jóvenes precarios ( a menudo altamente educados) o de los trabajadores de la industria del entretenimiento francés o de los activistas de la Nuit Debout. Más bien el nuevo movimiento pertenece a personas de categorías sociales muy diferentes, muchas de las cuales se presumía no tenían competencias políticas.
La originalidad de la revuelta de los Chalecos Amarillos  fue su creación de un «nosotros» a través de un signo común visible ( el chaleco) y por medio de colectivos virtuales creados en las redes sociales.
Por supuesto, que hay más de una pregunta importante que deberá resolver el movimiento: ¿ será políticamente efectiva y duradera una forma original de democracia radical sin renunciar a sus principios cardinales? ¿será capaz de desarrollarse más allá de la pandemia y crear un movimiento nacional que preserve sus características locales, descentralizadas y democráticas?
La respuesta práctica apareció durante las «asambleas de asamblea» del movimiento. La declaración de los Chalecos Amarillos de la localidad de Commercy (una ciudad en el norte de Francia) llamó a «crear una Asamblea de Asambleas y la Comuna en  los Municipios».
En la reunión los delegados de varios cientos de asambleas populares locales reflexionaron colectivamente sobre el tema para facilitar un movimiento descentralizado y elaborar un bosquejo de una Federación de Comités Populares que se identifiquen con la democracia directa, la ecología y las demandas de igualdad. ¿Qué surgirá de esta dinámica federativa?  No lo sabemos.
El segundo aspecto a tener en cuenta es la forma en que este movimiento ha enfrentado e incluso desbaratado las propuestas de la ecología neoliberal, que hoy uno de los ejes centrales del neoliberalismo para los próximos años y décadas. Por «ecología neoliberal» nos referimos los discursos y las políticas que consisten en atribuir la responsabilidad de la crisis climática al comportamiento individual y en particular de los miembros de las clases populares, estableciendo de manera simultánea incentivos fiscales al capital cuyo efecto es el aumento de las desigualdades.
La gestión neoliberal de la crisis climática culpa a cada individuo, sea cual sea su clase social o su nivel real de responsabilidad. Esto hace posible descargar la carga de una engañosa “transición ecológica” sobre la mayoría de la población,  en especial sobre los más débiles.
En este sentido, la revuelta de los Chalecos Amarillos es una de las primeras movilizaciones que articulan el tema de la igualdad y el clima, la justicia social y la justicia climática. Es, sin duda, también su principal lección para la izquierda global.
Pierre Dardot es filósofo y especialista de Hegel y Marx. Sus libros más recientes, escritos junto con Christian Laval, incluyen Common: On Revolution in the 21st Century (Bloomsbury, 2014), The New Way Of The World: On Neoliberal Society (Verso Books, 2017) y Never-Ending Nightmare: The Asalto neoliberal a la democracia (Verso Books, 2019).