domingo, 18 de septiembre de 2016

MARIANO RAJOY Y SU GOBIERNO: CORRUPTUS-CORRUPTIS. QUIEN TUVO RETUVO Y GUARDÓ PARA CUANDO ESTUVIERA EN FUNCIONES

Fernández Díaz pagó con dinero público millón y medio de euros por un “chivatazo” sobre cuentas en Suiza de Trías que resultó ser falso


Por Kaos. Països Catalans
17.09.2016
Según informa el  periodista Miguel Ángel Aguilar en el diario Ahora Semanal, desde el Ministerio del Interior se pagó un millón y medio de euros a una persona que proporcionó datos sobre supuestas cuentas irregulares de Xavier Trias, a la sazón alcalde de Barcelona y candidato por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a la reelección en […]
(Jorge Fernández, seguidor de San Agustín cuando este era un golfo. Miembro de la secta extranjera del Opus Dei. Concebido con pecado original, protegido para asuntos menores por el Angel Marcelo, ministro de la interior del PP y maniroto para gastar dinero que no es suyo en asuntos políticos propios, lo cual es pecado de carne mortal lacia. Amén chiquet)
Así funcionan las cosas en España y, en concreto, así funcionan en su Ministerio del Interior.Según informa el  periodista Miguel Ángel Aguilar en el diario Ahora Semanal, desde el Ministerio del Interior se pagó un millón y medio de euros a una persona que proporcionó datos sobre supuestas cuentas irregulares de Xavier Trias, a la sazón alcalde de Barcelona y candidato por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a la reelección en las municipales del 24 de mayo de 2015. El chivatazo tan bien remunerado tenía el interés inminente de invalidar a Trias y seguir con la cadena de ataques lanzadas contra el independentismo catalán y su entorno por parte del Ministro Fernández Díaz, pero, para colmo, la información aportada resultó ser falsa. Un millón y medio de euros de dinero público utilizado, al estilo de aquellos famosos “fondos reservados” con los que se financiaron los GAL, para el acoso y derribo, a como dé lugar, de adversario político. Y que la información fuese falsa a la postre es lo de menos: en cualquier caso ese millón de euros ya cumplió su función y los medios afines dieron toda relevancia y veracidad a la noticia.
Noticia completa:
La perrita Lola, mascota inseparable del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, carece de adiestramiento para detectar los fajos de billetes de papel moneda. Por eso no hubiera hecho la muestra en el despacho de su amo si se le hubiera presentado el maletín donde estaba acoplado un millón y medio de euros del que era portador el jefe del comando patriótico, inspector José Ángel Fuentes Gago. La misión encomendada era entregarlo en Suiza, adonde voló a mediados de septiembre de 2014 en un avión de la Policía. Su destinatario era un garganta profunda con relevante hoja de servicios que prometía a cambio datos sobre supuestas cuentas irregulares de Xavier Trias, a la sazón alcalde de Barcelona y candidato por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a la reelección en las municipales del 24 de mayo de 2015. El chivatazo tan bien remunerado tenía el interés inminente de invalidar de modo súbito a Trias, pero la información aportada resultó ser falsa de toda falsedad.
Antes de que así se revelara, el escándalo prefabricado había sido bombeado sirviéndose de las páginas amigas del diario El Mundo con las firmas de Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, quienes junto a la editora del rotativo se encuentran demandados en una querella instada por Xavier Trias, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, José Emilio Coronado. La querella se tramita por procedimiento abreviado, después de que la Fiscalía Anticorrupción desmontara la patraña y archivara la denuncia inicial de la Policía al estimar que carecía de indicios que avalaran la existencia de las cuentas en el extranjero atribuidas al querellante.
En el despacho del ministro
El caso prueba que la sombra del PP en Interior es alargada y viene a sumarse a la serie de acciones emprendidas por la que se ha dado en llamar Policía política formada por comandos patrióticos, a la manera del destacado en este caso en Suiza, que han sido utilizados para destruir a los adversarios del ministro. Todo ello combinado con lucrativos negocios facilitados a los amigos de la casa. Pero el asunto subiría de color si se probara que en esta ocasión el comando fue arengado antes de emprender la misión por el ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho oficial, donde sus componentes habrían sido también felicitados a su regreso. Aseguran fuentes solventes que existen grabaciones sonoras de esas escenas entre otras muchas bien guardadas de las que apenas han trascendido hasta ahora las conversaciones del titular de Interior con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, mantenidas entre el 2 y el 16 de noviembre de 2014.
Como sucedió con Amedo y Domínguez, que conservaron rastros de los GAL para garantizarse la inmunidad, ahora otros policías atesoran grabaciones como las mencionadas, que consideran su salvaguardia contra cualquier intento de ser llamados al orden por las irregularidades en que hubieran podido incurrir. El ministro en funciones sabe que cualquier movimiento en falso puede desencadenar efectos fulminantes si llegaran a conocimiento público tanto los pormenores del encargo al comando antes de partir como de la recepción a su vuelta para conocer detalles de la misión cumplida.
Sostiene la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, que el Gobierno, por estar en funciones, queda fuera del control del Congreso de los Diputados, como si por esa condición en un fantástico salto atrás solo pasara a ser responsable “ante Dios y ante la Historia”, conforme Francisco Franco, caudillo de España, se autoproclamaba en el preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958. La negativa del Gobierno en funciones a comparecer ante el Congreso ha generado un recurso que aceptó considerar el Tribunal Constitucional el pasado junio, pero cuya resolución sigue pospuesta hasta mediados de octubre. Mientras, la doctrina SSS ha vuelto a ser  reactivada en estos días para salvar al soldado De Guindos, ministro de Economía y Competitividad y encargado del departamento de Industria, Energía y Turismo, de comparecer en el Pleno del Congreso de los Diputados que debiera celebrarse por acuerdo de la Mesa de la Cámara.
Todo indica que con más motivo, por tratarse de asuntos de mucho mayor calado que se refieren al uso partidista que ha hecho de la Policía para perseguir a sus adversarios políticos, el ministro Jorge Fernández Díaz quedará blindado. De manera que, aunque sigan acumulándose las solicitudes de comparecencia formuladas por los grupos parlamentarios pidiendo que se explique, ese campeón de la lucha anticorrupción que proclama ser el Partido Popular y el Gobierno que respalda mantendrá una cerrada negativa y volverá a retratarse como defensor de la impunidad fuera de control. Atentos.
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FLORENTINO PÉREZ, RUMBOSO Y MAFIOSO PARA DESVALIJAR LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES, O SEA, DEL ESTADO

El otro gran negocio de Florentino Pérez: las indemnizaciones del Estado por sus negocios ruinosos


Por Kaos. Estado español 17.09.2016

¿Que cantidad de los recortes sociales llegan a los bolsillos-bolsilletes de Florentino Pérez, y en cuánto contribuye a la deuda pública, que no es pública, sino mafiosa)


Florentino Pérez parece haber descubierto una fórmula magistral para asegurar la rentabilidad de sus proyectos: si el negocio no marcha como se esperaba,reclamación al Estado. Fomento ha reconocido que, como ya ocurrió con el almacén de gas Castor, tendrá que indemnizar al aglomerado constructor que dirige el empresario por el túnel del AVE a París. Lo […]


Florentino Pérez parece haber descubierto una fórmula magistral para asegurar la rentabilidad de sus proyectos: si el negocio no marcha como se esperaba,reclamación al Estado. Fomento ha reconocido que, como ya ocurrió con el almacén de gasCastor, tendrá que indemnizar al aglomerado constructor que dirige el empresario por el túnel del AVE a París.

Lo cierto es que el presidente de ACS se atiene a pies juntillas a una cláusula especial que la administración pública española con frecuencia incluye en sus contratos: laresponsabilidad patrimonial. Estas palabras no indican otra cosa que si una concesión del Estado para obra pública de infraestructura no alcanza los volúmenes de negocio previstos, esta brecha se debe suplir mediante aportaciones que procederán directamente de las arcas públicas.
Hace unos días saltó la noticia de que la concesionaria del túnel transpirenaico por el que circula el poco concurrido tren de alta velocidad entre Madrid y París paseaba al borde de la quiebra y que pronto reclamaría responsabilidades al Estado español. Este viernes, el Ministerio de Fomento no ha tenido otro remedio que reconocer que una vez más deberá echar mano a su caja fuerte para cumplir con las proyecciones que en su día se ofrecieron al grupo constructor que lidera Florentino Pérez.
La negativa de la banca acreedora a asumir el plan de viabilidad presentado por TP Ferro, la concesionaria del túnel en cuyo accionariado participa el grupo ACS junto con el francés Eiffage, ha precipitado la bancarrota y, por extensión, la exigencia de los pertinentes resarcimientos públicos. El ministro en funciones Rafael Catalá ha explicado que efectivamente “el contrato de concesión prevé que las administraciones públicas españolas y francesa tienen la responsabilidad patrimonial, que es la del rescate de la infraestructura, y se deberá indemnizar a la concesionaria por las inversiones llevadas a cabo y no recuperadas”, afirmó en la tarde de ayer en Málaga.
Ante esta sentencia que admite poca discusión, el punto de debate estará en el importe de este nuevo rescate público. Desde fuentes próximas al entorno de Florentino Pérez referidas por varios medios se lleva apuntando varios días a la posibilidad de que el montante reclamado esté entre los 450 y los 500 millones de euros, un abultado volumen que augura una larga batalla judicial para algunos que otros no prevén.
Los segundos cuentan con el argumento de lo acontecido en el almacén de gas Castor. La suspensión del proyecto al poco de su arranque debido a la sucesión de varios terremotos y temblores de tierra en las costas de Castellón frente a las que se ubica la instalación submarina se ha traducido hasta el momento en una indemnización para Escal, antigua sociedad filial de ACS y Enagás, en indemnizaciones por hasta1.350 millones de euros, de los que parte no se habrían publicitado a través de los cauces más oficiales.
Frente a esta práctica habitual en labores de ingeniería de calado, Florentino Pérez parece haber corrido peor suerte en su otro gran negocio: el Real Madrid que también preside. El Ayuntamiento de Madrid, regido por la exjueza Manuela Carmena, ha anunciado que reclamará al club merengue 18,4 millones de euros de ayudas públicas entregadas en anteriores legislaturas y de dudosa tramitación.
Agencias/Prensa

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