domingo, 30 de abril de 2017

CAPITALISMO Y CORRUPCIÓN Y SUS TROMPETILLAS: VESTIDA LA MONA DE SEDA Y MARIANO RAJOY DE LAGARTERANA RUMBOSA, QUEDA LA PRIMERA TAL QUE MONA Y MARIANO RAJOY, MISMAMENTE COMO MARIANO RAJOY



Capitalismo y corrupción



Por Federico Grom
Kaosenlared
30.04.2017
Los últimos años han sido un no parar de casos de corrupción. No es que uno pudiera decir que en otros periodos no la hubiera. Pero pareciera que el número de casos que salen a la palestra pública ha aumentado significativamente. El propio presidente Mariano Rajoy deberá declarar en el marco de una “macro causa” […]











Los últimos años han sido un no parar de casos de corrupción. No es que uno pudiera decir que en otros periodos no la hubiera. Pero pareciera que el número de casos que salen a la palestra pública ha aumentado significativamente.

El propio presidente Mariano Rajoy deberá declarar en el marco de una “macro causa” de corrupción y financiación ilegal de la formación política de la que es dirigente hace muchos años. También parece ser el fin de Esperanza Aguirre, mítica figura del PP Madrileño y antagonista interna a Rajoy.

Da la impresión de que la crisis capitalista, que golpeó fuertemente al Estado español en forma de recortes, ha empequeñecido la tarta de la que la corrupción se nutre, lo que ha llevado a un “aumento de la competencia” de parte de estos sectores, cruzado con la crisis política y de representación de sectores importantes de la población con los grandes partidos. Suenan así como los crujidos de un Régimen que aunque aún vivo, le cuesta mantenerse en pie.

Tráfico de influencias, facilitadores, contratos públicos a dedo, falsificación de informes técnicos, prevaricación, extorsión, sobrefacturación, fraude a hacienda, financiación ilegal y contabilidad B, sobresueldos en sobres, recalificación urbanística, sobornos y regalos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, son algunas de las prácticas de los personeros del Estado y la clase a la que representan.

El Estado español se salda así con más de 1.900 imputados hasta la última legislatura en causas por corrupción, de las cuales solo 170 fueron condenados. Y muchos menos han pisado una prisión por lo indulgente de las penas para con estos ladrones de guante blanco, quedando muchas veces en una inhabilitación temporal. De hecho, el “indultómetro” de la fundación Civio publicaba un informe que daba cuenta de los 227 indultos que se han llevado a cabo bajo los gobiernos del PP y del PSOE desde 1996 hasta la fecha. La mayoría de estos por delitos de corrupción.

Toda una muestra de la impunidad y el beneplácito del que goza esta actividad. Aunque vale la pena mencionar que también hay unos cuantos indultos a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado por abusos y torturas.

El PP de conjunto ya tiene más de 800 dirigentes imputados por corrupción en más de 31 causas. Pero si bien este es el partido de la corrupción por excelencia, no se quedan atrás el resto de partidos del Régimen del 78. Solo tenemos que recordar el caso de los ERE’s en Andalucía, que salpica al PSOE, o el caso de las tarjetas black, que contaba en su lista desde banqueros de Bankia, Rodrigo Rato -su presidente- incluido, hasta políticos de IU Madrid.
Pero la corrupción que no se limita a los políticos del régimen y a los grandes empresarios, sino que se extiende por sobre todas sus instituciones (policía, jueces, sindicatos, etc.) sin olvidar, por supuesto, el caso Nóos de la Familia Real.

Incluso esta misma dinámica ha penetrado profundamente en los grandes sindicatos, ligados económica y materialmente al Estado y los empresarios, generando una burocracia que vive ajena a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.

La corrupción es la forma natural y no episódica del capitalismo español, en parte por su desarrollo capitalista tardío y fuertemente ligado al Estado y al sector público que configuró su asociación a la UE por la que el Estado se nutrió de subvenciones de todo tipo. Esto hace imposible pensar que una mera reforma pueda acabar con estas prácticas.

El Estado es un “botín” por el cual una u otra facción política colocará a su personal en posiciones de privilegio y garantizará los negocios de un puñado de empresas, a cambio de un buen salario y otros tantos “regalos” para después pasarse a trabajar como consultores de las mismas por sus “servicios prestados”.

Pero no debería sorprender esta dinámica en un sistema social que resolvió históricamente su acumulación originaria, en base a la violencia, el fraude, y el robo así como el genocidio de pueblos enteros.

El capitalismo se fundamenta día a día en el robo “legal” -mediante mecanismos económicos- del trabajo de la inmensa mayoría social, para engordar así las riquezas personales de una minoría y las arcas del Estado por la cual se sustenta los privilegios de su personería.

Un robo que, a diferencia de la corrupción en sentido estricto, está naturalizado por todo el aparato ideológico dominante, incluido el reformismo de ayer y de hoy.

La corrupción, el robo y el fraude funcionan así como un medio complementario de transferencia de riquezas para la clase social dominante y entre sus fracciones, a la explotación del trabajo asalariado en las cuales se sustenta.

La sociedad capitalista tiende a mercantilizar todas las relaciones, de esta manera los votos, los puestos políticos, las sentencias judiciales y un largo etc., se compran y se venden como una mercancía más.

Cuando sectores de la clase dominante, e incluso los reformistas, exigen pelear contra la corrupción como un fenómeno más allá del sistema que lo cobija, en realidad representan a los sectores de capitales que no acceden a sus beneficios, y claman por la “igualdad de condiciones” en el proceso de explotación y acumulación de riquezas.

El Estado, como la gestión de los negocios comunes de la burguesía y de la de sus propios componentes, de conjunto se torna poco a poco con mayor claridad en una “asociación ilícita” a ojos de millones que ven que mientras los efectos sociales de la crisis aún son devastadores, estos sectores ven engordadas sus ganancia mil millonarias. Todo esto frente a la pasividad cómplice de las direcciones sindicales mayoritarias.

Es necesaria la máxima independencia política de las organizaciones sindicales. Esto exige revisar profundamente su relación con el Estado y su dependencia económica así como pelear por la máxima democracia a su interior, para que dejen de ser cortafuegos de los ricos y poderosos entre los trabajadores y ejerzan la función para la cual fueron puestos en pie, la lucha por los intereses elementales de los trabajadores y las trabajadoras.

Al mismo tiempo, si todos los funcionarios del Estado en todos sus niveles cobraran igual que un trabajador medio, se acabarían los privilegios para los representantes políticos y los funcionarios al servicio de grandes empresarios y banqueros.

Que todos los funcionarios del Estado sean elegidos directamente mediante el voto en jurisdicción única y respondan frente a sus electores sobre sus decisiones – incluida su revocación-, la instauración de juicios por jurados y jueces electos por sufragio universal son algunas medidas democráticas elementales para acabar con los privilegios de una casta política corrupta y un aparato estatal al servicio de una minoría social.

Esto es más que un problema ético, para que tal o cual formación de izquierda lo apliquen a sus parlamentarios. Sino una pelea por atacar una de las causas concretas por las cuales el Estado, sus instituciones y su personería viven alejados de la realidad y los intereses de la inmensa mayoría trabajadora de la población.

Hay que imponer unas Asambleas Constituyentes en las que todas estas medidas democráticas puedan ser debatidas y resueltas. En la que se rompan los candados de la reaccionaria constitución del 78 y se garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

En la que se reordene la representación política en una cámara única que tenga competencias legislativas y ejecutivas, y que comience a resolver los graves problemas sociales empezando por acabar con el paro mediante el reparto de horas de trabajo entre todos y con un salario acorde a las necesidades de una vida digna, el no pago de la deuda y la nacionalización de la banca y las empresas estratégicas bajo control de los trabajadores.

En última instancia, para los revolucionarios, es una lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. El único dispuesto a poner los recursos del territorio al servicio de las necesidades de la sociedad y no de las exorbitantes ganancias de unos pocos.

Fuente: Izquierda Diario

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MARIANO, ES BANDA, BAN-DA (Principio de la cita)







EL PARTIDO POPULAR ES UNA BANDA CRIMINAL


Eco Republicano
28.04.2017


 El Partido Popular es una banda criminal
Según la Convención de Palermo del año 2000: Una organización criminal es un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos tipificados.

Si analizamos esta definición podemos concluir que el Partido Popular es una organización criminal. En primer lugar porque es un grupo estructurado, con una jerarquía definida, sin duda nadie puede negar ya, que muchos de sus miembros han cometido delitos graves, claramente tipificados en el código penal, que los implicados son más de dos y que los han durante los últimos veinte años.

Por lo tanto debemos llamar a las cosas por su nombre, basta ya de eufemismos inútiles que tratan de esconder la verdad. Una organización donde se ha generado constantes delitos con tramas tan importantes como: El caso Bárcenas, la trama Gürtel, la trama Púnica, la trama Lezo, la trama del dinero negro utilizado como pago corriente y las otras tramas que han sido descubiertas, los últimos años, en Baleares, Valencia, Murcia y Madrid no deja lugar a ninguna duda. El Partido Popular es una banda criminal.

Si a todo ello añadimos que en ellas han participado además de los políticos peperos, empresarios, y que en algunos casos se han implicado, presuntamente, miembros del gobierno y del estamento judicial para beneficiarias, podemos concluir que estamos ante una organización más cercana al término mafia que a la de simple delincuencia.

Una organización (el PP) que tiene cerca de 900 imputados (entre ellos todos sus tesoreros nacionales de las últimas décadas), cuyos delitos cubren gran parte del territorio español, que ha ganado elecciones con presupuestos inflados de forma ilegal y que ha ocultado y defendido a los presuntos delincuentes hasta el límite máximo, es más que un partido político, es una banda criminal. 

El caso de la operación Lezo es un claro ejemplo. Apenas empezado a investigar, ha dejado claro que, presuntamente, el capo de la mima –Ignacio González, hoy en la cárcel— se ha valido del gobierno, donde dos ministerios están directamente implicados –presuntamente--, Interior y Justicia, además del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción, con el fin de conocer pormenores de su caso y presionar para evitar que avanzara. 

Entre todas las tramas de corrupción descubiertas –sin contar las que puedan surgir en adelante— nos han estafado cerca de 90.000 millones de euros al año (cifra avalada por la Cámara Nacional de Mercados y Competencia y varias universidades). Una cifra superior a todos los recortes que hemos sufrido en los últimos años. A cada español, la corrupción le cuesta 500 euros al año. No es ninguna broma. 

Es hora de que paguen los traidores y devuelvan el dinero. Por cierto los traidores no son los que quieren hacer un referéndum en Cataluña, ni los que se manifiestan y rodean el Congreso. Tampoco lo son los que hacen huelgas para defenderse. Los traidores tienen nombre y apellidos y muchos están o estaban (cuando han cometido el delito, los echan o se van) en el Partido Popular. Eso sí, avalados por millones de españoles que, a sabiendas, votan a los corruptos y se convierten en sus acólitos, y en cómplices morales de sus delitos.

Salud y República

Rafael García Almazán

Fuente: Kabila

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MOCIÓN DE CENSURA (Principio de la cita, Mariano. Principio)


Moción de censura, primera piedra para un cambio de régimen


Eco Republicano
28.04.2017


Moción de censura, primera piedra para un cambio de régimen
España vive una gravísima situación institucional desde hace años debido a un saqueo metódico y premeditado de sus fondos públicos por parte de los sucesivos gobiernos de la monarquía postfranquista. Los últimos escándalos conocidos referidos a políticos del Partido Popular han puesto además de manifiesto una utilización descarada de las instituciones judiciales como escudo frente a la persecución de los delitos que se han cometido. Nada extraño en un régimen heredero del franquismo donde la corrupción era la naturaleza misma de las instituciones. Desde Alternativa Republicana siempre hemos denunciado que mantener la legalidad y la impunidad de la dictadura franquista lastra cualquier planteamiento de cambios profundos en nuestro país.

Ante la alarma que esta situación supone, es positivo que se plantee una alternativa en forma de moción de censura, tal y como está promoviendo el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. No obstante, esta valoración está vinculada a que la moción de censura suponga un primer paso en el auténtico planteamiento de regeneración que necesita España y su ciudadanía: El cambio de régimen y la proclamación de la III República.

Limitarse a utilizar la moción de censura como fórmula de proyección mediática o como instrumento para presionar a otras fuerzas políticas en su alineamientos con el Partido Popular no va a servir de nada y desde luego, no contará con el apoyo de los republicanos.

Cambiar el gobierno sin ir a la raíz de los causas que han permitido llegar a esta ciénaga de escándalos es absolutamente insuficiente. No olvidemos que una de las principales víctimas de la corrupción ha sido nuestro insuficiente y escuálido estado de bienestar, y cuando hablamos de esto hablamos del sufrimiento de millones de personas expoliadas de sus derechos.

Por ello, moción de censura sí, pero sólo como palanca para regenerar la vida política, económica y social del país, y esa regeneración sólo puede llegar de la mano de la República.

Los valores de la ética cívica republicana deben prevalecer. Es el único camino que lleva a un futuro digno para los españoles y españolas.

ALTERNATIVA REPUBLICANA

Fuente: Alternativa Republicana


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