Capitalismo y corrupción
Por Federico Grom
Kaosenlared
30.04.2017
Los últimos años han sido un no parar de casos de corrupción. No es que uno pudiera decir que en otros periodos no la hubiera. Pero pareciera que el número de casos que salen a la palestra pública ha aumentado significativamente. El propio presidente Mariano Rajoy deberá declarar en el marco de una “macro causa” […]
Los últimos años han sido un no parar de casos de corrupción. No es que uno pudiera decir que en otros periodos no la hubiera. Pero pareciera que el número de casos que salen a la palestra pública ha aumentado significativamente.
El propio presidente Mariano Rajoy deberá declarar en el marco de una “macro causa” de corrupción y financiación ilegal de la formación política de la que es dirigente hace muchos años. También parece ser el fin de Esperanza Aguirre, mítica figura del PP Madrileño y antagonista interna a Rajoy.
Da la impresión de que la crisis capitalista, que golpeó fuertemente al Estado español en forma de recortes, ha empequeñecido la tarta de la que la corrupción se nutre, lo que ha llevado a un “aumento de la competencia” de parte de estos sectores, cruzado con la crisis política y de representación de sectores importantes de la población con los grandes partidos. Suenan así como los crujidos de un Régimen que aunque aún vivo, le cuesta mantenerse en pie.
Tráfico de influencias, facilitadores, contratos públicos a dedo, falsificación de informes técnicos, prevaricación, extorsión, sobrefacturación, fraude a hacienda, financiación ilegal y contabilidad B, sobresueldos en sobres, recalificación urbanística, sobornos y regalos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, son algunas de las prácticas de los personeros del Estado y la clase a la que representan.
El Estado español se salda así con más de 1.900 imputados hasta la última legislatura en causas por corrupción, de las cuales solo 170 fueron condenados. Y muchos menos han pisado una prisión por lo indulgente de las penas para con estos ladrones de guante blanco, quedando muchas veces en una inhabilitación temporal. De hecho, el “indultómetro” de la fundación Civio publicaba un informe que daba cuenta de los 227 indultos que se han llevado a cabo bajo los gobiernos del PP y del PSOE desde 1996 hasta la fecha. La mayoría de estos por delitos de corrupción.
Toda una muestra de la impunidad y el beneplácito del que goza esta actividad. Aunque vale la pena mencionar que también hay unos cuantos indultos a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado por abusos y torturas.
El PP de conjunto ya tiene más de 800 dirigentes imputados por corrupción en más de 31 causas. Pero si bien este es el partido de la corrupción por excelencia, no se quedan atrás el resto de partidos del Régimen del 78. Solo tenemos que recordar el caso de los ERE’s en Andalucía, que salpica al PSOE, o el caso de las tarjetas black, que contaba en su lista desde banqueros de Bankia, Rodrigo Rato -su presidente- incluido, hasta políticos de IU Madrid.
Pero la corrupción que no se limita a los políticos del régimen y a los grandes empresarios, sino que se extiende por sobre todas sus instituciones (policía, jueces, sindicatos, etc.) sin olvidar, por supuesto, el caso Nóos de la Familia Real.
Incluso esta misma dinámica ha penetrado profundamente en los grandes sindicatos, ligados económica y materialmente al Estado y los empresarios, generando una burocracia que vive ajena a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.
La corrupción es la forma natural y no episódica del capitalismo español, en parte por su desarrollo capitalista tardío y fuertemente ligado al Estado y al sector público que configuró su asociación a la UE por la que el Estado se nutrió de subvenciones de todo tipo. Esto hace imposible pensar que una mera reforma pueda acabar con estas prácticas.
El Estado es un “botín” por el cual una u otra facción política colocará a su personal en posiciones de privilegio y garantizará los negocios de un puñado de empresas, a cambio de un buen salario y otros tantos “regalos” para después pasarse a trabajar como consultores de las mismas por sus “servicios prestados”.
Pero no debería sorprender esta dinámica en un sistema social que resolvió históricamente su acumulación originaria, en base a la violencia, el fraude, y el robo así como el genocidio de pueblos enteros.
El capitalismo se fundamenta día a día en el robo “legal” -mediante mecanismos económicos- del trabajo de la inmensa mayoría social, para engordar así las riquezas personales de una minoría y las arcas del Estado por la cual se sustenta los privilegios de su personería.
Un robo que, a diferencia de la corrupción en sentido estricto, está naturalizado por todo el aparato ideológico dominante, incluido el reformismo de ayer y de hoy.
La corrupción, el robo y el fraude funcionan así como un medio complementario de transferencia de riquezas para la clase social dominante y entre sus fracciones, a la explotación del trabajo asalariado en las cuales se sustenta.
La sociedad capitalista tiende a mercantilizar todas las relaciones, de esta manera los votos, los puestos políticos, las sentencias judiciales y un largo etc., se compran y se venden como una mercancía más.
Cuando sectores de la clase dominante, e incluso los reformistas, exigen pelear contra la corrupción como un fenómeno más allá del sistema que lo cobija, en realidad representan a los sectores de capitales que no acceden a sus beneficios, y claman por la “igualdad de condiciones” en el proceso de explotación y acumulación de riquezas.
El Estado, como la gestión de los negocios comunes de la burguesía y de la de sus propios componentes, de conjunto se torna poco a poco con mayor claridad en una “asociación ilícita” a ojos de millones que ven que mientras los efectos sociales de la crisis aún son devastadores, estos sectores ven engordadas sus ganancia mil millonarias. Todo esto frente a la pasividad cómplice de las direcciones sindicales mayoritarias.
Es necesaria la máxima independencia política de las organizaciones sindicales. Esto exige revisar profundamente su relación con el Estado y su dependencia económica así como pelear por la máxima democracia a su interior, para que dejen de ser cortafuegos de los ricos y poderosos entre los trabajadores y ejerzan la función para la cual fueron puestos en pie, la lucha por los intereses elementales de los trabajadores y las trabajadoras.
Al mismo tiempo, si todos los funcionarios del Estado en todos sus niveles cobraran igual que un trabajador medio, se acabarían los privilegios para los representantes políticos y los funcionarios al servicio de grandes empresarios y banqueros.
Que todos los funcionarios del Estado sean elegidos directamente mediante el voto en jurisdicción única y respondan frente a sus electores sobre sus decisiones – incluida su revocación-, la instauración de juicios por jurados y jueces electos por sufragio universal son algunas medidas democráticas elementales para acabar con los privilegios de una casta política corrupta y un aparato estatal al servicio de una minoría social.
Esto es más que un problema ético, para que tal o cual formación de izquierda lo apliquen a sus parlamentarios. Sino una pelea por atacar una de las causas concretas por las cuales el Estado, sus instituciones y su personería viven alejados de la realidad y los intereses de la inmensa mayoría trabajadora de la población.
Hay que imponer unas Asambleas Constituyentes en las que todas estas medidas democráticas puedan ser debatidas y resueltas. En la que se rompan los candados de la reaccionaria constitución del 78 y se garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
En la que se reordene la representación política en una cámara única que tenga competencias legislativas y ejecutivas, y que comience a resolver los graves problemas sociales empezando por acabar con el paro mediante el reparto de horas de trabajo entre todos y con un salario acorde a las necesidades de una vida digna, el no pago de la deuda y la nacionalización de la banca y las empresas estratégicas bajo control de los trabajadores.
En última instancia, para los revolucionarios, es una lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. El único dispuesto a poner los recursos del territorio al servicio de las necesidades de la sociedad y no de las exorbitantes ganancias de unos pocos.
Fuente: Izquierda Diario
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