La covid, los gobiernos de la
UE y las multinacionales farmacéuticas
Por Angeles Maestro
Rebelión
| 02/06/2021 |
Fuentes: El
salto
En un escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la
lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó,
se constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas
insuficiencias de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado
exclusivamente a la empresa privada.
El desarrollo
de la pandemia Covid 19 se ha caracterizado desde el punto de vista mediático
por una estrategia destinada a generar confusión, miedo e impotencia. El
procedimiento es un abrumador bombardeo de noticias carentes del más elemental
rigor científico —por ejemplo se usan cifras absolutas y no tasas (relación
entre el número de casos y el volumen de población) para valorar la incidencia,
de forma que cualquier comparación es absurda— y por una ocultación sistemática
de la información que plantea alguna duda sobre la versión oficial, incluso la
proveniente de las fuentes más reputadas.
Este trabajo
pretende contribuir a analizar un fenómeno muy complejo y atravesado por
poderosísimos intereses, que pone de manifiesto el sometimiento estricto de las
decisiones políticas a los intereses del gran capital, en detrimento de la
teórica prioridad de salvaguardar la vida y la salud de sus poblaciones. La
gestión de la compra de vacunas, tanto por parte de la Comisión Europea, como
del gobierno español, es un ejemplo paradigmático del sometimiento de los
objetivos de salud al negocio privado.
1. Desaparición de las farmacéuticas públicas y financiación por el Estado
de las multinacionales
En los países
capitalistas, la producción y distribución de medicamentos se ha concentrado en
grandes monopolios, al tiempo que han desaparecido las empresas farmacéuticas
públicas. Todo ello a pesar de que, históricamente, la OMS —y la lógica
sanitaria más elemental— ha recomendado la creación en cada país de industrias
públicas productoras de los medicamentos esenciales, entre los que las vacunas
y los hemoderivados ocupan los primeros lugares. La actual pandemia Covid 19 ha
puesto de manifiesto la realidad: ningún país de la UE ha producido hasta la
fecha ninguna vacuna en laboratorios públicos [1].
En España, de
cada 100 euros del gasto público en sanidad, 29,6 se
invierten en medicamentos, cerca de 30.000 millones de euros al año.
Las multinacionales farmacéuticas controlan la financiación de fármacos y la
prescripción. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo de los médicos, y
en general, influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina,
manejando los resortes para incluir en el Registro nuevos fármacos que no son
tales [2], financiando todos los congresos de especialidades médicas, poniendo
a su servicio la investigación pública e incluso patrocinando asociaciones de
personas enfermas.
2. El negocio del siglo: financiación pública anticipada y exención de
responsabilidad
Una de las
consecuencias de la pandemia es el colosal negocio para las multinacionales
farmacéuticas, calculado en la UE, por ahora, en 50.000 millones de euros
derivados de la compra por los Estados de millones de dosis de vacunas [4].
Gigantes empresariales como GKS, Pfizer o AstraZeneka, que como veremos más
adelante encabezan las listas de sanciones por prácticas delictivas y que
exhiben anualmente unos márgenes de beneficios que superan con creces a los de
la banca, ni siquiera han tenido que arriesgar sus inversiones. Con dinero
público de los estados de la UE, entre ellos del español, se adjudicaron por
adelantado, en agosto de 2020, 2.000 millones de euros para comprar millones de
dosis de vacuna [4]. Y lo hicieron antes de que se hubiera demostrado la
validez, eficacia y seguridad de sus productos.
Todas las
grandes farmacéuticas han conseguido de los gobiernos de la UE que sean ellos
quienes paguen las indemnizaciones por posibles efectos secundarios de la
vacuna. Además, están tratando de lograr ser eximidas por completo de responsabilidad civil por
las secuelas producidas por sus medicamentos.
3. Los intereses económicos que controlan decisiones políticas
En agosto de
2010, un día después de declarar finalizada la epidemia de gripe A, la OMS hizo público que los miembros de su Comité de
Expertos habían sido sobornados por las multinacionales farmacéuticas
fabricantes de vacunas y de antivirales, como Tamiflú y Relenza (La Roche y
GlaxoSmithkline, respectivamente). La OMS fue acusada de haber generado una
situación de alarma injustificada que llevó a muchos países a la compra masiva
de vacunas y medicamentos como los citados. Durante todo este tiempo mantuvo en
secreto los nombres de su comité de expertos con el pretexto de “evitar
presiones”.
Desde la década
de los 90, la financiación por parte de los Estados miembros a la OMS ha ido
disminuyendo a medida que aumentaban los fondos privados. Grandes fortunas como
Bill Gates y multinacionales farmacéuticas aportan el 90% del presupuesto de la
OMS. La gráfica siguiente habla por sí sola:
Fuente:
Organización Mundial de la Salud 2015
El magnate
norteamericano es accionista de una decena de farmacéuticas, incluyendo Pfizer
y AstraZeneca. La Fundación AstraZeneca en España tiene en su nómina como
asesores a directores de hospitales e instituciones públicas de investigación
[5].
La evidencia de
los vínculos entre las grandes farmacéuticos con el poder económico y político
es abrumadora:
El principal
propietario de Pfizer es el fondo de inversiones Black Rock, el más grande del
mundo en gestión de activos: 5,1 billones de dólares en 2016, según la
compañía. Black Rock tiene 9.000 millones de dólares invertidos en la banca
española y 12.000 millones en el IBEX [6]. Además, en asociación con Naturgy
(antes Gas Natural – Fenosa), Black Rock participa con el 49% en el gasoducto Argelia-España,
Medgaz.
El 11 de
diciembre de 2020 el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a Stephen Hahn, director de la FDA, para que
autorizara ese mismo día la vacuna o se buscara otro trabajo. La amenaza surtió
efecto, la vacuna de Pfizer recibió la autorización de emergencia al día
siguiente y el gigante Walmart anunció su disposición para distribuir la vacuna
en 5.000 establecimientos de EE.UU.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA), facilitó la autorización de
emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a
inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos
de las grandes empresas farmacéuticas
La EMA, Agencia
Europea del Medicamento, también facilitó la autorización de emergencia de
Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los
países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes
empresas farmacéuticas. Su nueva directora es vasalla fiel de la industria
farmacéutica. Tal y como publica la OMS en su biografía,
procede de la industria irlandesa del medicamento y ha trabajado como Gerente
de Asuntos Científicos y de Regulación en Bruselas para la EFPIA (Asociación de
la Industria Farmacéutica Europea), lobby del sector farmacéutico ante la UE.
Fue elegida como directora de la EMA en plena pandemia, en julio de 2020.
En España, la penetración de las multinacionales farmacéuticas en las instancias
políticas ha sido una constante cuya descripción sobrepasa los
límites de este trabajo. Valga recordar que desde el primer gobierno del PSOE
en 1982 todos los ministros y ministras de sanidad lo han sido con el plácet de
la industria farmacéutica. El primero en no contar con su visto bueno fue
Ciriaco de Vicente, un hombre honrado, y esto supuso que Felipe González
designara a otro candidato, Ernest Lluch.
El fichaje por
parte de las farmacéuticas de altos cargos del Ministerio de Sanidad y de las
Consejerías de las Comunidades Autónomas, incluido el ex-Ministro Bernat Soria,
ha sido una constante [7]. En plena pandemia, el Ministro de Sanidad del PSOE
participó en un importante evento con la multinacional farmacéutica Roche
—gran protagonista del escándalo de la Gripe A y el Tamifú— patrocinado por el
periódico El País para diseñar la “sanidad del futuro”, en
base al esquema de “colaboración público-privada”, preconizado por la
farmacéutica.
El intento de
eliminar del Registro a los medicamentos ineficaces e inseguros —España tiene
casi cinco veces más medicamentos registrados que otros países de la UE— supuso
en su momento el viaje a Madrid de Henry Kissinger, consejero de la
compañía norteamericana Sharp and Dome (MSD), en visita privada para “velar por
los intereses de su empresa”. Consiguió su objetivo: el asunto se saldó con la
dimisión del Director General de Farmacia, Félix Lobo.
Esos
inconvenientes se resolvieron con la creación de la Agencia Española del
Medicamento, que inicialmente fue un organismo autónomo y después una agencia
estatal encargada de facto de las decisiones políticas en ese ámbito. Se
conseguía así situar la política del medicamento fuera de las estructuras
ministeriales y hacerla mucho más controlable por las multinacionales
farmacéuticas. Joan Ramón Laporte [8], máxima autoridad científica en materia
del medicamento en el Estado español, afirmó recientemente: “las Agencias del Medicamento fueron una
invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”.
4. La trampa del COVAX
COVAX,
presentada en el Foro Mundial de Davos en 2017 como una colaboración mundial
con la que acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y vacunas contra la
Covid-19, es una institución fundada por la Global Alliance for Vaccines and
Inmunizations (GAVI)
y por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ambas producidas, diseñadas y financiadas por la
Fundación Bill y Melinda Gates.
COVAX se presenta como una institución “público-privada” que, como todas
las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los
gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de
vacunas a multinacionales farmacéuticas
Se presenta
como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este
eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para
beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a
multinacionales farmacéuticas. Utiliza el disfraz público y benéfico de servir
para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, cuando en realidad su
finalidad es moldear la industria mundial de fabricación de vacunas y el
mercado de consumo de vacunas en el los países pobres [9].
La creación de
COVAX obedece a tres objetivos fundamentales: proteger las patentes, evitar al
máximo la distribución de vacunas procedentes de instituciones públicas de
países como China, Rusia y Cuba, e impedir que las vacunas sean producidas
directamente por países que tienen capacidad para ello, como Sudáfrica, India o
Brasil [10].
5. Qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos sobre las vacunas que se están
utilizando en la UE
La autorización
de emergencia que han recibido todas las vacunas contra el Covid 19 no es una
aprobación como la que recibe cualquier otro medicamento, sino que se utiliza
cuando los fármacos en cuestión no han mostrado la documentación exigida para
ello. La decisión excepcional de permitir su uso se adopta en función de una
grave situación de alarma que justificaría correr los riesgos inherentes al
incumplimiento de los protocolos y controles exigidos antes de permitir el uso
de cualquier medicamento.
Pasados los
momentos de shock, de confusión y hasta de pánico, en buena medida inducidos
por los medios de comunicación, cabe destacar que la tasa de letalidad media, en el momento más álgido de la
epidemia (mayo de 2020) en España era muy baja: 0,8% (una de las más bajas de
Europa) concentrada en personas mayores el 95% tiene más de 65 años. La
comparación de esta letalidad con la tasa de letalidad de la difteria, que en
menores de 5 años era del 20%, ayuda a relativizar adecuadamente la situación y
a plantear la pregunta de si, en tales circunstancias, es razonable prescindir
de los protocolos de seguridad e ignorar los requerimientos establecidos,
precisamente cuando se trata de administrar fármacos nuevos a centenares de millones
de personas.
En los momentos
en los que se escribe este artículo no ha habido noticia de que ninguna de las
empresas fabricantes de las vacunas que se están usando en la UE esté siguiendo
los protocolos exigidos para la autorización definitiva, a pesar de los muchos
millones de personas que ya han sido inoculadas.
El derecho de
patente, y por lo tanto, la ocultación de información sobre la composición
exacta del fármaco, imposibilita una valoración contrastada tanto de la
eficacia como de los riesgos de las nuevas vacunas. El oscurantismo en los
acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de
vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento
Europeo. Ni siquiera los eurodiputados han podido acceder a la documentación
completa de los contratos en los que se han invertido más de 2.000 millones de
dinero público.
El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales
farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha
sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo
La información
ofrecida por el Departamento de Salud del Reino Unido a los profesionales
sanitarios, procedente de datos de la propia empresa acerca de la vacuna de
Pfizer-BioNtech, ilustra respecto a la ausencia de verificación de aspectos muy
relevantes acerca de la seguridad y eficacia de la misma, a pesar de lo cual se
está procediendo a vacunar a millones de personas [11]. Del citado informe
británico, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS)
destaca lo siguiente:
– La eficacia
de esta vacuna es muy pequeña si se compara con los niveles de protección de
vacunas anteriores [12]. La vacuna de Pfizer prevendría sólo un caso
leve-moderado por cada 119 personas vacunadas; es decir los otros 118 se verían
sometidos a los efectos secundarios sin obtener ningún beneficio.
– La protección
conferida se refiere solamente a casos leves o moderados. No hay datos
acerca de la eficiencia en la prevención de casos graves (hospitalizaciones,
ingreso en la UCI) o mortalidad. Afirmar que la vacuna previene muertes carece
totalmente de fundamento. Es más, los ensayos no están diseñados para valorar
su eficacia para evitar casos graves o mortales.
– No se han
completado los datos sobre toxicidad reproductiva en animales.
– No se conocen
los efectos en menores de 18 años, ni en mayores de 65 años, a pesar de que se
ha informado que la vacunación en el Estado español empezará por este último
grupo de edad.
– Se excluye la
vacunación en el embarazo y en la lactancia. También en personas con
tratamiento con inmunosupresores. La contraindicación en personas
anticoaguladas está sujeta a controversia en estos momentos.
– Se desconoce
el periodo de inmunidad que confiere la vacuna.
– No hay datos
acerca de si se producen daños en la fertilidad.
– No hay datos
acerca de la capacidad de transmisión de la enfermedad de las personas
vacunadas. No hay dato alguno que permita concluir que la vacunación masiva
terminará con la pandemia y si, por lo tanto, se puede prescindir de las
medidas de prevención.
6- Farmacovigilancia. El lobo guardando el rebaño
Ante la
vacunación masiva de personas sanas y personas con diversas patologías y
tratamientos, la lógica más elemental, la prudencia más básica y los principios
deontológicos más esenciales, exigirían reforzar al máximo todos los mecanismos
de farmacovigilancia y de gestión de riesgos.
Nada de eso
está sucediendo con carácter general y sistemático. En el momento de la
inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que
firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se
está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de
farmacovigilancia establecido. Ni se les abre una historia clínica, ni se les
pregunta por enfermedades previas o actuales, ni se les pide información sobre
medicamentos que pueda estar tomando. A pesar de que en la propia documentación
de la empresa Pfizer se recoge la contraindicación de la vacuna en casos de
embarazo y lactancia, no se pregunta sistemáticamente a las mujeres en edad
fértil si están embarazadas o lactando, o si toman anticonceptivos. Todo ello a
pesar de que los efectos adversos graves en mujeres jóvenes casi cuadriplican los de
los hombres.
Tampoco se
alerta a quienes reciben la vacuna acerca de qué síntomas graves pudieran aparecer
y qué hacer en ese caso. Es decir, no hay una recogida sistemática de datos, no
hay un protocolo ni un registro general.
Es por ello
que, tal y como señala Joan Ramón Laporte, cuando la EMA empieza a hablar de la
existencia de trombosis en localizaciones atípicas que pudieran estar
producidas por la vacuna de Astra Zeneca, cae en contradicciones sobre sus
propios datos y, sobre todo, no muestra, la tabla de recogida de datos
preceptiva en todo sistema de farmacovigilancia. Laporte aventura que la causa
podría ser la enorme infradotación de medios de los Centros de
farmacovigilancia como resultado de los recortes de los últimos años, pero,
sobre todo, y estrechamente vinculada a los recortes, la normativa de
la UE sobre farmacovigilancia que confiere una función muy
destacada en este campo precisamente a la industria farmacéutica. Según la
normativa vigente, las fuentes de información son de dos tipos: una recibe las
notificaciones espontáneas que hace el personal médico —con un subregistro
importante y que no permite cuantificar con exactitud— y el segundo son los
sistemas de gestión de riesgos, cuya responsabilidad recae en la propia
industria del medicamento.
En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide
a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene
alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo
de farmacovigilancia establecido
Por su especial
trascendencia, reproduzco a continuación las palabras de Joan Ramón Laporte en
una reciente entrevista: “los sistemas de gestión de riesgos (son)
una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo
medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo clínico.
Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner al lobo
a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla. Con las señales de trombos,
AstraZeneca no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la
notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el documento
oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí queda claro
que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en manos de cada
compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada una de ellas,
ni protocolos: es algo secreto y opaco”. A continuación ilustra la situación
con un ejemplo: “Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero. Un
informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron más de 200
millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios, sin que
produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de
farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción
del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se le
prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto”.
7. Prácticas delictivas y mafiosas
La revista JAMA
(Journal of the American Medical Association) publicó en noviembre de 2020
un artículo titulado “Sanciones económicas impuestas a las
grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales”. El estudio se refiere
solamente a EE.UU. y recoge las sanciones impuestas por este país entre 2003 y
2016 a 22 multinacionales farmacéuticas que producen medicamentos para el
tratamiento, test o vacunas para la Covid 19. GlaxoSmithKline (GSK) ocupa el
primer lugar con multas por valor de 9.775 millones de dólares, Pfizer el
segundo, con sanciones que ascienden a 2.910 millones de dólares, Johnson and
Johnson el tercero, con 2.668 millones y AstraZeneka el undécimo con 1.172. Las
multas suelen suponer el 10% de los beneficios obtenidos por el hecho
sancionado. El pago de multas está considerado como un gasto más en la
comercialización de un fármaco.
Los delitos de
los que se les ha acusado son: promoción ilegal (recomendar fármacos para
indicaciones no aprobadas), interpretación falseada de los resultados de las
investigaciones, ocultación de datos y daños y sobornos con comisiones a
personal médico y políticos para obtener contratos, entre otros. Todas ellas han
obtenido millonarios contratos con la Comisión Europea, incluida GSK que,
asociada con la francesa Sanofi, logró vender a la Comisión Europea 300
millones de dosis de su vacuna que supuestamente estará disponible a mediados
de este año.
La publicación
de informes y resultados de investigaciones farmacológicas en las más
prestigiosas revistas científicas está financiada por la industria farmacéutica
que las utiliza como instrumento de propaganda, tal y como ha sido reconocido
por los directores de esas publicaciones [13].
8. El contrato del siglo. La UE negocia comprar a PfizerBioNtech 1.800
millones de dosis
El pasado 14 de
abril, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen confirmó que
la UE estaba negociando con PfizerBioNtech la compra de 1.800 millones de dosis
adicionales de su vacuna, al tiempo que se anunciaba el aumento de precio de
cada dosis a 23 dólares. En total, la UE pagará la fabulosa cifra de 41.400
millones de euros de dinero público por un número de dosis que multiplica por cuatro
la población actual de la UE-27, 446 millones de personas. Este desequilibrio
se justifica por la llegada de nuevas “olas” que requerirán tres o cuatro
nuevas dosis de vacuna hasta 2023.
El escenario
montado con los incumplimientos y los efectos adversos de AstraZeneka ha
servido para justificar que la vacuna de PfizerBioNtech se convierta en “la
columna vertebral de la vacunación euopea”. La presidenta de la Comisión
Europea aprovechó para alabar “el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de
Pfizer-BioNTech”. Estas alabanzas no sólo son gratuitas, sino que pretenden
encubrir que la multinacional farmacéutica ocupa el infame segundo lugar en
condenas por delitos de promoción de medicamentos para indicaciones no
aprobadas, ocultación de resultados adversos y, sobre todo, en el caso que nos
ocupa, sobornos a funcionarios para la obtención de contratos [14].
Es muy
interesante acceder a la comparecencia pública del Fiscal General asociado de
EE.UU., Thomas Perrelli, anunciando la histórica condena a la multinacional
farmacéutica. Pfizer-BioNtech aceptó su culpabilidad por la promoción de
fármacos para usos no aprobados y pagó 2.300 millones de dólares [15]. ¿Alguien
podría asegurar que el fabuloso contrato obtenido por Pfizer.BioNtech con la UE
es ajeno a estas prácticas tan habituales y documentadas de la multinacional
farmacéutica?.
Aunque la
“estrategia del shock” esté haciendo posible que lo más elemental se olvide, es
preciso recordar, máxime ante un contrato de estas dimensiones, con plazos
temporales tan largos y que prevé inoculaciones repetidas a millones de
personas, que se trata de un fármaco no aprobado. A pesar de que los meses
transcurren y se están efectuando vacunaciones masivas, este hecho
trascendental no se menciona, ni se establecen plazos para que los estudios
necesarios para su aprobación definitiva culminen.
Conclusiones
1.- El objetivo
prioritario de la obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa
privada, es estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado
de salud de toda la población. El capital, para desarrollarse, necesita socavar
y debilitar el sistema público: cuanto más y mejor sanidad pública, menos
espacio de negocio privado, y viceversa. Exactamente igual que los parásitos
con respecto al organismo cuyos recursos utilizan para vivir y cuya devastación
es consustancial a su desarrollo.
2.- En un
escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la lucha de
clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó, se
constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas insuficiencias
de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado exclusivamente a
la empresa privada. Las medidas generales de salud pública, tanto sociales como
sanitarias, se han obviado.
3.- Los
múltiples antecedentes de corrupción tanto de expertos de la OMS y de las
diferentes Agencias del Medicamento como de políticos, por parte de las grandes
empresas farmacéuticas, junto con las fabulosas ganancias que se están
generando, permiten sospechar que se ha construido un siniestro escenario
“informativo” de miedo en la población, para intentar justificar inversiones
multimillonarias con dinero público en vacunas producidas por las grandes
multinacionales farmacéuticas.
4.- Al servicio
de este descomunal negocio debe situarse el hecho de que se hayan obtenido
autorizaciones de emergencia, sin asegurar niveles de seguridad y eficacia
exigidos a este tipo de medicamentos usados masivamente en personas sanas.
Además, en el proceso de vacunación no hay noticia de la existencia de
protocolos de farmacovigilancia, con carácter general y sistemático, que
permitan conocer con rigor los efectos adversos que las nuevas vacunas están
produciendo.
5.- La
evaluación de la seguridad y eficacia de un medicamento tiene sus ritmos y sus
formas. No respetarlos conlleva riesgos, máxime cuando va a ser administrado a
millones de personas sanas. El principio hipocrático primum non nocere que
debe guiar la práctica médica ha sucumbido frente a los negocios
multimillonarios. La trágica paradoja es que precisamente las dudas de las
propias multinacionales farmacéuticas acerca de la seguridad de sus fármacos es
la que ha llevado al escandaloso acuerdo de estas empresas con la UE. Son los
gobiernos respectivos, con dinero público, los que sufragarán las
indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas.
6.- El control
de las decisiones políticas por parte de las multinacionales farmacéuticas se
revela nítidamente cuando los gobiernos esgrimen la “alarma” y la “emergencia”
como razones para adoptar decisiones que sobrepasan los límites de la
prudencia. Al tiempo, se ignoran descubrimientos realizados por organismos
públicos de los propios países de la UE o se sabotean acuerdos con países como
Rusia o Cuba, de larga y avalada tradición de sus instituciones públicas en
biotecnología y en el descubrimiento de vacunas.
7.- En un mundo
en el que las evidencias científicas se subordinan a la lógica aplastante del
beneficio, la producción de medicamentos por parte de instituciones públicas es
la única garantía de poder sustraer un bien tan preciado a la acción de mafias
internacionales con una capacidad tan enorme de corrupción, de chantaje y hasta
de crimen como las que describe John le Carré en su novela El jardinero
fiel.
Hay una
incompatibilidad esencial entre negocio privado y sanidad pública. En estos
meses, y lo más duro está por llegar, se ha hecho inocultable la depredación de
vidas humanas que el capitalismo produce. La apuesta por la vida, colocar al
ser humano como prioridad social, exige destruirlo.
Notas:
1.
Investigadores de la Universidad de Helsinki tienen desde hace meses una vacuna
contra el Covid, que se usa mediante spray nasal impidiendo la entrada y
replicación del virus, puede conservarse a temperatura ambiente y está libre de
patentes. El equipo necesita 50 millones de euro para llevar a cabo la Fase
III, cantidad ridícula frente a lo que se está invirtiendo en vacunas , que no
ha conseguido hasta la fecha.
https://kaosenlared.net/finlandia-tiene-una-vacuna-para-la-covid-desde-hace-nueve-meses-y-opto-por-la-big-pharma/Algo
parecido ocurre en España con la vacuna, también nasal, sobre la que trabaja un
equipo del CSIC, con científicos con contratos precarios e investigadores
jubilados que trabajan gratis. https://www.eldiario.es/sociedad/retrasar-edad-jubilacion-buscar-vacuna-coronavirus-facil-seria-dejarlo-siento-obligacion-moral_1_6462532.html
2.El número de
medicamentos autorizados y comercializados en España 13.335 es más de diez
veces superior al de pises como Noruega y más del triple que en Francia. Este
hecho no supone mejores recursos para los tratamientos, sino alto grado de
control del Registro por parte de las empresas. Las palabras de Joan Ramón
Laporte, director de la Agencia Catalana del Medicamento son concluyentes:
España financia todos los fármacos que le propone la industria.
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20151220/laporteespana-financia-todos-los-medicamentos-que-le-propone-la-industria-4760501
3. La
utilización de la propaganda por parte de los grandes ejecutivos de Pfizer o
Moderna sobre supuestos éxitos de sus vacunas como medio para lograr aumentos
de las cotizaciones en bolsa para, a continuación, vender sus acciones da idea
de las gigantescas expectativas de negocio y de la falta de escrúpulos con que
se mueve este negocio
4. España se
incorporó al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas de la UE boe.es
5. Su Directora
es la ex-Secretaria de Estado de Investigación con Mariano Rajoy. También son
miembros, el Director de la fundación pública de Medicina Genómica del Servicio
Gallego de Salud, del Centro Nacional de Genotipado del ISCIII y miembro de la
Agencia Europea del Medicamento, la Subdirectora General de Bioética de la
Comunidad de Madrid. un miembro del comité de expertos en política del
medicamento de la OMS y la Directora de ensayos clínicos del Hospital de
Granada. En el Comité científico de la fundación AstraZeneca está el Director
de Instituto Respiratorio del H. Clínic de Barcelona, el Jefe de Servicio de
Oncología del H. 12 de octubre, el Director del Instituto de Investigación de
Barcelona y el Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y
Cajal. hojasdebate.es
6. BlackRock es
el primer accionista de los dos grandes bancos españoles,Santander (5,38%) y
BBVA (5,917), Caixabanc (3,003%), Banc de Sabadell ( 4,994%)y Bankinter
(3,694%) También posee participaciones en grandes empresas multinacionales
españolas, como por ejemplo:Telefónica (3,883%),Repsol (3,25%),ACS (3,2%),OHL,
Gamesa (9%),IAG (6,2%),Euskaltel (3,59%),Técnicas Reunidas (3,055%).
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackRock#Espa%C3%B1a
7. Los datos
pueden consultarse aquí: dsalud.com
8. Joan Ramón
Laporte es catedrático de Farmacología de la Universidad de Barcelona y
Director del Instituto Catalán de Farmacología, organismo colaborador de la
OMS.
9. COVAX, un
órgano mundial de múltiples partes interesadas que puede acarrear riesgos
sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo –
Amigos de la Tierra Internacional (foei.org)
10. COVAX: la
trampa (alainet.org)
11. La
información científica ofrecida por el Gobierno británico puede consultarse
aquí: assets.publishing.service.gov.uk
12. La vacuna
contra la poliomielitis confiere un nivel de protección entre 99 y 100% hasta
25 años después de la cuarta dosis. vacunas.org
13.Gotzsche, C.
Peter (2014) Medicamentos que matan y crimen organizado. El autor, médico,
biólogo y químico, que trabajó para la industria farmacéutica refleja en este
trabajo demoledor el engranaje criminal de las multinacionales farmacéuticas.
14. Ibid. nota 13.
15. Pfizer Medical Fraud Settlement | C-SPAN.org
(c-span.org)
Ángeles
Maestro. Médica, Técnica Superior de Salud
Pública. Exdiputada, portavoz de Sanidad en el Congreso
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/la-covid-los-gobiernos-de-la-ue-y-las-multinacionales-farmaceuticas
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