Las
grandes compañías determinan la política económica de los países en los que
operan y la carga fiscal recae sobre los contribuyentes pertenecientes a las
clases medias-bajas. A esto es a lo que nos enfrentamos.
La involución posdemocrática: ¿a qué nos enfrentamos?
El Viejo Topo
29 julio, 2022
La corrupción
(también moral), manipulación de la agenda pública y el matchpolitik ad
eternum, lejos de ser excepciones empiezan a resultar principios
normativos. Esta degradación de la democracia liberal que presenciamos fagocita
el origen de un nuevo contrato social sometido a los emporios económicos. En un
contexto de globalización avanzada y justificación de las desigualdades, la
suplantación que efectúan los poderes económicos sobre las autoridades
políticas dan lugar a la «posdemocracia». Un nuevo prototipo de organización
social, desgranado por el politólogo Colin Crouch, que promulga una recesión al
período predemocrático, a través de la imposición de un modelo feudal que
reedite la jerarquización social entre señores y vasallos.
Si bien su
primera singularidad es la implementación de una relación mercantil entre los
sujetos-agentes adscritos a los sistemas de gobernanza (político-empresario y
votante-comprador), a continuación se pondrán de manifiesto las señas de
identidad del nuevo arquetipo.
Al desplazar el
mantenimiento del Estado del bienestar a una preferencia exclusiva de los
desfavorecidos y desecharlo del ámbito del derecho universal, el papel del
Estado se desvanece. Como resultado, tras dinamitar la igualdad política, son
las empresas quienes —aprovechándose de la globalización financiera— presionan
a los representantes políticos y amenazan con trasladar la producción a
terceros países, en caso de que sus demandas no sean satisfechas. En ese mismo
instante queda probado el «trilema de la globalización», cuya autoría
corresponde al profesor de Hardvard Dani Rodrik. Una teoría que afirma que
establecer una relación equilibrada entre Estado-Nación, política democrática e
hiperglobalización es misión imposible.
La primera
opción porque la subordinación de las corporaciones empresariales a un modelo
democrático de gobernanza, enmarcado en un Estado-Nación, conduce a su
deslocalización. Dicho de otra manera, establecer barreras comerciales
restringidas a un área concreta y no circunscritas al conjunto del globo,
implosionan la efectividad de la democracia. La segunda opción, consiste en
compatibilizar la globalización económica con el modelo Estatal de gobernanza,
acabando así con la política democrática. Este modelo, adolece de la misma
problemática que el anterior (Estado-Nación democrático), la satisfacción de
las demandas queda presa de, en palabras de Rodrik, una «camisa de fuerza
dorada» que aplica limitaciones arbitrarias a la traducción de la voluntad
general del demos en políticas concretas. La tercera opción,
radica en la incompatibilidad de la Nación-Estado con un sistema de
globalización democrática. Con toda probabilidad, la entidad política que sigue
esta es la Unión Europea, con un proyecto donde los Estados miembros ceden
soberanía en favor del buen funcionamiento del ente supranacional. El reto de
la Unión estriba en democratizar sus instituciones, evitando así que el
Parlamento Europeo sea una mera entidad consultiva al servicio del Banco
Central Europeo. Sin embargo, como se ha constatado (por ejemplo) con la
actuación de la «Troika» en Grecia, la organización supraestatal ha quedado
subyugada en múltiples ocasiones a las sociedades financieras.
Certificada la
imposibilidad de alinear democracia, globalización y Estado-Nación, en la
«posdemocracia» se opta por la segunda alternativa planteada, subyugar
democracias liberales a la globalización económica. Por ende, son las grandes
compañías quienes determinan la política económica de los países en los que
operan y la carga fiscal recae sobre los contribuyentes pertenecientes a las
clases medias-bajas. De ahí que la partitocracia inicie en cada comicio
electoral una competición a fin de demostrar al elector quién es capaz de bajar
más la recaudación impositiva. Al desprenderse paulatinamente de sus
responsabilidades, los gobiernos se ven imposibilitados a llevar a cabo sus
funciones y acaban por privatizar la gestión de los quehaceres públicos
(servicios de limpieza, centros de atención primaria…etc). De este modo, aunque
su cometido en teoría se limite a «garantizar la libertad de mercado», en la
práctica fundamenta el nacimiento de empresas monopolistas y la privatización
del territorio político común. Es decir, una reconstrucción de las clases de
poder «predemocráticas». A esto nos enfrentamos.
