domingo, 29 de octubre de 2017

CUANDO ALI MARIANO Y SUS CUARENTA MUCHACHOS DESCUBRIERON LA GRUTA DE LA MONCLOA: ¡OH. 155 DE NUESTROS AMORES DEL 3%, ABRETE QUE ALLÁ QUE TE VAMOS!


Entre la farsa y la amenaza



Gonzalo Fernández
Viento Sur
elsaltodiario.com | Empresas contra el Procés   
25/10/2017 |

En estos días, los principales medios de comunicación no dejan de bombardearnos con noticias que vinculan de manera directa el procés catalán con la catástrofe económica que se estaría generando a partir del mismo. Es una especia de tormenta perfecta en la que cada día se anuncia que más y más empresas han decidido “salir” de Catalunya —esto es, cambiar su domicilio social a otras ciudades españolas— ante la incertidumbre política generada; entre ellas, grandes corporaciones del Ibex-35 como Caixabank, Gas Natural, Abertis o el Banco Sabadell. A la vez, el gobierno central reduce la estimación del crecimiento económico del Estado español en tres décimas del PIB para el presente año por ese mismo motivo. Incluso, avisa de las funestas consecuencias financieras y presupuestarias que tendría una declaración de independencia en firme, vía salida de la Unión Europea y corte de la financiación mediante la compra de deuda de las instituciones catalanas por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta avalancha de información de carácter catastrofista, que hasta el 1 de octubre no había sido utilizada como un argumento de peso con tanta intensidad, parece abrir un nuevo frente económico contra el procés, ante las grietas más que evidentes en el frente político. Y es que las lamentables imágenes de la represión desatada el día del referéndum, el encarcelamiento de líderes sociales independentistas que han abogado de manera explícita por acciones pacíficas y democráticas, o el intento de confrontar internamente al pueblo catalán, no han tenido el éxito esperado —o sí, si este era el de reforzar a la extrema derecha y de posicionar un nacionalismo español excluyente y violento—, e incluso han suscitado una cierta reprobación internacional. De ahí que se haya abierto un frente económico, para complementar a un frente político en horas bajas y dentro de una ofensiva del todo vale en la que se mezclan mentiras y amenazas.

Mentiras, para empezar, porque los anunciados cambios de domicilio de muchas empresas en ningún caso tienen que significar alteraciones en las lógicas fiscales, de inversión y empleo de ninguna de ellas. Como afirma Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA), el domicilio social (sede administrativa de la empresa), el domicilio fiscal (lugar de referencia para Hacienda) y la sede operativa (allí donde se concentra el centro corporativo de operaciones) no tienen por qué coincidir. Además, el cambio del primero no conlleva, al menos por ahora, ninguna alteración de las otras tipologías de sede y se mantiene la misma dinámica corporativa. Esta diversidad societaria, de hecho, es muy habitual en las grandes empresas, que suelen recurrir a la deslocalización de sus sedes y filiales para tratar de eludir y evadir impuestos, así como para aprovechar las mayores ayudas públicas posibles, sin que eso signifique nada de cara a su política real de inversiones.

“El cambio de sede social no implica que estas compañías se vayan a llevar sus negocios de Catalunya, con la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría”, afirma Cruzado, “sino que han asentado su sede fuera de allí, casi con toda seguridad, a la espera del desenlace del conflicto catalán”. Se trata, por tanto, de una lógica que puede responder a la habitual aversión a la incertidumbre política de las empresas, sin descartar a su vez presiones gubernamentales para generar confusión y miedo. Es lo que habitualmente se denomina “inseguridad jurídica” y, en realidad, solo responde a la defensa de los intereses privados de las grandes empresas. En todo caso, se trata de una medida sin efectos reales, seguramente de carácter temporal, y que en ningún caso parece que vaya a suponer alteraciones en la inversión y el empleo, que se mueven por otras motivaciones y variables ajenas a las que supuestamente provocan la “salida en falso” de estas corporaciones.

Si la mentira se ha convertido en un argumento, no lo es menos la amenaza y la imposición económico-financiera frente a cualquier proceso democrático. Algo parecido ocurrió en 2015 en otro país del Sur de Europa como Grecia, donde el poder corporativo —esa alianza de grandes transnacionales, Estados y organismos multilaterales y regionales como el FMI o el BCE— hizo imposible que pudiera llevarse a efecto el mandato popular democrático de no aceptación del memorándum de pago de una deuda considerada ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Y se utilizó toda una artillería de medidas, que iban desde los cortes en la financiación por parte del BCE a los bancos griegos hasta el empeoramiento de las condiciones de aprobación de nuevos memorándum. Todo ello, para presentar la claudicación del gobierno griego como un aviso a navegantes.

Esta maquinaria todavía no se ha puesto en marcha en el caso catalán, pero no hay que descartar que lo haga si la situación se desboca para el gobierno español. El reino de España es hoy en día una pieza necesaria y estratégica para una Europa en crisis, en la que su peso específico en términos económicos y su docilidad en la aplicación de las políticas de austeridad y displicinamiento del Sur de Europa le convierten en un aliado fundamental para el proyecto ultraliberal europeo. Si fuera el caso, tal y como ha escrito Isidro López al analizar su papel como dictador de Europa, el BCE podría amenazar con cortar el proceso de compra de deuda de las instituciones catalanas —no así del propio Estado español o del resto de comunidades autónomas, claro—, con el objetivo de ahogarlas y doblegar el procés si este declara en firme la independencia en firme. Aunque, incluso, eso pudiera conllevar una crisis política y un problema para la estabilidad del euro.

La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular.

Por el momento, con esta estrategia como comodín para ser utilizado en caso de ser necesario, se insiste en presentar ciertas decisiones empresariales muy simbólicas como argumento político, frente a la posibilidad de que el pueblo catalán en su conjunto pueda decidir sobre su presente y futuro. Por encima del mandato popular se sitúa la amenaza de Abertis, una empresa que ha generado un importante agujero al erario público con sus autopistas que se sabían deficitarias. O la de Gas Natural, una de las compañías eléctricas que más denuncias ha recibido por los abusos cometidos con sus actividades en América Latina y el Caribe, además de ser responsable directa del avance de la pobreza energética en el Estado español. Y qué decir de la amenaza de grandes entidades financieras como Sabadell y Caixabank, actor central del sector que más ayudas ha recibido tras la crisis y que más se ha lucrado en las últimas décadas a costa del bienestar de las mayorías sociales.

Una vez más, el debate político sobre la soberanía y el legítimo derecho a decidir se ve amputado y tergiversado por falsedades notorias y amenazas corporativas. Y al igual que el caso de Grecia, las actuales presiones económico-financieras a Catalunya son el espejo en el que se pueden mirar las administraciones locales y “ayuntamientos del cambio” que vayan a tratar de avanzar en proyectos emancipadores y de transformación real de las estructuras de poder. Pero no son las grandes empresas quienes precisamente están en disposición de dar lecciones y copar espacios democráticos, cuando sus operaciones están vinculadas desde la raíz a lógicas corruptas y excluyentes. La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular, sin birlar debates necesarios y sin amedrentar por múltiples vías a la población. Afianzar la ciudadanía corporativa o desbordar la democracia, esa es la cuestión.
23/10/2017
Gonzalo Fernández, Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal) – Paz con Dignidad

155. DICE EL BURRO QUE EL BURRO ES EL HOMBRE PORQUE DICE QUE EL HOMBRE NECESITA 155 VECES PARA ENTERARSE QUE ES BURRO, Y DESPUÉS ¡CATACLAM! QUE SIGAN LOS CORRUPTOS EN EL PODER DE YO ROBO, MI MARIDO TAMBIÉN; PELLIZCO DEL 3% QUE ME LLEVO, LA QUERIDA DE MI MARIDO TAMBIÉN. CASO GÜRTEL? (oiga, no mezclemos la politica con esto, que a mi no me gusta la politica) PELILLOS A LA MAR, QUE PARA ESO VOY A GANAR LAS ELECCIONES: ¡GRACIAS, PUEBLO MÍO!



   
Diez razones para resistir al 155 del Partido Popular



Maria E. Rodríguez Palop
Viento Sur
www.eldiario.es | Catalunya
26/10/2017

Si quieren un compendio de anticonstitucionalidad, un ejemplo del modo en que la Constitución puede usarse contra sí misma, observen atentos la aplicación del artículo 155CE. Les expongo aquí diez razones por las que deberíamos resistir la última exhibición autoritaria del Gobierno y sus acólitos.
  1. Cesar al presidente de una Comunidad Autónoma con todo su Gobierno no es sólo suspender sino suprimir la autonomía, algo que prohíbe el artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la autonomía.
  2. El Gobierno solo puede dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas, no destituirlas o sustituirlas, y en el caso catalán, esas instrucciones no pueden subvertir lo que dispone el Estatut en su artículo 66: solo el President puede disolver el Parlament y solo él puede convocar elecciones. A tenor del documento del Consejo de Ministros, se impide al Parlament ejercer el seguimiento y control de la nueva autoridad catalana que sustituye al Govern, pasando sus competencias a manos de un órgano designado por el Senado. De manera que el Parlament queda en buena parte a disposición del nuevo "ejecutivo catalán".
  3. Que el Presidente del Gobierno de la Nación asuma la potestad de convocar elecciones autonómicas desde Madrid, disolviendo el Parlament, supone la interrupción manu militari del funcionamiento de un poder constitucional del Estado (porque las Comunidades Autónomas son Estado y el Parlament un órgano legislativo). Esto es algo que prohíbe el mismísimo artículo 116 que, en términos de excepcionalidad, es el que recoge las medidas más extremas que constitucionalmente se pueden adoptar. Además, al recurrir al 155 para orquestar unas anticipadas desde el Gobierno central no se estaría suspendiendo al actual Govern de manera transitoria, sino cesándolo de forma definitiva, con lo que se usurparía a los catalanes el legítimo resultado de su derecho al voto en las anteriores elecciones autonómicas.
  4. A esto ha de añadirse la desconfianza institucional a la que obedece esta aplicación del 155. Una desconfianza que se instalará de forma quizá irreversible y que podría extenderse a todas las CCAA sin excepción. No en vano, Albert Rivera ha señalado que una eventual reforma constitucional no tiene que traducirse, necesariamente, en una mayor descentralización. Conociendo sus inercias ultranacionalistas y a la luz de la reforma constitucional que propuso su partido en las últimas elecciones, es esta una amenaza que deberíamos tomarnos muy en serio.
  5. No olvidemos que, con la finalidad de eludir el control del Congreso, la idea del Gobierno es poner en marcha su plan a base de Decretos no legislativos, de manera que, como señala Xabier Arbós, se estaría produciendo una quiebra escandalosa del principio de jerarquía normativa, porque se estaría reformando una Ley Orgánica (el Estatut) por Decreto, obviándose, por supuesto, todos los mecanismos de reforma estatutaria.
  6. Cuando se recurre al Senado para solicitar autorización, como es el caso, no se puede pretender la carta en blanco que hoy exige el Gobierno para "hacer lo que haya que hacer" (Rajoy dixit), que es la otra cara de su conocido hit: "la ley es la ley". Dotar a Rajoy de la potestad de convocar elecciones anticipadas en Catalunya desborda con mucho los márgenes competenciales del Senado. En cambio, por otro lado, "El Gobierno de la Nación dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas (…) con una periodicidad de dos meses", medidas que "permiten su adaptación a las circunstancias cambiantes", y si eso sucediera, "se prevé la posibilidad de que el Senado pueda conocer las modificaciones y actualizaciones". Lo que significa, lisa y llanamente, que se instrumentaliza al Senado dotándolo de poderes extraordinarios en lo que interesa al Gobierno, pero se le priva de la capacidad de ejercer un control continuado sobre lo que decida el ejecutivo.
  7. El 155 habla de adoptar "medidas necesarias" para la consecución de un fin, pero ¿qué relación existe entre el fin perseguido (evitar el proyecto secesionista) y la convocatoria de elecciones? ¿Cuál es, en concreto, el fin perseguido cuando se habla de "orden constitucional" y de "interés general"?
  8. Las "medidas necesarias" tienen siempre un límite y no pueden traducirse en una suspensión de facto del texto constitucional que se invoca para aplicarlas. Por esta razón, entre otras, tales medidas deberían someterse a control jurisdiccional. Un control al que ha de someterse toda potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, y los fines a los que una y otra se orientan (106CE). Ni rastro de un control semejante, como ya hemos visto más arriba.
  9. Esta aplicación del artículo 155 se traduce no sólo en una suspensión de aspectos sustanciales del derecho a la participación política, sino también en una intervención dudosa de la libertad de expresión y de comunicación. Una suspensión, pues, de derechos fundamentales que solo el 116 permite bajo estrictos controles, de manera que, si antes del fatídico 1-O tuvimos un 155 sin control del Senado, lo que ahora tenemos es un 116 sin control del Congreso. Esto es, un ejecutivo omnipotente funcionando con tics autoritarios y al margen de las Cámaras.
  10. Si una interpretación sistemática de la Constitución nos lleva a calificar de anticonstitucional este uso del 155, dado que excede en algunos puntos lo que dispone el 116 para los estados de excepción, una interpretación histórica nos llevaría a una conclusión similar, porque en el proceso constituyente ya se desestimó la posibilidad de disolución de los parlamentos autonómicos para estos casos. En aquel momento, tanto Fraga como UCD propusieron un 155 (era entonces el 144) con una redacción mucho más intervencionista y autoritaria que la actual. Esta redacción fue rechazada y sustituida por la redacción soft que ahora tiene el 155. Lo que se rechazó fue, pues, justo lo que se ha acordado activar ahora: suspender al President y Vicepresident de la Generalitat, suprimir al Govern y disolver al Parlament para convocar elecciones.

    En definitiva, lo que estamos viviendo en estos días es un despelote catártico al que se han unido sin dudarlo algunos reyezuelos de provincias, soñando ya con amplios poderes plenipotenciarios. De manera que
    hay riesgos de que pasemos del café para todos a la represión sin cuartel.

Lo cierto es que no ha habido partido más destituyente y anticonstitucionalista en este país que el Partido Popular, que lleva años dedicándose a bombardear con fuego "amigo" la línea de flotación del sistema constitucional del 78 (un sistema que ellos mismos combatieron). De hecho, ha sido el PP el que ha matado de éxito al Tribunal Constitucional, dotándole de unas anómalas competencias ejecutivas que ninguna Constitución podría reconocerle; el que ha mantenido a un Fiscal General del Estado, claramente extralimitado, y reprobado por el Congreso; el que ha destrozado al poder judicial con la reforma del Consejo General del Poder Judicial; el que ha ninguneado a las cámaras legislativas, en España primero, y en Catalunya después; y el que ha forzado la esperpéntica comparecencia del Rey Sol con la que se ha mostrado la irreversible decadencia y la inutilidad sin paliativos de la Corona de España.

En fin, a estas alturas está claro que el Régimen del 78 acabará muriendo en la misma senda constitucional por la que marcha con paso firme e incólume el Partido Popular.

26/10/2017



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ARTÍCULO 155 O QUE LES MANDO A MI PRIMO EL DE ZUMOSOL, OIGAN. Y QUE NO LO TENGA REPETIR

   

ARTÍCULO 155: SÍ O NO






Edmundo Ventura
Viento Sur
tamaimos.com | Desde Canarias
29/10/2017 |
 
El artículo 155 tiene, además de un nulo desarrollo reglamentario, lo cual incrementa la gravedad de su aplicación, dada la más que previsible arbitrariedad de la misma, una honda raíz franquista. Algunos, como Ramón Cotarelo, encuentran antecedentes a la redacción de dicho artículo en el artículo 48 de la Constitución de Weimar. Sin embargo, es forzoso recordar que se aprobó como salvaguarda ante la posibilidad de que el entonces incipiente Estado de las Autonomías se desbocara, pensando especialmente en Euskadi. Para algunos ese supuesto desbocamiento ya habría llegado en Cataluña y con él, la necesaria aplicación, discrecional, eso sí, del artículo de marras. Sólo esto, a mi juicio, hubiera merecido una firmeza de principios más nítida frente a los que no hace tanto se llamaban los “nostálgicos”.

En estos días se ha recordado cuando se amenazó a Canarias, presidida entonces por el centrista Lorenzo Olarte antes de su reconversión al nacionalismo interclasista, con la aplicación del artículo 155 a cuenta de los entonces famosos descrestes. En frente, tuvo a Josep Borrell, catalán, español, europeo, terráqueo, galáctico, y así hasta el infinito y más allá. Al final, como en el soneto de Cervantes, fuese y no hubo nada. No hubo necesidad de llegar a mayores, la autonomía se salvó y, como al propio Olarte le gustaba decir, la cosa se arregló como dice el consabido refrán: “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Y así va Canarias: de mal arreglo en mal arreglo. No se recuerdan declaraciones de solidaridad de las nacionalidades históricas o asimiladas ante la amenaza cierta a la autonomía canaria. Ellos, a lo suyo. Y nosotros, a lo de ellos, por lo visto.

Las dos fuerzas nacionalistas canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, han adoptado sendas posturas ante la discusión en el Senado que merecen, en mi opinión, el rechazo de aquellos que incluso antes que nacionalistas, nos declaramos demócratas. Los primeros, se arrogaron el dudoso honor de ser la única fuerza autodenominada nacionalista en votar a favor del artículo por excelencia contra el autogobierno de los pueblos. Los esfuerzos posteriores por matizar y expresar alguna diferencia en cuanto al hipotético desarrollo reglamentario de la medida no ocultan este hecho, a mi juicio, vergonzoso.

Más sutil fue Nueva Canarias, que osciló desde una valiente postura a favor de votar “no”, expresada recientemente por la senadora por Gran Canaria, María José López, hasta la abstención. Puede entenderse que uno no esté ni a favor del 155 ni de la DUI. Sin embargo, si te preguntan por el 155, es obvio que tu respuesta debe ser “no” y no la abstención. Eso es lo que se votaba. En ningún caso, la votación en el Senado español obligaba a elegir, lo cual hubiera sido surrealista, entre artículo 155 y Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Presentar la discusión como un dilema tertium non datur entre estas dos medidas, del que uno quiere zafarse, no deja de ser un artificio, un sofisma, si se quiere. En la votación por el referéndum de independencia, defendida por el PDCat el pasado 22 de junio, el congresista por Nueva Canarias, Pedro Quevedo, no se abstuvo, argumentando que no estaba a favor de la DUI ni del 155. Votó “no”, luego hay equidistancias que no son tales.

A mi juicio, más que una disquisición entre nacionalistas, estamos, entre otras cosas, en un escenario en el que se nos pretenden colar las peores interpretaciones constitucionales posibles, las más retrógradas y, tal vez, hasta una versión regresiva de la Constitución, disfrazada de remozamiento 3.0. El peligro recentralizador es cierto aunque también es posible la reacción en sentido progresista cuando pase lo peor. En cualquier caso, creo que ni Coalición Canaria, sobre todo, ni tampoco Nueva Canarias han estado a la altura de las circunstancias. Ser crítico con los aspectos más desaconsejables del proceso catalán no implica necesariamente apoyar ni dejar pasar a esta División Azul-Naranja. Esperemos que no tengamos que recurrir a la solidaridad si vienen por nosotros. Si no la tuvimos entonces, menos habremos de esperarla ahora.

28/10/2017

sábado, 28 de octubre de 2017

POR QUÉ UN PROBLEMA NO CATALÁN LO TIENEN QUE PAGAR LAS CLASES TRABAJADORAS CATALANAS (y las no catalanas), LAS QUE SE DECLARAN INDEPENDENTISTAS Y LAS QUE SE DECLARAN NO INDEPENDENTISTAS?




LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL ROMPE EL PACTO CONSTITUCIONAL DEL 78

28.10.2017


O de cómo pagar la clase obrera española, el déficit a priori de 13.000 millones de euros, que anuncia el gobierno de PP que tiene de coste el asunto catalán a las arcas del estado, una amenaza que conlleva estrategia para las futuras elecciones, responsabilizando ante el pueblo español, al pueblo catalán de los recortes futuros en salarios y pensiones, con el objetivo de que paguemos la crisis. La burguesía catalana aplaude con las orejas, porque también participa del postín, dentro de la propiedad y acciones de las empresas y sociedades financieras que comparten con la española, la europea y del resto del planeta.

Resulta irritante la pretensión de dar como cierta por histórica, una explicación de confrontación entre élites burguesas por revisionista, dando igualdad a todas las personas desde conceptos abstractos como pueblo y ciudadanía, con una burguesía vendepatrias, sin fronteras financieras y de paraísos fiscales como las del PP y PDeCAT, que autoproclamada como pueblo por el constitucionalismo del 78, situó la contradicción en la recuperación de “sus” derechos históricos como pueblo catalán dentro del estado español, cuando es un problema sin solución entre burgueses, como propietarios de la industria, el comercio, entidades financieras y desde siglos, de la tierra, de sus poderes fácticos y del gobierno.

Esta posverdad de hacer para la clase obrera como pueblo el problema de los propietarios burgueses, además de manida en la historia de la lucha de clases, nos viene dada por el abandono del marxismo del PCE y el PSOE en los años setenta, posibilitando que la izquierda que representaba a la clase obrera y al pueblo (que engloba a todas las clases sociales menos a la oligarquía dominante) acordara en la constitución del 78, darnos unos derechos genéricos (dentro del pacto social de estado de bienestar que se nos ofertaba) en trabajo, sanidad, enseñanza, servicios sociales, dependencia y de libertades en la calle y el trabajo y para ellos que no olvidan la lucha de clases, firmeza en los derechos fundamentales que salvaguardan la propiedad privada y el libre mercado, bajo una monarquía parlamentaria como estado de derecho, todo ello sobre la base del mantenimiento del aparato fascista del estado franquista, lo cual explica el poder y corrupción de los poderes fácticos y la escasa independencia del poder judicial.

Este acuerdo que también era entre oligarquías, encubierto como derechos históricos, es el que salta fruto de la presión que ejerce la competencia por el control del libre mercado y de los instrumentos del estado burgués de apropiación de los ahorros, salarios, pensiones y propiedades de la clase trabajadora, especialmente los de la clase media, que abarca desde la clase obrera con trabajo fijo, al profesional, autónomos y pequeños empresarios, que inexorablemente ven avanzar su proceso de proletarización con sus hijos y nietos en trabajos precarios, sin salario estable y con sus propiedades y la de los avalistas hipotecadas, cuando no embargadas por las entidades financieras, por un extractivismo salvaje de los bienes y propiedades, amasadas durante los treinta años de pacto social de estado de bienestar.

La crisis global del sistema capitalista y de la hegemonía occidental, conlleva la confrontación entre oligarquías por el control del libre mercado y el monopolio, donde el beneficio es el objetivo final y el extractivismo a las clases populares de ahorros, salarios, pensiones, propiedades y servicios públicos como sanidad, enseñanza o dependencia, base de una sociedad desarrollada como Cataluña, el objetivo del capital financiarizado en la apropiación de bienes para su beneficio. En EEUU la derecha reaccionaria confronta con la neoliberal y la vence electoralmente, combatiéndose en el gobierno, en organismos económicos, militares y en la calle, desde el carácter imperialista de ambas por mantener su poder. En Gran Bretaña, el Brexit triunfa en una pacífica lid entre oligarquías, para independizarse del brazo alemán bajo el apoyo del poder financiero de la City, con el objetivo de liderar en Europa y occidente la penetración de un yuan chino, dentro de la canasta de monedas del FMI y como referente del nuevo poder económico que se vislumbra desde Eurasia con la Banca Asiática china, los BRICS y su Banco de Desarrollo, en la apuesta de la nueva Ruta de la Seda China. En Francia, todo el neoliberalismo desde el progresista hasta el más conservador, se unen para vencer y polarizar la sociedad entre la “democracia” representada por ellos contra el “fascismo”, que supuestamente simboliza la derecha oligárquica de Le Pen, como táctica para derrotar a la izquierda radical reformista de Mélenchon. Lo cual lograron.

En España, después de más de cuatro años de ruptura del bipartidismo, con el acoso mediático de los neoliberales construyendo fracturas internas a Podemos, poniendo gestoras a los partidarios del NO al gobierno de Rajoy, para que no confluyan con Unidos Podemos y formen gobierno, pero aún así con todo, fueron incapaces de hundirlo en las encuestas, hasta ahora, que un partido en el gobierno español y otro en el catalán, con docenas de dirigentes, diputados y senadores encausados por delitos contra los bienes públicos, con un déficit público que llega al 100% del PIB según sus cuentas, con un nivel de desempleo y precariedad del más del 50% de la población activa, que si no aumenta, es por la jubilación anticipada a la que obligan, a miles de personas que pierden su puesto de trabajo y subsidios al superar los sesenta años, perdiendo de media del 30 al 40 por ciento de su pensión y por la migración de miles de jóvenes anualmente, en busca de un empleo que les garanticen una vida digna con derechos. Y con todo este lío, topan con el filón de la falta de identidad de clase como pueblo, por el revisionismo del 78.

Superado el conflicto vasco con la derrota del independentismo, nace el conflicto entre oligarquías en Cataluña, con la utilidad de tapar trapos sucios y de paso dirimir diferencias por la caída de beneficios y por la acaparación de nuevos negocios dentro de la crisis global. El interés de la oligarquía catalana pasa entre otros, por el control de la Hacienda Pública en línea con la de Euskadi y Navarra, insolidaria con el resto de comunidades. De quién controla y gestiona en España las inversiones y contrataciones en la configuración de las rutas de comunicación con la Europa Central y África, dentro de la ruta de la seda terrestre y marítima china. De a quien revierten los beneficios y corruptelas de los fondos de inversión que gestionan el parque de viviendas e inmuebles barcelonés, limitado por las trabas municipales del gobierno de Ada Colau y principal enemiga de la oligarquía a batir en Cataluña. Por estas y por las que saldrán, es por lo que han creado el problema catalán, como estrategia válida para derrotar a la única opción capaz de derrotarles hasta hoy, Podemos y sus confluencias en Unidos Podemos.

Y esto es lo que nos estamos jugando la clase obrera en estos momentos, que en vez de alegrarnos de la división entre oligarquías, la convertimos en una jornada de luto, ante el seguidismo de amplios sectores de la izquierda del supuesto derecho histórico de la burguesía oligárquica catalana, a gestionar política, económica y culturalmente el erario público, los servicios públicos y la empresa pública, dentro de una economía de libre mercado sin control público, con el objetivo de obtener más beneficios y romper así la unión política de la clase obrera española, en torno a unos derechos iguales para todos en el conjunto del estado, igual que lo pedimos para el conjunto de la clase obrera europea. Es decir, que para las próximas elecciones catalanas y españolas, los reformistas de Unidos Podemos, no solo son el enemigo a batir, lo son a desaparecer por una oligarquía que no es vasca, catalana o española, es neoliberal.

Alonso Gallardo militante comunista por la confluencia popular

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viernes, 27 de octubre de 2017

SOBRE CATALUÑA


España sagrada, Somos la izquierda

27.10.2017


Cuando lo sagrado se instala en el discurso político, sólo puede tratar los problemas de una manera: a hostias. Cuando la razón se ausenta, surge en su lugar la sinrazón, la demagogia, la mentira.

Catalunya no es un problema para España, España es un problema. El régimen del 78, resultado de una Constitución aprobada por el 58,9 % del censo -en Euskadi y en Galicia, por menos del 50%- está llegando a su fin. Pero es probable que muchos no lleguemos a verlo, porque no está dispuesto a morir sin causar daño y alargar su agonía.

La transición no fue modélica. Fue una evolución, no una ruptura, del régimen anterior. Pero no existe cambio de régimen sin ruptura. Ahora se está demostrando. La ruptura no tiene porque ser violenta. En ciertas circunstancias puede tomar la forma de movimiento popular pacífico, siempre que no se pongan en cuestión los sagrados intereses del capital. Si se toca el capital, surge la violencia.

Los primeros signos de ruptura post-transición aparecen en Madrid con el movimiento 15M (2011), que se extiende a las plazas de las principales ciudades de España, incluida Barcelona, bajo el lema ¡No nos representan!, dirigido contra la clase política. Al principio el movimiento es tolerado; después insultado y reprimido. En agosto de ese mismo año Zapatero y Rajoy deciden reformar el artículo 135 de la Constitución, presionados por el capital financiero alemán, sin consultar a sus propios ciudadanos. Más tarde, una parte del movimiento indignado, toma forma política con la creación de Podemos.

En Barcelona el movimiento reivindicativo converge con otros sectores sociales en la primera Diada independentista masiva (2012). El lema ¡Catalunya, nou estat d’Europa! expresa algo muy parecido al 15M, ya que equivale a decir: ¡Este Estado no nos representa! Los jóvenes y los diversos movimientos de protesta manifiestan una clara indignación con el régimen de la transición.

Ambos intentos de ruptura, Puerta del Sol y Diada, surgen en respuesta a la crisis financiera global. La diferencia es que en Catalunya la reivindicación incorpora también el derecho histórico de su pueblo a constituirse en sujeto político y a regir su propio destino. Esto, que alarma a cierta izquierda, no es tan diferente del movimiento de los indignados, que también pretende constituirse en sujeto político.

¿Por qué la izquierda española es tan reacia a plantearse con rigor la cuestión catalana y la rebota con la simpleza de que los nacionalismos son peligrosos? Sí, pueden serlo, especialmente en manos de los estados. ¿O acaso el régimen franquista no era nacionalista? ¿Hitler no era nacionalista? ¿Y Mussolini? Y entre las democracias occidentales ¿Francia no es un estado nacionalista? ¿Alemania, Italia, USA no lo son? En España el ejército nacional, apoyado y jaleado por las derechas, masacró a su propio pueblo causándole un sufrimiento inmenso y cuarenta años de dictadura. Al hablar de nacionalismos conviene no perder la memoria.

En Catalunya el independentismo es básicamente de izquierdas. Y los sectores no independentistas que le acompañan son progresistas. El procés es tan potente que arrastra incluso a la derecha moderada. Pero no defiende una nación por encima de las demás. No mira a España por el hombro. Más bien al contrario, la mira desde abajo y con inquietud. Como los portugueses -la otra nación inequívoca de la península- quien en su memoria histórica acuñaron una experiencia que se transmite con las generaciones: ¡De Castilla, nem bom vento, nem bon casamento!

¿Y Jordi Pujol? Pujol no fue nunca independentista, ni de izquierdas, ni honrado. Los jóvenes no lo reconocen como suyo. ¿No es evidente que el procés es una ruptura con el pujolismo? ¿Y la burguesía catalana? En su sitio: externalizando empresas. ¿Por qué insistir en que el independentismo está dirigido por la burguesía? Tal vez para calmar las conciencias jacobinas españolas. Desde los tiempos de la Nova cançó se extendió entre la izquierda española el prejuicio de que sus músicos provenían de la burguesía catalana. ¿Quiénes, Raimon, Serrat, Montllor? ¿María del Mar Bonet? Ni uno.

Como recordaba ayer David Torres en el diario Público¿Qué culpa tiene Finlandia de ser una hermosa cuña entre Suecia y Rusia?” Apenas a punto de cumplir sus primeros cien años de independencia, tras siglos formando parte de Suecia y más tarde de Rusia. el lema que dirigió su reivindicación fue: “No somos suecos y no queremos ser rusos, así que dejadnos ser finlandeses”. ¿Qué culpa tiene Catalunya de ser una pequeña cuña entre Francia y España? También podría decir: “No somos franceses y no queremos ser españoles, así que dejadnos ser catalanes”. ¿Qué culpa tiene Irlanda de ser una isla atrapada entre el Reino Unido y el océano?

Lo más interesante del proceso catalán es que es popular, transversal y de masas. Y además supone una ruptura con el régimen del 78, ya que pone en cuestión la España sagrada uni-nacional. ¿Esta última es la de la izquierda? El procés es la prueba del algodón. Los que dentro de la izquierda lo combaten -y no son pocos- están anclados en el pensamiento avejentado del 78 y en los ideales de la fraternidad universal, que jamás se han cumplido. Mejor sería que se deslizaran hacia otro ideal, el de la fraternidad de los pueblos, y mostraran un mínimo de comprensión hacia el pueblo catalán, dividido, como todos los pueblos, pero que está mostrando un decidido deseo de convertirse en sujeto político.

La apelación a la ley -penal, por supuesto- y a una sagrada Constitución, redactada en el 78 bajo la supervisión del ejército franquista, de los poderes fácticos y del capital internacional, para reprimir un movimiento democrático en el siglo XXI es de una enorme hipocresía política. Y que una parte de la progresía -cuyo paradigma es el PSOE- abandere la aplicación de un artículo, el 155, que aborta el autogobierno catalán y le amputa sus instituciones, es una clara agresión contra Catalunya y sus ciudadanos. La insolidaridad que se le achaca a Catalunya es exactamente lo contrario: la insistente insolidaridad de España -y por desgracia, de una parte de la izquierda- contra ese pueblo, mediante campañas de creación de odio desde hace varios años.

¿Qué aplicación de la ley se puede esperar de un Partido Popular que se ha apropiado de las instituciones del Estado para uso propio, que ha saqueado el dinero público, que ha pagado la reforma de su sede central con un millón de euros de origen ilícito, que ha presionado, manipulado y sancionado a jueces y fiscales desafectos, que ha recortado derechos sociales y producido pobreza y muerte en muchas familias? ¿Cómo se puede consentir que pueda ejercer el dictat sobre Catalunya un partido votado por sólo el 8,3% de los catalanes?

¿Qué aplicación de la ley se puede esperar de una Jefatura del Estado restaurada por Franco, cuyo titular Borbón no fue votado nunca, y que incumple su propia Constitución interviniendo en política con reiterados discursos partidistas? ¿Qué respeto por el pueblo que sufre recortes en la sanidad, en la educación, en los derechos sociales, con el obsceno boato de los Premios Princesa de Asturias y la exhibición de todos los plutócratas del país reunidos? ¿Qué decencia esperar de quien otorga el premio de la Concordia a la indecente troika comunitaria, responsable de políticas neoliberales que han causado sufrimiento a miles de europeos y muerte a cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo? Todo ello bajo el amparo del gobierno socialista de Asturias, corresponsable de tal exhibición.

La decisión de apropiarse de las instituciones legítimas de Catalunya se produce al día siguiente de esta feria de las vanidades en el exterior del Teatro Campoamor de Oviedo que, para sonrojo de muchos asturianos, evoca un desfile similar al de la explanada de El Escorial, en la boda de la hija de Aznar.

Y todo ello con el cinismo de Rajoy, al sostener “No hemos suprimido la Generalitat de Cataluña”, cumpliendo el postulado de Sigmund Freud (1925): la negación lingüística es una afirmación en el inconsciente.

Si Catalunya es España ¿por qué se le trata tan mal, por qué se le agrede, por qué se le niega la palabra, por qué se pone en riesgo su economía? Si los independentistas son una minoría ¿por qué no se realiza un referéndum pactado, legal y democrático para dejarlos en evidencia? Tal vez haya miedo de que puedan resultar una mayoría. Lo que no es sostenible es reprimir con todo el aparato del Estado, secundado por la brigada mediática neo-coreana, la posibilidad de hacer un referéndum con garantías, secuestrando papeletas, urnas y censos, y agrediendo a pacíficos ciudadanos, para decir después que la votación no cumplía los requisitos de limpieza técnica. ¿O es limpieza étnica?

El procés catalán ha cometido errores, ha forzado el reglamento del Parlament, ha incumplido algunos procedimientos legales, no está acreditado que tenga una mayoría social suficiente. Pero hay que verificarlo. Toda obra humana tiene fallos y contradicciones y corre el riesgo de ser manipulada, y más si es de esta complejidad. Quizás la independencia sea la búsqueda de un imposible. Pero están en su derecho de intentarlo. Y enfrente ¿qué se han encontrado? Todo el poder coercitivo de un gobierno deslegitimado, de un Estado que no ha roto todos los lazos con el franquismo, de unos aparatos judiciales profundamente conservadores y partidistas, de una clase política regida por el pensamiento de abogados del estado. Y, lo que es más grave, de un PSOE que, en vez de apaciguar, ha dado luz verde a la derecha más reaccionaria. Pero esto no es nuevo, a la hora de la verdad la cúpula del PSOE siempre está del lado de los poderosos: de la OTAN, de los contratos basura, del Ibex 35, de la monarquía, del PP, de los barones.

¿Qué ley es la que para justificar tal agresión se tramita desde una institución obsoleta y dormida –el Senado– que sólo despierta para ejercer coerción sobre un pueblo?

El artículo 135 se aplicó contra el movimiento de indignación. El artículo 155 se aplica contra el movimiento independentista. Un hilo, que pasa por el ojal del Ibex 35, hilvana ambos artículos. ¿La costurera?: Pedro Sánchez. ¿La baronesa?: Susana Díaz. ¡Por fin ganó!

Pero si Catalunya cae, caemos todos. Acordémonos de Bertolt Brecht. ¿Dónde estás, izquierda?

Cautivas y desmanteladas las instituciones catalanas, la paz está en riesgo.

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MARIANO RAJOY, EL YO NO SÉ, NO ME CONSTA, YO PASABA POR ALLI DEL CASO GÜRTEL, QUE NO LE GUSTA EXPERIMENTAR CON GASEOSA, EL MUY CUCO SE HA BEBIDO LA GASEOSA, Y CON EL CASCO VACIO DE LA GASEOSA SE HA LIADO A BOTELLAZOS CON LOS CATALANES, NOI


Diez razones para resistir al 155 del Partido Popular

BRADY IZQUIERDO RODRIGUEZ/REBELION


Rebelion
eldiario.es
27.10.2017

No ha habido partido más destituyente y anticonstitucionalista en este país que el Partido Popular, que lleva años dedicándose a bombardear con fuego “amigo” la línea de flotación del sistema constitucional del 78


Si quieren un compendio de anticonstitucionalidad, un ejemplo del modo en que la Constitución puede usarse contra sí misma, observen atentos la aplicación del artículo 155CE. Les expongo aquí diez razones por las que deberíamos resistir la última exhibición autoritaria del Gobierno y sus acólitos.
  1. Cesar al presidente de una Comunidad Autónoma con todo su Gobierno no es sólo suspender sino suprimir la autonomía, algo que prohíbe el artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la autonomía.
  2. El Gobierno solo puede dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas, no destituirlas o sustituirlas, y en el caso catalán, esas instrucciones no pueden subvertir lo que dispone el Estatut en su artículo 66: solo el President puede disolver el Parlament y solo él puede convocar elecciones. A tenor del documento del Consejo de Ministros, se impide al Parlament ejercer el seguimiento y control de la nueva autoridad catalana que sustituye al Govern, pasando sus competencias a manos de un órgano designado por el Senado. De manera que el Parlament queda en buena parte a disposición del nuevo "ejecutivo catalán".
  3. Que el Presidente del Gobierno de la Nación asuma la potestad de convocar elecciones autonómicas desde Madrid, disolviendo el Parlament, supone la interrupción manu militari del funcionamiento de un poder constitucional del Estado (porque las Comunidades Autónomas son Estado y el Parlament un órgano legislativo). Esto es algo que prohíbe el mismísimo artículo 116 que, en términos de excepcionalidad, es el que recoge las medidas más extremas que constitucionalmente se pueden adoptar. Además, al recurrir al 155 para orquestar unas anticipadas desde el Gobierno central no se estaría suspendiendo al actual Govern de manera transitoria, sino cesándolo de forma definitiva, con lo que se usurparía a los catalanes el legítimo resultado de su derecho al voto en las anteriores elecciones autonómicas.
  4. A esto ha de añadirse la desconfianza institucional a la que obedece esta aplicación del 155. Una desconfianza que se instalará de forma quizá irreversible y que podría extenderse a todas las CCAA sin excepción. No en vano, Albert Rivera ha señalado que una eventual reforma constitucional no tiene que traducirse, necesariamente, en una mayor descentralización. Conociendo sus inercias ultranacionalistas y a la luz de la reforma constitucional que propuso su partido en las últimas elecciones, es esta una amenaza que deberíamos tomarnos muy en serio.
  5. No olvidemos que, con la finalidad de eludir el control del Congreso, la idea del Gobierno es poner en marcha su plan a base de Decretos no legislativos, de manera que, como señala Xabier Arbós, se estaría produciendo una quiebra escandalosa del principio de jerarquía normativa, porque se estaría reformando una Ley Orgánica (el Estatut) por Decreto, obviándose, por supuesto, todos los mecanismos de reforma estatutaria.
  6. Cuando se recurre al Senado para solicitar autorización, como es el caso, no se puede pretender la carta en blanco que hoy exige el Gobierno para "hacer lo que haya que hacer" (Rajoy dixit), que es la otra cara de su conocido hit: "la ley es la ley". Dotar a Rajoy de la potestad de convocar elecciones anticipadas en Catalunya desborda con mucho los márgenes competenciales del Senado. En cambio, por otro lado, "El Gobierno de la Nación dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas (…) con una periodicidad de dos meses", medidas que "permiten su adaptación a las circunstancias cambiantes", y si eso sucediera, "se prevé la posibilidad de que el Senado pueda conocer las modificaciones y actualizaciones". Lo que significa, lisa y llanamente, que se instrumentaliza al Senado dotándolo de poderes extraordinarios en lo que interesa al Gobierno, pero se le priva de la capacidad de ejercer un control continuado sobre lo que decida el ejecutivo.
  7. El 155 habla de adoptar "medidas necesarias" para la consecución de un fin, pero ¿qué relación existe entre el fin perseguido (evitar el proyecto secesionista) y la convocatoria de elecciones? ¿Cuál es, en concreto, el fin perseguido cuando se habla de "orden constitucional" y de "interés general"?
  8. Las "medidas necesarias" tienen siempre un límite y no pueden traducirse en una suspensión de facto del texto constitucional que se invoca para aplicarlas. Por esta razón, entre otras, tales medidas deberían someterse a control jurisdiccional. Un control al que ha de someterse toda potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, y los fines a los que una y otra se orientan (106CE). Ni rastro de un control semejante, como ya hemos visto más arriba.
  9. Esta aplicación del artículo 155 se traduce no sólo en una suspensión de aspectos sustanciales del derecho a la participación política, sino también en una intervención dudosa de la libertad de expresión y de comunicación. Una suspensión, pues, de derechos fundamentales que solo el 116 permite bajo estrictos controles, de manera que, si antes del fatídico 1-O tuvimos un 155 sin control del Senado, lo que ahora tenemos es un 116 sin control del Congreso. Esto es, un ejecutivo omnipotente funcionando con tics autoritarios y al margen de las Cámaras.
  10. Si una interpretación sistemática de la Constitución nos lleva a calificar de anticonstitucional este uso del 155, dado que excede en algunos puntos lo que dispone el 116 para los estados de excepción, una interpretación histórica nos llevaría a una conclusión similar, porque en el proceso constituyente ya se desestimó la posibilidad de disolución de los parlamentos autonómicos para estos casos. En aquel momento, tanto Fraga como UCD propusieron un 155 (era entonces el 144) con una redacción mucho más intervencionista y autoritaria que la actual. Esta redacción fue rechazada y sustituida por la redacción soft que ahora tiene el 155. Lo que se rechazó fue, pues, justo lo que se ha acordado activar ahora: suspender al President y Vicepresident de la Generalitat, suprimir al Govern y disolver al Parlament para convocar elecciones.

    En definitiva, lo que estamos viviendo en estos días es un despelote catártico al que se han unido sin dudarlo algunos reyezuelos de provincias, soñando ya con amplios poderes plenipotenciarios. De manera que
    hay riesgos de que pasemos del café para todos a la represión sin cuartel.
Lo cierto es que no ha habido partido más destituyente y anticonstitucionalista en este país que el Partido Popular, que lleva años dedicándose a bombardear con fuego "amigo" la línea de flotación del sistema constitucional del 78 (un sistema que ellos mismos combatieron). De hecho, ha sido el PP el que ha matado de éxito al Tribunal Constitucional, dotándole de unas anómalas competencias ejecutivas que ninguna Constitución podría reconocerle; el que ha mantenido a un Fiscal General del Estado, claramente extralimitado, y reprobado por el Congreso; el que ha destrozado al poder judicial con la reforma del Consejo General del Poder Judicial; el que ha ninguneado a las cámaras legislativas, en España primero, y en Catalunya después; y el que ha forzado la esperpéntica comparecencia del Rey Sol con la que se ha mostrado la irreversible decadencia y la inutilidad sin paliativos de la Corona de España.
En fin, a estas alturas está claro que el Régimen del 78 acabará muriendo en la misma senda constitucional por la que marcha con paso firme e incólume el Partido Popular.


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jueves, 26 de octubre de 2017

CATALUÑA Y EL EMBROLLO DEL 155 MÁS LÍADO QUE UN SACO DE FIDEOS



El PDECat y ERC piden amparo al TC para que detenga el artículo 155    
       
25.10.2017    
© Proporcionado por Zeta Digital S.L.U.

Los grupos del PDECat y de ERC en el Senado han presentado dos recursos idénticos de amparo ante el Tribunal Constitucional para detener 'in extremis' la tramitación del artículo 155 en la Cámara alta. Según han explicado en rueda de prensa los portavoces, Josep Lluís Cleries y Mirella Cortés, respectivamente, la intervención de la Generalitat aprobada por el Gobierno "vulnera la Constitución" porque la Carta Magna habla de que se dé instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas afectadas y lo que ha aprobado el Ejecutivo central es "suprimir cargos electos y marcar una censura que no se aguanta con la actual Constitución". 

"Los que dan lecciones de constitucionalismo y legalidad, se ve que tienen una asignatura pendiente", ha remachado Cleries.

Además, los recurrentes alegan que se ha incumplido el reglamento del Senado porque la Mesa (donde solo están presentes el PP, el PSOE y el PNV) ha tramitado el 155 sin escuchar a la Junta de portavoces, en la que hay presencia de todos los de grupos. Por ello ya presentaron dos recursos de consideración ante la Mesa, que fueron desestimados. 

Paralización del pleno y de la comisión


En sus impugnaciones, el PDECat y ERC piden ahora a los jueces que suspendan de forma cautelar la tramitación del 155, que anulen los acuerdos de la Mesa y que se escuche a todos los grupos, paralizando por tanto tanto la comisión como el pleno, previstos para el jueves y el viernes, que deben aprobar las medidas del Gobierno. 

"Esperamos que el TC actúe con la misma celeridad que cuando lo pide el PP", ha expresado Cleries. Los portavoces han recordado que el alto tribunal suspendió el pleno convocado por el Parlament el pasado 9 de octubre, donde estaba previsto en un principio que se declarara la independencia, en virtud de un recurso de amparo del PSC. 

La portavoz de ERC ha argumentado además que recurren al TC, pese a que los independentistas abjuran de esta institución, porque "es la única puerta que tienen para llamar".  Ambos han confirmado asimismo que presentarán alegaciones en el trámite de ponencia del 155.

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miércoles, 25 de octubre de 2017

CATALUÑA: ¿CUENTA ATRÁS PARA SU REPÚBLICA?



Junqueras asegura que el Gobierno no les ha dejado otra opción que "proclamar una nueva república"    
 
25.10.2017


Catalan President Puigdemont walks with Vice President Junqueras as they arrive to hold a cabinet meeting at Generalitat Palace in Barcelona© IVAN ALVARADO - REUTERS Catalan President Puigdemont walks with Vice President Junqueras as they arrive to hold a cabinet meeting at Generalitat Palace in Barcelona

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado en declaraciones a Associated Press, que el Gobierno de España no ha dejado otra opción al Govern que declarar la independencia de forma unilateral.

Las palabras de Junqueras, que asegura que habla en nombre de su formación y no del Govern, llegan en pocas horas antes de la reunión del Govern convocada por el president, Carles Puigdemont, para este miércoles y tras la renuncia del presidente catalán de acudir al Senado.

Diversas fuentes soberanistas habían apuntado que la decisión de Puigdemont de acudir el jueves por la tarde al Senado ya estaba tomada, pero finalmente este jueves a las 16:00 horas (y no a las 10:00 como estaba previsto inicialmente) comenzará el pleno monográfico del Parlament para responder al 155.

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CATALUÑA. QUE AHORA NO ENTRO EN QUE LOS PRINCIPALES JEFES DEL PP SEAN LOS MÁS CORRUPTOS, POPULISTAS, DEMAGOGOS, SINVERGUENZAS Y ANTICONSTITUCIONALISTAS, EN EL MÁS ESTRICTO SENTIDO DE LA CORRUPCIÓN, NO ME METO. LO QUE PREGUNTO ES QUÉ ES Y CÓMO SE APLICA COSNTITUCIONALMENTE EL ARTÍCULO 155



La troika del 155

24.10.2017


No salgo de mi asombro. El Gobierno y sus dos ejecutores subalternos, PSOE y Ciudadanos, se aprestan a aprobar en el Senado la destitución del Govern, basándose -dicen- en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. He consultado a constitucionalistas acerca de si existe un Ley Orgánica que haya desarrollado el procedimiento necesario para hacer efectiva la medida que el Senado va a aprobar. La respuesta ha sido negativa. En consecuencia debemos atenernos a la literalidad del texto, habida cuenta de que las leyes, las normas, los preceptos y los reglamentos usan el lenguaje como vehículo esencial para su conocimiento, difusión y aplicación y en su caso para la sanción derivada del incumplimiento. ¿Qué dice el texto del 155?

En el primer apartado se dice que “el Gobierno tras la autorización del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella (La comunidad autónoma) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. ¿Cómo puede obligarse a nadie a hacer algo si se le cesa?

En el segundo apartado del citado artículo podemos leer que “Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. ¿Dar instrucciones es cesar? ¿Hay algún otro artículo en la Constitución que desarrolle, pormenorice y aclare la breve redacción del 155?
Las distintas sentencias del Tribunal Constitucional reiteran una y otra vez la necesidad de que el Gobierno tenga un mecanismo constitucional para abordar el problema que han planteado el Parlament y el Govern de Cataluña. Pero la pregunta sigue siendo la misma ¿En qué parte del articulado se dice que el Gobierno podrá cesar en sus funciones a cualquier presidente de comunidad autónoma y a todo su gobierno?

El que haya un vacío legal no puede servir de excusa para extralimitarse y aplicar acciones que la Constitución no contiene expresamente. ¿Acaso las ilegalidades hechas en Cataluña pueden ser combatidas con otras? ¿Dónde está el llamado Estado de Derecho?

El artículo 76, apartado d) de la Constitución de la II República establecía que le correspondía al Presidente de la misma: Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes. Es decir el Presidente recibía un mandato que le permitía actuar en consecuencia en casos de gravedad, aunque después estuviera obligado a dar explicaciones. Pero cesar a cargos democráticamente electos sin tener el respaldo constitucional para ello es una práctica de filibusterismo político. Por eso se la han inventado, contando con el coro de turiferarios que loarán una chapuza hecha a imagen y semejanza de la convocatoria del referéndum catalán.
Las acciones ilegales del Govern de Catalunya han sido calificadas de Golpe de Estado.

¿Cómo calificar una propuesta hecha al Senado, con el apoyo de la troika del 155, que no está ni explícita ni implícitamente, contenida en la Constitución?

El bipartito y el adminículo portaestandarte que los acompaña, no solamente han echado gasolina al fuego sino que, además, han arrojado otra paletada de tierra sobre la fosa en la que yace la Constitución de 1978 acompañada por la Transición que la engendró.

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