domingo, 29 de octubre de 2017

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Entre la farsa y la amenaza



Gonzalo Fernández
Viento Sur
elsaltodiario.com | Empresas contra el Procés   
25/10/2017 |

En estos días, los principales medios de comunicación no dejan de bombardearnos con noticias que vinculan de manera directa el procés catalán con la catástrofe económica que se estaría generando a partir del mismo. Es una especia de tormenta perfecta en la que cada día se anuncia que más y más empresas han decidido “salir” de Catalunya —esto es, cambiar su domicilio social a otras ciudades españolas— ante la incertidumbre política generada; entre ellas, grandes corporaciones del Ibex-35 como Caixabank, Gas Natural, Abertis o el Banco Sabadell. A la vez, el gobierno central reduce la estimación del crecimiento económico del Estado español en tres décimas del PIB para el presente año por ese mismo motivo. Incluso, avisa de las funestas consecuencias financieras y presupuestarias que tendría una declaración de independencia en firme, vía salida de la Unión Europea y corte de la financiación mediante la compra de deuda de las instituciones catalanas por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta avalancha de información de carácter catastrofista, que hasta el 1 de octubre no había sido utilizada como un argumento de peso con tanta intensidad, parece abrir un nuevo frente económico contra el procés, ante las grietas más que evidentes en el frente político. Y es que las lamentables imágenes de la represión desatada el día del referéndum, el encarcelamiento de líderes sociales independentistas que han abogado de manera explícita por acciones pacíficas y democráticas, o el intento de confrontar internamente al pueblo catalán, no han tenido el éxito esperado —o sí, si este era el de reforzar a la extrema derecha y de posicionar un nacionalismo español excluyente y violento—, e incluso han suscitado una cierta reprobación internacional. De ahí que se haya abierto un frente económico, para complementar a un frente político en horas bajas y dentro de una ofensiva del todo vale en la que se mezclan mentiras y amenazas.

Mentiras, para empezar, porque los anunciados cambios de domicilio de muchas empresas en ningún caso tienen que significar alteraciones en las lógicas fiscales, de inversión y empleo de ninguna de ellas. Como afirma Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA), el domicilio social (sede administrativa de la empresa), el domicilio fiscal (lugar de referencia para Hacienda) y la sede operativa (allí donde se concentra el centro corporativo de operaciones) no tienen por qué coincidir. Además, el cambio del primero no conlleva, al menos por ahora, ninguna alteración de las otras tipologías de sede y se mantiene la misma dinámica corporativa. Esta diversidad societaria, de hecho, es muy habitual en las grandes empresas, que suelen recurrir a la deslocalización de sus sedes y filiales para tratar de eludir y evadir impuestos, así como para aprovechar las mayores ayudas públicas posibles, sin que eso signifique nada de cara a su política real de inversiones.

“El cambio de sede social no implica que estas compañías se vayan a llevar sus negocios de Catalunya, con la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría”, afirma Cruzado, “sino que han asentado su sede fuera de allí, casi con toda seguridad, a la espera del desenlace del conflicto catalán”. Se trata, por tanto, de una lógica que puede responder a la habitual aversión a la incertidumbre política de las empresas, sin descartar a su vez presiones gubernamentales para generar confusión y miedo. Es lo que habitualmente se denomina “inseguridad jurídica” y, en realidad, solo responde a la defensa de los intereses privados de las grandes empresas. En todo caso, se trata de una medida sin efectos reales, seguramente de carácter temporal, y que en ningún caso parece que vaya a suponer alteraciones en la inversión y el empleo, que se mueven por otras motivaciones y variables ajenas a las que supuestamente provocan la “salida en falso” de estas corporaciones.

Si la mentira se ha convertido en un argumento, no lo es menos la amenaza y la imposición económico-financiera frente a cualquier proceso democrático. Algo parecido ocurrió en 2015 en otro país del Sur de Europa como Grecia, donde el poder corporativo —esa alianza de grandes transnacionales, Estados y organismos multilaterales y regionales como el FMI o el BCE— hizo imposible que pudiera llevarse a efecto el mandato popular democrático de no aceptación del memorándum de pago de una deuda considerada ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Y se utilizó toda una artillería de medidas, que iban desde los cortes en la financiación por parte del BCE a los bancos griegos hasta el empeoramiento de las condiciones de aprobación de nuevos memorándum. Todo ello, para presentar la claudicación del gobierno griego como un aviso a navegantes.