martes, 3 de junio de 2014

FELIPE 0 HIPOCRITA Y CINICO ANTES DE EMPEZAR OFICIALMENTE A SER HIPOCRITA Y CÍNICO

 

La cara oculta de la Fundación Príncipe de Asturias

La cara oculta de la Fundación Príncipe de Asturias
El príncipe Felipe, durante una entrega de premios de su fundación. CASA REAL
 

Lamarea.com
 25 de octubre de 2013
 
Artículo publicado en el dossier especial sobre el príncipe Felipe del nº2 de La Mareaa la venta aquí:

MADRID // Para su padre es “una bendición del cielo” y para el resto de los españoles, monárquicos o no, acabará siendo rey por gracia divina. El príncipe Felipe se mantiene en un segundo plano aséptico para esquivar escándalos y toma posiciones ante la cada vez más inminente sucesión. Los empresarios que han acompañado al rey Juan Carlos en las últimas décadas, conscientes de las “bendiciones” reales, también toman posiciones y pelean por un sillón en la corte del futuro monarca.

El hermetismo sobre la figura del heredero, que cumplió 45 años el pasado 30 de enero, es casi absoluto. Los ciudadanos suelen recibir informaciones controladas que ensalzan su preparación, cuidada al detalle desde su más tierna infancia; y sus discursos están aliñados siempre de alusiones a la concordia, la cultura y el deporte, tres conceptos que rodean las campañas de imagen del hijo varón del rey. Casa Real intenta justificar con esa “preparación” su continuidad en un sistema democrático moderno, en el que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no entienden que el cargo más alto del Estado se herede de padres a hijos varones.

Y es que los tiempos cambian. Es la primera vez que el rey suspende en el barómetro del CIS. La primera vez que se juzga a un miembro de su familia. La primera vez que el monarca pide perdón. La primera vez en 13 años que concede una entrevista. Y la primera vez que TVE dedica un programa semanal exclusivo para hablar de la monarquía.

Por el contrario, el heredero sigiloso se mantiene ajeno a los escándalos que aceleran aún más la creciente desafección ciudadana hacia la institución, mientras se rodea de una élite de empresarios heredada de su padre de la que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, es uno de los miembros más destacados.

La corte del príncipe pivota, entre otros foros, en dos fundaciones: Príncep de Girona (FPdGi) y Príncipe de Asturias (FPA). Esta última, creada en 1980 e impulsada en la actualidad por 77 patronos –entre ellos, los presidentes de Banco Santander, El Corte Inglés, Telefónica, Repsol o Iberdrola– se ha convertido en un trampolín de lujo para entrar en el despacho del heredero. “Las aportaciones [anuales] de cada uno son bajas: 70.000, 80.000, 100.000 euros… y con ellas consigues un ticket para sesiones privadas con él y con grandes empresarios”, explica uno de los patronos. A los mecenas, además, Hacienda les desgrava un 20% de la donación. Entre éstos, la FPA mantiene al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a pesar de su imputación. “Es una cuestión que no depende de la fundación, ya que es la institución miembro del patronato quien debe nombrar a su representante”, se justifica la FPA.

La fundación, instrumento de altavoz y toma de contacto empresarial del príncipe, se diseñó cuando él tenía 12 años. Entonces, costó conseguir financiación. Fueron organismos públicos y empresarios asturianos, como Pedro Masaveu, quienes costearon los primeros Premios Príncipe de Asturias, hace 33 años. “Pero ahora que la fundación está consolidada, hay codazos por entrar”, añade el mismo patrono.

El heredero al trono mantiene reuniones periódicas en El Pardo con algunos de estos mecenas para debatir sobre política o economía, según reconoce Casa Real, al margen del encuentro anual de junio, en el que aprueban las cuentas de la fundación. Las audiencias más jugosas son las de grupos reducidos, de unos cinco o seis. El príncipe les convoca cada cuatro o seis semanas, sin una periodicidad fija.

Esta agenda paralela a la de su padre permite a Felipe forjar su red de cortesanos millonarios, que durante estos años de transición siguen acompañando al rey en sus viajes al extranjero en busca de inversiones. Es el caso de la reciente expedición a Brasil, en la que participaron Antonio Brufau (Repsol), Botín y altos directivos de Telefónica, Iberdrola, Iberia, Gas Natural, Indra, Acciona y Talgo, entre otras. Los nombres de estas empresas se repitieron en la mayoría de las excursiones económicas del monarca en 2012 (Rusia, India, Kuwait…).

Botín, el primero de la clase

El socio más aventajado es el Banco Santander. En abril de 2008, Casa Real entregó el sillón de presidencia de la Fundación Príncipe de Asturias al vicepresidente de la entidad, Matías Rodríguez Inciarte. Su designación provocó un terremoto entre el resto de los patronos, especialmente los banqueros, celosos del nuevo pelotazo que había dado Emilio Botín.

BBVA trató de frenar la creciente hegemonía de su competidor creando, de inmediato, los ocho galardones Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (el mismo número que los Príncipe de Asturias, pero con una dotación 10 veces superior, de 500.000 euros, y centrados en la investigación científica). No obstante, BBVA mantuvo su tributo a la fundación. A Caja Rural y Cajastur tampoco les hizo gracia. La caja de ahorros asturiana había donado 300.000 euros, frente a los 30.000 del Banco Santander.

Hasta 2011, el balance de situación y la cuenta de resultados eran secretos. Antes de ese año, los detalles de la auditoría sólo se habían aireado una vez, como consecuencia de las constantes denuncias de “oscurantismo” que publicó en la prensa asturiana David Ruiz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La presión hizo claudicar al director de la FPA, Graciano García, que terminó entregándole a Ruiz el informe. El catedrático define la organización que preside Rodríguez Inciarte como “un chiringuito para blindar la monarquía y crear un espacio en el que colocar gente”.

Que el presidente de la fundación pertenezca a la cúpula del principal banco español forma parte de la estrategia de la Corona, orquestada directamente por el rey y no por el príncipe, según reconocen fuentes de la fundación. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de Presidencia con UCD y, en 2011, uno de los 15 directivos mejor pagados de España: 6,51 millones de euros.

La Fundación Príncipe de Asturias tiene tres grandes vías de financiación: un 63% de los ingresos procede de entidades privadas –grandes empresas, la mayoría–; un 18%, de las arcas públicas (Gobierno central, gobierno de Asturias, Junta Central del Principado y ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés); y otro 15%, de inversiones financieras que la fundación realiza, en parte, con dinero público. En 2011, sumaron más de seis millones. Cuánto aporta cada empresario es secreto.

Y las contribuciones públicas no cesan. Además de las aportaciones regulares, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 la inyección de 12 millones de euros a la fundación durante el periodo 2006-2008. “En 2013, el ayuntamiento de Oviedo entregará otros 350.000 euros”, denuncia el portavoz de IU en el consistorio de la capital asturiana, Roberto Sánchez. Rivi, como se le conoce después de más de 20 años recorriendo los pasillos del ayuntamiento, provocó un alboroto en el patio de butacas durante la entrega de los premios en 1994, al ponerse de pie con una pancarta que reclamaba el 0,7% del PIB para cooperación. En la sala de realización de TVE se hicieron malabares técnicos para que no saliese la imagen, pero un fotógrafo de La Voz de Asturias logró inmortalizar la escena. Desde aquel año, se prohíbe el acceso de los fotógrafos al escenario.

En busca de financiación

El creador del patronato de la fundación fue su segundo presidente, Plácido Arango, empresario mexicano y padre de la cadena de restaurantes y tiendas Vips. En la organización recuerdan la anécdota de una de las primeras reuniones con grandes empresas a las que Arango asistía para pedir dinero. Fue en el Comité Ejecutivo del Banco Popular. El presidente de la fundación llegó con una carta de recomendación del rey debajo del brazo.

Antes del encuentro, los miembros del comité especulaban con la cantidad que les pediría: “¿Cuánto querrá? ¿100 millones de pesetas [equivalentes en 1987 a 600.000 euros]? ¿50? ¿80?” Por prudencia o por ignorancia del poder que tenía la rúbrica del monarca, Arango pidió apenas cinco millones de pesetas (30.000 euros). Los banqueros respiraron pero, al terminar la reunión, desde Casa Real se espetó al presidente: “¿Pero tú qué te has creído, que la firma del rey es para pedir calderilla?”, recuerdan fuentes cercanas a la fundación. Finalmente, Banco Popular aportó 10 millones.

Además de la fundación, los grandes patronos abren canales alternativos para agasajar a la Familia Real. El presidente de La Caixa (actual Caixabank), Isidro Fainé, por ejemplo, es uno de los habituales en los corrillos empresariales cercanos a la monarquía. De hecho, La Caixa fue una de las empresas que, junto con el Gobierno balear, realizó una colecta al más alto nivel para obsequiar a Juan Carlos de Borbón con un yate, el Fortuna III, que les costó 18 millones de euros. El pasado 15 de enero, Caixabank era una de las empresas participantes en el Spain Investors Day, unas jornadas presididas por el Príncipe de Asturias para establecer contacto con inversores extranjeros.

El primo del rey y hombre de su extrema confianza, Carlos de Borbón, es una figura clave para acceder al monarca, ya sea a través de reuniones o en una de sus habituales cacerías, a las que es muy aficionado. Carlos, de 75 años, es apenas 10 días menor que Juan Carlos y los dos han tenido vidas paralelas.

De hecho, Carlos de Borbón tuvo un papel clave, junto al abogado Juan Luis Iglesias, en el derrocamiento en 2009 del mentor de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, según fuentes internas. García es el periodista republicano que más ha ayudado a la monarquía desde que a finales de la década de 1970 se le ocurrió la idea de crear los premios como el mejor escaparate posible para el príncipe. Felipe tenía 12 años. Vincularle desde entonces al mundo de la cultura y el deporte (abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, esquiador, regatista…) le daba una imagen afable. Además, le aseguraba un discurso anual en el que todo el país centraba su mirada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El sueldo de 183.000 euros que alcanzó García, recogido en el libro Nada fue un sueño. Biografía íntima del creador de los Premios Príncipe de Asturias (KRK), da cuenta de lo agradecida que quedó Casa Real por el invento. Sin embargo, después de 30 años, Zarzuela decidió dar un giro a la dirección, apostando por un perfil experto en fundaciones y del entorno del Opus Dei: Teresa Sanjurjo. Carlos de Borbón presidía la Asociación Española de Fundaciones (AEF) cuando Sanjurjo era la directora. Además, la buena relación de la AEF con el Banco Santander y, en concreto, con la mujer de Botín, Paloma O’Shea, allanó todavía más el camino.

En realidad, los encargados de la elección del director de la FPA tendrían que haber sido los patronos, según consta en los estatutos de la fundación. Dos de ellos, el periodista Juan Cueto y el presidente de Caja Rural, Román Suárez Blanco, protestaron por la elección a dedo de Sanjurjo, que incluso obvió el consenso de los mecenas de buscar a alguien de origen asturiano. Sí que se cumplió la voluntad de la reina Sofía y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que fuera una mujer quien ocupase el cargo.

Del ‘juancarlismo’ al ‘felipismo’

Dicen desde Casa Real que no existe un planteamiento para la sucesión. Que se pondrá en marcha cuando toque. Lo que sí funciona a pleno rendimiento desde hace años es el trasvase de contactos empresariales del rey al príncipe, bajo la dirección y el control del primero.

La preparación del heredero para asumir el trono comenzó desde el primer momento de su educación y se ha llevado a cabo de forma progresiva y lineal, sin acelerones en los últimos años, según las mismas fuentes. De hecho, el príncipe participa en actos institucionales en solitario desde mediados de la década de los 90 y empezó a ejercer de representante de España en el exterior en 1996. Destaca su papel en las tomas de posesión de presidentes sudamericanos. Estos viajes protocolarios, sumados a la proyección internacional que atesoran los premios Príncipe de Asturias al reconocer la trayectoria de personajes como Bill Gates, Stephen Hawking, Woody Allen o Nelson Mandela ya dotan al heredero de una nutrida agenda internacional, a la altura de un jefe de Estado.

¿Cómo se legitima a un rey nombrado “desde la emoción del recuerdo a Franco” y que prometió “guardar lealtad a los principios que conforman el Movimiento Nacional”? Para los historiadores que defienden la figura del monarca, como Paul Preston, Juan Carlos lo logró gracias a su “sacrificio y dedicación”, como apunta el historiador inglés en Juan Carlos, rey del pueblo (Debate), la última biografía publicada del soberano. Para otros, como Alberto Carrillo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, “su legitimidad de origen es el franquismo, porque fue Franco el que determinó la línea dinástica saltándose a Don Juan”.

Ambos coinciden, eso sí, en la importancia del golpe de Estado del 23-F para crear la base sociológica del llamado juancarlismo, aunque lo hacen desde visiones antagónicas. En la biografía, Preston asegura que el rey coordinó el desmantelamiento del alzamiento militar desde la Zarzuela para “dar una segunda oportunidad a la democracia española”. Para Carrillo, tanto los movimientos de Casa Real tras la muerte de Franco como la imagen dada durante el 23-F responden a una “estrategia” calculada de la Corona, que “sabía que la única manera de mantenerse viva era distanciarse de la dictadura”. Ese hecho histórico “ha blindado en gran medida a la monarquía, ha sido su colchón salvavidas”, añade.

Pero los réditos de aquella “jugada maestra” del rey, según el historiador malagueño, no son hereditarios. “El príncipe necesitará su propia estrategia, intentando ofrecer un perfil más cercano al pueblo. Y en eso, el papel de Letizia es fundamental”, augura Carrillo. Eso sí, estas variaciones son “estéticas” porque “desde un punto de vista democrático no se justifica de ninguna manera la herencia de una jefatura de Estado”.

Incluso entre quienes alaban la figura del monarca, como Preston, existen ciertas dudas sobre cómo afectará la sucesión a la legitimidad de la institución: “Depende de cuándo y de las circunstancias en que se haga el traspaso de poderes. Pero en principio, en circunstancias normales, sí que sería legítimo”.

La asunción del trono por parte del príncipe Felipe, en un futuro más o menos lejano, se encontrará con un problema extra: el creciente desapego de la ciudadanía hacia la monarquía. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su confianza en varias instituciones, en octubre de 2011, la Corona obtuvo su primer suspenso de la historia con un 4,89 sobre 10, una nota menor que la que los encuestados otorgaron a los medios de comunicación (4,97) y muy inferior a los resultados de años anteriores (5,35 en 2010 y 6,67 en 1997, por ejemplo).

Esta pregunta, que no ha vuelto a aparecer en los barómetros del CIS desde entonces, incluye valoraciones sobre otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (5,65) o los partidos políticos (2,76) y forma parte de un paquete flexible del barómetro que suele incluirse en las encuestas, sin una pauta fija, cada cierto tiempo. “No hay una razón concreta por la que no se ha incluído en las últimas encuestas. No significa en absoluto que se vaya a dejar de hacer esa pregunta o que no vaya a entrar en las próximas oleadas”, explican desde el CIS.

Mientras llega ese nuevo examen oficial a la monarquía, las encuestas de los medios ofrecen resultados dispares. La última, publicada en enero por El Mundo, muestra que el 50,1% de los españoles valora positivamente al rey. La oleada anterior, de enero de 2012, le dio un 76% de aprobación. El príncipe, eso sí, se lleva el visto bueno del 62,3% de los encuestados. Mientras la monarquía sigue perdiendo fieles, los principales partidos políticos, PP y PSOE, apoyan sin fisuras a la institución.

La pérdida de adeptos a la Corona no es flor de un día, tal y como explica Belén Barreiro, Doctora en Ciencia Política y Sociología, fundadora de la firma de investigación social MyWord y exdirectora del CIS: “A lo largo de la democracia se ha ido produciendo una caída de la valoración de la monarquía, que estaba muy bien vista en los 80, al contrario de lo que ha pasado con otras instituciones como el Ejército, que tenía una mala valoración tras la dictadura y ha ido ganando simpatías”. A esto se le suma la evaluación que hacen los jóvenes de la institución, que la deja peor parada que la media. Esto supone, según la socióloga, un obstáculo a largo plazo.

Barreiro culpa de esa desafección hacia la Corona tanto a factores coyunturales, “de posible recuperación”; como estructurales, derivados de la propia esencia de la monarquía. “El hecho de que no sea una institución democrática, porque no ha sido elegida por la ciudadanía, hace que chirríe, sobre todo para los más jóvenes”, explica.

De los factores coyunturales, el más importante es la imputación de Iñaki Urdangarín. No ayuda, tampoco, que el Rey fuese pillado en plena cacería de elefantes en Botsuana el 14 de abril porque tuvo un accidente y necesitó volver a España para ser intervenido, aunque luego pidiera disculpas públicas e hiciese propósito de enmienda. Todos estos escándalos han trasladado los temas relacionados con la Corona, que solían habitar en el escaparate de las páginas de la prensa rosa, a las portadas de los medios generalistas.
¿Existía hasta ahora un veto sobre la monarquía? Según Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), no. Lo que sí había, en su opinión, es una “prudencia” a la hora de denunciar hechos escandalosos que “no se ha dado en otros casos, porque el respeto del que gozaba la monarquía los hacía más difícil de creer, no sólo para los periodistas sino también para los ciudadanos”.

Para Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), sí ha habido un “cambio radical” más patente en el tratamiento que los medios hacen de los temas reales porque, hasta ahora, había “un pacto no escrito entre los editores para respetar o proteger la figura del rey”, nacido de la idea forjada en la Transición de que criticar al monarca podía afectar a la democracia. Para González, la receta para los nuevos tiempos es más vigilancia desde la prensa y más transparencia desde la Corona.

Y es en esa mejora de la transparencia en la que, según fuentes de Zarzuela, basan su política de trabajo desde hace años. Un ejemplo de ello, siempre según la institución, es la publicación de los presupuestos de Casa Real en su web. Las cuentas de 2013 han sido las terceras en salir a la luz después de 32 años de secretismo. Esta decisión, alabada por casi todos, tuvo sin embargo dos frentes críticos: uno exigía un mayor desglose del gasto y el otro recordaba que, además del presupuesto oficial, algunos ministerios hacen frente a gastos derivados de la Corona que deberían constar en las cuentas finales.

Desde Palacio argumentan que en muchos casos es difícil desglosar gastos que son compartidos (si en un viaje que sufraga Exteriores participan el rey y el ministro, por ejemplo) y que, en todo caso, desvelar o no esos gastos es responsabilidad del ministerio competente. La institución se defiende e insiste en que el presupuesto es modesto y que la austeridad es marca de la casa.

Zarzuela vigila también que la gestión del patrimonio económico del príncipe no tenga ni un solo punto flaco. A diferencia de otros miembros de la Familia Real, el heredero no ha tenido opción de gestionar su dinero a través de una impopular Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Estas entidades son la trampa que utilizan cientos de grandes fortunas en España para tributar sólo un 1%, frente al 25% que pagan las pequeñas y medianas empresas o el 30% de las grandes.

Para lograrlo hace falta un patrimonio inicial de 2,4 millones de euros y encontrar 100 mariachis que pongan su nombre para cumplir el mínimo de los 100 socios. Hay empresas especializadas en conseguir esos 100 titulares. Pero entre la Familia Real no todos sus miembros son tan cuidadosos con las formas. El ejemplo más claro es Pilar de Borbón, hermana del rey, que preside la sociedad Labiernag 2.000 Sicav S.A. Esta entidad también sirve de cobijo para otros familiares, como los hermanos Bruno Alejandro y Beltrán Ataulfo Gómez-Acebo De Borbón.

El gasto de la monarquía, en un país con cinco millones de parados y cuando aún retumban en las cadenas de televisión las palabras del monarca sobre la “igualdad de todos los españoles”, ha pasado a un primer plano. Aun así, en opinión del historiador Alberto Carrillo, el debate monarquía-república no debería fundamentarse con argumentos económicos. En su opinión, se debería reflexionar sobre si la máxima institución del Estado es democrática o, como en el caso de la monarquía, no es más que un “anacronismo”.

Pero, como explica el profesor, Casa Real sabe aprovechar estas circunstancias desfavorables para su propio beneficio. Así lo hizo cuando Juan Carlos espetó su “¿Por qué no te callas?” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para Carrillo, se trató de “un acto con una gran carga simbólica para buscar un enemigo fuera que reforzara la unión con el rey”. La táctica fue similar en su último discurso de Navidad, en el que pidió una “política con mayúsculas”. Entonces desvió el foco hacia los partidos políticos, consciente de las críticas que los últimos escándalos de corrupción habían despertado. Carrillo lo considera un “acto de populismo”, porque el rey dijo exactamente lo que la gente esperaba oír.

Audiencia abierta se emite cada sábado a las 13.00 horas en La 1 y recoge discursos, apretones de manos, actos de protocolo, apariciones públicas y un análisis de la monarquía. El programa pasa de unos niños de uniforme describiendo lo que es para ellos un rey, a una enumeración de sus funciones y de las leyes que afectan a la Corona. Intercalados, se cuelan frases y rótulos de ensalzamiento de la institución: “El rey es la figura en la que empieza y acaba el engranaje constitucional”; “el príncipe moderador, que ejerció por unas horas de árbitro entre Rajoy y Mas”. Su coste es de unos 2.500 euros por programa, aunque también utiliza recursos de los servicios informativos, según fuentes de TVE. El semanal empezó a emitirse el pasado 13 de octubre y su objetivo, tal y como explicó su presentadora en el primer programa, es “acercar la institución a los ciudadanos, cumpliendo un mandato parlamentario”. Lo que no dijo es que esa orden está fechada en 2007. Entonces, ¿por qué ahora? Según el director del programa, Miguel Ángel Sacaluga, es un proyecto que lleva años planteando como miembro del consejo de administración de RTVE.

Para Yolanda Sobero, presidenta del consejo de informativos de RTVE hasta las recientes elecciones, las motivaciones son otras: “La estrategia nace de Casa Real, que ante el descalabro del caso Urdangarín intenta reforzar su imagen”. Para Sobero, se trata de un programa institucional mucho más que informativo, algo que no es nuevo: “Las noticias en TVE siempre se han quedado ahí, nunca se han realizado reportajes de investigación profunda y crítica sobre la monarquía”. Un defecto de forma y de fondo que, según ella, no es exclusivo de la televisión pública sino que se ha extendido, durante años, a todos los medios.

El director del programa responde que es un programa institucional, pero también informativo. Y asegura que sí se informa sobre escándalos como el caso Urdangarín o el viaje a Botsuana porque “afectan a la institución”. Estos temas se trataron en el resumen especial del año y en el programa que repasó la vida del rey con motivo de su 75 cumpleaños. Eso sí, edulcorados con una voz en off que toma partido: “La Corona, que sufre como el resto de las instituciones el desprestigio causado por la crisis” o “el deterioro de la imagen surgido a raíz del proceso abierto a su yerno. Y eso que desde que se conoció la noticia, no sólo condenó los hechos sino que le apartó de la familia real”.

“Audiencia abierta no es un programa sobre el rey para defender la monarquía, igual que no se hacen programas sobre las Cortes para defender a los parlamentarios”, se defiende Sacaluga.

La entrevista de Jesús Hermida al rey el pasado 4 de enero (“absolutamente versallesca”, en palabras de Yolanda Sobero) incluyó halagos de padre a hijo que inciden en una expresión que la retórica monárquica repite hasta la saciedad desde hace años y que una mayoría de los españoles ha hecho suya. Para el rey, Felipe es, además de una bendición, un hombre “muy preparado”. Si Juan Carlos quiso parecer cercano a la ciudadanía gracias al término campechano, inseparable ya de su persona, Felipe se aferra a esa imagen de hombre forjado para ser rey que haga frente al desapego creciente y al difícil encaje de una institución como la realeza en una democracia del siglo XXI.

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LA LEY EN EL REINO DEL REY JUAN CARLOS I Y ÚLTIMO DE ESPAÑA

No es verdad que Blesa sea banquero o banquista, sino atraca banca, que anda suelto, y el juez que lo enchiqueró por dos veces, dos, esta siendo juzgado por prevaricaqué o algo parecido, que no ando yo muy puesto en esto de juzgar al juez que condena al delincuente y este se ande derositas más fresco que una lechuga. Otro que tal es el Urdanga o Urdangarín o rostro pálido, que no sé que nombre hay que darle, amado tal que trucho por trucha ciega y desmemoriada, hija del Rey, al que ya le quedan tres telediarios, que se ha puesto ciego y hasta las orejas de trae estos miles que me los llevo, más esta subvención que me la engancho, más esto qu eno voy a pagar, porque es que no lo voy a pagar, que al igual que Blesa, el atraca banca, anda suelto.
Y los hermanos de la ministra Bañez del PP más que de trabajo, que no los voy a mencionar, porque yo en política no me meto, dado que soy neutro con tendencia a la cabra que tira al monte, eso sí, que son unos pájaros que se le han escapado a la juez Alaya porque los delitos les han precrito, ¡vaya por Dios, hombre, que suerte han tenido los hermanos de la minsitra del PP.!
En fin, que la ley en el reino de Juan Carlso I y Último de España es para todos igual, excepto para quellos que no se les aplica en nombre del Rey, porque han de saber ustedes que la ley, no la justicia, no empecemos a joder la marrana mezclando el tocino con la velocidad , los jueces la aplican en nombre del Rey, que como todos sabemos anda muy fino en eso de siete tiros por elefante y amistades de intimidad, y como prueba de lo dicho, cuatro banqueros, cuatro, después de robar como manda la ley del robo, y después de ser condenados como manda el Rey, han quedado en libertad. Eso sí, hay que decirlo en favor del Rey, Carlos y Carmen, por defender sus derechos y los de los demás iran a la cárcel, salvo que nos encabritemos los "demás" y digámos: ¡no hijo, no! Esto no es asi, esto es al revés.


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PP: CORRUPCIÓN COMPOSTELANA




LAS HIJAS DE ELENA + LAS DE LA PRIMA + UNA = A SIETE DEL PP


Las hijas de Elena como es bien sabido eran tres, más otras tres hijas que tiene una prima de Elena  suman seis, y todavía hay que dar una vuelta por el barrio para encontrar otra más, de quien sea,  para llegar a igualar a los siete concejales, siete, del PP que han sido condenados por prevaricación en el Ayuntamiento de Santiago, lo que ha obligado a bajar la persiana del negocio del gobierno municipal por razones delincuenciales propias en perjuicio, claro está, de todos los compostelanos.


Este “séptimun” caso de corruptela corrupta de la política municipal del PP no sabemos como se nos presentará dentro de la “nueva” política de comunicación adoptada por el PP que le ha llevado a perder dos millones y medio de votos y que como consecuencia ha movido al pasteleo político con el PSOE y la monárquica, otra fábrica de corrupción real, para salvar los muebles de la oligarquía, dando de baja a Juan Carlos I, que se ha convertido en Último de España y nombrando en su lugar a otro que tal, o sea, a Felipe uve palote, o sea, VI, que a mi se me antoja más bien Felipe 0, si me a tengo al sentir popular o simplemente al sentido común, porque eso de que una persona por ser hijo de su padre (que podría ser incluso hijo producto de un accidente mecánico, fallo del condón, por ejemplo) tenga que ser necesariamente el más listo de la escalera tiene su mondongue.

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A nueve años de inhabilitación
Condenados siete ediles del PP de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El juez ha decidido condenar por prevaricación a los siete concejales del PP miembros de la Junta de Gobierno Municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en la Operación Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes.


   La condena impuesta a los siete concejales es de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Precisamente, Fiscalía había mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para los siete ediles al término del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1 el 19 de mayo.


   Los concejales condenados son María Pardo, teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Xunta de Goberno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá.


   La sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública".


PLENAMENTE CONSCIENTES


   Para el juez, los acusados "plenamente fueron conscientes" y "sabedores" de que las circunstancias de su compañero de corporación no cumplían los requisitos informados por la Asesoría Jurídica, "pues conocían perfectamente que Adrián Varela estaba llamado a declarar en calidad de imputado por varios delitos denominados de corrupción". Agrega que sabían que, con su decisión, "se estaba comprometiendo el erario público municipal al pago de los honorarios de un letrado" que había designado el entonces concejal, el exjuez decano Javier Míguez Poza.


   "Todo ello en contra de los intereses públicos y con clara intención de favorecer a su compañero de la corporación municipal", apunta el juez, para quien los ediles condenados "fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho".


   Pero aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos". "Se comprometieron fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado en cuya designación no había intervenido la corporación local", argumenta la sentencia.


   El fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación de Santiago no supiese el día 30 de mayo de 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa y divulgativa Operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política". Al respecto, apunta que son "fácilmente refutables y poco creíbles" los testimonios de algunos concejales que alegaron desconocer los delitos que se le imputaban a Adrián Varela.


   Afirma el juez que "sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo".


DECISIÓN ATROPELLADA


   En opinión del magistrado, la decisión de sufragar con fondos públicos la defensa de Varela "se efectuó de manera claramente atropellada" y se trata de un acuerdo "resuelto de forma totalmente precipitada y extemporánea". La decisión de pagarle el abogado a Adrián Varela fue denunciada por una particular y tras el revuelo que se montó por el acuerdo, el entonces edil renunció posteriormente a que se le sufragasen los costes de su defensa.


   El juez desmonta los argumentos de la defensa de los ediles y sostiene que se estableció "una atadura obligacional comprometiendo al erario municipal sin que se diesen los condicionantes", apunta que "queda acreditado el carácter incondicionado del acuerdo", señala que el redactar o no directamente el acuerdo es una "tesis insostenible" y no admite la justificación de que se había colocado la coletilla "sin perjuicio de las posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes".


   "Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral", apunta el juez.


   En su sentencia, el juez Jesús Leal alude al "laborioso interrogatorio" de la fiscal Arancha San José y avala que la pena que solicitó "se ajusta a un criterio justo, equitativo y proporcional" y también elogia el "ejercicio riguroso de la jueza de instrucción", Ana López Suevos, cuya actuación fue cuestionada por miembros del Ayuntamiento de Santiago. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de A Coruña ya había avalado que se sentasen en el banquillo los siete ediles, al rechazar el recurso que plantearon.


CRISIS EN EL CONSISTORIO


   Esta condena agrava la difícil situación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde tras la dimisión de Adrián Varela, permanecen imputados en alguna causa nueve de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación compostelana. Así, en la Operación Pokémon están también imputados la edil de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, y el propio alcalde, Ángel Currás, sobre quien también pesa otra imputación en el caso de un policía que denunció acoso.


   Por su parte, Juan de la Fuente se vio envuelto en un caso de facturas falsas para justificar subvenciones. De esta forma, del grupo municipal del PP en Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Ciudadana.


   El alcalde de Santiago ya ha avanzado que están "analizando en profundidad el contenido de la sentencia" para tomar decisiones "en próximas horas". Como la sentencia no es firme, podrían optar por presentar un recurso de apelación y bloquear la inmediata aplicación de la inhabilitación, pero en su momento en una entrevista televisiva el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado que si había sentencia condenatoria se aplicarían los estatutos y los ediles deberían abandonar el partido.


   En cualquier caso, en este proceso, los concejales juzgados contaron con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, quien se encuentra en Japón de viaje oficial. También contaron con el respaldo público del regidor compostelano, quien acudió a respaldar a los concejales el día del juicio.


   Su teniente de alcalde, Reyes Leis, llegó a reconocer públicamente que el Ayuntamiento compostelano ya tenía un "plan B" por si se producía una sentencia condenatoria de los ediles, una circunstancia que fue negada por otros compañeros de corporación, por lo que la edil tuvo que aclarar que "el plan B se llama Ley Electoral".


   Buscar los recambios a los ediles condenados en la lista que presentó en PP en las elecciones de 2011 y completarla con el fichaje de personas de fuera como concejales no electos o decidir una eventual intervención del Ayuntamiento son dos de las opciones previstas por ley.

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