LAS HIJAS DE
ELENA + LAS DE LA PRIMA + UNA = A SIETE DEL PP
Las hijas de
Elena como es bien sabido eran tres, más otras tres hijas que tiene una prima
de Elena suman seis, y todavía hay que
dar una vuelta por el barrio para encontrar otra más, de quien sea, para llegar a igualar a los siete concejales,
siete, del PP que han sido condenados por prevaricación en el Ayuntamiento de
Santiago, lo que ha obligado a bajar la persiana del negocio del gobierno
municipal por razones delincuenciales propias en perjuicio, claro está, de
todos los compostelanos.
Este “séptimun”
caso de corruptela corrupta de la política municipal del PP no sabemos como se
nos presentará dentro de la “nueva” política de comunicación adoptada por el PP
que le ha llevado a perder dos millones y medio de votos y que como
consecuencia ha movido al pasteleo político con el PSOE y la monárquica, otra
fábrica de corrupción real, para salvar los muebles de la oligarquía, dando de
baja a Juan Carlos I, que se ha convertido en Último de España y nombrando en
su lugar a otro que tal, o sea, a Felipe uve palote, o sea, VI, que a mi se me
antoja más bien Felipe 0, si me a tengo al sentir popular o simplemente al sentido
común, porque eso de que una persona por ser hijo de su padre (que podría ser incluso hijo producto de un accidente mecánico, fallo del condón, por ejemplo) tenga que ser
necesariamente el más listo de la escalera tiene su mondongue.
*
A nueve años
de inhabilitación
Condenados siete ediles del PP
de Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez ha decidido condenar por prevaricación a los siete concejales del PP miembros de la
Junta de Gobierno Municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el
Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de
corporación Adrián Varela, implicado a su vez en la Operación
Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes.
La condena impuesta a los siete concejales es de
nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Precisamente, Fiscalía había mantenido su petición de nueve años de
inhabilitación para los siete ediles al término del juicio
celebrado en el juzgado de lo penal número 1 el 19 de mayo.
Los concejales condenados son María Pardo,
teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Xunta de Goberno
Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de
Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la
Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis
García Bello, de Seguridade Cidadá.
La sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición
de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban
adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de
favorecer a un compañero de corporación imputado por varios delitos contra la
Administración pública".
PLENAMENTE
CONSCIENTES
Para el juez, los acusados "plenamente fueron conscientes" y
"sabedores" de que las circunstancias de su compañero de corporación
no cumplían los requisitos informados por la Asesoría Jurídica, "pues conocían
perfectamente que Adrián Varela estaba llamado a declarar en calidad de
imputado por varios delitos denominados de corrupción". Agrega que sabían
que, con su decisión, "se estaba comprometiendo el erario público
municipal al pago de los honorarios de un letrado" que había designado el
entonces concejal, el exjuez decano Javier Míguez Poza.
"Todo ello en contra de los intereses públicos y con clara intención de
favorecer a su compañero de la corporación municipal", apunta el juez,
para quien los ediles condenados "fueron en todo momento sabedores de que
la resolución no se ajustaba a derecho".
Pero aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado
en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su
acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron
indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos".
"Se comprometieron fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por
un letrado en cuya designación no había intervenido la corporación local",
argumenta la sentencia.
El fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación de Santiago no
supiese el día 30 de mayo de 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones
del concejal de Deportes y la famosa y divulgativa Operación Pokémon, tan
socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la
política". Al respecto, apunta que son "fácilmente refutables y poco
creíbles" los testimonios de algunos concejales que alegaron desconocer
los delitos que se le imputaban a Adrián Varela.
Afirma el juez que "sufragar con las arcas municipales la representación
procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias,
cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada
consustancial a las funciones innatas del cargo".
DECISIÓN
ATROPELLADA
En opinión del magistrado, la decisión de sufragar con fondos públicos la
defensa de Varela "se efectuó de manera claramente atropellada" y se
trata de un acuerdo "resuelto de forma totalmente precipitada y
extemporánea". La decisión de pagarle el abogado a Adrián Varela fue
denunciada por una particular y tras el revuelo que se montó por el acuerdo, el
entonces edil renunció posteriormente a que se le sufragasen los costes de su defensa.
El juez desmonta los argumentos de la defensa de los ediles y sostiene que se
estableció "una atadura obligacional comprometiendo al erario municipal
sin que se diesen los condicionantes", apunta que "queda acreditado
el carácter incondicionado del acuerdo", señala que el redactar o no
directamente el acuerdo es una "tesis insostenible" y no admite la
justificación de que se había colocado la coletilla "sin perjuicio de las
posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes".
"Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten
evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no
justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral", apunta
el juez.
En su sentencia, el juez Jesús Leal alude al "laborioso
interrogatorio" de la fiscal Arancha San José y avala que la pena que
solicitó "se ajusta a un criterio justo, equitativo y proporcional" y
también elogia el "ejercicio riguroso de la jueza de instrucción",
Ana López Suevos, cuya actuación fue cuestionada por miembros del Ayuntamiento
de Santiago. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de A Coruña ya había
avalado que se sentasen en el banquillo los siete ediles, al rechazar el
recurso que plantearon.
CRISIS EN EL
CONSISTORIO
Esta condena agrava la difícil situación del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, donde tras la dimisión de Adrián Varela, permanecen imputados en
alguna causa nueve de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación
compostelana. Así, en la Operación Pokémon están también imputados la edil de
Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, y el propio alcalde, Ángel Currás,
sobre quien también pesa otra imputación en el caso de un policía que denunció
acoso.
Por su parte, Juan de la Fuente se vio envuelto en un caso de facturas falsas
para justificar subvenciones. De esta forma, del grupo municipal del PP en
Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera
teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís
Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de
Participación Ciudadana.
El alcalde de Santiago ya ha avanzado que están "analizando en profundidad
el contenido de la sentencia" para tomar decisiones "en próximas
horas". Como la sentencia no es firme, podrían optar por presentar un
recurso de apelación y bloquear la inmediata aplicación de la inhabilitación,
pero en su momento en una entrevista televisiva el presidente de la Xunta y del
PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado que si había sentencia
condenatoria se aplicarían los estatutos y los ediles deberían abandonar el
partido.
En cualquier caso, en este proceso, los concejales juzgados contaron con el
apoyo de Alberto Núñez Feijóo, quien se encuentra en Japón de viaje oficial.
También contaron con el respaldo público del regidor compostelano, quien acudió
a respaldar a los concejales el día del juicio.
Su teniente de alcalde, Reyes Leis, llegó a reconocer públicamente que el Ayuntamiento
compostelano ya tenía un "plan B" por si se producía una sentencia
condenatoria de los ediles, una circunstancia que fue negada por otros
compañeros de corporación, por lo que la edil tuvo que aclarar que "el
plan B se llama Ley Electoral".
Buscar los recambios a los ediles condenados en la lista que presentó en PP en
las elecciones de 2011 y completarla con el fichaje de personas de fuera como
concejales no electos o decidir una eventual intervención del Ayuntamiento son
dos de las opciones previstas por ley.
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