lunes, 13 de noviembre de 2017

POR EJEMPLO, UN CACHO DE MORÓN DE LA FRONTERA, SEVILLA, COMO CORRALA DE LA TIA PACA QUE OCUPAN LOS MILITARES EXTRANJEROS DE LA PROVINCIA EE.UU, MEJORANDO LO PRESENTE


A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia              

Gregorio Abascal
Sociología Crítica
30.10.2017          



A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia / Gregorio Abascal

La crisis en Cataluña, parece haber unido a tirios y troyanos, en al menos un elemento esencial, todos ellos, sin excepción, nos han hecho creer a la ciudadanía, que el Parlamento catalán declaró la independencia el pasado día 27 de octubre, cuando eso, es absolutamente falso, el Parlamento Catalán NO APROBÓ NINGUNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE CARÁCTER VINCULANTE, así de simple.

Por otro lado, en el Senado, se aprobaba después de 5 horas de debate, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el fin de invalidar la No Declaración de Independencia de Cataluña y volver al orden constitucional, orden que Cataluña no había abandonado ni en términos reales y mucho menos por lo que respecta al marco jurídico.

Entre esta amalgama de confusión creada por todos los actores políticos, con ayuda de todos los medios de comunicación de masas, al terminar la sesión plenaria del Senado número 24, que era la del debate sobre la aplicación del artículo 155, comenzó la sesión número 25, sin medios de comunicación que cubrieran lo que se iba a debatir y sin la presencia de ningún miembro del Gobierno de España, como había ocurrido unos minutos antes en la sesión 24.

Esta segunda sesión plenaria del Senado el día 27 de octubre tenía tan sólo un punto a debatir titulado “ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES (Núm. exp. 610/000034)”, traducido a un lenguaje comprensible para todos, se votaba la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, más conocido por el acrónimo en inglés CETA y hermano menor del acuerdo de libre comercio más conflictivo, el TTIP.

Si comparamos la sesión de aprobación del 155 contra la No Independencia de Cataluña, a la que se dedicó más de 5 horas, mientras que a la pérdida de soberanía de España con la ratificación del Senado del Acuerdo de Libre comercio con Canadá, el CETA, fue suficiente con 49 minutos, se deduce que a nadie parece importarle en términos reales la soberanía de España y tanto el PP, el PNV y su enconado archienemigo de los demócratas constitucionalistas, el PdeCat, dejaron al margen sus desavenencias, para ir de la mano en la votación a favor de la aprobación del CETA y en esta ocasión, ni a unos, ni a otros les preocupo la pérdida de soberanía de España, o de Cataluña.


El resultado de la votación de aprobación del CETA fue con 157 votos a favor (PP, PNV,PdCat); 20 en contra (Podemos) y 60 abstenciones (PSOE).

En este contexto corrompido por los intereses políticos y los réditos electorales a corto plazo, trataré de explicar de manera rápida, porque no se declaró la Independencia de Cataluña el pasado 27 de Octubre en el Parlamento catalán.

En el trabajo diario de los diferentes parlamentos de España, además de Leyes y Reglamentos que tienen carácter vinculante y por lo tanto un efecto jurídico inmediato, existen otras fórmulas de trabajo de carácter no vinculante como son las Proposiciones No de Ley (PNL) y las Propuestas de Resolución.

No voy a ser yo quien defina la Propuesta de Resolución, sino que me remitiré al glosario del Parlamento catalán donde se define: ”Iniciativa para impulsar la acción política y de gobierno, que puede dirigirse al Gobierno o a los ciudadanos. Las propuestas de resolución pueden tramitarse en la comisión que corresponda por razón de la materia o en el Pleno. Véase también «resolución».”

Y precisamente cuando vamos a leer la definición de Resolución, nos encontramos con el siguiente texto: “Declaración por la que el Parlamento manifiesta una opinión o una voluntad, propone actuaciones o muestra su apoyo a alguien. Una resolución puede dirigirse al Gobierno, a los ciudadanos, a los medios de comunicación o al propio Parlamento. No es un texto normativo y, por lo tanto, no tiene la fuerza vinculante de la ley, pero sí fuerza de compromiso político.”

Entonces, si no es un texto normativo, ni tiene fuerza vinculante de Ley, ¿cómo es posible que todos los partidos políticos, sin excepción y todos los medios de comunicación de masas, afirman que se materializó la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán, cuando es absolutamente falso?

Por si alguien piensa que la definición de Propuesta de Resolución puede estar amañada por presentar como fuente el glosario del Parlament, pongamos como referencia el Glosario de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde se explica de manera meridiana que: “propuestas de resolución por parte de los Grupos Parlamentarios y, en su caso, a la aprobación de resoluciones que no tienen carácter vinculante para el Gobierno.”

Parece que el hecho que Cataluña no haya declarado unilateralmente la independencia ha generado una situación muy parecida a la creada por Orson Welles en 1938 al transmitir por la radio la obra de H.G Wells “La Guerra de los Mundos”. Welles fue capaz de hacer creer a una enorme cantidad de ciudadanos norteamericanos, que aquella narrativa fantástica, era algo real. Exactamente lo mismo que ocurre en España en estos momentos.

La única explicación para este episodio psicótico sobre la declaración unilateral de independencia es que tanto el PdCat, partido desprestigiado por múltiples escándalos de corrupción y a punto de desaparecer, este refundándose bajo una falsa narrativa, por cierto narrativa independentista que parece que va a no tener consecuencias penales reales para los líderes del PdCat.

Esta renovación de imagen del partido de los recortes sociales, el PdCat, le da una oportunidad recuperar posiciones en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.
Por otro lado, el partido corrupto del PP, ha conseguido tapar los titulares de las sentencias de la Trama Gurtel, etc, al mismo tiempo de obtener un prestigio extra por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no sólo entre sus bases, sino que le puede permitir bucear entre los electores que siguen a Susana Díaz, PSOE, a los de Ciudadanos y a algún descarriado de Vox.

Por lo que respecta al resto de los partidos políticos, simplemente se limitan a seguir la corriente dominante, para mantener o perder los menos votos posibles.

Como se puede comprobar, el Régimen del 78 está siguiendo a rajatabla la norma creada por Goebbels ““Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.”

Por lo que respecta a la aprobación por parte del Senado del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA, es simplemente una pérdida de soberanía de España que con tanta vehemencia parecen defender partidos como el PP.



En el otro lado de la moneda, el PNV y el PdCat, defensores de la independencia de sus respectivos pueblos, el vasco y el catalán, apoyan sin fisuras la cesión de soberanía a las grandes corporaciones a través del Tribunal de arbitraje en los conflictos entre estados e inversores y que se rige bajo la normativa ISDS.

El CETA no sólo servirá para que cualquier legislación social o laboral de parlamentos legítimos se convierta en una traba no arancelaria y como consecuencia de ello, los Estados se verán obligados, si es que siguen con dichas reformas, a indemnizar en millones de euros a las corporaciones, no por las pérdidas reales por dicha legislación, sino por las pérdidas de beneficios calculadas por las propias multinacionales en un tiempo futuro.



Tampoco olvidemos que este tipo de Tratado, si bien no permite ser utilizado por las compañías del país para demandar al Estado, sí que permite que empresas subsidiarias de multinacionales ubicadas en el país contraparte del Acuerdo puedan demandar al Estado donde su matriz tiene la sede central.

Por si alguien duda de lo dicho, me remitiré simplemente a las declaraciones que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro hizo cuando explico la intervención de las cuentas de la Generalitat y donde reconoció que cada país miembro de la Unión Europea cedía una parte de su soberanía no sólo a la UE, sino también a los Tratados Internacionales que esta firmara y que eran vinculantes para España y de obligado cumplimiento.

Desde mi punto de vista, es necesario denunciar a toda esta pléyade de partidos sin patria, pero eso sí, con pulserita de la bandera y cuenta en Suiza para que la ciudadanía dormida, despierte y exija una nueva Constitución de la que nazca la Tercera República Española y por lo menos intentar dirigir nuestro destino como Nación basada en los ciudadanos y no en la propiedad o en los límites geográficos.

Quiero terminar este artículo con un extracto del discurso en contra del CETA de la senadora Villanueva y que comparto plenamente: “Esa Constitución que ustedes dilapidan día sí y día también para acabar convirtiéndola en un papel mojado en el que firmaron su modificación en el verano de 2011, con nocturnidad y alevosía, del 135 al 155, que hoy acaban ustedes de aprobar. Con el 135 acabaron con el pacto social, priorizaron el pago de la deuda de buitres financieros en vez de nuestros servicios sanitarios o de educación; y, ahora, con el 155, señorías, ponen fin al pacto territorial, suspenden las autonomías e intervienen parlamentos. Con el CETA también pondrán ustedes fin al pacto democrático y el de la justicia igualitaria.”



CATALUÑA. LA HISTORIA NO PERJUDICA LA SALUD (a los bolsillos podría)

Un acuerdo de abajo a arriba El Pacto Federal de Eibar

Jon Henche (Deia)

Sociología Crítica

10.11.2017
 
El federalismo pactista de Francisco Pi y Margall tuvo su reflejo en los pactos federales firmados en 1869

EN estos tiempos de tensión entre Catalunya y España merece la pena echar la vista atrás para revisar las propuestas que en el pasado se formularon sobre la organización territorial del Estado español. Uno de los políticos que, desde las filas del republicanismo histórico, elaboraron una idea más acabada de una España en la que se compatibilizasen las características propias de cada territorio con la existencia de un poder central fue Francisco Pi y Margall (Barcelona, 1824; Madrid, 1901).

Pi, además de catalán, era buen conocedor de Euskadi, puesto que pasó varios meses estudiando los fueros y las costumbres vascas en la época del Bienio Progresista en la zona de Bergara, de donde era oriunda su esposa, Petra Arsuaga Goikoetxea. El estudio del foralismo vasco a buen seguro le influiría para formular su idea de federación, la cual dejaría plasmada en el libro Las nacionalidades, publicado en 1877.

Pi y Margall desarrolló el ideal federativo que profesaba, y que proponía para España, en torno a dos conceptos que iban unidos en su pensamiento: el Pacto y la Federación. Este modelo de Estado debía de ser construido de abajo hacía arriba, es decir, partiendo de los municipios y pasando por las regiones históricas hasta el poder central, el cual nacía del contrato entre las diversas provincias y tenía por este limitadas sus atribuciones y facultades. Según Pi, la base de cualquier régimen federal descansaba en pactos sinalagmáticos, es decir, en acuerdos logrados entre todas las partes firmantes.

Tras la consecución de la revolución democrática de septiembre de 1868, el Partido Republicano Democrático Federal, del que Pi era su líder más destacado, procedió a organizarse de acuerdo a una estructura a imagen y semejanza de la concepción pimargaliana del Estado federal. Se trató de los denominados pactos federales, en los que varias provincias se unían en torno a un acuerdo para posteriormente federarse todos ellos y crear un poder central republicano.

El primero de los pactos se firmó en Tortosa, el 18 de marzo de 1869, entre los territorios de la antigua Corona de Aragón, al que le siguieron el de Córdoba, entre las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia; el de Valladolid, entre las provincias castellanas; el de Eibar, entre las provincias vasconavarras, y el de La Coruña, entre las provincias gallegas y Asturias.

EIBAR, 1869 El Pacto de Eibar se celebró el 23 de junio de 1869, vísperas del día de San Juan, las fiestas patronales eibarresas. Reunió a 28 representantes de los comités de republicanos de Bilbao, Tolosa, Gasteiz, Iruñea, Eibar y Tutera. Así, por Araba firmaron el pacto Pedro de la Hidalga, Juan Bautista de la Cuesta, Daniel Ramón de Arrese, Ricardo Becerro de Bengoa, Juan Roca, Hilario Martínez, Cayetano Letamendi y Abelardo de Sagarminaga; por Gipuzkoa lo hicieron Justo María Zavala, Blas Irazueta, Felipe Ariotegui, Manuel Ezcurdia, Vicenta Aguirre, Celestino Echevarria, Inocencio Ortiz de Zárate y José Cruz Echevarria; por Nafarroa participaron Ignacio Aztarain, Antonio Velasco, José Lorente, Félix Utray, Baldomero Navascués, Pedro Fraizu y Julián Garay; mientras que por Bizkaia tomaron parte Cosme Echevarrieta, Horacio Oleaga, Antolín Gogeascoa, Joaquín Mayor, Julián Arzadun y José Ramón de Ibaceta.

El pacto constaba de seis puntos. En el primer punto se incluía la interpretación en clave democrática que los republicanos hacían de los fueros, afirmándose que las provincias “vascas” gozaban de un “régimen democrático republicano” y que la federación constituida mediante este pacto entre los republicanos de las cuatro provincias vasconavarras, aspiraba, en primer lugar, a “conservar y defender las instituciones a cuya sombra han vivido, y a restaurar las libertades de que han sido privadas, durante la larga dominación monárquica”, y en segundo término a preservar “al mismo tiempo, el más estrecho y perpetuo vínculo de la unidad con la madre patria en el lazo federal republicano”; es decir, venían a identificar República y democracia con el código foral, siendo este un sistema compatible con la unión con el resto de pueblos peninsulares. Era este un punto que ya había enunciado en 1865 Cosme Echevarrieta, sobre el que ya tratamos en esta misma sección hace un tiempo, en un artículo en prensa con el título de Solo la democracia es compatible con los fueros.

En el segundo punto declaraban su ideal de un Estado español republicano y federal, el cual era el único sistema con el que los fueros estarían a salvo, aseverando que podía no ocurrir lo mismo con el régimen monárquico: “El partido republicano de las provincias vascas y Navarra se declara solidario en cuanto hace relación a su conducta política y a la propaganda del principio de que su actual régimen está completamente garantizado constituida España en República federal, y peligrará siempre bajo las monarquías”.

Por su parte, en el tercer punto se invitaba a todas las demás regiones de España a que “asimilaran” el código foral vasco, en otras palabras, que se extendiesen los fueros al resto de regiones españolas: “No moviendo a la Asamblea un interés exclusivista y local, sino el deseo de asimilar las condiciones de España a las nuestras, a fin de que alcance a todas las provincias el tesoro ofrecido por las libertades democráticas”. Será esta una idea sobre la que teorizaron, en este mismo período, destacados republicanos como los alaveses Ricardo Becerro de Bengoa y Julián Arrese o el guipuzcoano Joaquín Jamar, los cuales defendían la idea de desarrollar los fueros vascos más allá del Ebro, de vasconizar España.

FEDERACIÓN VASCONAVARRA: Por lo que respecta al cuarto punto, se defendían las vías legales para la consecución de dicho proyecto mientras se respetasen los derechos consagrados en la constitución de 1869: “Puesto que la forma monárquica de la Constitución promulgada es hija de una Asamblea nacida del sufragio, el partido republicano cree no debe salir de una propaganda pacífica y legal».

En el quinto punto se llamaba a impulsar la creación de comités republicano-federales, locales primero y provinciales después, en las localidades de las cuatro provincias vasconavarras, con el objeto de constituir en un futuro cercano una federación vasconavarra. Esa futura federación estaría dirigida por un Consejo Federal que cambiaría sus miembros cada año, como se recogía en el punto sexto, y los seis acuerdos o puntos firmados en el pacto serían, la base del nuevo Estado vasco-navarro dentro de la República federal española. El proceso de los pactos federales se culminó, a instancias de Pi y Margall, con la reunión en Madrid de una Asamblea General de los pactos federales con el objeto de formalizar un gran pacto nacional. Este pacto se firmó el 30 de julio de 1869, creándose un Consejo Federal compuesto de tres individuos de cada uno de los pactos regionales. Entre los tres representantes del pacto vasconavarro destacaba la figura del propio Pi y Margall, que certificaba su cercanía con la tierra vasca.

Consecuencia directa del pacto federal de Eibar fue la creación del periódico Laurac-Bat: órgano del pacto vasconavarro que, editado en Bilbao, contaba en su plantilla con la plana mayor del comité republicano de Bilbao, mientras que los republicanos del resto de las provincias vasconavarras que habían firmado el texto de Eibar figuraban como colaboradores junto a grandes figuras del republicanismo estatal, como el propio Pi y Margall o tribunos como Emilio Castelar, José María Orense y Estanislao Figueras. En el prospecto de este periódico se desgranaba la ideología republicana federal vasca del período, insistiéndose en los mismos argumentos del fuerismo leído en clave democrática que acabamos de ver: “En nuestros Fueros, usos y costumbres, existen grandes gérmenes de República y federalismo, espontáneas producciones de la primitiva sociedad Euskara”. “Nosotros, somos, pues, fueristas; pero nos distinguimos de los fueristas históricos en que estos lo son precisamente por los elementos de feudalismo e intolerancia que en sí encierran, al paso que nosotros lo somos por sus gérmenes de republicanismo”.

Tanto el pacto de Eibar como el resto quedaron en suspenso al poco tiempo, ya que a pesar de que podía ser un buen sistema para organizar el Estado, no lo era así para organizar un partido político, que necesitaba una estructura mucho más eficaz y centralizada. Sin embargo, supusieron la puesta en práctica, siquiera de forma fugaz y restringida, del pensamiento de Pi y Margall, una teoría de organización del Estado que tendía a armonizar la unidad con la variedad.

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