miércoles, 22 de enero de 2014

AZNAR Y SU SOMBRA EN EL PP ES COMO UN CHORIZO: SABROSA, CURVA Y BIEN ATADA POR SUS PUNTAS

  (Aznar con una de resople)
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BÁRCENAS PUSO AL DESCUBIERTO LOS MANEJOS DEL PP PARA AMPARAR A LOS CORRUPTOS EN BURGOS
El extesorero del PP declaró ante el juez Ruz que el PP compensó con 31 millones de pesetas de la caja B del partido al exalcalde de Burgos José María Peña tras su condena por corrupción

En 1992, Peña fue sentenciado a doce años de inhabilitación en la mismo sentencia que mandó al constructor burgalés Méndez Pozo a la cárcel

José María Aznar indultó años después la condena a Peña, que pudo así volver a la política

Los manejos del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo en Burgos ni son nuevos ni están alejados de la órbita de influencia del Partido Popular. El nombre del empresario ha vuelto a las primeras páginas tras saberse que detrás del polémico rediseño del barrio de Gamonal está una de sus empresas, que dirige el proyecto, y que la construcción de la obra le había sido adjudicada a uno de sus principales colaboradores en materia de construcción. Comó ha contado eldiario.es esta semana, nada de lo que ocurre en Burgos se debe a causas recientes.

En una de sus últimas declaraciones en la Audiencia Nacional, el 15 de julio, Luis Bárcenas aportó un detalle desconocido hasta la fecha sobre uno de los casos de corrupción más famosos de Burgos: el caso de la construcción, que en 1992 llevó al constructor Méndez Pozo a prisión e inhabilitó al alcalde de la ciudad, gobernada por el Partido Popular.

Según aseguró el extesorero del PP ante el juez Pablo Ruz, el partido de Rajoy pagó con 31.300.000 pesetas (188.000 euros) al exalcalde de Burgos José María Peña tras haber sido condenado por sus relaciones y trato de favor con el empresario Méndez Pozo. La revelación de Bárcenas se produjo después de que el juez le preguntase por un apunte en la contabilidad B del PP en el que se hacía referencia a una anotación de sus famosos papeles en la que se especificaba "entregado a Paco para Begoña". Según publicó Vozpopuli.com, el apunte contable aparece en tres ocasiones, las tres en julio de 1992: dos son de 650.000 pesetas y otra más, la última de treinta millones.

Bárcenas aseguró en la Audiencia Nacional que aquella entrega de dinero tenía como destinatario último al alcalde de Burgos que poco antes, en mayo de 1992, había sido condenado por su participación en uno de los primeros grandes escándalos de corrupción urbanística de la democracia, el caso de la construcción de Burgos. La condena para Peña fue de 12 años de inhabilitación y pocos días después, el 25 de mayo de 1992, se vio forzado a dimitir. En julio de ese mismo año, según la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz, el PP le pagó 31 millones de pesetas del dinero de la caja B del partido, no se sabe a cambio de qué. Aznar ya era en aquel momento el máximo líder del PP, pero su relación con Peña venía de muy atrás: de los años en los que Aznar era el líder autonómico de Castilla y León.

José María Peña había sido clave en el ascenso político de José María Aznar. En 1987, el voto del único parlamentario de su partido de entonces, Solución Independiente, rompió el empate entre PP y PSOE y permitió que Aznar se convirtiese en presidente de la Junta de Castilla León. Cuando la justicia se fijó en los manejos de Peña con Méndez Pozo, el propio Aznar fue citado como testigo. El expresidente del Gobierno declaró por escrito –las ventajas de ser aforado– y lo hizo en favor de su aliado político. Pese al testimonio de Aznar, Peña fue inhabilitado y Méndez Pozo fue condenado a siete años de cárcel, aunque salió de prisión en tercer grado solo nueve meses después.

El constructor que fue condenado junto co Peña sigue siendo hoy la persona clave en la ciudad. Es dueño del principal periódico de la provincia, el Diario de Burgos, y preside la Camara de Comercio, la Fundación Atapuerca y la Fundación Silos. Su empresa de medios de comunicación, Promecal, también gestiona la televisión autonómica de Castilla y León y sus constructoras participan en la inmensa mayoría de las grandes obras de Burgos, también en el polémico bulevar de Gamonal.

José María Peña llegó a la alcaldía de Burgos en 1979, y consiguió ser reelegido en cuatro ocasiones. Encabezó candidaturas de UCD, AP, Solución Independiente –un partido que montó con el apoyo del constructor Méndez Pozo– y, finalmente, el PP. En 1994, el Supremo confirmó para él la pena de inhabilitación. En el año 2000, el Gobierno de Aznar le indultó. Peña pudo volver a la política burgalesa, esta vez como concejal.


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GAMONAL, BURGOS: LOS VECINOS SIEMPRE TIENEN RAZÓN




En dos entregas el procedimiento que siguió el Ayuntamiento de Burgos para esquilmar las arcas municipales y favorecer al amigo constructor
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ASÍ SE ADJUDICÓ LA OBRA DEL BULEVAR DE GAMONAL

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Los constructores amigos en la ciudad arruinada

El segundo concurso que convocó el Ayuntamiento de Burgos, tras decidir el plan maestro para el barrio, fue la adjudicación de la obra de la calle Vitoria, la que han logrado parar temporalmente los vecinos. Lo ganó una UTE (unión temporal de empresas) de dos constructoras de Burgos: Copsa y Aroasa. Aroasa pertenece al grupo Arranz Acinas, una constructora que ha hecho a su vez decenas de obras con Méndez Pozo: la reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Burgos contra el que atentó ETA, la circunvalación de la ciudad, la remodelación del hospital San Juan de Dios…

Ambos constructores también tienen negocios en Palencia, donde invirtieron en los terrenos del antiguo campo de fútbol para construir viviendas y participan –junto con otros socios– en el nuevo hospital de Burgos, que se supone que iba a costar solo 240 millones pero acumula al menos otros 200 millones más en sobrecostes. Méndez Pozo y la constructora Arranz Acinas también han levantado varios edificios de viviendas en otros terrenos recalificados en la ciudad.

En cuanto a Copsa, la otra ganadora de la obra de Gamonal, también es socia de Méndez Pozo en otros negocios. Destaca uno entre todos: la construcción de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto megalómano en el que la Junta de Castilla y León ya lleva gastados 52 millones de euros y que está a medio terminar, parado por una sentencia del Tribunal Constitucional. El proyecto fue impulsado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que también es de Burgos.

Las tres ganadores de la obra que los vecinos han detenido en Gamonal –Copsa, Arranz Acinas y el grupo de Méndez Pozo– también participan en la mayor operación urbanística de Burgos de los últimos años: el bulevar ferroviario, una enorme avenida que se levantó sobre las antiguas líneas del tren.

El bulevar ferroviario, que está aún sin completar, ha sido un festín para las constructoras burgalesas: no solo ha sido una enorme inyección de dinero público, sino que también ha permitido recalificar y revalorizar amplias zonas de la ciudad. Ya ha costado al Ayuntamiento 63 millones de euros que todavía están sin pagar a los bancos (los constructores, por supuesto, ya cobraron). En total, la deuda del Ayuntamiento ya suma unos 420 millones de euros, si se tiene en cuenta también a las empresas públicas con las que se camufla parte del enorme agujero. Burgos es hoy una de las capitales de provincia más endeudadas del país en relación a su población. El Ayuntamiento debe unos 2.350 euros por habitante, una deuda per capita que supera incluso a la de la casi arruinada ciudad de Madrid. En la capital es de 2.000 euros por persona.

A pesar de la insostenible deuda, el dinero no parece ser un problema para los actuales gestores del Ayuntamiento de Burgos ni cuando se trata de poner en marcha nuevas obras que ni los vecinos quieren ni cuando se elige al constructor. Además de los amigos de Méndez Pozo, se presentó al concurso otra empresa de Santander, Copsesa. Hizo una oferta que costaba 700.000 euros menos y que también ofrecía a los vecinos plazas de aparcamiento más baratas –1.425 euros menos–, pero perdió el concurso.

Lo más barato y eficiente puede perder en Burgos por el tipo de concurso que el Ayuntamiento suele convocar. Según sus baremos, el 40% de la nota depende de criterios subjetivos, que deciden los supuestos técnicos independientes. Pero el funcionario que redacta todos los informes técnicos de las principales obras en Burgos es siempre el mismo: Luis María Arce Lastra. Es una persona de la máxima confianza del alcalde Javier Lacalle y también de los propios constructores.

En 2006, cuando el ahora alcalde era concejal de urbanismo, Luis María Arce y Javier Lacalle fueron invitados a una semana de vacaciones en Niza, en la Costa Azul francesa, pagada por los constructores de Burgos, que les acompañaron en el viaje. Entre los viajeros estaba también el hijo mayor de Méndez Pozo, Miguel, el que se ocupa de la pata inmobiliaria del boyante negocio familiar.

Los "modificados" los propondrá Méndez Pozo

En apariencia, la presencia que Méndez Pozo en la adjudicación del bulevar de Gamonal no es gran cosa. La obra está presupuestada en unos 12 millones de euros de los que Méndez Pozo solo cobrará 240.000 euros, a través de MBG. Sin embargo, esta apariencia es engañosa, no solo porque sean sus socios en otros negocios quienes vayan a cobrar la factura principal de la operación de Gamonal.

La empresa de Méndez Pozo que ganó el concurso "anónimo", MBG, se ha ocupado del diseño del proyecto y también llevará la dirección de la obra, un papel para nada irrelevante. La dirección de obra es la que propone las ampliaciones en el presupuesto, los famosos "modificados": las ampliaciones sobre el presupuesto inicial de la adjudicación.

Además de MBG, el Ayuntamiento (a través de sus técnicos "independientes") también tendrá que dar su aprobación, si los constructores plantean cobrar más por algún imprevisto. La razón por la que se suele separar la dirección de obra de la construcción es, precisamente, para garantizar que no haya abusos del constructor a la hora de ampliar el presupuesto, esa costumbre tan habitual en las obras públicas en España –o en el canal de Panamá–.

En Burgos, esta independencia del director de obra no será tal: será el socio habitual de los otros constructores quien tendrá que decidir si se merecen cobrar algo más. Todo esto, claro está, en el caso de que el famoso bulevar se llegue a realizar

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GAMONAL, BURGOS: LOS VECINOS SIEMPRE TIENEN RAZÓN




En dos entregas el procedimiento que siguió el Ayuntamiento de Burgos para esquilmar las arcas municipales y favorecer al amigo constructor.
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La concesión de la obra que ha indignado a este barrio de Burgos está plagada de irregularidades

El Ayuntamiento escogió a los candidatos más caros y no se respetó el anonimato de las propuestas

El constructor Méndez Pozo, que pasó por la cárcel por corrupción, será quien proponga los "modificados": las ampliaciones en el presupuesto de la obra

Más sobre Gamonal y Méndez Pozo: Qué está pasando en Burgos

Es difícil encontrar una obra importante en Burgos donde un nombre no aparezca, el del poderoso constructor Antonio Miguel Méndez Pozo: presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Fundación Atapuerca, presidente de la Fundación Silos, dueño del Diario de Burgos.... Méndez Pozo es desde hace ya tres décadas el gran poder político y económico en la ciudad, a pesar de que sus desmanes urbanísticos le llevaron a la cárcel en los años 90, condenado en un famoso caso de corrupción. Los antecedentes penales no le impiden disfrutar de adjudicaciones y recalificaciones millonarias en el Ayuntamiento de Burgos, su gran bastión.

Nada importante se mueve en la ciudad sin la participación o el control de Méndez Pozo. Y la polémica obra en el barrio de Gamonal contra la que protestan los vecinos no es ni mucho menos la excepción.

El proyecto "anónimo" que se publica en prensa

La adjudicación en Gamonal se hizo en dos etapas: primero salió a concurso el proyecto de plan maestro para todo el barrio de Gamonal y su barrio vecino, Capiscol. Después, se sacó a concurso la construcción de la primera obra de este proyecto: el ya famoso aparcamiento de la calle Vitoria y su transformación en un bulevar con aparcamiento.

El primero de los dos concursos lo ganó una de las empresas de Méndez Pozo, MBG Ingeniería y Arquitectura SL. El nombre MBG responde a las iniciales de los tres hijos del constructor. Miguel, el mayor, gestiona Río Vena, la inmobiliaria familiar. Blanca, la mediana, es la que lleva MBG, que se ocupa de redactar los proyectos de obra. Y Gregorio, el menor, dirige Promecal, la empresa que agrupa los numerosos medios de comunicación. Las sinergias entre los tres negocios familiares son obvias: los periódicos son la clave para influir en el poder político, la llave del tesoro para un constructor.

Se suponía que la adjudicación que ganó MBG con su proyecto para remodelar los barrios de Gamonal y Capiscol era un concurso anónimo. Es decir, que el jurado del Ayuntamiento que tomaba la decisión no sabía a qué empresa correspondía cada propuesta. Sin embargo, el proyecto de anónimo tenía muy poco.

El jurado se reunió para decidir el 20 de febrero de 2012 y la adjudicación se cerró pocos días después, el 1 de marzo. Esta imagen sale del proyecto "anónimo" que ganó, el de la empresa MBG que dirige Blanca Méndez. Forma parte de la propuesta de origen desconocido que evaluó el jurado. Era la propuesta número 3.

El proyecto de Méndez Pozo para reformar los barrios de Gamonal y Capiscol, en Burgos.

El proyecto anónimo que una empresa de Méndez Pozo presentó en febrero de 2012 para los barrios de Gamonal y Capiscol..

Y esta otra imagen, idéntica a la de MBG, apareció publicada en el Diario de Burgos el 4 de agosto de 2011, un mes antes de que el Ayuntamiento convocase el concurso anónimo. Los parecidos no es que sean razonables: es que se trata del mismo dibujo.

Como se lee en la noticia – aún sigue en la web del Diario de Burgos aunque, misteriosamente, la imagen ya no está–, el dibujo pertenece al plan que la empresa de Méndez Pozo realizó para el consejo de barrio de Capiscol, una zona limítrofe con Gamonal. Según explicó el propio Diario de Burgos, el consejo del barrio –una institución que agrupa a las asociaciones de Capiscol– encargó a la empresa de Méndez Pozo MBG que hiciese un proyecto de obra para mejorar su barrio.

En la edición en papel del Diario de Burgos de ese 4 de agosto de 2011, la noticia ocupó la portada y el editorial del día, que se titulaba “Capiscol merece más atención del Ayuntamiento”. En ese editorial, el Diario de Burgos recomendaba al alcalde que escuchase a los vecinos en su propuesta de un “ambicioso plan” para la zona elaborado por un “estudio arquitectura”. El editorial también contenía un críptico recado, en el último párrafo, donde se decía que el barrio necesitaba instalaciones para solucionar carencias porque “se han levantado bloques nuevos, sobre todo cerca del Arlanzón”.

Lo que el Diario de Burgos ocultaba a sus lectores es que esos bloques nuevos al lado del río Arlanzón los había construido el dueño del periódico. Tampoco explicaba que ese “ambicioso plan” era una propuesta diseñada por otra de sus empresas, MBG.

Los vecinos, con el plan elaborado por Méndez Pozo, se fueron a ver en agosto al alcalde de Burgos, Javier Lacalle (Partido Popular), y al vicealcalde, Ángel Ibáñez. El propio Diario de Burgos informó el 4 de agosto de 2011 de la inminente reunión. Y apenas un mes después, en septiembre, el Ayuntamiento convocó un “concurso anónimo” para decidir el plan maestro de los barrios de Gamonal y Capiscol.

En el jurado que decidió el concurso anónimo, en febrero de 2012 estaba también el presidente del consejo de barrio de Capiscol, además del alcalde y el vicealcalde. En el jurado no participó nadie de la oposición municipal. Y el ganador fue… la propuesta número 3: el mismo proyecto “anónimo” que parte del jurado, y todos los lectores del Diario de Burgos, ya habían visto en una primera versión, unos meses antes.

La adjudicación está recurrida en los tribunales por el PSOE, que sospecha que el concurso está amañado. Lo que nadie podía imaginar es que los indicios más flagrantes de esta adjudicación tan irregular estarían en la propia hemeroteca del Diario de Burgos

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PRIVATIZAR SERVICIOS PUBLICOS SIGNIFICA QUE EL GOBIERNO LE ROBA EL PATRIMONIO DE TODA LA SOCIEDAD PARA QUE UNSO CUANTOS HAGAN NEGOCIO SIN ARRIESGAR SU PROPIO PATRIMONIO

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 ¿Para qué privatizan?: El caso de Correos

08-01-2014

En los últimos años los gobiernos de inspiración neoliberal han llevado a cabo la liberalización y privatización de multitud de antiguas empresas y servicios públicos.

Las razones que se han dado para justificarlas siempre han sido las mismas: el Estado es un mal empresario y provee los bienes y servicios en peores condiciones que la empresa privada. Si se privatizan servicios como la educación, la salud, los correos, la televisión, las comunicaciones, la energía, los transportes, etc. el capital privado los suministrará con toda seguridad a mejor precio, con mayor competencia, con más innovación y con menos coste para la sociedad y para todos los individuos.

Como ya hace años que esas privatizaciones se llevaron a cabo, estamos en condiciones ahora de evaluar con rigor cuál es su efecto real, si verdaderamente las promesas neoliberales eran ciertas o si se trataba de un engaño para poner capital público en manos del privado.

Precisamente, en el año que acaba de terminar se han cumplido quince años de la Directiva europea de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y de la mejora de la calidad del servicio. Disponemos, pues, de la experiencia y de estudios que han evaluado lo ocurrido en estos años en Europa (que, por cierto, no es muy distinto de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo). 

- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización privatización, después de estos años no hay apenas competencia en el mercado. 

En la mayoría de los países, lo que se ha hecho con la liberalización y privatización ha sido "trocear" la antigua red nacional de correos para que las empresas privadas se instalen en los segmentos más rentables. Diversos estudios demuestran que la competencias apenas si alcanza a un máximo del 10% del mercado total, en el mejor de los casos. 

- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no ha mejorado la prestación del servicio. 

Los antiguos operadores nacionales que siguen en el mercado disponen de menos ingresos (porque reciben menos financiación del estado y porque se han tenido que quedar con los segmentos menos o no rentables). Por tanto, prestan un peor servicio, con menos oficinas y menos personal, como señalaré enseguida. Por su lado, los nuevos operadores privados no se han dedicado a mejorar el servicio en su globalidad sino a encontrar nichos de rentabilidad. Eso lo han conseguido, principalmente, especializándose en los grandes clientes corporativos; en gran parte, además, para dedicarse a enviar millones de cartas no deseadas a la población. Y en casi todos los países se han cerrado multitud de oficinas de correos (el 90% en Holanda que fue el país más avanzado en la liberalización y privatización), lo que ha dificultado el acceso al servicio de los clientes normales y corrientes. 

En consecuencia, en la mayoría de los casos y países se ha deteriorado el tiempo medio de entrega y la red de recogida y los servicios se prestan en peores condiciones, tal y como ha ocurrido en general con otras actividades también privatizados en los últimos años. 

- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no han bajado los precios de los servicios postales en la mayoría de los servicios y de los países, salvo en el caso de los prestados a grandes clientes que sí pueden negociar precios con las empresas. En algunos países, como Austria, el precio de los sellos para envíos ha llegado a subir el 90% (un país, por cierto, que han incentivado la conversión de los carteros en agentes de policía a cambio de 10.000 euros por cabeza). Y en otros, como Bélgica, el precio de algunos tipos de envíos ha subido el 200%. 

- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no ha mejorado la situación laboral en el sector. 

Los datos de los diferentes países europeos muestran que el proceso de liberalización y privatización ha traído consigo recortes muy importantes en el empleo y, más concretamente, la sustitución de los puestos de trabajo a tiempo completo por los contratos a tiempo parcial o incluso de autónomo. 

En algunos países la disminución en el número de empleos ha llegado a ser del 50% (Portugal) y en la mayoría de ellos la disminución se sitúa entre el 20% y el 30%. En España, la pérdida de empleos es más o menos equivalente a los nuevos que se han creado en el sector privatizado pero éstos últimos son en su inmensa mayoría a tiempo parcial, lo que supone una gran pérdida neta de empleo e ingreso laboral. 

Los sueldos también ha disminuido a consecuencia de todo ello en la práctica totalidad de los países. En Alemania, cuyo nuevo sector postal está plagado de los llamados "mini jobs", se han reducido alrededor del 30% llegando a ser de unos 5 euros por hora en algún tipo concreto de servicios. En España se calcula que, hasta que empezó la crisis, la caída salarial fue del 30% y, tras ella, posiblemente de hasta el 50%. 

- Finalmente, y en contra también de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no se ha producido una gran innovación, salvo la que ahorra puestos de trabajo y costes laborales, y las empresas compiten principalmente a través del precio y no de la calidad en el servicio. 

La privatización, pues, no ha proporcionado más eficacia y menor coste para los gobiernos y la población. Ha sido simplemente un puro negocio para el capital privado del que solo se han beneficiado los propietarios de las nuevas empresas del sector, los grandes clientes y no el conjunto de la sociedad. Y, para colmo, cuando se han privatizado empresas públicas, como en otros ámbitos, los estados ni siquiera han obtenido ingresos competitivos porque las han vendido a precios de saldo. 

En España, el Partido Popular puso en marcha la aplicación de la directiva privatizadora y luego el Socialista, como en tantos otros ámbitos, no tuvo coraje político para revertir el proceso y mucho menos para aprovechar la oportunidad y crear un banco público a partir de la antigua Caja Postal que hubiera sido un instrumento decisivo para afrontar de otro modo y con más empleo y bienestar la crisis económica. 

De todo esto se deduce que una tarea que tiene pendiente la ciudadanía española es evaluar con rigor lo que ha habido detrás de estas privatizaciones, determinar quién y de qué modo se ha beneficiado de ellas y pedir responsabilidades a quienes se pasan todo el día hablando de patriotismo pero que regalan la riqueza nacional a los más poderosos. 

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