miércoles, 28 de noviembre de 2018

SEGÚN EL DERECHO Y SEGÚN ME DE EL VIENTO, 3 + 2 = 6 (SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA COBRAR) O, PORQUE HAY QUE SER SIEMPRE RIGUROSOS 3 + 2 = 4 (SIEMPRE QUE SEA PARA PAGAR), QUE LO QUE YO LES QUIERO DECIR ES QUE ESCUCHEN MUCHO LA RADIO DE LA IGLESIA QUE NO ES CRISTIANA, SINO CANTÓNICA, APOLIMÓNICA O QUE ME SE YO QUÉ, PARA QUE VEAN LO BIEN QUE SIEMBRAN EL ODIO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

A propósito de las conclusiones de la Fiscalía y Abogacía del Estado en el conflicto catalán







La banalización de los delitos de 
rebelión y sedición


Profesores de Derecho de las Universidades españolas
Viento Sur
22/11/2018 
 

Los abajo firmantes, Profesores de Derecho de las Universidades españolas, una vez presentados, por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado, los escritos de Conclusiones Provisionales ante el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, nos vemos obligados a manifestar nuestra opinión jurídica debido a la trascendencia histórica que para la democracia española alcanza el proceso penal que se va a desarrollar.



La Fiscalía estima que ciertas conductas de integrantes de los Mossos de Escuadra, del Parlamento y Gobierno catalán, así como de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dan lugar al delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Sin embargo, tal delito exige un alzamiento público y violento. A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es un error considerar que los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, se integran en el concepto de violencia exigido por el artículo 472 del CP. 



Además, la interpretación que se realiza de la exigencia de violencia se separa de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido al analizar el delito de rebelión. Pues la STC 198/1987, al justificar constitucionalmente la extensión al delito de rebelión de las excepcionales medidas penales y procesales previstas en el artículo 55.2 de la Constitución para hacer frente a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas, considera que en la discusión parlamentaria del citado precepto “…se constata una equiparación explícita, en cuanto ataque al sistema democrático y a la sustitución de la forma de Gobierno y de Estado elegida libremente por los ciudadanos, entre terrorismo y rebelión. Es cierto que el art. 55.2 no ha mencionado expresamente a los rebeldes, sino sólo a las bandas armadas o elementos terroristas…”, pero…“por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Y concluye: “por ello a tales rebeldes en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 CE, les resulta legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional”. 

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los imputados aquéllos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los propios hechos.



En cuanto al delito de rebelión del art. 472 CP, la Fiscalía sustenta que, desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Cataluña y la secesión del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia. Cómo la llevaron a cabo, se pregunta, y responde: por medio de la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por aquéllos, y la colaboración de los mossos. Para la Fiscalía, por tanto, el peligro reside en incitar a las movilizaciones, esto es, convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales. 



A mayor abundamiento, consideramos que la interpretación que se ha realizado de los tipos de rebelión y sedición abre la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual. El resultado de un recurso inadecuado a estas figuras es el que estamos viendo, la petición de penas de muy larga duración, cuya consonancia con el principio de proporcionalidad –que debe guiar toda interpretación jurídica- es altamente cuestionable. Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia. 


Sin embargo, lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que, con esa misma finalidad, todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos. En esa idea pertinaz de configurar la existencia de violencia, la Fiscalía se centra, esencialmente, en los hechos ocurridos los días 20 de septiembre, 1 y 3 de octubre. Es más, llega a decir que el que no se planeara el uso de la violencia desde un inicio, no impide considerar que, tras los acontecimientos de aquellos días, adoptaran la decisión de seguir con la convocatoria, asumiendo el riesgo del ejercicio de actos violentos y otras confrontaciones.

Pues bien, ni los hechos del 20 de septiembre de 2017 ni los del 1 o 3 de octubre de 2017 dan lugar a la violencia exigida por el artículo 472 del CP.



De otra parte, y por cuanto hace al delito de sedición, conviene recordar que se está recurriendo sistemáticamente al mismo (artículo 544) para reprimir y silenciar movimientos ciudadanos que practican, de modo pacífico, el derecho de manifestación, reunión, concentración. 



En conclusión: 

- No puede olvidarse además la cuestión no menor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional que inició el proceso viciando de nulidad lo posteriormente actuado.

- Desde una perspectiva estrictamente jurídica (y sin entrar en consideraciones políticas), reclamamos el respeto al principio de legalidad penal y que investiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia. 

- La primera medida que debería adoptarse es la puesta en libertad de las nueve personas que permanecen en prisión preventiva por delitos inexistentes.



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¡ESPAÑA, PAÑA, ÑA!



Palomares: ¿y aquí quién manda realmente?



15.11.2018


Para José Herrera Plaza, que lo explicará mucho mejor

I. Mediados de octubre de 2015 [1]: el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo en España, José Manuel García-Margallo, firmanuna declaración de intenciones por la que se comprometen a alcanzar tan pronto como sea posible un acuerdo para rehabilitar la zona de Palomares, con radiactividad desde hacia entonces más de 49 años, medio siglo prácticamente.

Recordemos que la localidad almeriense fue afectada por el accidente del 17 de enero de 1966, cuando un avión cisterna KC-130 y un bombardero B-52 colisionaron en vuelo, provocando la caída de cuatro bombas termonuclares. De las cuatro bombas -más potentes, más potencialmente destructivas que las arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki- dos fueron recuperadas intactas. Las otras dos liberaron parte de su carga radioactiva (Nadie como José Herrera Plaza ha explicado lo sucedido [2]. También Eduard Rodríguez Farré y otros compañeros estudiaron y escribieron sobre el tema años atrás).

El plan acordado incluía el traslado de las tierras contaminadas a "un emplazamiento adecuado en los Estados Unidos". Kerry aseguró que USA asumía su responsabilidad y cumpliría su papel. Margallo añadió que se trata de "reparar el error que se cometió hace 50 años". Nos lo creímos. ¡Qué ingenuos! Un grave error, otro más... ¡Y era elemental el incumplimiento querido Watson!

La declaración no tenía validez jurídica, pero comprometía a los dos Gobiernos a negociar de manera inmediata "un acuerdo vinculante" en el que se determinaran las funciones y responsabilidades de cada parte. El texto del acuerdo, afirmó entonces Margallo, estaba "muy avanzado". No ofreció detalles del avance ni como se repartiría el coste de la operación (unos 640 millones de euros; 140 corresponden al compactado y empaquetado de la tierra radiactiva y su traslado a Cartagena para embarcarse con destino a Estados Unidos).

Tampoco se informó adecuadamente sobre sus plazos. Se estimaba entonces entre 12 y 24 meses. ¡En dos años todo resuelto! Se insistió en que el objetivo era hacerlo ya, cuanto antes. Para que Palomares volviera a la normalidad que tenía antes de 1966 (Estados Unidos se llevó entonces unos 5.500 bidones de tierra desde el puerto de Cartagena. Pero quedó mucha tierra contaminada. También ¡dos zanjas en las que se enterraron restos de material de limpieza! Sin más, sin ningún miramiento. ¡Ahí queda eso, para “nuestros colonizados”!).
Pero eso sí, la cara oscura de la Luna existía también en este caso: la declaración firmada contenía una serie de salvaguardas “como la posibilidad de revisarla, interrumpir en cualquier momento su ejecución, ajustarse a las respectivas legislaciones o condicionarla a la existencia de los fondos y el personal necesario”.

No obstante, tras una década de negociaciones, nadie dudaba (es decir, se dudaba), se aseguró entonces con voz tronante y satisfecha, de la voluntad usamericana de llevar a cabo el acuerdo. Pero de hecho ya entonces algo olía mal: los 50.000 metros cúbicos de tierra afectada, se redujeron, tres meses antes de la firma, a 28.000, el 56%.

II. Tres años después [3]: la administración de Donald Trump no está dispuesta a llevarse la tierra contaminada por el accidente nuclear que ahora hace 52 años sufrió la pedanía de Palomares.

Lo ha reconocido el Gobierno Sánchez en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado de Ciudadanos Diego Clemente. Se ha revelado que la Administración usamericana “ha dado a entender que no se considera vinculada” por el acuerdo al que el Gobierno español llegó con la Administración Obama. Más aún que “no tiene intención de iniciar conversaciones bilaterales” con este fin. El acuerdo alcanzado en octubre de 2015 entre José Manuel García-Margallo y John Kerry ha quedado en papel mojado. En nada, en nada de nada.

Recordemos las circunstancias políticas de este período: la convocatoria de elecciones generales en España para el 20 de diciembre de 2015 y el largo periodo de Gobierno en funciones paralizaron la negociación. Cuando se tuvo finalmente Gobierno en España en noviembre de 2016, EE UU celebró sus propios comicios presidenciales. Donald Trump fue elegido presidente.

En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, viajó a Washington y planteó a su homólogo, John J. Sullivan, los asuntos pendientes (incluida la limpieza de Palomares). Su interlocutor tomó nota.

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