viernes, 25 de octubre de 2024
PSOE y Sumar acordaron aumentar los fondos a la educación concertada en el pacto de gobierno
PSOE y Sumar acordaron
aumentar los fondos a la educación concertada en el pacto de gobierno
Rebelion / España
Fuentes: El
Salto
25.10.2024
El gasto público en la educación concertada ha crecido un 30% en diez años,
mientras el Gobierno se abre a negociar con la patronal para subir los fondos
asignados como supuesta estrategia para acabar con el cobro de cuotas ilegales
a las familias.
Este miércoles
el diario El País anunciaba que el
Gobierno, de la mano del Ministerio de Educación, se dispone a aumentar los
fondos que recibe la educación concertada, asumiendo el marco de la patronal
que asegura que estos centros están infrafinanciados. Para ello el
secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aseguraba a este diario
que se establecerá de “forma objetiva” cuál es el coste real del servicio
educativo que presta la enseñanza concertada y, tras ello, se procederá a
actualizar esta cantidad. A cambio de una subida en la asignación, desde
Educación esperan que se eliminen las cuotas que estos colegios hacen pagar a
las familias de manera ilegal.
Este movimiento
llevaba tiempo cociéndose, aunque no se había puesto el foco sobre él. Tal y
como se puede leer en el pacto de
Gobierno entre Sumar y PSOE, en su página 26, ambos partidos se comprometieron
a combatir la segregación escolar “mediante la actualización de los módulos y
de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con
fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias
sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la
segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos
públicos”.
Para Daniel Turienzo,
investigador, doctor en Educación y maestro de primaria, este planteamiento
parte del “buenismo”: para acabar con las cuotas, que cobran el 80% de los
colegios concertados a las familias según un estudio de CICAE, y la
segregación que se produce, hay que aumentar las partidas que se llevan estos
centros. “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece
en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente, queda naif pensar
que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de
penalización”, expresa Turienzo, autor del libro Educafakes. 50
mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing,
2024).
Para Turienzo
lo que debiera hacer el Gobierno es perseguir judicialmente a los colegios que
cobran cuotas, algo ilegal ,tal y como se indica en el artículo 88 de la LOMLOE. “La normativa establece que
si se incumplen los términos del concierto este se puede retirar, pero ningún
Gobierno ha tenido la voluntad”, añade. Tampoco entiende que dar más dinero sea
un mecanismo para frenar la segregación. “La segregación escolar es la
base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea
inclusivo, la mayoría de estos centros están en los barrios más ricos. Pensar
que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en
sus propias bases el no serlo”, añade.
Las cuotas que se cobran de manera ilegal
Según el último
estudio de CICAE, al que anteriormente se hacía alusión, el 79,4 % de los
colegios cobra una cuota base a las familias y en el 72% de los casos no existe
voluntariedad, “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias
sostenidas con fondos públicos”. Los centros con titularidad mercantil son los
que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de
108,38 euros al mes y los colegios pertenecientes a congregaciones religiosas,
que son los más numerosos, son los que cobran menores importes a las familias,
con una media de 60,10 euros al mes. Por otro lado, se detectan un 14 % de
casos de exclusión si las familias no pagan la cuota, llegando al 31% en
algunos centros concertados de la Comunidad de Madrid.
Mientras esto
sucede, la financiación que recibe la educación concertada por parte de las
administraciones públicas no ha dejado de incrementarse. Según se refleja en elSistema estatal de
indicadores de Educación 2024 el gasto público en conciertos se ha
incrementado un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros
a 7.426 millones.
Además, las
comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en
educación a financiar centros privados son: Euskadi, Comunidad de Madrid e
Illes Balears, con el 25,2%, el 19,6 % y el 18,7 % respectivamente.
La precursora ley de Educación en Euskadi
Maribel López
de Luzuriaga Alonso es miembro de la Plataforma por la Escuela Pública Vasca y
participante de Euskal Eskola Publikoaz
Harro Topagunea. Avisa de que lo que está sucediendo ahora en el Estado español
para ellas es un deja vu. Lucharon contra la aprobación de la nueva ley de
educación que se aprobó en el parlamento vasco en 2023. Esa ley, validada con
los votos de PNV y PSE, venía a “equiparar” la escuela pública y la privada,
“una manera de blindar el sistema dual injusto que tenemos”, expresa López de
Luzuriaga respecto a un territorio donde hay municipios sin ninguna escuela
pública.
La mayoría de
gobiernos en Euskadi han perpetuada la política de hacer una concertación de
todos los servicios, “una concertación universal”, valora López de Luzuriaga, y
con la bajada de natalidad han intentado blindar la concertada, relata. Entre
otras cosas, “se han bajado las ratios en la concertada de 16 a 13 alumnas y
alumnos. Con que se matriculen 13 niños y niñas ya tienen un módulo y se
financian como tal”, relata. Al mismo tiempo, “esta es la comunidad que más
segrega por origen, por delante de Madrid, y la segunda por situación
socioeconómica”.
Una medida de “realismo mágico”
Isabel Galvín,
secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, se queja de
que mientras que desde el Gobierno han impulsado un grupo de trabajo para
analizar la infrafinanciación de la escuela concertada, no han considerado
prioritario analizar la infrafinanciación de la pública. “Desde la patronal de
la concertada trasladan que necesitan 1.000 millones de euros más para el
conjunto de España. 1000 millones de euros más se necesitarían solo en
Madrid para que se revirtiera la situación de la enseñanza pública tras la
crisis y los recortes”, ejemplifica.
Galvín califica
el aumento de fondos propuesto por el Gobierno para acabar con las cuotas
ilegales como una medida de “realismo mágico”. “Estamos en el Gobierno que pide
a los propietarios de las viviendas que sean solidarios con el inquilino para
que no suban los alquileres y ahora confía en que cumpla la concertada”,
ironiza mientras señala un riesgo: al final las competencias recaen sobre las
Comunidades Autónomas y en un escenario de mayoría autonómica conservadora les
están allanando el camino en sus políticas privatizadoras. “Parece que esta
medida la estuviera diseñando el equipo de Ayuso”, expresa sobre una comunidad
que cede suelo
público a empresas privadas para crear centros concertados.
Una necesaria apuesta por la pública
Y, en lugar de
invertir más en la concertada para acabar con la segregación, los sindicatos
claman por destinar más dinero a la educación pública, el eje vertebrador de la
igualdad de oportunidades. “La educación pública es la única garante de que los
recursos económicos lleguen a todo el mundo de forma gratuita y sin hacer
ningún tipo de acepción a clases sociales y sin rechazar a alumnado que tenga
una diversidad o unas necesidades educativas diferentes”, expresa Fran
Fernández, del sindicato educativo andaluz USTEA.
Desde este
sindicato indican que no pueden entender que un Gobierno que se autodenomina
como el más progresista de la historia entregue a empresas privadas la
educación de un país. “Esos conciertos además en el caso de Andalucía llevan
unas excepcionalidades que no tiene la pública, como es tener las partidas
económicas y el mantenimiento de las clases sin recortes, con conciertos
blindados por cuatro años. El año pasado se dieron más de 2.000 millones de
euros a los concertados mientras que en Andalucía se han cerrado más de 2.000
líneas de la pública”, expresa Fernández.
A vueltas con la infrafinanciación
La excusa que
esgrime la patronal es la infrafinanciación que sufren los centros concertados
pero, como el propio Gobierno reconoce, aún se desconoce cuál es el coste real
del servicio educativo que dan. “No sabemos cuánto cuesta una plaza concertada,
solo se da un cálculo viciado, porque algunos gastos solo se achacan a la red
pública, como los de Inspección Educativa”, expresa Daniel Turienzo para quien
la infrafinanciación de estos centros no es generalizada y esta también afecta
a la pública.
Según el estudio
de ESADE, El
coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las
familias y sus causas la situación de estos centros es heterogénea:
hay un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente
cero, otro 50% con un resultado económico positivo y un 30% que tienen una
clara situación de sobrefinanciación.
Maribel López
de Luzuriaga Alonso avisa: la supuesta infrafinanciación de las escuelas
concertadas también ha sido la excusa para que se blinde este modelo en
Euskadi. “Lo que están haciendo es rescatar a la escuela concertada en un
escenario de baja natalidad”, expresa.
Para Daniel
Turienzo ahora estamos sufriendo una caída demográfica y es el momento de
revertir la tendencia. “En los últimos años se han cerrado 4.000 aulas públicas
y solo 400 aulas privadas concertadas. En Portugal se desconcertó, la premisa
que existía es que si tú tienes la capacidad de hacerlo por tus propios medios
no tiene sentido que lo hagas con empresas privadas. Hay que aprovechar la
caída demográfica para eliminar centros concertados”, sentencia.
USTEA critica la negociación del Gobierno con la educación concertada y lo califica como «un nuevo revés a la educación pública»
USTEA
critica la negociación del Gobierno con la educación concertada y lo califica
como «un nuevo revés a la educación pública»
TERCERAINFORMACION / 25.10.2024
- El sindicato andaluz
de docentes advierte que destinar partidas económicas a entidades privadas
traerá más desigualdades.
La noticia de que el secretario de Estado de
Educación, Abelardo de la Rosa, se dispone a abrir la negociación con las
patronales de los colegios concertados para aumentar las partidas económicas ha
causado un revuelo en los sindicatos y plataformas en defensa de la Educación
Pública.
Fran Fernández de USTEA, sindicato andaluz de
docentes, lamenta este anuncio por parte del gobierno del estado ya que la
educación pública es la única garante de la democracia. Las administraciones
tanto del estado como de las comunidades autónomas deben gestionar los recursos
y hacer que funcionen bien. No se puede entender, afirma, que un gobierno
progresista le regale el dinero público a instituciones privadas como son las
patronales y las confesiones religiosas. Los centros escolares públicos son
garante de una escuela inclusiva, diversa, democrática, con un pensamiento
plural, como la de sus docentes y que no disgrega por circunstancias
económicas. También son los centros públicos los que se afanan en atender al
alumnado con necesidades específicas educativas y que este alumnado no se vea
lastrado por su diversidad.
Ante la particularidad que ha expresado el
gobierno del Estado que ponen como condición la “trasparencia” de estos
conciertos educativos, USTEA recuerda que en la LOMLOE, actual ley de educación
en España , viene señalado que en su artículo 14 que los conciertos educativos
“obligan al titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas
del concierto, cosa que no se está cumpliendo, ya que los conciertos educativos
“piden” a madres, padres y tutores partidas privadas para el desarrollo de
algunas actividades, y que todas las familias no se lo pueden permitir, como
señaló el informe de Save The Children sobre la educación del pasado mes.
El caso de Andalucía, con un gobierno del PP, es
especialmente sangrante, argumenta Fran Fernández. En Andalucía se han cerrado
más de 2000 aulas de la escuela pública desde que gobierna Moreno Bonilla,
mientras que la enseñanza privada concertada tuvo el año pasado el récord de
2000 millones de euros en partidas. Igualmente, estas instituciones privadas
tienen blindado cada cuatro años las líneas educativas mientras a la pública se
le va recortando en recursos, profesionales y clases año tras año.
Desde USTEA piden, que el Ministerio de
Educación y las Consejerías inviertan en educación pública para mejorar el
modelo y que toda la sociedad tenga las mismas oportunidades y no dependa de
modelos ideológicos, religiosos, económicos en manos de empresas que tienen
como fin el enriquecimiento a costa de un derecho como es la educación.
«De 16 está bien, pero me gustan más jóvenes»
«De 16 está bien, pero me
gustan más jóvenes»
Por Raquel Ortiz
Rebelion / España
Fuentes: Nueva
Tribuna
25.10.2024
Estas eran
algunas peticiones que hacían los empresarios murcianos que
montaron una red de explotación sexual a menores con
un entramado que podría llegar a bastantes más de los 13 acusados
actuales.
En el sumario
hay muchas pruebas de su pederastia,
que ellos han reconocido ante el tribunal, pero a pesar de ser un delito muy
grave finalmente estos empresarios quedan en libertad y no irán a la cárcel por
ahora, aunque la fiscalía parece que ya ha recurrido por la movilización
social.
Demasiados
elementos en este proceso cuyo objetivo ha sido más que defender a las víctimas
el defender a los acusados: tardanza de 10 años, el acuerdo entre la
defensa y la fiscalía, la no declaración de las víctimas menores y la actuación
de la jueza, mujer, además, que califica de ejemplar la sentencia y dice
que “hay que darles una segunda oportunidad” a los pederastas, claro. Jueza
progresista y demócrata ya que pertenece a una Asociación democrática.
A primera vista
vemos que además de sentencia patriarcal es también sentencia de clase ya que
protege a los ricos que tendrán que pagar ridículas cantidades de dinero a sus
víctimas. Y racista también, ¿por qué no decirlo? Las cuatro personas que
tendrán cárcel son extranjeras y captadores de las niñas mientras que los
proxenetas babosos quedan libres. No digo que estas cuatro personas no tengan
cárcel, pero los pederastas abusadores han cometido un mayor delito.
¿Qué puede
haber detrás de toda esta manada empresarial murciana en un
juicio tal? Pues cualquier cosa que se acerque mucho a la prevaricación para
proteger a los acusados. Aquí ha habido también un despacho de abogados en
plena Plaza de las Flores que también formaba parte de la trama, algún guardia
civil y más personas de bien de la sociedad murciana.
Finalmente, un
acuerdo entre la fiscalía y la defensa de la manada y total desprotección a las
víctimas a quienes se les informó cuando ya había sentencia. Parece que la
jueza les pidió perdón y les dio un beso: algo que nada tiene que ver con la
Justicia.
Tampoco tiene
que ver con la Justicia decir que el movimiento feminista ha revictimizado a
las víctimas rechazando la sentencia e influyendo en las victimas. Una jueza
criticando al feminismo y felicitando el comportamiento de los pobrecitos
acusados que se han arrepentido…
La alarma hoy
es qué clase de Justicia tenemos en este país y qué pedagogía transmiten estas
sentencias de explotación sexual a menores que no cuestionan para nada la
cultura de la violación y que quien tiene dinero puede violar porque les sale
muy barato.
La justicia es
patriarcal y protege a los que pueden pagar por violar a menores contrariamente
a lo que debería ser, una institución para castigar conductas que violan la
dignidad de las personas y muy especialmente tratándose de menores.
Estamos hartas
de ver que la Justicia para las mujeres está muy lejos de llegar a mínimos
democráticos y un ejemplo muy evidente es el caso de esta manada de empresarios
murcianos que a pesar de cometer delitos abyectos se van de rositas pagando una
cantidad irrisoria, de 500 a 2.000 euros.
¿Qué quieren
que les diga?
Pues que les
sale muy barato a estas gentes de bien y que hay que darles una segunda
oportunidad. ¡¡Qué vergüenza!!
La Coordinadora
Feminista de Valencia se concentrará este viernes 25 a las 10.30h en los
Juzgados en contra de esta sentencia.
Raquel Ortiz es coordinadora de Valencia Laica.
*++
¿Qué va a hacer el THAAD?
El ejército USA acaba de
desplegar su sistema antimisiles THAAD en Israel, junto con casi 100 soldados
estadounidenses para vigilar el material. Esto equivale a llevar un tirachinas
a una tormenta de granizo: pura estrategia, puro espectáculo.
¿Qué va a hacer el THAAD?
EL VIEJO TOPO
25 octubre, 2024
De Ali Ahmadi
Mientras Asia
Occidental, una vez más, se asoma a una guerra regional cada vez más amplia,
Washington está respondiendo de la manera más familiar: enviando más asesores,
fuerzas y armas a la región.
En esta
ocasión, la administración Biden ha decidido complementar los enormes
despliegues navales y de tropas estadounidenses en Asia Occidental con una
avanzada batería de defensa aérea THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)
en Israel, aparentemente para proteger Tel Aviv de ataques iraníes de
represalia.
Estados Unidos
e Israel llevan semanas manteniendo conversaciones sobre cómo respondería
Israel a los ataques con misiles de Irán del 1 de octubre y, al parecer,
Washington espera moderar el apetito de Israel por una conflagración mayor
proporcionándole aún más armas y apoyo.
En efecto, a
dos semanas de unas polémicas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el
presidente Joe Biden parece estar pasando la pelota a su sucesor. La cada vez
más insostenible situación de seguridad desde el Levante hasta el Golfo Pérsico
no es algo a lo que haya mostrado ninguna inclinación a contener. Si acaso,
Biden está intensificando en todos los frentes el apoyo al indisponible aliado
israelí de Washington, con una implicación cada vez mayor de las tropas
estadounidenses en la región.
Pero no se
trata de un simple error de cálculo o de juicio. Expone, una vez más, un
problema clave en la forma en que Estados Unidos toma decisiones sobre la
guerra y la paz que afectan al núcleo del sistema constitucional estadounidense
y a la cultura política moderna de Washington en materia de política exterior.
¿Significa aún algo la Constitución estadounidense?
Según la
Constitución, el presidente estadounidense debe recibir permiso del Congreso
para ir a la guerra. Se trata de una doctrina jurídica clave en la que se basan
muchas tradiciones constitucionales occidentales, que se remontan a la Carta
Magna. Pero el hegemón estadounidense se ha esforzado por seguir sus principios
fundacionales desde la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Poderes de Guerra de
1973 representó un recorte significativo de la autoridad presidencial sobre la
guerra en el extranjero sin el apoyo del Congreso. Pero incluso esta ley tiene
importantes lagunas, ya que permite al presidente emprender algunas acciones
militares y pedir la aprobación legislativa más tarde si el conflicto continúa.
Se trata tanto
de un problema jurídico como político. La cultura política estadounidense hace
demasiado hincapié en la necesidad de que su comandante en jefe conserve plena
flexibilidad para reaccionar militarmente ante cualquier conflicto repentino o
amenaza a los «intereses de seguridad de Estados Unidos», una vaga descripción
de prácticamente cualquier cosa que un presidente en ejercicio considere
molesta.
La mayoría de
los congresistas son antiguos funcionarios locales y estatales que han pasado
su carrera pontificando sobre el aborto y los impuestos, no sobre política
exterior. Antes de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, era
habitual que los candidatos al Congreso presumieran de no tener siquiera
pasaporte. Los tribunales estadounidenses -la rama judicial del gobierno-
prácticamente se han desentendido de todos los asuntos de política exterior y seguridad
nacional, otorgando en su lugar una «extraordinaria deferencia» sin precedentes
al poder ejecutivo.
Si a este
problema se añaden los amplios poderes de guerra otorgados al presidente tras
el 11 de septiembre, el resultado es lo que muchos han denominado poderes
presidenciales «reales» sobre la política exterior y la guerra. En respuesta a
la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de atacar bases aéreas
sirias sin la aprobación del Congreso, un miembro del mismo declaró que los ataques
eran ilegales, pero que los apoyaba de todos modos.
Pocos miembros
del Congreso han mostrado un interés serio en controlar la autoridad
presidencial en materia de guerra. En la diplomacia, sin embargo, insisten en
una amplia visión de conjunto del Congreso. Esto hace que ir a la guerra sea
mucho más fácil que hacer la paz.
Insolvencia estratégica
Además de crear
profundas grietas en la democracia estadounidense, esto también garantiza que
la toma de decisiones en materia de seguridad nacional de EEUU sea errática.
Cualquier somero repaso a la historia de la política exterior estadounidense
posterior a la Segunda Guerra Mundial revela claras líneas de continuidad entre
las administraciones tanto de la izquierda como de la derecha del espectro
político.
El grado de
similitud entre las políticas exteriores de Trump y Biden es especialmente
sorprendente. El extraordinario poder confiado a un presidente y a su selecto
grupo de asesores garantiza que la política exterior estadounidense conserve un
carácter inusualmente impulsivo para una democracia. Apenas hay necesidad de
una doctrina o estrategia global que dé forma a un enfoque sistemático y
estable de los asuntos internacionales, lo que deja mal definidos los intereses
de la nación. Al intentar comprender por qué la administración estadounidense apoya
ciegamente las atrocidades israelíes, contraviniendo todas las leyes o normas
internacionales, y centrando la atención estratégica de forma tan
desproporcionada en Asia Occidental, es probable que uno se encuentre con
nociones vagas como «Israel tiene derecho a defenderse», en lugar de cualquier
tipo de lógica estratégica más amplia.
Compárese con
los principales adversarios globales y regionales de Washington. El Líder
Supremo de Irán, Alí Jamenei, es el árbitro último de las decisiones de
seguridad nacional, pero el proceso de toma de decisiones de la política
exterior iraní implica un complejo proceso consultivo a través de órganos como
el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que incluye a representantes de todo
el gobierno. China también confiere un poder extraordinario a su presidente,
pero el proceso de toma de decisiones de Pekín es altamente consultivo y se
basa en gran medida en una doctrina relativamente inamovible.
Los ataques de
Irán y los errores de cálculo de EE.UU.
Es en este
contexto en el que los fallos de Washington se hicieron más evidentes durante
los recientes intercambios entre Irán e Israel. Teherán demostró en su reciente
ronda de ataques que posee misiles autóctonos avanzados de precisión que pueden
penetrar los sistemas de defensa antiaérea israelíes. Aunque Tel Aviv afirma
que sus sistemas de defensa antimisiles son propios, en realidad estos sistemas
se fabrican con fondos de investigación estadounidenses y tecnología
estadounidense de fabricantes de armas estadounidenses como Boeing y General
Dynamics. Por tanto, no es probable que el envío de más sistemas de defensa
aérea estadounidenses por parte de Washington sea una bala de plata que pueda
salvar a Israel de nuevos ataques con misiles.
Los ataques
iraníes del 1 de octubre aprovecharon al máximo sus capacidades y demostraron
que los ataques anteriores de abril fueron, en gran medida, diseñados para ser
ineficaces. Fueron esencialmente una operación de recopilación de información
sobre las defensas aéreas israelíes y aliadas, una suave advertencia que
Washington y Tel Aviv decidieron ignorar.
Los profanos, e
incluso los analistas experimentados en política exterior, pueden haber
ignorado el significado de esos primeros ataques, pero desde luego los
estrategas militares de Washington no. Hay más que suficientes analistas
militares estadounidenses que han pasado décadas haciendo juegos de guerra con
Irán como para que Washington desconozca la verdadera naturaleza de las
capacidades iraníes.
Tras los
recientes ataques, un análisis de la Academia Militar de West Point del
ejército estadounidense ofreció varias recomendaciones a los israelíes sobre
cómo hacer frente a los misiles iraníes. Una de las recomendaciones iba directa
al grano: construir más refugios antiaéreos.
Utilizar
defensas aéreas contra los misiles iraníes es, hasta cierto punto, una
actividad inútil. Si se pusiera en manos de responsables de la toma de
decisiones más inteligentes y menos impetuosos, se trataría de un enigma que
casi con toda seguridad desencadenaría un fuerte giro hacia acuerdos
diplomáticos en lugar de provocar una mayor confrontación militar. Por un lado,
pasado cierto punto de avance tecnológico en materia de misiles, las defensas
aéreas son una herramienta costosa y poco fiable.
Cada batería
THAAD, por ejemplo, consta de seis lanzadores montados en camiones, 48
interceptores, equipos de radio y radar, requiere 95 soldados para su
funcionamiento y cuesta entre 1.000 y 1.800 millones de dólares, con un coste
por misil de unos 13 millones de dólares. Esto equivale a 625 millones de
dólares por los 48 misiles.
Además,
desplegar la batería en Israel es poner a las tropas estadounidenses en peligro
y convertirlas en objetivos legítimos en una guerra regional en la que todavía
no están implicadas directamente las fuerzas estadounidenses.
El ministro
iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió la semana pasada de que
Washington había puesto efectivamente en peligro la vida de las tropas
estadounidenses «al desplegarlas para operar sistemas de misiles
estadounidenses en Israel».
Otro
impedimento para este plan de defensa aérea estadounidense-israelí es que no
existe ninguna contramedida fiable contra los sistemas de misiles que viajan a
través de la exoatmósfera. Aunque se han realizado varios avances tecnológicos
en los últimos años, ese problema sigue siendo comparable a «interceptar una
bala con otra bala». Los esfuerzos generacionales del ejército estadounidense
por desarrollar sistemas de defensa contra misiles balísticos para protegerse
de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) han sido objeto de burlas
durante décadas, calificándolos de «línea Maginot en el cielo«.
Sencillamente, existen límites a la eficacia de la defensa antimisiles,
teniendo en cuenta las leyes básicas de la física.
El sistema de
misiles más avanzado de que dispone Estados Unidos para contrarrestar tales
amenazas es el nuevo sistema Standard Missile 3 (SM-3), que tiene la capacidad
de alcanzar misiles en su fase exoatmosférica. Pero Estados Unidos lanzó estas
armas contra los misiles Fattah de medio alcance de Irán con lo que, en el
mejor de los casos, podrían considerarse resultados desiguales. También es importante
señalar que el ejército estadounidense ha tenido dificultades para
producir estos misiles a gran escala, y necesita desesperadamente almacenarlos
en caso de un enfrentamiento con China por un conflicto de misiles con Taiwán.
Pivotar en su
sitio
Esto pone de
relieve hasta qué punto las decisiones de política exterior estadounidense
están continuamente secuestradas por los esfuerzos de Sísifo de Washington en
la proyección de poder en Asia Occidental. Se trata de una dinámica que ha
plagado notablemente al menos a tres administraciones consecutivas y
probablemente a más. Las élites de la política exterior estadounidense se han
distraído salvajemente con importantes intereses ideológicos y una fijación
multigeneracional en la región, a pesar de que Asia Occidental es cada año
menos relevante para los intereses de Estados Unidos.
La
administración Obama reconoció formalmente la necesidad de que Estados Unidos
centrara su poder militar en Extremo Oriente y se alejara de Asia Occidental
con su política de 2009 de «Pivote a Asia». Pero como revelaron altos
funcionarios de la administración Obama, incluso después de la introducción de
la doctrina, el 85% de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional seguían
versando sobre Asia Occidental.
La
administración Trump fue autora de la doctrina de la «competencia entre grandes
potencias», que pedía a Estados Unidos que destinara recursos a la competencia
contra Rusia y China. Eso tampoco llegó a materializarse. La administración
Biden llegó al poder insistiendo en que Asia Occidental quedaría muy relegada
en las consideraciones estratégicas estadounidenses. En su lugar, la atención
estadounidense está claramente más fijada en la región que en cualquier otro
lugar, con la posible excepción de Ucrania.
Estados Unidos
ha aumentado hasta cierto punto su presencia militar en Extremo Oriente, pero
está claro que el hecho consumado que han prometido tres administraciones -el
pivote oriental lejos de Asia Occidental- no se está produciendo realmente. La
falta de un proceso de toma de decisiones en política exterior consultivo y
basado en la doctrina es, sin duda, una parte importante de las razones por las
que las sucesivas administraciones estadounidenses de ambos partidos no
consiguen abordar las necesidades estratégicas y, en su lugar, se consumen en
proyectos ideológicos.
En última instancia,
la falta de apreciación de la capacidad y la voluntad de Irán de tomar
represalias directas fue un importante fallo estratégico de Washington, que
ahora ha colocado a Estados Unidos en un dilema. El actual estado de escalada
militar en toda la región podría haberse evitado por completo con una
comprensión adecuada del equilibrio de poder y una previsión estratégica,
capacidades que obviamente existen en Washington.
En cambio, los
responsables reales de la toma de decisiones en la Casa Blanca y el Consejo de
Seguridad Nacional, que son menos expertos en temas y más operativos políticos,
han ejecutado una serie de errores de apreciación que nos han llevado al
precipicio de una gran guerra en Asia Occidental.
Se trata de una
señal ominosa de lo que está por venir, porque son precisamente este tipo de
errores de cálculo políticos los que históricamente se han considerado la causa
más común de las guerras. El hecho de que expertos estratégicos experimentados
-y los informes del Pentágono sobre los juegos de guerra- sean tan
rutinariamente anulados por el tipo de payasos políticos que pueblan los nodos
clave de la toma de decisiones estadounidense, como Bret McGurk, Amos Hochstein
y Jake Sullivan, es peligroso tanto para Estados Unidos como para el mundo.
Desplieguen el
sistema THAAD en Israel y vean si cambia algo. No lo hará, porque no hay
ninguna estrategia detrás, solo caprichos y poses.
Fuente: The Cradle