PSOE y Sumar acordaron
aumentar los fondos a la educación concertada en el pacto de gobierno
Rebelion / España
Fuentes: El
Salto
25.10.2024
El gasto público en la educación concertada ha crecido un 30% en diez años,
mientras el Gobierno se abre a negociar con la patronal para subir los fondos
asignados como supuesta estrategia para acabar con el cobro de cuotas ilegales
a las familias.
Este miércoles
el diario El País anunciaba que el
Gobierno, de la mano del Ministerio de Educación, se dispone a aumentar los
fondos que recibe la educación concertada, asumiendo el marco de la patronal
que asegura que estos centros están infrafinanciados. Para ello el
secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aseguraba a este diario
que se establecerá de “forma objetiva” cuál es el coste real del servicio
educativo que presta la enseñanza concertada y, tras ello, se procederá a
actualizar esta cantidad. A cambio de una subida en la asignación, desde
Educación esperan que se eliminen las cuotas que estos colegios hacen pagar a
las familias de manera ilegal.
Este movimiento
llevaba tiempo cociéndose, aunque no se había puesto el foco sobre él. Tal y
como se puede leer en el pacto de
Gobierno entre Sumar y PSOE, en su página 26, ambos partidos se comprometieron
a combatir la segregación escolar “mediante la actualización de los módulos y
de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con
fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias
sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la
segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos
públicos”.
Para Daniel Turienzo,
investigador, doctor en Educación y maestro de primaria, este planteamiento
parte del “buenismo”: para acabar con las cuotas, que cobran el 80% de los
colegios concertados a las familias según un estudio de CICAE, y la
segregación que se produce, hay que aumentar las partidas que se llevan estos
centros. “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece
en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente, queda naif pensar
que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de
penalización”, expresa Turienzo, autor del libro Educafakes. 50
mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing,
2024).
Para Turienzo
lo que debiera hacer el Gobierno es perseguir judicialmente a los colegios que
cobran cuotas, algo ilegal ,tal y como se indica en el artículo 88 de la LOMLOE. “La normativa establece que
si se incumplen los términos del concierto este se puede retirar, pero ningún
Gobierno ha tenido la voluntad”, añade. Tampoco entiende que dar más dinero sea
un mecanismo para frenar la segregación. “La segregación escolar es la
base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea
inclusivo, la mayoría de estos centros están en los barrios más ricos. Pensar
que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en
sus propias bases el no serlo”, añade.
Las cuotas que se cobran de manera ilegal
Según el último
estudio de CICAE, al que anteriormente se hacía alusión, el 79,4 % de los
colegios cobra una cuota base a las familias y en el 72% de los casos no existe
voluntariedad, “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias
sostenidas con fondos públicos”. Los centros con titularidad mercantil son los
que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de
108,38 euros al mes y los colegios pertenecientes a congregaciones religiosas,
que son los más numerosos, son los que cobran menores importes a las familias,
con una media de 60,10 euros al mes. Por otro lado, se detectan un 14 % de
casos de exclusión si las familias no pagan la cuota, llegando al 31% en
algunos centros concertados de la Comunidad de Madrid.
Mientras esto
sucede, la financiación que recibe la educación concertada por parte de las
administraciones públicas no ha dejado de incrementarse. Según se refleja en elSistema estatal de
indicadores de Educación 2024 el gasto público en conciertos se ha
incrementado un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros
a 7.426 millones.
Además, las
comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en
educación a financiar centros privados son: Euskadi, Comunidad de Madrid e
Illes Balears, con el 25,2%, el 19,6 % y el 18,7 % respectivamente.
La precursora ley de Educación en Euskadi
Maribel López
de Luzuriaga Alonso es miembro de la Plataforma por la Escuela Pública Vasca y
participante de Euskal Eskola Publikoaz
Harro Topagunea. Avisa de que lo que está sucediendo ahora en el Estado español
para ellas es un deja vu. Lucharon contra la aprobación de la nueva ley de
educación que se aprobó en el parlamento vasco en 2023. Esa ley, validada con
los votos de PNV y PSE, venía a “equiparar” la escuela pública y la privada,
“una manera de blindar el sistema dual injusto que tenemos”, expresa López de
Luzuriaga respecto a un territorio donde hay municipios sin ninguna escuela
pública.
La mayoría de
gobiernos en Euskadi han perpetuada la política de hacer una concertación de
todos los servicios, “una concertación universal”, valora López de Luzuriaga, y
con la bajada de natalidad han intentado blindar la concertada, relata. Entre
otras cosas, “se han bajado las ratios en la concertada de 16 a 13 alumnas y
alumnos. Con que se matriculen 13 niños y niñas ya tienen un módulo y se
financian como tal”, relata. Al mismo tiempo, “esta es la comunidad que más
segrega por origen, por delante de Madrid, y la segunda por situación
socioeconómica”.
Una medida de “realismo mágico”
Isabel Galvín,
secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, se queja de
que mientras que desde el Gobierno han impulsado un grupo de trabajo para
analizar la infrafinanciación de la escuela concertada, no han considerado
prioritario analizar la infrafinanciación de la pública. “Desde la patronal de
la concertada trasladan que necesitan 1.000 millones de euros más para el
conjunto de España. 1000 millones de euros más se necesitarían solo en
Madrid para que se revirtiera la situación de la enseñanza pública tras la
crisis y los recortes”, ejemplifica.
Galvín califica
el aumento de fondos propuesto por el Gobierno para acabar con las cuotas
ilegales como una medida de “realismo mágico”. “Estamos en el Gobierno que pide
a los propietarios de las viviendas que sean solidarios con el inquilino para
que no suban los alquileres y ahora confía en que cumpla la concertada”,
ironiza mientras señala un riesgo: al final las competencias recaen sobre las
Comunidades Autónomas y en un escenario de mayoría autonómica conservadora les
están allanando el camino en sus políticas privatizadoras. “Parece que esta
medida la estuviera diseñando el equipo de Ayuso”, expresa sobre una comunidad
que cede suelo
público a empresas privadas para crear centros concertados.
Una necesaria apuesta por la pública
Y, en lugar de
invertir más en la concertada para acabar con la segregación, los sindicatos
claman por destinar más dinero a la educación pública, el eje vertebrador de la
igualdad de oportunidades. “La educación pública es la única garante de que los
recursos económicos lleguen a todo el mundo de forma gratuita y sin hacer
ningún tipo de acepción a clases sociales y sin rechazar a alumnado que tenga
una diversidad o unas necesidades educativas diferentes”, expresa Fran
Fernández, del sindicato educativo andaluz USTEA.
Desde este
sindicato indican que no pueden entender que un Gobierno que se autodenomina
como el más progresista de la historia entregue a empresas privadas la
educación de un país. “Esos conciertos además en el caso de Andalucía llevan
unas excepcionalidades que no tiene la pública, como es tener las partidas
económicas y el mantenimiento de las clases sin recortes, con conciertos
blindados por cuatro años. El año pasado se dieron más de 2.000 millones de
euros a los concertados mientras que en Andalucía se han cerrado más de 2.000
líneas de la pública”, expresa Fernández.
A vueltas con la infrafinanciación
La excusa que
esgrime la patronal es la infrafinanciación que sufren los centros concertados
pero, como el propio Gobierno reconoce, aún se desconoce cuál es el coste real
del servicio educativo que dan. “No sabemos cuánto cuesta una plaza concertada,
solo se da un cálculo viciado, porque algunos gastos solo se achacan a la red
pública, como los de Inspección Educativa”, expresa Daniel Turienzo para quien
la infrafinanciación de estos centros no es generalizada y esta también afecta
a la pública.
Según el estudio
de ESADE, El
coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las
familias y sus causas la situación de estos centros es heterogénea:
hay un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente
cero, otro 50% con un resultado económico positivo y un 30% que tienen una
clara situación de sobrefinanciación.
Maribel López
de Luzuriaga Alonso avisa: la supuesta infrafinanciación de las escuelas
concertadas también ha sido la excusa para que se blinde este modelo en
Euskadi. “Lo que están haciendo es rescatar a la escuela concertada en un
escenario de baja natalidad”, expresa.
Para Daniel
Turienzo ahora estamos sufriendo una caída demográfica y es el momento de
revertir la tendencia. “En los últimos años se han cerrado 4.000 aulas públicas
y solo 400 aulas privadas concertadas. En Portugal se desconcertó, la premisa
que existía es que si tú tienes la capacidad de hacerlo por tus propios medios
no tiene sentido que lo hagas con empresas privadas. Hay que aprovechar la
caída demográfica para eliminar centros concertados”, sentencia.
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