Castilla y León sigue
vaciándose mientras grandes empresas esquilman su territorio
Por Gorka Castillo
Rebelion / España
Fuentes: Ctxt
11/02/2022
Las elecciones
del 13 de febrero determinarán el futuro de una comunidad marcada por una
despoblación que no cesa, la falta de servicios básicos y un caciquismo local
con intereses políticos.
“La gente que
suba a Numancia y mire a su alrededor se va a encontrar los efectos del
neoliberalismo bajo tierra”. La frase le sale fluida a Juan Carlos García,
alcalde por Unidas Podemos de Fuentecantos, un pueblito soriano próximo al
yacimiento arqueológico, cuya hermosura no le alcanza ni para dar de beber a
sus 68 habitantes. El acuífero que les surtía de agua agoniza envenenado en el
subsuelo. El uso persistente de pesticidas y fertilizantes por parte de dos
empresas agrícolas locales ha contaminado las capas freáticas a un precio
demasiado caro. Tras décadas de suministrar agua cristalina, el viejo pozo se
ha transformado en un sumidero inservible para el consumo humano. Las protestas
no han cambiado un ápice el negro panorama. La laxitud de las políticas
agrarias y medioambientales de la Junta de Castilla y León, “un trampantojo”,
en palabras de García, siguen propiciando el vertido de nitratos al subsuelo,
“incluso en zonas catalogadas como vulnerables”. A Fuentecantos, por ejemplo,
le ha costado toneladas de esfuerzos entrar en ese listado mágico. “Para nada”,
añade el alcalde, que relata las presiones de todo tipo que sufrió, con
políticos conservadores por medio, para que se mordiera la lengua. “Te hacen
ver que estás equivocado en tus demandas, que vas en contra del pueblo y del
progreso. Y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que hablen de progreso cuando no
tenemos ni agua potable en las casas?”, comenta García.
La polución
discurre bajo la verde pradera que se abre entre dos cerros, el de San Juan y
el de la Muela, que los vecinos rastrean como zahoríes del siglo XXI. Un día
captan agua a 200 metros de profundidad y la llevan al laboratorio. Luego
perforan en otro lugar a 176 metros. Pero los números que aportan las muestras
siempre aparecen en rojo. Hace unos meses, 80 miligramos de nitratos por litro,
cuando el límite permitido es 50. La última vez, 86. El veneno asedia a la
férrea Numancia, el símbolo de la resistencia contra los romanos, que hoy se
tambalea a merced del desamparo y la contaminación. En Fuentecantos pocos dudan
de que si Plinio el Viejo levantara la cabeza, regresaría a la tumba corriendo.
“En cierto modo, parece que hemos vuelto a aquella época porque, dígame usted,
cómo es posible que en pleno 2022 tengamos que seguir yendo cada día a un
depósito de agua que traen de la capital para beber y cocinar”, concluye Juan
Carlos García.
Con apenas 25
habitantes por kilómetro cuadrado, Castilla y León es el emporio nacional del
silencio demográfico. Y del envejecimiento gradual. Sus datos son
desoladores. En los
últimos diez años ha perdido más de 175.000 residentes, más que
ninguna otra comunidad autónoma. Hoy en día cuenta con 46.000 trabajadores
menores de 25 años y 250.000 que se jubilarán a lo largo de la próxima década.
Con estas cifras en la mano, la Encuesta de Población Activa (EPA) ha dejado al
descubierto un déficit generacional de 200.000 personas que tendrá
repercusiones graves en el mercado laboral de la región. Y de las nueve
provincias que conforman la comunidad, Soria se lleva la palma. Desde 1980, su
población ha mermado un 12%. Una cifra que habría que aumentar al 50% si se
comparan con la contabilidad registrada a mediados del siglo pasado. Si no se
acomete un cambio del modelo productivo, las previsiones del Instituto Nacional
de Estadística (INE) no auguran nada bueno. Este flanco despoblado de la España
vacía seguirá perdiendo almas. A raudales. Al menos otro 8% en los próximos 15
años, calculan. Un yermo demográfico entre campos dorados y atardeceres
apoteósicos.
Los motivos que
han provocado este problema son múltiples. Está, cómo no, un abandono político
histórico, pero también se percibe una orfandad cultural en sus habitantes,
siempre se mira al progreso con ojos urbanos y los prejuicios hacia unos
oficios artesanales y centenarios no han desaparecido del todo. No hay vecino
en este vasto territorio castellano que no sepa que la hemorragia demográfica
persevera allí donde se maltrata el ciclo ecológico de las cosechas y los
caciques locales mantienen el yugo en el cuello de una población que debe
elegir entre proyectos industriales monstruosos o la nada.
Uno de ellos es
el de la macrogranja que la cooperativa navarra Valle de Odieta pretende
construir en la pequeña localidad soriana de Noviercas. Más de 23.500 vacas en
un pueblo de apenas 150 habitantes. El irresistible imán para cooptar
conciencias es que una explotación tan colosal, la cuarta vaquería más grande
del mundo, atraería población al desierto castellano, ansiosa por encontrar
trabajo. Pero pincharon en hueso porque la movilización que se ha producido
empieza a ser el emblema de la lucha contra este tipo de mataderos.
Y la bandera de
la protesta la mantiene izada una combativa asociación llamada Las Hacenderas,
nombre inspirado en los trabajos comunales que se hacían por estos pequeños
pueblos para cuidar de su cultura y vivir mejor. Toda una declaración de guerra
para poner fin al imperio de la ganadería industrial. Las Hacenderas conocen
bien los recursos exculpatorios que se están utilizando para tener al pueblo
sojuzgado.
Mesa
informativa de Las Hacenderas en Noviercas contra el proyecto de macrogranja de
vacas. Foto: G.C.
Begoña
Izquierdo es bióloga y se ha volcado en defensa de un mundo que no se resigna a
su lenta extinción. Preguntada por la extensión de la macrogranja que quieren
instalar en Noviercas, Izquierdo lo explica al detalle: “23.520 vacas dentro de
92 hectáreas de terreno, algo así como el Parque del Retiro de Madrid.
Utilizaría 775.000 metros cúbicos de agua al año, es decir, el equivalente a
unas 165 piscinas olímpicas, agua que será captada de un acuífero prístino y
devuelta al medio, no como un purín, sino como un fluido residual altamente
contaminante. Creemos que este proyecto debe ser estudiado de forma global para
ver el impacto terrorífico que puede tener”. “Y vemos que nadie quiere la
macrogranja pero nadie les dice que no”, añade. La piedra de un poder
financiero que ni el Estado se atreve a desafiar. “Porque todo lo recurren,
todo lo judicializan”, afirma.
Para La
Hacenderas es como una batalla entre el rey poder y la reina libertad. Es lo
mismo que sucede en Cueva de Ágreda, un pueblito de 67 habitantes a los pies
del Moncayo, en el corazón del Sistema Ibérico. Su alcalde, Miguel Alonso, es
del Partido Popular pero su espíritu comunal le haría pasar por un combatiente
libertario. Desde hace unos años, el agua del pueblo está monopolizada por unos
pocos privilegiados. “Hablo del industrial Emiliano Revilla, ya retirado, que
de la mano del Ayuntamiento de Ólvega, a 12 kilómetros de Cuevas de Ágreda,
sólo han propuesto una idea mala seguida de otra peor. Hablo de las comarcas y
del medio ambiente, con los cuales se están comportando como unos
depredadores”, asegura. A Cueva de Ágreda o a Beratón los están matando de sed.
La inmensa mole
del macizo del Moncayo, 15 kilómetros de largo y más de 2.000 de altura
granítica con nieves cada año menos perpetuas, amamanta a un extenso territorio
no sólo de la dehesa castellana sino también de Aragón. Es la entrada natural
al Valle del Ebro, corazón palpitante del Sistema Ibérico y justo distribuidor
de recursos naturales en ambas vertientes desde antiguo. “Pero los diversos
departamentos oficiales llevan tiempo tomando decisiones poco serias respecto a
la instalación de industrias, macrogranjas y empresas insostenibles por su
necesidad de agua y su contaminación. Llevan muchos años metiéndonos el rejón
de muerte”, asegura Alonso, que muestra una absoluta indiferencia a la
vanidad mediática. Al menos 50 años llevan así, dicen los vecinos. El tiempo
que lleva aplicándose una política de la que se ha beneficiado una industria
fuertemente subvencionada desde la Junta Castilla y León y regentada, a día de
hoy, por grandes grupos de inversión extranjeros. Desde que Emiliano Revilla vendió
el 90% de las acciones de su industria soriana al grupo Unilever España todo se
ha sucedido en cadena. El Ayuntamiento de Ólvega bendijo con su nombre un
polígono industrial y la Junta castellanoleonesa lo premió con elevadas sumas
de dinero.
Allí se instalaron
empresas que se vanaglorian de mantener viva la economía regional, como una
quesera que convirtió el manantial de un río cercano en suero de leche. O el
caso más sonado de otra factoría que almacenaba disolventes y barnices llegados
en camiones de diferentes puntos de España, pero que se desprendía de ellos en
el embalse del Val convertido hoy en un estercolero. “Yo le he dicho a mi
partido que soy una persona independiente a la hora de tratar los problemas de
mi vecinos. La defensa del agua del Moncayo la hemos pactado con Podemos y ha
funcionado porque mantienen su palabra. Aquí tenemos que vivir todos y se
necesita una industria sostenible que mire por los intereses de las
generaciones venideras”, dice Miguel Alonso, al que algunos desaprensivos ya le
pincharon las ruedas del tractor como aviso para mantenerle a raya. No lo han
logrado. “En Castilla y León, nuestros padres nos inculcaron ser conservadores
pero eso no significa que estemos de acuerdo con todo. Yo trabajo por un
futuro, para que los jóvenes puedan vivir en estas tierras con dignidad”,
sostiene el alcalde del PP al que solo le queda clavar una bandera roja y negra
a la entrada de Cueva de Ágreda y explicar sus decisiones.
Una de las
figuras sepultadas a la chita callando en este progreso subsidiado que impera
en Castilla y León es el llamado emprendedor. En los foros
neoliberales del país se les aclama como a héroes mitológicos. Vicente Merino,
sin duda, es uno de ellos. O, al menos, debería de serlo. Ingeniero industrial
con un sinfín de especialidades sobre sus espaldas, es copropietario de la
empresa E.A. Green Energy, una compañía centrada en el desarrollo, promoción y
gestión de proyectos de energías renovables a través de materias primas como la
caña de azúcar, el maíz o la biomasa.
Su joya de la
corona era la construcción de una biorrefinería para producir bioetanol a base
de cultivo de la remolacha, que abunda en los campos que circundan la pequeña
localidad zamorana de Barcial del Barco –280 habitantes–. El proyecto planea crear
120 puestos de trabajo directos y otros 1.200 indirectos para una provincia sin
apenas peso industrial y con pésimos saldos demográficos. “Un buen negocio de
energía limpia y sostenible para atraer población”, asegura Merino. El pasado
mes de noviembre firmó un memorando de entendimiento (MOU) con una
multinacional del sector para la construcción de la planta. Todo parecía en
orden pero, de pronto, el proyecto se vino abajo. La empresa dio marcha atrás
después de reunirse con responsables de la Consejería de Empleo e Industria
castellano-leonesa. Varias grabaciones telefónicas realizadas por el propio
Merino prueban que esos inversores pudieron ser víctimas de fuertes presiones
por parte de varios altos cargos del PP en la Junta para que se desmarcaran del
proyecto de Barcial del Barco.
Así consta en
la denuncia que ha interpuesto en el Juzgado de Primera instancia de Zamora y
en la que implica directamente al consejero de Fomento y Medioambiente
castellanoleonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones; al consejero de Agricultura y
Ganadería, Jesús Julio Carnero; a un director general y a dos funcionarios. “El
PP practica una política corrupta y mafiosa en Castilla y León”, dice Vicente
Merino. El ingeniero acaba de pedir el amparo del Gobierno de España para “poder
establecer un marco de seguridad jurídica y protección que permita
reestructurar el capital y evitar que los inversores puedan ser intimidados.
Zamora y León necesitan, y merecen, este desarrollo industrial”. Y dice hablar
desde el conocimiento total de la realidad. Mantener viva la economía del campo
castellano sin sembrar el paisaje de molinos de viento. “¿Quién va a querer
venir a vivir? La biorrefinería, una industria moderna con mínimo impacto,
economía circular… Es un proyecto pionero para abrir camino a otras
alternativas similares”, sentencia Merino.
En la España
rural se ha forjado, casi de forma instintiva, una libérrima ley de la oferta y
la demanda. El ejemplo son las telecomunicaciones. “A las operadoras no les
resulta rentable llevar la fibra óptica a los pequeños pueblos. ¿Qué beneficio
sacan en un lugar donde viven 50 o 70 personas y todos tienen más de 60 años?”,
se pregunta Javier González, propietario de más de cien colmenas con millones
de abejas en el municipio burgalés de Bañuelos de Bureba –68 habitantes. La
respuesta de las compañías es nítida: ninguno. La consecuencia es que Castilla
y León es la comunidad autónoma con más puntos negros de toda la Península.
Dicen que su distribución geográfica es complicada para trazar una red rentable
de cobertura. Es el territorio más extenso del país y tiene núcleos de
población muy disgregados, pequeños y envejecidos. Conectarlos necesita mucha
inversión. El cóctel perfecto para ahuyentar a las operadoras de telefonía, que
tienen a muchas comarcas castellanoleonesas a la cola de sus intereses
comerciales. La Junta dice que no puede forzarlas a suministrar servicios a
municipios como Bañuelos, que están completamente desconectados. Se aplican las
tablas de la ley del libre mercado. Pueden, eso sí, atraerlas con la miel de
las subvenciones, pero si el operador no advierte nicho para su negocio el
concurso queda desierto. Es lo que sucede aunque tampoco es que la
administración autonómica se haya vaciado los bolsillos.
La única manera
que tiene Javier para hablar por teléfono es vía satélite. “No es que exijamos
los servicios que pueden tener las ciudades. No aspiramos a tener ni el 5G ni a
la banda ancha. Sólo pedimos lo más simple, que tengamos cobertura, que se
estabilice la red. Con eso nos conformamos”, afirma.
La nueva Ley
General de Telecomunicaciones que ahora impulsa el Gobierno español para su
debate en el Congreso pretende acabar con esa zanja digital que tercamente
persiste en Castilla y León. Pero las intenciones no aplacan las conjeturas de
los afectados, convencidos de que “se discrimina al campo”. El compromiso del
ejecutivo central son los fondos Next Generation y los Fondos
europeos para el desarrollo regional (FEDER) que estas comarcas ensombrecidas
demandan desde mucho antes de desatarse la pandemia. Ya lanzaron ayudas por
valor de 249 millones destinadas a financiar el 52% del coste del despliegue de
fibra óptica en poblaciones que, como ocurre en Bañuelos, aún no tienen acceso.
“Pues nada de eso ha llegado”, confirma Javier con una sonrisa socarrona. En la
pantalla de su móvil aparece una leve rayita de señal. Parece un milagro.
Lástima que los teléfonos no hablen.
Fuente: https://ctxt.es/es/20220201/Politica/38716/castilla-y-leon-despoblacion-macrogranjas-las-hacenderas.htm
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