PP y Ciudadanos, culpables del crimen social de las residencias en Madrid
KAOSENLARED
Jun 6, 2020
Se profundiza la crisis abierta desde el lunes en el Gobierno
de coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid tras ser publicados
los correos que corroboran la denuncia del consejero de Políticas Sociales por
los criminales protocolos de actuación aplicados en residencias.
Entretanto, la situación en las residencias de mayores,
aunque muy atenuada por la menor incidencia del Covid, continúa casi igual que
al principio y no se ha adoptado ninguna medida estructural ni sanitaria
concreta que pudiera evitar en caso de rebrote otra criminal debacle sanitaria
de muertes al interior de las residencias.
La crisis se abrió tras la comparecencia del consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la Asamblea de Madrid el pasado lunes,
en la que calificó la actuación del Gobierno de Díaz Ayuso, respecto a los
protocolos aplicados para trasladar o no enfermos graves por posible Covid-19,
de “poco éticos” e incluso de “posiblemente ilegales”.
Ahora, con la publicación de algunos correos dirigidos al
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte de Reyero, el
encontronazo ha adquirido niveles de profunda crisis de gobierno. Lo que podría
provocar el cese del consejero de Políticas Sociales, algo complicado dado que
Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, ha dicho que eso es “política
ficción”. O incluso, aunque menos probable, la caída del Gobierno de coalición
y la correspondiente convocatoria electoral anticipada en la Comunidad de
Madrid.
Pero lo más probable es que empiecen a templar gaitas todos
juntos y todo termine, sobre la base de una posible e inútil comisión de
investigación, en meros desencuentros políticos que se irían limando, en
función de sus intereses electorales. Hasta que a ambas o alguna de las partes
les pudiera interesar iniciar la carrera electoral. Aunque es evidente que la
confianza está quebrada.
Sin embargo, ahora mismo, ni al PP, en plena y desaforada
campaña estatal de desgaste del Gobierno de Sánchez e Iglesias por la gestión
del Covid-19, ni a Ciudadanos, que se está reconfigurando como partido de
“extremo centro” para jugar a la “geometría variable” que le viene proponiendo
el PSOE, les interesan nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid. Más bien,
al contrario, necesitan tiempo de exposición de sus estrategias en un
escaparate político tan central como es la Comunidad de Madrid. Al principal
actor de la crisis, Ciudadanos, lo que le interesa es continuar desmarcándose
en parte del PP, incluso allá donde gobierna con ellos -una razón más de la
crisis abierta-, además de intentar salvarse de la quema personal el consejero
de Políticas Sociales por las querellas judiciales abiertas. Todo esto
encaminado a poder ejercer de bisagra con el PSOE o el PP, único objetivo
político realista de Ciudadanos para su supervivencia a corto y medio plazo. Y
para eso necesita tiempo y mostrar los resultados de ese viraje.
Mientras el PP, por su parte, sobre la base del ataque a la
gestión de la crisis realizada por PSOE y Unidas Podemos, y a la consecuente y
profunda crisis económica que ya golpea los cimientos sociales, se propone
tratar de mostrar otras políticas aún más proclives a los intereses de las
grandes fortunas y las empresas del IBEX35 que las desplegadas por el Gobierno
“progre” del PSOE y Unidas Podemos.
El PP ya ha declarado que su “reconstrucción” va a pivotar
sobre políticas apoyadas en una estrecha colaboración público privada, en realidad
privatización desaforada de los servicios públicos, el impulso a la burbuja
especulativa de la construcción en Madrid y el turismo de elite y congresos.
También será un eje central la promoción de la actividad financiera y el apoyo
al establecimiento de grandes sedes empresariales en Madrid, al modo de la City
londinense, gracias a su capitalidad y a la operación urbanística especulativa
Madrid Norte ya en marcha que aprobó Manuela Carmena al final de su mandato.
Esta crisis, sin embargo, puede desgastar mucho al Gobierno
de Díaz Ayuso -incluso a través de posibles causas penales- y arruinar la
estrategia del PP de ponerlo como modelo de gestión de Pablo Casado, tal y como
lo ha hecho hasta ahora. Meteduras de pata como la de negar el “triaje” practicado
en las residencias por parte de Ayuso, para que luego se confirme. O, por
ejemplo, dar “comida basura” y defenderlo, a los niños de la población más
humilde, dejan en muy mal lugar ante los ojos de la mayoría, las políticas del
PP en la Comunidad de Madrid.
Los correos electrónicos demuestran el “triaje” y la desidia
criminal del Gobierno de la Comunidad
En los correos electrónicos publicados, que sin duda ha
trasladado a la prensa el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero, se vislumbra con claridad como trata de convencer al consejero de
Sanidad para que no aplique esos protocolos para aplicar un “triaje”, ante el
colapso del sistema sanitario en Madrid, que dejó fuera de atención
hospitalaria a la mayoría de los y las ancianas de residencias. Lo que
confirma, además, aunque ha sido negado por tirios y troyanos, que se produjo
un colapso total en la sanidad madrileña que impedía actuar dando cobertura
sanitaria a toda la población.
En concreto y según la información publicada por El País, se
enviaron dos correos al consejero de Sanidad el día 22 de marzo, en pleno
epicentro de la pandemia cuando fallecían cientos de residentes y Alberto
Reyero es conocedor (en realidad él mismo también había trasladado esos
protocolos para su cumplimiento en las residencias) de la aplicación de esas
normas de actuación. En el primero de los correos solicita un apoyo sanitario
de la Consejería de Sanidad a las residencias, aunque reconoce que “es muy
complicado de obtener”, señalando que en el caso de que no se produzca
“abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas
condiciones indignas”. En el correo añade que, si los protocolos -que él
conocía perfectamente- se aplicaran a “personas con discapacidad, la situación
tiene un componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con
discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (…) podrían ser rechazadas
en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves
consecuencias legales”.
Sin embargo, el consejero de Ciudadanos en ningún momento se
dirige a la fiscalía y pone en sus manos toda la información de la que dispone
para que actúe, aun habiendo señalado que las normas de actuación definidas
podrían generar “graves consecuencias legales. Según señala Reyero en los
correos existen indicios de delito, y todo conocedor de posibles indicios de
delito, más cuando es un cargo público, tiene la obligación de denunciarlo a la
fiscalía. Ante la falta de respuesta del consejero de Sanidad, insiste horas
más tarde con otro correo en el que plantea alternativas como “medicalizar las
residencias” o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”.
Sin embargo, lo que tampoco hace Reyero en ningún momento, ni
el consejero de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, es plantearse intervenir
las residencias privadas por su incapacidad para gestionar la crisis.
Residencias gestionadas sobre la base de la precarización laboral, los bajos
salarios, las jornadas maratonianas, y la falta de EPI que sacudían a un
personal muy castigado.
El Gobierno PSOE – Unidas Podemos, cómplice
Dado el enorme volumen de enfermos graves simultáneos que se
estaba produciendo, la medida fundamental que debería haber tomado el Gobierno
era intervenir todos los recursos de la sanidad privada, tanto infraestructuras
y medios como personal y ponerlo al servicio de esta necesidad imperiosa
sanitaria. Porque, efectivamente, los recursos sanitarios públicos estaban
trabajando al 100% y no daban más de sí. Por contra, la patronal de la sanidad
privada, como hemos denunciado, enviaba trabajadores sanitarios de vacaciones,
cuando no despedía a muchos de ellos. Y es conocido que solo un 20% de los
recursos sanitarios privados ha sido puesto al servicio de las necesidades de
la sanidad pública y como sabemos también, además, ahora pretenden cobrar por
ello del erario público.
En este marco catastrófico, el Gobierno “progre” del PSOE y
Unidas Podemos no llevó a cabo esa política. Y no lo hizo cuando tenía incluso
un margen “legal” para hacerlo por el Estado de alarma, uno de cuyas
prerrogativas es habilitar el requisamiento por parte del Estado de cualquier
bien o servicio privado para ponerlo en ayuda del interés público.
Por eso, cuando Pablo Iglesias en su comparecencia en la
Comisión de Derechos Sociales del Congreso del pasado jueves calificó de
“escándalo” las muertes en centros sociales, residencias de ancianos o de
personas con discapacidad, responsabilizando a las comunidades autónomas -sobre
todo a Díaz Ayuso y su gestión, que calificó de “negligente y nefasta”-, tiene
razón hasta cierto punto. Evidentemente, las competencias son de las
comunidades autónomas, pero el mando centralizado que les dio el Estado de
alarma les hubiera permitido intervenir los recursos de todo tipo de las
empresas privadas. Incluidas instalaciones industriales para la fabricación de
ventiladores, respiradores, geles, mascarillas, guantes, etc. cuya falta fue
parte del desastre, pues diezmó el personal sanitario público. Además, claro
está, de poder intervenir la sanidad privada y exigir a los gobiernos
autonómicos a intervenir esos recursos.
Pero el Gobierno “progre” no hizo nada de esto. Se detuvo,
como era de esperarse, ante el respeto absoluto de la propiedad privada de los
especuladores y mercaderes de la salud como las grandes empresas y
conglomerados de la sanidad privada. Por ello, es cómplice de este crimen
social.
Las cifras de la vergüenza
Los datos de mortalidad de las y los ancianos en residencias
en el conjunto del Estado español, sigue sin hacerse oficial, pese a que existe
una instrucción del Ministerio de Sanidad por la que ese dato debería haberse
hecho público desde el día 9 de mayo. Sin embargo, casi un mes más tarde
seguimos sin tener cifras oficiales al respecto.
Según valoraciones extraoficiales que han elaborado los
medios de comunicación, el número total de ancianos y ancianas fallecidas en
residencias para el conjunto del Estado serían más de 19.000 y solo en la
Comunidad de Madrid superarían los 9.000. Esto supone que del total de muertes
declaradas oficialmente por Covid-19, 27.128, un 70% serían personas que vivían
en residencias. Y de todas ellas el 47% se habría producido en la Comunidad de
Madrid. Por lo que, dentro del absoluto desastre, destaca la Comunidad de
Madrid por la gestión social criminal que se ha realizado en sus residencias.
Es un dato que quema. Y quema tanto a las autonomías como al
Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. A unos, los Gobiernos autonómicos, por ser
responsables directos de las actuaciones desarrolladas dentro de las
residencias y que de forma prácticamente generalizada han supuesto la muerte de
miles de ancianos y ancianas. Y al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos porque
son corresponsables de lo sucedido y, además, ni siquiera están contabilizando
esas muertes, lo que resulta un doble ultraje.
Levantar un programa alternativo
La única manera de hacer frente a un rebrote de la pandemia
que cause aún mayores estragos, algo bastante probable, sobre todo entre la
población muy vulnerable de las residencias, es levantar un programa a través
de la movilización de los trabajadores y usuarios en conexión con el sector
sanitario público y el conjunto de las clases populares que exija la
nacionalización de todas las residencias sin indemnización y bajo control
obrero, la medicalización permanente de los centros, desarrollar un programa de
inversiones intensivas en medios y mano de obra y el levantamiento de una
investigación controlada y desarrollada por los familiares y los y las
trabajadoras de las residencias. Es decir un programa que parta de que nuestras
vidas valen más que los beneficios de los capitalistas.
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