viernes, 22 de febrero de 2013

RAJOY, DIMISION. POR TRAIDOR A LA PATRIA Y AGENTE ALTERADOR DEL ORDEN PUBLICO Y COLABORADOR PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y SU EMPEORAMIENTO A FAVOR DE LOS GRANDES CAPITALES EXTRANJEROS Y NACIONALES


 UNA SENTENCIA DEL TSJ TORPEDEA EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA SANIDAD PUBLICA VALENCIANA


(Foto: Generalitat Valenciana. Francisco Camps inauguró en diciembre de 2008 el nuevo hospital de Dénia. )

SALVADOR FAUS/VALENCIA 
El Plural.com 21/02/2013 

El tribunal anula la amortización de personal interino por la cesión de la gestión del hospital de Dènia

La que en principio aparenta ser una sentencia sobre una mera cuestión sindical –la anulación de la amortización de 161 plazas de personal interino en el hospital público pero de gestión privada de Dénia- podría ser un golpe sustancial en el proceso de privatización de la sanidad valenciana y, caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, afectar también en un futuro a los procesos en marcha en otras comunidades autónomas, como la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. 

 Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dejado sin efecto la amortización de 161 plazas de personal interino realizada en 2008 por la Conselleria de Sanidad cuando la empresa Marina Salud asumió la gestión del departamento de Salud de Dénia bajo la fórmula del llamado modelo Alzira. La Generalitat despidió a los interinos y la empresa privada los volvió a contratar en peores condiciones económicas, perdiendo hasta un 20% de salario, ya que pasaron de tener la condición de personal estatutario de la Administración a personal laboral de una empresa privada. 

Las repercisiones de la sentencia

La conselleria de Sanidad, contra la que iba dirigida el recurso presentada por el sindicato nacionalista Intersindical Salud, ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al considerar que la provisión de plazas es potestativo de la Administración autonómica. Si el alto tribunal mantiene el fallo del TSJ valenciano, los 161 trabajadores afectados volverían a ser personal estatutario y, por tanto, sería de nuevo la Administración quien debería hacerse cargo de sus salarios. 

Intersindical Salud confía en que el Supremo fallará a su favor, al entender que argumentaron su recurso en base a sentencias ya realizadas por el alto tribunal. Las repercusiones que un pronunciamiento favorable puedan tener son relevantes. Para el sindicato nacionalista, la cuenta del resultado de los centros privatizados dependen en gran medida del personal sanitario laboral, más fáciles de presionar a la hora de controlar el gasto sanitario –tratamientos, días de hospitalización, etc- del que depende el beneficio que pueda obtener la empresa gestora. 

La negociación sindical sería obligatoria

Si la sentencia llega a ser firme, la Generalitat Valenciana no tendrá tantas facilidades a la hora de privatizar el sector sanitario, al tener que abrir un proceso negociador con la junta de personal, a diferencia de ahora en que únicamente se limita a informar de sus decisiones. Por tanto, los sindicatos participarán en las determinaciones sobre las condiciones laborales de los interinos, hasta el punto de forzar a que consoliden sus plazas o sus derechos adquiridos. “Supondrá –se señala desde el sindicato- un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la conselleria de Sanidad, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización”. 

El Consell “no descarta” ningún modelo

Es este un fallo que, de ratificarlo el Tribunal Supremo, tendrá que tener muy en cuenta el nuevo conseller de Sanidad, Manuel LLombart, quien recientemente afirmaba en las Corts Valencianes que el Consell no “descarta ningún modelo” para la sanidad pública valenciana, “ni decimos que se vaya a utilizar ningún modelo de manera contundente”. Llombart, que comparecía en el Parlamento valenciano para exponer la política que iba a seguir, apuntó que “hoy por hoy” está estudiando “todas las fórmulas sanitarias posibles”. 

El 25% de población, bajo gestión privada

El área de salud de la Marina, con el nuevo hospital de Dénia como referente, es uno de los cinco departamentos sanitarios del País Valenciano gestionados por empresas privadas. Marina Salud, formada por la aseguradora DKV y Ribera Salud, gestiona esta área con una población de unos 200.000 personas a través del llamado modelo Alzira, auspiciado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y convertido posteriormente en el estandarte de la política privatizadora del PP. 

Si el modelo Alzira se ceñía inicialmente al hospital, de gestión público-privada, posteriormente se modificó extendiéndose la gestión privada a los centros de salud de toda el área sanitaria. Al hospital de Alzira le seguirían los de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, hasta el punto de que el 25% de los valencianos depende en la actualidad de servicios públicos de salud que gestionan empresas privadas. 

*++

A RAJOY HAY QUE ECHARLO DEL GOBIERNO, IGUAL QUE AL REY. AL PSOE NO SOCIALISTA QUE INSPIRÓ FELIPE GONZÁLEZ NO HAY QUE VOTARLE. pERO EL VERDADERO ENEMIGO DE LA SOCIEDAD ES EL CAPITALISMO (RAJOY DIMISIÓN)


LA GRAN ESTAFA: EL PRESUPUESTO DE 2013
 (2/2) 

Vicenç Navarro
Público.es 30 sep 2012

El llamado rescate al sistema bancario Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”. 

Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado

 Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona. 

Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones. 

O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas. 

Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países. Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del bienestar. 

Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están violando la democracia. 

*++