LE LLAMAN DEMOCRACIA (EN ESPAÑA, INCLUYENDO CATALUÑA) PERO NO LO ES
Público.es
26.11.2015
En las últimas
elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas consiguieron
una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato
del pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar
de que la mayoría del voto expresado en las urnas aquel día no fue para
partidos independentistas, sino para partidos no independentistas. Ni que decir
tiene que los primeros consiguieron un voto minoritario muy elevado, pero, a
pesar de ser muy elevado, no fue la mayoría del pueblo catalán. Tenemos así una
situación en la que las opciones políticas hoy mayoritarias en el Parlamento
catalán no tienen el apoyo de la mayoría del electorado catalán para alcanzar
su principal promesa programática –la independencia de Catalunya-. Su constante
énfasis en que sí que tienen un mandato mayoritario no se apoya en lo que los
catalanes votaron en aquellas elecciones. En realidad, consiguieron una mayoría
parlamentaria como consecuencia de que la ley electoral catalana (que es
prácticamente idéntica a la española) es de las menos proporcionales que existen
en Europa, realidad que he estado denunciando desde hace tiempo. Tanto en
España como en Catalunya, los gobiernos constantemente aplican leyes aduciendo
un mandato popular que no se corresponde con los deseos de la mayoría de la
población.
Uno de los muchos
indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el
Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que
discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a
costa de otros territorios y otras clases sociales, discriminando a las
ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de
otras clases sociales). Y un ejemplo de ello son las últimas elecciones en
Catalunya. La mayoría de los no independentistas reside en las grandes ciudades
de Catalunya, y muy en especial en los barrios obreros. Y ahí están las bases
del diferencial entre voto y escaños parlamentarios. El punto débil del
independentismo es su limitado atractivo entre las clases trabajadoras en Catalunya
debido, en parte, a la mayor identificación con España entre estos sectores de
la población y también al hecho de que el movimiento independentista está
liderado por un gobierno liberal que ha apoyado las medidas (como la reforma
laboral y los recortes de gasto público) que han perjudicado con mayor
intensidad a las clases populares.
El sesgo de la
ley electoral española (y de la catalana) tenía y continúa teniendo el
propósito de discriminar a la clase trabajadora
Este sesgo
antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue
precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era
mayoritariamente de clase trabajadora), condición que impuso la asamblea del
Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse.
Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a
las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz
conservador. El hecho de que incluso hoy se requieran casi 49.000 votos para
conseguir elegir a un parlamentario en Barcelona, y solo 21.000 votos en
Lleida, se debe a esta decisión política. Otro tanto ocurre en el resto de
España.
Esta motivación
en el diseño de la ley electoral ha sido reconocido por dirigentes de la derecha
española que jugaron un papel clave en la Transición, como el Sr. Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, y el que fue presidente del mayor partido de
derechas (que se definía como de centro, como las derechas siempre se han
definido en España) durante aquel periodo, el Sr. Leopoldo Calvo Sotelo. Este
último, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley
electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como
objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comunista en las
instituciones que llamaron representativas, forzando un sistema que tuvo poco
de representativo.
Una
consecuencia de ello es que, como he documentado en varias ocasiones (ver mi
artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las
elecciones del 9 de marzo”, El Viejo Topo, julio-agosto 2008), en todas
las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la
suma de votos a partidos de izquierdas en España había dado una cifra superior
a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones
democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). Otros
estudios más recientes confirman este análisis de la situación. En un excelente
artículo de la ley electoral española aparecido en la revista El Siglo
(“Una democracia por mejorar”, 09.11.15) se muestra que la ventaja de los votos
de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en
1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y
en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de
casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado
con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo
de 2004 a 2008.
Muchas son las
consecuencias de esta realidad, desde el enorme subdesarrollo y subfinanciación
del Estado del Bienestar español (ver mi libro El subdesarrollo social de
España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006), hasta el enorme fraude
fiscal y las regresivas políticas tributarias. Añádase a esta situación de
escasa calidad democrática, la escasísima diversidad ideológica de los medios
de información que sistemáticamente discriminan a las izquierdas (ver mi
artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”,
Público, 19.11.15), siendo el gran apoyo de los mayores medios al nuevo
partido de derechas Ciudadanos (la esperanza de las derechas) frente a
la gran hostilidad hacia el nuevo partido Podemos y hacia IU, un indicador de
ello.
Y la escasa
proporcionalidad del sistema electoral se ha ido acentuando con añadidos y
modificaciones a la ley electoral que hacen más difícil el ejercicio del voto.
Un caso claro es la reforma del año 2011 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (aprobada por el gobierno Zapatero con el apoyo del PP, de
CiU y del PNV) que tuvo como consecuencia aumentar la dificultad para votar a
los ciudadanos españoles que viven en el extranjero (1.875.272 ciudadanos
españoles que viven o están fuera de España del total de 36,5 millones de
personas que tienen derecho al voto en España). Es un ejemplo más de clara
manipulación mediática del gobierno conservador-neoliberal de la Generalitat de
Catalunya, que acusó al gobierno central del partido conservador-neoliberal
español de dificultar las votaciones de los catalanes que vivían o estaban en
el extranjero, cuando, en realidad, ambos partidos –el español y el catalán-
habían dificultado, con la nueva ley, el ejercicio de tal derecho.
Las muy
insuficientes reformas del supuesto sistema democrático
La gran mayoría
de reformas que se están proponiendo por parte de los partidos políticos se
basan en deseados cambios en la gestión de los partidos, lo cual es importante,
pero muy insuficiente. Que los partidos políticos españoles (incluyendo los
catalanes) son partidos con escasa vocación democrática, queda ilustrado en el
estudio Ranking 2015 sobre la calidad democrática de los partidos políticos
españoles, que muestra que solo dos partidos (ambos de izquierda), Podemos
y el Bloque Nacionalista Gallego, pueden ser considerados como partidos -en
términos comparativos con los existentes en el Reino Unido y Alemania-
merecedores de ser considerados partidos con democracia interna. Ni que decir
tiene que incluso estos dos partidos tienen todavía un largo recorrido para
alcanzar los niveles de democracia que deberían exigirse. Pero están claramente
en la dirección de alcanzarlo. No así en el resto de partidos.
Ahora bien,
otro tema esencial para que el sistema electoral pudiera definirse como
democrático, sería conseguir que todo ciudadano tuviera la misma potestad de
configurar la gobernanza del país (es decir, conseguir la representatividad
proporcional). Esta es una reforma urgente y necesaria y que tendría un enorme
impacto en la vida política del país. Pero se requeriría otra reforma
igualmente necesaria y urgente, que es el establecimiento de formas de
democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado, desde
el central, al autonómico y municipal. Y ahí estamos en pañales. Existe una
oposición antidemocrática por parte de los establishments político-mediáticos –lo
que se define como la casta- hacia el ejercicio del derecho a decidir a
todos los niveles. La oposición a que el pueblo catalán pueda ejercer tal
derecho -que la mayoría de la población en Catalunya apoya- es un ejemplo de
ello. La derecha española, PP y Ciudadanos, y la dirección del PSOE (de escasa
vocación democrática), se oponen a dicho ejercicio. El PP y el PSOE, los
máximos beneficiarios del sistema bipartidista, bases del Estado español, han
sido los que se han opuesto más a la democratización del Estado. Ambos partidos
de baja calidad democrática, se oponen al ejercicio de estas formas de
democracia directa, que debilitarían su protagonismo. Y Ciudadanos se opone
también, aunque por motivos diferentes. Su oposición al derecho a decidir es
porque desea conseguir rentabilidad política de su supuesta defensa de la
“unidad de España” (aunque el ejercicio de tal derecho resolvería precisamente
las tensiones artificiales creadas por los dos partidos mayoritarios, PP y
PSOE, y también por CDC en Catalunya, pues tal deseo mostraría que la voluntad
de la mayoría de los catalanes es permanecer en España, desmontando así los
argumentos independentistas). Son precisamente estos partidos (PP, PSOE y
Ciudadanos) –que Pablo Iglesias ha definido correctamente como el búnquer- los
que están incrementando el hastío y frustración en Catalunya hacia el Estado
central, aumentando el independentismo.
Esta breve
crítica del sistema llamado democrático aparece con plena evidencia en la nula
diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información (tanto
públicos como privados) españoles, instrumentalizados por los poderes
económicos y financieros y por los gobiernos, y que no ofrecen la pluralidad,
veracidad y rigor que un sistema democrático exige. El artículo del New York
Times que ha creado un gran revuelo en España no descubre nada que la
mayoría de la población no conociera ya en España, pero que los medios
continúan negando. Tanto los medios televisivos como la prensa en papel carecen
de credibilidad en España, otro tema que he estado denunciando por mucho
tiempo. En el último programa de Salvados, los dirigentes de los medios
entrevistados atribuyeron el resultado de una encuesta realizada en Europa (que
mostraba que la ciudadanía española era la que desconfiaba más de sus medios) a
que los ciudadanos españoles tienen una vocación más crítica que los ciudadanos
de otros países. No aceptaron –a pesar de la enorme evidencia de lo contrario-
que el problema mayor era la abusiva instrumentalización de los medios por el
poder financiero (la banca) con el cual están endeudados, y por los partidos
gobernantes. Hoy, tales medios son un enorme obstáculo para el pleno desarrollo
democrático de España. En realidad, el programa La Sexta Noche es un
programa que –sin quererlo y sin ser su intención- muestra claramente el bajo
nivel de democracia existente en España. Lo que se presenta como un debate, es
una sarta de insultos, mezquindades, gritos y un largo etcétera (procedentes en
su mayoría de los tertulianos de derechas) que muestra muy bien, por desgracia,
la escasa calidad democrática existente en España. Así de claro.
Vicenç Navarro. Autor de Ataque a la democracia y
al bienestar (Anagrama, 2015)
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2015/11/23/le-llaman-democracia-en-espana-incluyendo-catalunya-pero-no-lo-es/
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2015/11/23/le-llaman-democracia-en-espana-incluyendo-catalunya-pero-no-lo-es/
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