viernes, 25 de septiembre de 2015

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

“La auditoría de la deuda será integral, con los impactos no solo financieros sino también en las políticas sociales o medioambientales”

24.09.2015


Carlos Sánchez Mato es el nuevo delegado del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Madrileño, cristiano de base y luchador contra los abusos de la Iglesia católica, concejal presidente del distrito de Vicálvaro, estudió en la Universidad Complutense y está especializado en economía monetaria y en el sector público. Aunque militó dos años en Izquierda Unida, no ha tenido ningún contacto con la política activa antes de entrar en el Ayuntamiento. Del departamento que controla dependen los presupuestos y la política financiera municipal. Además, Carlos Sánchez está actualmente elaborando su tesis doctoral, que versa sobre la necesidad de una banca pública, una de sus grandes batallas.


Trabajó durante años en la empresa privada, fue director de la Escuela Ideo y es técnico investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización, centro dedicado a estudiar los mecanismos asociados a la deuda financiera de los países más pobres de la UE. Además, destaca su trayectoria como activista en la plataforma "Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa", que se enmarca en una campaña contra las instituciones financieras internacionales, y en "Plataforma 0,7", dedicada a la lucha por la cooperación al desarrollo y a erradicar la pobreza. También es un destacado miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros.

Sánchez Mato procede de los "rebeldes" de Izquierda Unida, capitaneados por Mauricio Valiente, que decidieron elaborar una candidatura propia reivindicando el papel activo de la ciudadanía para concurrir a las primarias de Ahora Madrid. Según expresó el concejal electo, fue una decisión “con poca ambición personal y mucha colectiva”. Y ahora, desde el consistorio, su hoja de ruta pasa por elaborar una profunda auditoría de la deuda municipal, que según las cifras que maneja el nuevo ejecutivo rondaría los 6.000 millones de euros. Y en segundo lugar, revisará todos los contratos que los anteriores gobiernos del PP firmaron durante los últimos años, con el ojo puesto en los de limpieza y jardinería, que tantas polémicas han generado este tiempo.

El concejal de Ahora Madrid es además autor de un blog en el que comparte sus reflexiones sobre la actualidad económica. Bajo el nombre de "Economía para críticos e indignados", Sánchez Mato ha criticado activamente el caso Bankia, sobre el que ya se manifestó hace meses al apoyar un documento elaborado por la plataforma "Banca Pública'" que pedía el cese inmediato de José Ignacio Goirigolzarri y el resto de directivos de la entidad y, además, que se abriera un proceso judicial para depurar las responsabilidades de todos ellos.

-La auditoría de la deuda de Madrid ha sido uno de los puntos del programa electoral de la candidatura de Ahora Madrid. ¿Cómo se va a realizar?

-No es un proceso inmediato ya que se trata de una deuda descomunal, con una inmensidad de contratos. Y es curioso que en estos momentos están aflorando una serie de cantidades que no preveíamos para incluir dentro de la deuda, están llegando cosas que no estábamos inicialmente pensando. La magnitud del trabajo es enorme y mucho mas amplia de lo que pensábamos.

Por un lado es algo espectacular porque estamos viendo las cifras reales; por otro lado significa mas dolor para todo aquel que le duela lo público y lo que han hecho de este Ayuntamiento.

Hemos creado una estructura que va a permitir hacer ese trabajo, con una subdirección general con rango suficientemente elevado que se llama Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas. La idea es que la auditoría de la deuda no sea solamente el análisis de los datos financieros sino una auditoría integral, que vea todos los componentes que tenga esa deuda, todos los impactos que tiene, no solo el financiero sino también el impacto que tiene en las políticas sociales, o medioambientalmente, qué impacto ha podido tener una infraestructura como la M-30, una visión mas amplia de la puramente financiera y un análisis mas amplio del puramente legal, que es lo que molesta a algunos.

-Los críticos de este proceso dicen que se trata de una deuda legal

-Según ellos no se puede decir nada de algo que ha cumplido la ley y contra eso hay que decir a la gente que hay muchísimos contratos que entendemos son abusivos a pesar de cumplir la ley y han pasado por el tamiz de la intervención. Sin embargo, no podemos ocultar que hay contratos que no son lógicos, ni adecuados, ni que se haya mirado el dinero de todos. Por el edificio en el que nos encontramos estamos pagando 18.422 euros diarios de alquiler, pero este edificio era municipal y se lo vendimos a una empresa para que nos lo alquilara a ese precio. Y ese precio no es de mercado. Todo eso ha sido legal, la intervención lo ha dado como bueno pero, ¿es legítimo, es adecuado, políticamente tiene que conllevar responsabilidades a quien firmó ese contrato? Creemos que sí.

-¿Cómo se comenzará este proceso de auditoría?

-Primero se trata del trabajo técnico y de mostrar a la gente los resultados de ese trabajo técnico. Además debe ser un trabajo con una amplia participación para que la gente se empodere, recupere la capacidad de decidir si esto está bien o está mal y si hay alguien que debe responder política o penalmente si ha cometido algún delito.

-¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Madrid?

-La deuda de la ciudad de Madrid es de 5.400 millones de euros. Se ha creado una subdirección, que la dirigirá un funcionario de la casa que trabajaba en la delegación de Hacienda, una persona con gran capacidad técnica, que cree profundamente en lo público y que va a tener un equipo de funcionarios de diferentes departamentos del Ayuntamiento que pasan a formar parte de esta subdirección.

-¿Cuáles son los objetivos?

-Es necesario esclarecer lo que ha ocurrido y, además, eso debe tener consecuencias. Pero es mas, también debemos poner los medios para que eso no vuelva a pasar. Hay, por ejemplo, contratos de arrendamiento de edificios que no necesitamos o que estamos pagando muy caros. Pues casi todos han sido firmados con cláusulas de confidencialidad; o contratos blindados. Irnos de este edificio nos supondría el pago de la totalidad del contrato, esos 18.422 euros diarios durante cuatro años. Y eso es legal, pero profundamente injusto, profundamente ilegítimo. Y desde esa subdirección ya se ha firmado que no se vuelve a firmar un contrato de arrendamiento blindado nunca más. Tampoco se firmará un contrato donde haya una cláusula donde se diga que el contrato es confidencial porque somos administración local y pública. Va en la línea de que lo que ha pasado no vuelva a pasar nunca más.

-¿Contáis con la colaboración de alguna organización social?

-Tenemos una propuesta de la Plataforma Ciudadana por la Auditoría de la Deuda, personas que llevan años trabajando en este tema. La participación ciudadana está planteada y todavía se está elaborando. Pero tenemos claro que la auditoría va a ser ciudadana, no exclusivamente técnica de funcionarios sino que va a ver participación en todo el proceso.

Vamos a convocar al resto de los movimientos sociales que quieran participar, aquellos colectivos organizados o no organizados para trabajar. No se trata de hacerlos auditores, estamos hablando de un debate ciudadano sobre el proceso que no requiere de un conocimiento técnico previo sino de conseguir que la gente pueda conocer lo que ha pasado con herramientas asequibles y con capacidad de poder opinar sobre lo que ha ocurrido. No se trata de que todos se conviertan en economistas y todo dependerá de cómo participa la sociedad civil.

Para arrancar entendemos que los elementos que deben utilizarse son los ya existentes en el propio Ayuntamiento, las propias Juntas de distrito, utilizar ese canal de participación, pero si se cree que se deben crear juntas específicas para la auditoría de la deuda, se crearán. O sea, cualquier canal que se crea oportuno, útil, canales telemáticos, posibilidad de webs que se puedan habilitar al efecto con la concejalía de participación ciudadana que está también en el proceso.

Se trata de un proceso que se está construyendo, de tal manera que si nadie quiere participar habrá que calificarlo como un fracaso ya que es una auditoría pero también es ciudadana. Y se van a utilizar todos los recursos públicos existentes, centros culturales por ejemplo como centros de información y educación para que se conozca qué se hace con el dinero público, un proceso de transparencia ligado a todo eso.

-¿Qué casos existen de una auditoría de este tipo? ¿Qué similitudes tiene con la auditoría de Grecia?

-Todo esto puede ser, por desgracia, una innovación porque ha habido procesos de auditoría popular o procesos de auditoría que no ha sido ciudadana, como en Grecia, donde ha habido un comité formado por expertos pero con un proceso diferente ya que se ha elaborado un informe en el que se habilitaba una herramienta para negociar con la UE para intentar justificar la incapacidad de pago.

El proceso en Madrid es diferente porque tiene capacidad técnica de pagar la deuda. Capacidad técnica es una cosa, que haya sostenibilidad social es otra. Ahora se está pagando la deuda a costa de no gastar en otras cosas. En el caso de Grecia el problema que tenía con su auditoría es que la necesitaba para justificar una imposibilidad de pagar. El planteamiento aquí es diferente, no es porque no queramos pagar la deuda sino porque queremos que se sepa por qué ha ocurrido y que se tomen democráticamente las decisiones que se tengan que tomar. En Grecia se ha hecho un proceso corriendo que aquí no vamos a hacer porque nos olvidaríamos de lo más importante, que haya participación, que haya conocimiento y que haya una transparencia de qué se hace con el dinero de todos.

-¿Se va a plantear el impago de la deuda?

-No se hace una auditoría para no pagar porque el problema no es la insostenibilidad económica, Madrid tiene la capacidad de pagar, genera muchos recursos propios, tiene gran capacidad de captación de ingresos a través de impuestos que difícilmente se pueden evadir, como el IBI, cosa que no sucede en ciudades más pequeñas. Aquí el planteamiento siempre ha sido otro desde el punto de vista de los activistas sociales. Las deudas ilegítimas no solo hay que perseguirlas sino que no hay que pagarlas y las deudas ilegales todavía menos. Pero en Madrid el proceso no nace por eso sino por hacerlo de forma diferente y atender las necesidades sociales independientemente de la deuda.