jueves, 22 de abril de 2010

CONVOCATORIA DE LA CGT


CONCENTRACION Y AYUNO MEMORIA HISTÓRICA.
El próximo día 24 de Abril las Asociaciones por la Memoria con el apoyo de CGT y otras organizaciones convocan concentración en apoyo a las víctimas del franquismo ante las actuaciones del Tribunal Supremo.
Esperamos la asistencia del máximo número posible de afiliados y simpatizantes, sobre todo porque la mayoría de nosotros tenemos familiares enterrados en las cunetas de este país, y se lo debemos.
Se ha comenzado un ayuno todas las tardes en la Plaza de España e instalado una mesa informativa. Podéis pasaros por allí a echar una mano siempre que podáis/queráis.

Texto que será leído después de la concentración:


NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL JUEZ GARZÓN
EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Las organizaciones sociales y políticas que suscriben este documento quieren hacer pública su indignación y su rechazo a los procedimientos judiciales incoados por el Tribunal Supremo contra el juez Garzón y su decisión de procesarlo bajo la acusación de prevaricación, como consecuencia de su investigación sobre las desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad, denunciadas por asociaciones de víctimas de la represión franquista.

El juez Garzón pretendió investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo tras el golpe militar contra la legalidad constitucional republicana, durante la guerra y durante la dictadura; pretendió recuperar los restos de los desaparecidos y asesinados, verificar y revelar de forma pública los hechos, mediante una declaración judicial que restableciera, frente a los crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de toda la sociedad española.

La actuación, en este caso, de los jueces y de su máximo órgano y la interpretación de la actuación de Garzón como prevaricadora, más allá de la perversión del proceso penal español que señalan los expertos y que ha permitido que dos organizaciones neofranquistas se permitan representar el interés público sustituyendo al Fiscal General del Estado, su representante natural, parece alentada por razones extrajudiciales, compromete el Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial y cuestiona la consideración de este tipo de justicia como poder democrático del Estado.

Estas actuaciones del Tribunal Supremo son, de forma inequívoca, un ataque a las víctimas del franquismo, a sus familias y a la memoria democrática española. Pretenden sepultar y borrar dicha memoria, favoreciendo la impunidad de los liberticidas, lo que entendemos incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos. Con la sanción al juez Garzón se quiere enviar un mensaje negativo e intimidatorio a otros jueces que, en España o fuera de ella, pretendan investigar los crímenes del franquismo, reforzando la impunidad de la que hasta hoy siguen gozando.

Las actuaciones emprendidas contra el juez Garzón y las víctimas que vienen clamando por la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares por la vía judicial, se escuda en la preconstitucional Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, instrumento garante de la impunidad de los victimarios, que dejó intactos los aparatos represivo y judicial del Estado franquista. Que se invoque esta ley de amnistía para perseguir a un juez por investigar las desapariciones forzadas producidas por un golpe de estado y un régimen represivo e ilegítimo, resulta insólito y ha sumido en la perplejidad a los medios jurídicos y a la prensa internacionales. Sólo el Tribunal Supremo español ignora que las normas internacionales de derechos humanos establecen que el crimen de desaparición forzada no prescribe y que entorpecer su investigación constituye un delito. Ninguna ley de amnistía puede contraponerse a estas normas y las leyes de punto final están explícitamente prohibidas según el Derecho Internacional.

La responsabilidad de esta situación no corresponde únicamente al Tribunal Supremo. La Fiscalía General del Estado intervino, oponiéndose cuando las asociaciones de víctimas presentaron sus peticiones ante el Supremo, e incumpliendo de este modo el mandato legal por el que debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, olvidando su fundamental función que le obliga a la protección de las víctimas. Entonces sí que la Sala Penal de la Audiencia Nacional aceptó la argumentación del Ministerio Fiscal, vulnerando la legalidad internacional.

Para mayor escarnio, junto a la admisión a trámite por el Tribunal Supremo de denuncias presentadas por organizaciones herederas directas del franquismo y tras dictar auto de procesamiento, se ha entregado a estas organizaciones un listado de las víctimas y los datos personales de los denunciantes. Constituye un evidente desprecio a las víctimas por parte de la judicatura y no se concede a estos ciudadanos el ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Hoy, están rigurosamente establecidos los hechos históricos, la significación y el desarrollo del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura que siguió. Los golpistas emprendieron un plan sistematizado y preconcebido de exterminio de sus adversarios políticos, ideológicos y sociales en los territorios donde habían triunfado, desde el primer momento. Cuando el fracaso inicial del golpe, por la resistencia popular, condujo a una cruenta guerra civil, en los territorios que iban ocupando aplicaron ese plan de exterminio, primero deteniendo y asesinando, extrajudicialmente, y después tras consejos de guerra sumarísimos, haciendo desaparecer a las víctimas. Establecida la dictadura, se pusieron en marcha torturas, condenas ilegítimas, ejecuciones, campos de trabajo esclavo y robos de niños, y se conculcaron todos los derechos y libertades. El resultado: cientos de miles de víctimas. Respecto al delito de desapariciones forzadas como al del resto de tipificaciones que pudieran hacerse, no se trata de delitos aislados; para las víctimas y sus familias y para los demócratas es un derecho y un objetivo irrenunciable el reconocimiento judicial de estos crímenes.

Las organizaciones que suscribimos este manifiesto consideramos las actuaciones que venimos denunciando como continuación de prácticas de la dictadura que suponen pisotear ideas, derechos y anhelos de justicia de las víctimas del franquismo.

Condenamos la pasividad del Estado Español ante estos crímenes contra la humanidad, según los califica el derecho internacional sobre derechos humanos, denunciados por organizaciones tanto nacionales como internacionales. El Estado Español debe dejar de declararse heredero jurídico del franquismo, dejar de proteger la ley de amnistía de 1977, ilegal a la luz del derecho internacional, anular todas las sentencias represivas dictadas por los tribunales de aquel régimen y reparar los daños a las víctimas. Sólo así será posible abandonar las hipotecas franquistas que lastran a la democracia española.

Las organizaciones que suscribimos este manifiesto, acogiéndose al derecho de petición que concede el artículo 29 de la Constitución, con la máxima energía, y en solidaridad con el juez Garzón perseguido por sus actuaciones de justicia para con las víctimas, exigimos al Tribunal Supremo que cese inmediatamente con esta persecución y resuelva las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes del franquismo contra la humanidad.

Al poder legislativo le exigimos que resuelva los graves vacíos que han posibilitado la ominosa situación que amenaza a la democracia. Creemos que la respuesta que se dé a las víctimas del franquismo será la piedra angular de la calidad del sistema democrático español: la línea roja que separa una democracia plena de una democracia atemperada.

Manifestamos nuestro temor y preocupación por la viabilidad de una democracia que no logra desembarazarse de algunos lastres totalitarios y antidemocráticos, lo que sólo será posible condenando de forma explícita cuantos crímenes perpetró y cuanto representa el franquismo.

Verdad, justicia y reparación.
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DE MOROS Y POBRES: HAITI


Me he encontrado por la calle a un moro, pobre, lógicamente. Hace días que no come, y por eso creo yo en la Virgen del Pilar, porque es un milagro que la gente que no come no se muera de hambre.
El moro este que digo es Yasid, argelino, alumno mío en las clases de español que damos unos cuantos despistados como yo para emigrantes los viernes y sábados. “Nada trabajo, Manuel… Mal, mal, Manuel…”, me ha dicho el moro este. Y luego se preguntaba: “¿Dónde estar dinero de mi país. Tener petróleo, tener riqueza, gente buena, militares no, pero gente buena… Dónde Manuel el dinero estar?”
Donde va a estar el dinero de tu país, moro mío -he pensado-, más que en las cuentas que tengan fuera de Argelia los dirigentes argelinos en colaboración con los dirigentes franceses, españoles o cualquier otro hijo de puta que tenga negocios en Argelia, porque esto de la hijoputez en los dirigentes de altura es de naturaleza universal.
Hemos visitado el moro este, Yasid, y yo, la tienda de otro moro y allá que se ha ido Yasid con algo de comida.
Subo a mi casa, pongo la radio, y me topo con que una ministra española se está echando unas flores con la ayuda española a Haití. La ministra esta no pasa hambre como Yasid. Se lo he notado en la voz, la mujer está bien alimentada.
España, ha dicho la ministra, dará tres millones de euros para solidarizarse con Haití. Debería haber dicho la ministra que de los dineros de la gente que trabajamos y pagamos impuestos, el gobierno, como si fuera suyo, ha proporcionado esos tres millones de euros a alguna gentuzuela haitiana para que haga negocios particulares.
Y para aseverar esto me atengo a los hechos y no a las palabras.
Dentro de las Naciones Unidas y en un plazo de 10 años se ha establecido un plan, dentro de cuyo plan está España, para “fortalecer la gobernabilidad democrática en Haití y promover un desarrollo social y económico sostenible, así como crear estabilidad duradera y recuperar respeto por la ley y la justicia.”
Este texto para ser leído no queda feo, eso hay que reconocerlo, pero la práctica –no lo que yo pienso ni lo que me gustaría o me dejaría de gustar- dice que el sector textil en Haití ha estado generando más de 500 millones de dólares anuales, donde operan desde hace años angelitos empresariales como Disney, Levis, Hanes o New Balance y los gobiernos de Brasil y USA ocupan el 30% de la superficie cultivable, y mientras este zancocho empresarial hace que se enriquecen unos cuantos, la renta per cápita de los haitianos desde 1.984 tan solo se ha elevado unos cuantos céntimos. O sea, que los haitianos pobres, que son la inmensa mayoría, no viven bien ni siquiera estadísticamente.
Y me pregunta a mi Yasid, el moro pobre, que dónde está el dinero de la riqueza de Argelia. ¡Donde va ha estar, moro mío!
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