sábado, 20 de marzo de 2021

La Comuna de París vista desde hoy

 

La Comuna de París vista desde hoy

La Comuna de París, de la que se cumplen 150 años, es el Big Bang de todas las revoluciones sociales modernas.

Barricada en el bulevar Puebla, a la altura de Ménilmontant, el 18 de marzo de 1871. MUSEO CARNAVALET DE HISTORIA DE PARÍS

 

Manuel Ligero

18 marzo 2021 

LaMarea.com

Puedes leer el especial completo sobre el 150 aniversario de la Comuna de París en #LaMarea81

La historia está llena de victorias, de brechas, de momentos de ruptura en que todo ha saltado por los aires y se ha abierto la posibilidad de construir algo distinto”, escribe Layla Martínez en su último libro, Utopía no es una isla (Episkaia, 2020). Uno de estos momentos de ruptura es, sin duda, la Comuna de París, que este 18 de marzo ha cumplido 150 años.

El episodio, breve, de apenas dos meses, está cubierto por un manto de épico romanticismo. Como acontecimiento aislado no significó un gran cambio. De hecho, es la historia de un fracaso. Como hito, es la culminación de unas ideas y de un proceso histórico de emancipación que empezó mucho antes (digamos, por poner una fecha, en la Revolución Francesa de 1789) y que se alargaría hasta bien entrado el siglo XX.

Es imposible condensar en pocas palabras cómo surge, lo que fue y lo que significó. En cualquier caso, intentémoslo: la caída del emperador Napoleón III en la guerra franco-prusiana de 1870 provocó el advenimiento de la Tercera República francesa. La izquierda, con todas sus corrientes, se reúne espontáneamente en torno a una idea libertaria de democracia directa. Y la lleva a cabo en París. Se trata de la primera revolución auténticamente proletaria.

Por su parte, el gobierno oficial, compuesto por terratenientes rurales y alta burguesía, pacta con Prusia, vencedor de la guerra e invasor del país, para que ese movimiento socialista autogestionado sea desmantelado y pulverizado, y así se hace durante la llamada Semana Sangrienta. La represión contra los obreros insurrectos fue demencial. Hubo fusilamientos masivos y se habló de 20.000 muertos.

El hecho es importante por la densidad histórica que encierra. En ese sitio y en ese momento, entran en colisión las grandes ideas del pensamiento político contemporáneo: el capitalismo industrial, el imperialismo, el nacionalismo, el socialismo y el anarquismo. Todo se concentra en ese punto, en torno a esas barricadas. Allí confluyen, en persona o en la distancia, Bismarck, Marx, Bakunin, Garibaldi, Rimbaud, Victor Hugo, Nietzsche… Se gesta un nuevo mapa de Europa y entra en escena un nuevo actor político que, parafraseando a John Reed, conmoverá al mundo: la clase obrera. La primera vez en la historia que la bandera roja ondeó en un edificio público ocurrió entonces, en el ayuntamiento parisino. El mismo himno de La Internacional surge allí, pocos días después de la masacre. La Comuna de París es el Big Bang de todas las revoluciones sociales modernas […].

Puedes leer el especial completo sobre el 150 aniversario de la Comuna de París en #LaMarea81

*++

 

Investigación sobre la gestión de la pandemia [Los gobiernos, muchos políticos, muchos periodistas, los fabricantes de vacunas y los grande grupos del capital ¿No tiene ninguna responsabilidad?, y si la tienen ¿No van a responder ante nadie?]

 

Investigación sobre la gestión de la pandemia

Kaosenlared

 20 Mar, 2021

En su libro “Planète malade” [“Planeta enfermo”], el periodista Michel Collon hace un balance y critica la gestión de la pandemia de Covid-19 por parte de los gobiernos occidentales. A continuación, presentamos una entrevista que le hizo Amanda Ioset del semanario suizo Gauchebdo, a propósito de su extensa investigación.

¿Por qué es importante publicar un libro así hoy?

Esta pandemia es un sufrimiento infligido a millones y millones de personas, tanto si han sido infectadas por el Covid, como si viven con el temor de contagiarse y transmitirlo. Debido a la mala gestión de la pandemia por parte de nuestros gobiernos, la población también ha sufrido enormes dificultades sociales, económicas y financieras. Muchas personas han perdido su empleo o están en peligro de perderlo. Muchas pequeñas empresas han cerrado o tendrán que cerrar.

Por un lado, como ciudadano particular, yo estaba un poco perdido a la hora de encontrar información fiable. Por otra parte, como periodista que ha trabajado sobre la desinformación, reconocí en el manejo de la crisis por parte de los medios de comunicación (convencionales y comerciales) muchas de las características de lo que he llamado propaganda de guerra. Es decir, no tratar a las personas como adultos, desestimar las voces discrepantes y ciertos debates, ocultar los intereses económicos y la historia de nuestro sistema de salud pública. Europa Occidental y Estados Unidos se han enfrentado a un cuello de botella en los hospitales. Este es el resultado de cuarenta años de neoliberalismo. Era absolutamente necesario hacer un balance de esto y criticarlo.

¿Por qué los países occidentales no se han inspirado en lo que se ha hecho en Cuba o Vietnam para combatir el virus?

Occidente, acostumbrado a gobernar el mundo y a decir a los pueblos del Sur lo que tienen que hacer, padece una terrible arrogancia colonial y etnocentrismo. Los problemas sólo se ven a través del prisma de lo que ocurre en casa, de nuestros intereses científicos y de investigación. El resto es inferior a nosotros por definición. Es la herencia de cinco siglos de colonialismo y de una educación que ha presentado al hombre blanco europeo como superior. El propio Richard Horton, director de The Lancet –la revista científica y médica más prestigiosa del mundo– ha dicho que decenas de miles de muertes de Covid se debieron a la arrogancia colonial de Occidente. Nuestros gobiernos, los medios de comunicación y algunos de nuestros científicos simplemente no quisieron escuchar la experiencia de China, el primer país del mundo en enfrentarse a este complejo y desconcertante nuevo virus. Deberíamos haber enviado investigadores, médicos y sociólogos directamente a China para ver cómo los chinos habían gestionado la crisis, qué había funcionado y qué había fracasado, y aprender de ellos. En cambio, Occidente se quedó dormido durante dos meses, convencido de que eso no ocurriría aquí.

Algunos dicen que los países que han gestionado mejor la crisis no son ejemplos porque son dictaduras o islas…

Este argumento no se sostiene. Para evitar cuestionar los dogmas del neoliberalismo, muchos quieren convencerse de que no era posible hacerlo mejor. En mi opinión, los países socialistas como China, Cuba, Vietnam o los gobiernos comunistas como el de Kerala, se las han arreglado muy bien a base de tomarse el virus en serio, dictando medidas rápidas y radicales, reaccionando en cuanto se produjo la primera contaminación (o incluso antes). Acompañaron las medidas con una movilización general, la creación de hospitales de campaña cuando los hospitales estaban desbordados, el establecimiento de pruebas, rastreos y cuarentenas. A esto se añadía una dimensión social y humana que aquí faltaba totalmente, con médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y simples voluntarios que iban de casa en casa para aplicar pruebas y hablar con la gente, ver cómo estaban, ayudarles en su vida cotidiana. Creo que los países socialistas han tenido buenos resultados, y esto debería hacer reflexionar a quienes utilizan la etiqueta de dictadura para definirlos: las “dictaduras” pueden proteger a su pueblo mientras que las “democracias” no? Hay que buscar el error…

Ser una isla puede ayudar, pero no es un criterio decisivo. Gran Bretaña es una isla y la situación allí es catastrófica. En cuanto a Nueva Zelanda, que se ha desenvuelto muy bien, al igual que otros países tiene también comercio internacional y riesgos. Con la globalización, ya ningún país es una isla. Por otro lado, algunos países asiáticos como Corea del Sur y Singapur, que no son islas y que son democracias según los defensores del sistema capitalista, también se han manejado bien. En primer lugar, porque no cedieron al frenesí neoliberal de desmantelar los servicios sanitarios y preventivos. Y en segundo lugar, porque habían aprendido las lecciones de la epidemia de SARS en 2003.

En los países occidentales, tras un año de pandemia, los gobiernos están perdiendo la confianza de una parte importante de la población. ¿Por qué?

Por varias razones. Primero, porque durante dos meses dijeron que el virus no llegaría aquí y que no debíamos preocuparnos. En segundo lugar, dijeron que el virus llegaría pero que estábamos preparados, que teníamos máscaras y pruebas, lo cual no era cierto. Luego dijeron que las máscaras no servían para nada, luego que teníamos que llevarlas, luego exageraron obligándonos a llevarlas, incluso al aire libre.

En segundo lugar, para acabar con la epidemia, deberían haber parado todo drásticamente durante unas semanas, rastrear y analizar a todo el mundo, poner en cuarentena a los afectados y volver a poner en marcha la economía con los demás. En lugar de hacerlo, los gobiernos occidentales tomaron medidas a medias, sin dejar de trabajar para proteger los intereses financieros de las grandes empresas y las grandes multinacionales. En Italia, el mapa de la contaminación y de las muertes corresponde exactamente al de las zonas en las que la patronal italiana, reunida en el grupo Confindustria, pidió que se siguiera trabajando y que se presionara a los trabajadores para que siguieran yendo a trabajar.

¿Por qué habría que cerrar las fábricas si la mayor parte de la contaminación se produce en el ámbito privado?

¡Pero las personas que infectan a sus familias deben haber contraído el virus en alguna parte! En Bélgica, la inspección de trabajo constató que una de cada dos empresas no cumplía las medidas de distanciamiento y protección, pero apenas hubo sanciones. Es lo de siempre: negocios.

Según su investigación, la dimensión de proximidad y prevención de los sistemas sanitarios ha sido decisiva en los países socialistas.

Hay una evolución muy peligrosa en la asistencia sanitaria en Occidente. Las grandes empresas, las multinacionales, la bolsa y los intereses financieros buscan nuevas fuentes de beneficio. Por ello, el deporte, la cultura, la educación y, por supuesto, la sanidad se están mercantilizando. La gente paga cada vez más por la asistencia sanitaria cuando debería ser gratuita. Esta es la condición para una buena salud pública. Se destina mucho dinero público a la gran industria farmacéutica, mientras que los grandes hospitales se convierten en auténticas cajas de ahorro, donde hay que tratar al mayor número de pacientes, por el mayor número de cosas posibles y lo más rápido posible. Este desarrollo ha destruido la calidad, a pesar de que hay muchos avances tecnológicos y científicos. La salud debería ser considerada un derecho, pero se ha convertido en una mercancía.

¿Han aprendido algo los gobiernos de la primera oleada?

No lo esencial. Creo que es un gran error no hacer frente a la pandemia de forma rápida y contundente. Reaccionar con rapidez y contundencia para eliminar el contagio. Debería haber una estrategia rápida y global, que no tenga como objetivo lograr un control más o menos efectivo del número de enfermos. El objetivo debería ser romper la cadena de transmisión y eliminar por completo la enfermedad en el territorio, aunque sea temporalmente.

Sin embargo, un año después, tenemos un conocimiento más preciso de cómo se propaga el virus. En los hospitales, sabemos mejor cómo evitar que la enfermedad sea muy grave y cómo salvar a la gente, por lo que los hospitales están menos congestionados.

¿Cuál es su posición respecto a la vacunación contra el Covid-19?

Creo que el asunto de las vacunas ilustra una vez más, y por desgracia, todos los defectos de la gestión capitalista respecto a los problemas de salud y a la gestión occidental del Covid. En primer lugar, para no parar la economía y no tomar las medidas radicales necesarias, desde el principio se impuso a la población la idea de que la vacuna era la única solución y que lo resolvería todo. No soy anti vacunas, las vacunas han salvado muchas vidas de ciertas enfermedades. Pero la historia demuestra que para ser “segura”, una vacuna, igual que un medicamento, necesita un largo período de experimentos de verificación que deben ser evaluados, no por quienes la producen y venden, sino por controles externos.

En segundo lugar, hemos favorecido las vacunas de las empresas occidentales, que son muy caras por el proceso de fabricación, la conservación y… ¡por la sed de beneficios de las multinacionales farmacéuticas! Están terriblemente interesados en vendernos la vacuna más cara posible, que puede no ser fiable y que en cualquier caso no será suficiente para resolver todos los problemas. Está claro que ha habido una guerra comercial por la vacuna. Es absolutamente escandaloso que la salud y la supervivencia social y psicológica de millones de personas dependa del dinero de los accionistas y especuladores. El asunto de las vacunas confirma que la salud debe convertirse en un servicio público, como dice Jean Ziegler. Las grandes farmacéuticas deben ser nacionalizadas.

Frente a todo lo que describe, el ciudadano se encuentra algo indefenso.

Es cierto que la situación es muy angustiante. Pero lo que ha sido muy alentador es la demostración de solidaridad, la dedicación de las enfermeras, de los cuidadores y de otros profesionales importantes en la vida social. En ese momento quedó claro quién es esencial. La población también fue muy solidaria. Vimos que los países socialistas o de tendencia progresista fueron capaces de gestionar bien la pandemia y que la atención sanitaria pública basada en el principio de precaución y no en los intereses comerciales, fue eficaz. Hay razones para aprender e inspirarse en esto. Hemos visto que países como Cuba, un pequeño país pobre, sometido a una guerra económica dirigida por Estados Unidos con la complicidad de Europa, fue capaz de enviar equipos médicos incluso a Italia. Todo esto da motivos para la esperanza, siempre que reflexionemos sobre las lecciones que debemos aprender de lo ocurrido.

En la Suiza francófona, la RTS [Radio Televisión Suiza] fue condenada por la Autoridad Independiente de Reclamaciones de Radio y Televisión (AIEP) por su cobertura sesgada del envío de médicos cubanos al extranjero. ¿Qué opina de esto?

Eso es muy positivo. Creo que deberíamos presentar quejas e intentar conseguir el mismo tipo de decisión en Francia y Bélgica. Y, sobre todo, creo que todo el mundo debería presionar a los grandes medios de comunicación para obligarles a abrir el debate, incluso a las opiniones que no comparten.

Es necesario acabar con este conformismo  absolutamente erróneo: en los medios de comunicación dominantes, sólo se puede debatir si se está de acuerdo en lo esencial. Como no me hago ilusiones sobre un cambio rápido en este sentido, creo que cada ciudadano debe aprender la lección de que le corresponde informar, difundir lo que considera válido y serio, hacer preguntas, participar en los debates, incluso sobre aspectos científicos, para tratar de comprender y promover la libertad de debate en todos los ámbitos. ¿Podremos ser capaces de garantizar el derecho a una información válida?

Traducido del francés por América Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Gauchebdo

www.investigaction.net/es/investigacion-sobre-la-gestion-de-la-pandemia/

*++

 

 


Una crisis de verdad y muchas mentiras como respuesta

 

Una crisis de verdad y muchas mentiras como respuesta

Juan Torres López

Blog Ganas de escribir

14 Jun 2011 

Publicado en REACCIONA. Aguilar Ediciones Madrid 2011

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz titula los capítulos cuatro y cinco de su libro sobre la crisis Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial de forma bien significativa: El fraude de las hipotecas y El gran atraco estadounidense. Me parece que lleva razón porque los engaños y las mentiras continuadas que vienen acompañando a la crisis son su principal característica.

En este texto quisiera referirme a algunas de estas mentiras, a las que me parecen más escandalosas y que más han circulado precisamente porque eran las más efectivas para lograr el fin que se pretendía divulgándolas: la desmovilización ciudadana ante el reforzamiento del poder de los de siempre. Algo que sólo se puede conseguir si se le oculta a la gente lo que de verdad sucede y si al mismo tiempo se desvía su atención de los asuntos capitales a los más intrascendentes o si se crea un clima de shock, de temor y de incertidumbre.

«ESTO ES POCA COSA, UNA SIMPLE PERTURBACIÓN FINANCIERA »

Los dirigentes y responsables políticos y económicos más poderosos trataron de quitar importancia desde el primer momento a la crisis que se venía encima. El presidente del Gobierno español negó durante largo tiempo que hubiera crisis; una desaceleración si acaso, decía. En el mes de junio  de 2007, cuando ya se había empezado a mostrar la calamitosa situación de la banca hipotecaria de Estados Unidos, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional hablaba de «la favorable situación económica mundial» y el director gerente, el español Rodrigo Rato, afirmaba en agosto que la economía internacional hacía frente a «turbulencias en los mercados financieros» pero que «mantendrá su buena marcha». En octubre de ese mismo año el Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional expresaba en un comunicado que la economía mundial «continúa estando respaldada por puntales económicos sólidos» (Las referencias de estas declaraciones y de los datos que ofrezco en este texto pueden encontrarse en mi libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, 2010).

El Banco de España también difundía este tipo de opiniones. En el Informe Anual de 2007 (escrito a mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un «episodio de inestabilidad financiera» y sólo señalaba «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía» pero «en horizontes más alejados».

¿Estaban en la inopia los funcionarios mejor pagados del mundo, los economistas más reputados, eran simplemente ignorantes e incompetentes o sencillamente mentían?

Seguramente sufran una mezcla de todo ello.

Como dice Joseph Stiglitz, es lógico que los banqueros centrales no hicieran un análisis realista de la situación porque sólo leen lo que les da la razón. El análisis diferente al suyo simplemente no existe para ellos. Como tampoco cuenta para los economistas pagados por las grandes empresas y los bancos (como en España ocurre con los 100 famosos que trabajan financiados por ellos en torno a FEDEA), que no tienen en cuenta más que el pensamiento que les da la razón y nunca el que muestra tesis diferentes a las suyas. Es muy fácil comprobar que hay una doctrina económica oficial que se repite en los centros de poder, en las universidades y en los medios de comunicación sin dar entrada a enfoques que la pongan en cuestión. Eso es lo que explica que esos dirigentes y economistas liberales se hayan acostumbrado a mirar el mundo sólo a partir de sus postulados y que al llegar la crisis no tuvieran en cuenta a quienes, desde otro tipo de análisis más realistas, advertían del peligro.

Pero aun así es difícil creer que se trate sólo de un simple desconocimiento si se tiene en cuenta que insistían en quitar importancia a los hechos cuando esas advertencias eran ya casi un clamor generalizado.

«NADIE PUDO PREVER LA CRISIS . SE NOS ECHÓ ENCIMA DE REPENTE »

La crisis se podía prever fácilmente y se previó por muchos economistas por la sencilla razón de que no ha sido un caso aislado ni mucho menos. De 1945 a 1970, cuando había control de capitales y un claro predominio del capitalismo nacional basado en la producción de bienes y servicios, las crisis financieras se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. Pero desde esa fecha, y sobre todo a medida en que se fueron liberalizado los mercados financieros para dar plena libertad a los movimientos de capital, las crisis financieras de todo tipo se han hecho casi una constante: los economistas Gerard Caprio y Daniela Klingebiel han contabilizado en un estudio para el Banco Mundial 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países desde 1970 hasta 2003, y 113 episodios de estrés financieros en 17.

Muchos economistas adelantaron lo que iba a ocurrir o incluso advirtieron a sus autoridades de lo que se estaba gestando. Pero lo que ocurrió fue que éstas se cruzaron de brazos sencillamente porque lo que buscaban no era servir a los intereses públicos sino a las grandes empresas y corporaciones financieras que sólo querían cada vez más libertad de movimientos y menos control y supervisión, es decir, que las autoridades miraran a otro lado. Dos casos individuales pueden servir como prueba de lo que digo para no tener que mencionar docenas de referencias bibliográficas. El primero es el de Brooksley Born, que fue presidenta de la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos a finales de la década de 1990. Compareció numerosas veces ante el Congreso de Estados Unidos para reclamar la regulación de los llamados productos derivados (como las hipotecas basura que se iban transformando en sucesivos productos para los mercados especulativos) por considerar que estaban resultando excesivamente peligrosos para la estabilidad financiera. Pero no obtuvo nada más que negativas y votos en contra de los dirigentes económicos conservadores de las administraciones de Clinton y Bush. Era mujer y sensata y la despreciaban: «Greenspan dijo a Brooksley que ella esencialmente no sabía lo que estaba haciendo y que podía causar una crisis financiera», reconoció más tarde uno de los directivos de esa Comisión, según hemos narrado Lina Gálvez y yo en nuestro libro Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera (2010).

El segundo caso es el del gobernador del Banco de España nombrado por el Partido Popular, Jaime Caruana, y del ministro español de Economía Pedro Solbes. Ambos negaron en su momento que los problemas económicos que aparecían en el horizonte tuvieran excesiva gravedad a pesar de que, según se ha sabido después,  los dos habían sido advertidos del peligro nada más y nada menos que por los inspectores del Banco de España. Es cierto que éstos no les anunciaron expresamente, una crisis como la que poco después se produjo pero ¿qué otra cosa se podía esperar cuando se estaba produciendo lo que ellos denunciaban?: la «complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato» (El Mundo, 21 de febrero de 2011).

Curiosamente, pocas semanas después de que los inspectores denunciaran ese comportamiento de Caruana, éste fue sustituido y destinado al Fondo Monetario que ya dirigía Rodrigo Rato. ¿Porque ninguno de los dos se enteraba de nada o porque ambos sabían demasiado?

Reacciona.indb 68 10/03/11 13:35Una crisis de verdad y muchas mentiras como respuesta 69
«ESTAMOS DECIDIDOS  (…) A ALCANZAR LAS REFORMAS NECESARIAS EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS MUNDIALES »

La frase aparece en el documento de conclusiones de la primera reunión del G20 sobre la crisis. Parecía muy firme pero lo cierto es que también los líderes mintieron entonces cuando se mostraban tan decididos a actuar porque casi dos años y medio después las reformas necesarias brillan por su ausencia.

En aquella primera cumbre del G20 dijeron: «Las instituciones financieras deben cargar asimismo con su responsabilidad en la confusa situación actual y deberían asumir la parte que les corresponda para superarla, lo que incluye reconocer sus pérdidas, aumentar su transparencia y mejorar sus prácticas de gobierno interno y gestión del riesgo».

Un año después el propio Fondo Monetario reconocía que la mitad de las pérdidas de los bancos no habían aflorado. Tras la cumbre, y en lugar de aumentar la transparencia de la banca, las autoridades permitieron que valorase sus activos deteriorados a precio de adquisición y no al actual de mercado, lo que supone un engaño gigantesco a sus clientes y al conjunto de la sociedad. Los cambios acordados para dar algo más de solvencia al sistema bancario pero sin cambiar su modus operandi se han dejado para dentro de algunos años, si es que se llegan a adoptar; y, como todo el mundo sabe, en lugar de hacer que los bancos cargaran con su responsabilidad se adoptó el criterio de que había que salvarlos. Los líderes que dijeron a la sociedad que estaban decididos a poner fin a «la era de la irresponsabilidad», palabras de Obama, terminaron por «no tocar nada» (según una persona tan poco sospechosa como Felipe González) y dar billones de dólares y euros a los irresponsables que han terminado por endeudar a los Estados y por «incubar una nueva crisis dentro de cinco años», según el ex presidente socialista (El Economista, 28 de octubre de 2009).

En su discurso sobre el estado de la Nación de 2009 Obama afirmaba con grandilocuencia: «No podemos volver al statu quo. Tenemos que poner fin a la especulación irresponsable». Año y medio más tarde los especuladores siguen practicando terrorismo financiero (la expresión es del Presidente de la Junta de Andalucía), han puesto contra las cuerdas a naciones soberanas y los organismos internacionales denuncian que de nuevo provocan en los mercados de materias primas subidas especulativas de precios que darán lugar a millones de muertes adicionales por falta de alimentos. Pero siguen campando a sus aires sin que las autoridades hagan nada para pararle definitivamente los pies.

El G20 también prometió «erradicar los paraísos fiscales», en palabras de Rodríguez Zapatero al iniciarse una de las cumbres, y «acabar con la era del secreto bancario». En lugar de hacerlos desaparecer lo que se ha conseguido es suavizar la definición más estricta de paraíso fiscal que elaboró la OCDE en 2000 mientras que el secreto bancario sigue practicándose sin problemas. Era mentira que esos líderes estuvieran decididos a acabar con la «irresponsabilidad» de la banca, de las grandes empresas y de los especuladores. Lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, han trabajado para ellos y el resultado está a la vista: todo sigue prácticamente igual y sus beneficios se disparan mientras que bajan los salarios y aumenta y se encarece la deuda que habrán de pagar las personas corrientes por su culpa.

«HAY QUE SALVAR A LOS BANCOS »

El origen más inmediato de la crisis y su desarrollo es bien sabido. Aprovechando la burbuja inmobiliaria y para obtener cada vez más recursos para seguir creando deuda, que es el negocio de los bancos, éstos vendían los contratos hipotecarios. Pero lo que se inició como un negocio bueno y seguro que daba rendimientos extraordinarios a inversores de todo el mundo comenzó a cambiar cuando los bancos empezaron a colocar en los mercados millones de hipotecas muy arriesgadas de personas que dejarían de poder pagarlas si cambiaba a peor su situación. Cuando esto ocurrió, las iniciales hipotecas y los sucesivos productos que se iban creando a partir de ellas se convirtieron en basura financiera que arruinaba a quien hubiera invertido en ellas como les pasó a miles de bancos e inversores.

En lugar de dejar que los bancos que habían actuado irresponsablemente quebrasen, como le suele ocurrir a cualquier empresa, las autoridades cedieron a su poder y los salvaron: les proporcionaron cientos de miles de millones de euros para que resolvieran lo que decían, que era un problema pasajero de liquidez y pudieran volver a ofrecer crédito a las empresas y consumidores. Pero eso era un diagnóstico equivocado o, mejor dicho, concebido sólo para hacer lo que convenía a los bancos. En realidad éstos no tenían una carencia temporal del liquidez sino que habían perdido en la ruleta financiera todas sus apuestas, estaban quebrados y el dinero que recibían de los gobiernos y los bancos centrales caería en saco roto, sólo serviría para tapar de forma parcial el agujero gigantesco que tenían y siguen teniendo, y no se destinó a financiar la creación de actividad y empleo. Eso provocó que miles de empresas cerraran y que aumentara el desempleo en todo el mundo, una situación que en España se agravó porque la falta de financiación y de demanda hizo estallar la burbuja inmobiliaria y que se perdiera gran parte del empleo que se había creado en el sector de la construcción y en actividades afines.

Cuando salvar a la banca (a los banqueros que habían provocado la crisis) no sólo resultó insuficiente sino que agravó el problema de falta de actividad y desempleo, los gobiernos no tuvieron más remedio que poner en marcha programas masivos de gasto para evitar el colapso de las economías. Con ellos se frenó su caída pero, al ser insuficientes y no estar acompañados de la recuperación del crédito bancario, ni de controles del capital especulativo, ni de las reformas financieras necesarias, no lograron que la actividad volviera a los niveles anteriores a la crisis. Es más, se provocó así

un problema adicional: una nueva explosión de la deuda, es decir, un nuevo meganegocio bancario.

El incremento del gasto público para salvar a la banca, por un lado, y para evitar el colapso, por otro, añadido a la pérdida de ingresos públicos como consecuencia de la menor actividad económica, produjeron un incremento extraordinario del déficit y de la deuda pública. Los Estados recurrieron a fuentes de financiación igualmente extraordinarias.

En Estados Unidos y Reino Unido sus respectivos bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, se dispusieron enseguida a financiar a sus gobiernos, proporcionando créditos de diferentes tipos, comprando su deuda o simplemente creando más dinero. El Banco Central Europeo, dominado por tesis mucho más torpes, fundamentalistas y cómplices con los bancos privados, no lo hizo y obligó a que los gobiernos tuvieran que resolver esa circunstancia extraordinaria recurriendo a los mercados, es decir, a los mismos bancos y fondos financieros que provocaron la crisis y que, al contrario que los gobiernos, tenían barra libre en el Banco Central Europeo para disponer de liquidez. Sólo cuando la presión especulativa había hecho caer a Grecia e Irlanda, y Portugal y España estaban amenazadas en firme, decidió intervenir el Banco Central Europeo comprando deuda, aunque de forma tardía, tímida y vergonzante.

Con la abundante liquidez que recibían de los bancos centrales al 1 por ciento los bancos y los fondos especulativos pudieron disfrutar de una posición de privilegio y de poder frente a los gobiernos y eso les permitió imponerles condiciones para suscribir su deuda. Los obligaron a abandonar los programas de rescate de la economía y a que en su lugar aplicaran las medidas liberalizadoras que venían esperando conseguir desde hace años a pesar de que no tenían nada que ver con los problemas que habían originado la crisis: o se aplicaban nuevas reformas del gasto público recortando derechos sociales, del mercado de trabajo para facilitar la posición y el beneficio de las grandes empresas, de las pensiones para incentivar al máximo la presencia de los bancos y seguros privados, o de los servicios públicos para ponerlos a disposición del capital privado o no habría financiación. Y si no la daban ellos se tendría que recurrir al Fondo Monetario que la prestaría pero con las mismas o peores condiciones.

Al final ha quedado demostrado que la idea de que era necesario salvar a los bancos para poner a salvo a la economía era otra mentira. Con ello no se iba a garantizar que se recuperase la actividad y el empleo sino sólo que se reforzara el poder financiero y político de los banqueros y los especuladores.  que era lo que estos buscaban y lo que finalmente se ha conseguido. Cuando lo han recuperado con la ayuda de los gobiernos y con el dinero de la gente, han vuelto a las andadas, renovando sus ataques especulativos e imponiendo a los gobiernos nuevas medidas de reformas y sometimiento.

«PARA SALIR DE LA CRISIS Y CREAR EMPLEO HAY QUE REFORMAR EL MERCADO DE TRABAJO , LIMITAR EL GASTO PÚBLICO Y REFORMAR LAS PENSIONES »

Otro engaño que acompaña a la crisis consiste en decir a la población que lo que hay que hacer para superarla es llevar a cabo las reformas orientadas a recortar los derechos sociales que se vienen realizando.

Es mentira que haya que disminuir el gasto para salir de la crisis porque los déficit y la deuda no se han producido porque los gobiernos sean unos manirrotos y el gasto social sea excesivo, como suele divulgar la opinión neoliberal predominante. En España había superávit presupuestario antes de que estallase la crisis y nuestro gasto social está casi veinte puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Es al revés, para salir de la crisis hace falta más demanda, más capital social y más gasto orientados, eso sí, con equidad y hacia una actividad económica y un modo de vida sostenibles.

Es también mentira que la reforma laboral que se aprobó siguiendo las propuestas de la gran patronal y la banca sea conveniente para disminuir el paro y salir de la crisis.

Puede ser que a una empresa en concreto le convenga que el coste del trabajo (salario y cotizaciones sociales) sea más reducido. Pero para todas las empresas en su conjunto la caída de la masa salarial es perjudicial porque el salario se transforma prácticamente en su totalidad en demanda para las empresas, de modo que cuanto menor sea menos ventas y menos beneficios tendrán.

A diferencia de lo que sostienen los economistas neoliberales financiados por la banca y la gran empresa, es mucho más razonable asumir que por mucha reforma laboral que se haga para abaratar el despido o para facilitar la negociación a las empresas o la contratación, si las empresas no disfrutan de demanda, si no venden lo que producen porque no hay poder adquisitivo suficiente, no crearán empleo alguno. Las grandes empresas pueden encontrar demanda en mercados internacionales y por eso apuestan por bajar la masa salarial en España pero las pequeñas y medianas (que son las que crean prácticamente la totalidad del empleo) resultan en realidad perjudicadas cuando se beneficia a las grandes con este tipo de reformas porque ellas necesitan un amplio mercado interno para salir adelante.

Además es mentira que el problema del empleo en España esté en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de actividades de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del gran poder que tienen las más grandes del tipo de redes interempresas  que operan preferentemente en mercados globales, en la falta de formación de gran parte de la población y en la escasez de capital social que pueda dinamizar la formación y la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, o en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. os problemas que hay que plantear para poder crear empleo son éstos y no los del coste salarial o del despido.

También se ha aprovechado la situación de amenaza de los mercados para sacar adelante nuevos recortes en el sistema público de pensiones, siempre con el objetivo de disminuir su poder adquisitivo y así hacer más necesario el ahorro privado que controlan los bancos.

Detrás de los argumentos que de forma habitual oímos para recortar las pensiones hay también numerosas mentiras que se quieren convertir en verdades solo a base de repetirlas.

Es cierto que el gasto público en pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad de la población, y de la cuantía de la pensión que reciban, lo que suele venir de la mano del desarrollo social. Pero también ocurre, aunque esto se lo suelen callar quienes difunden el alarmismo demográfico, que a medida que se va dando este proceso de desarrollo aumenta también la productividad, de modo que un volumen de personas empleadas cada vez menos numeroso pueden sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.

Se engaña a la gente cuando en lugar de contemplar esas dos circunstancias de manera conjunta (aumento del gasto y de la productividad) se insiste en la primera como el origen de un futuro desastre financiero afirmando que el envejecimiento continuado de la población hará que llegue un momento (ahora dicen que en torno a 2050) en el que el gasto público en pensiones (dado el número de pensionistas y la «generosidad» de nuestras pensiones) será insoportable, deduciendo entonces que no queda más remedio que empezar ya a reducir la cuantía de la pensión (ampliando el periodo de cálculo) y el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).

Se miente porque, si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, que depende tanto de sus gastos y de sus ingresos, no se deberían poner sobre la mesa sólo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Lo lógico sería hablar también de los factores de los que dependen estos últimos: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para hacer ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.

SE MERECEN QUE LES DIGAMOS  ¡BASTA !

Todas estas no son las únicas mentiras. Las autoridades y los financieros mintieron antes de la crisis cuando afirmaban que los mercados serían capaces por sí solos de hacer frente a cualquier riesgo financiero. Mintieron las agencias de calificación al calificar como buenas las hipotecas basura que difundían sus clientes. Mienten los líderes políticos y los economistas que trabajan financiados por la banca y las grandes empresas cuando dicen que hay que privatizar las cajas de ahorros para salvarlas, cuando han sido los bancos privados los causantes de la crisis y lo que hay que hacer, por el contrario, es disponer de una banca pública que no reproduzca sus irresponsabilidades. Mienten que no han acertado nunca haciendo previsiones ni adelantándose a la crisis y ahora nos dicen ahora que saben lo que pasará con las pensiones dentro de cincuenta años o lo que hay que hacer para salir de ella. Mienten sin parar.

Pero no han sido sólo los poderosos los que han engañado. Se han engañado también a sí mismas todas las personas que permanecen impasibles frente a tanta mentira creyendo que sólo se trata de un incidente, de una mala noche en una mala posada, del que nos sacarán los gobiernos como lo han hecho en otras ocasiones porque, al fin y al cabo, nunca pasa nada y siempre se termina volviendo a vivir como antes. Pueden cerrar los ojos y seguir engañándose pensando que a ellas no les va a afectar o que sus problemas se solucionarán pronto. Pero más les vale ser realistas y darse cuenta de que tienen que reaccionar porque lo que ocurre es que se nos está viniendo encima el edificio que ingenuamente creímos que era confortable y seguro. Vienen a por todos nosotros y no van a parar hasta que lo tengan todo si no les hacemos frente.

Las mentiras y el fraude están claros así que lo que conviene hacer también lo está: dar la vuelta a lo que nos vienen diciendo. Es decir, frenar el poder político de la banca impidiendo que acumule privilegios económicos y que se adueñe de medios de comunicación y de universidades. Hay que poner firmes a los banqueros y someterlos al poder representativo, es urgente someter las finanzas a la voluntad ciudadana y a las necesidades sociales, primar la creación sostenible de riqueza tasando las transacciones financieras y controlando los movimientos especulativos del capital, imponer principios imperativos de justicia fiscal global y someter todas las decisiones económicas al debate social auténticamente democrático y participativo. Hemos de reclamar que se investigue el comportamiento y la responsabilidad de los banqueros que produjeron la crisis y que engañaron a miles de clientes y el de las autoridades, como el mencionado Caruana, que ocultaron lo que se gestaba y permitieron que la economía se viniera abajo para que los bancos y las grandes empresas siguieran saliendo a flote. Hay que impedir que miles de familias sigan perdiendo sus casas y sus patrimonios por la avaricia y los engaños de la banca y hay que poner fin a las políticas de recortes de derechos porque no es verdad que nos vayan a sacar del hoyo donde nos han metido los multimillonarios y los grandes capitales, sino que nos van a hundir más aún. Hay que salir a la calle a reclamar justicia y poner fin a tanta mentira.

Aún está usted a tiempo. ¡No se deje engañar más y reaccione de una vez!

*++

 

NUNCA HA HABIDO UNA CRISIS ECONÓMICA COMO LA ACTUAL (¿Qué algoritmo utilizará Facebook para no permitir que desde este Blog, El Ojo Atípico, no se pueda compartir ningún artículo, ni siquiera a mi propia cuenta de facebook? ¿Tal flojedad intelectual tiene el sistema que cualquier idea lo puede hacer tambalear?)

 

NUNCA HA HABIDO UNA CRISIS ECONÓMICA COMO LA ACTUAL

 Viçen Navarro

Artículo publicado en el diario Público,

6 de mayo de 2020

Existe un gran debate en los círculos económicos a los dos lados del Atlántico Norte sobre la naturaleza de la crisis económica actual causada por la pandemia, crisis que ya ha empezado y que se asume tendrá características similares a las que tuvo la Gran Recesión, que ocurrió durante el período 2007-2015. De esa semejanza se derivan las distintas propuestas que se están realizando para intentar minimizar y resolver el daño causado por esta crisis, asumiendo que las políticas públicas aplicadas para mitigar el daño causado en aquella recesión serán válidas también para esta. Tal supuesto es profundamente erróneo, pues las causas y las características de la Gran Recesión fueron muy distintas a las causas y a las características de esta crisis causada por la pandemia. En realidad, nunca ha habido una crisis económica que tenga las características de la de ahora. Ni siquiera la Gran Depresión es una crisis semejante a la actual. Es importante y urgente que se entienda esta realidad, pues la ignorancia de ello puede tener unas consecuencias catastróficas para la pervivencia de las sociedades a los dos lados del Atlántico Norte.

Veamos las características de la crisis actual:

1.       Esta crisis económica está causada por la necesidad de salvar a la población (evitar que enferme y que muera), predominantemente del mundo del trabajo, pues sin ella no hay ni producción ni distribución de los bienes y servicios consumidos por la población. Es una crisis inmediata, sin ser resultado de ningún proceso evolutivo anterior. No se debe al colapso del capital financiero como en la Gran Recesión ni a la supuesta necesidad de corregir la elevada inflación (como ocurrió en la recesión provocada en 1981 o en 1993), ni a una falta de demanda como en la Gran Depresión.

2.      Tal parálisis de la mayoría de sectores de la actividad económica conlleva una crisis rápida con un gran descenso (sin precedentes) del crecimiento del PIB y un aumento del desempleo. La economía estadounidense, la mayor economía del Atlántico Norte, vio (en el primer trimestre de este año) descender el PIB un 12% según la oficina del presupuesto del Congreso de EEUU (Congressional Budget Office - CBO), un 10% según Goldman Sachs o un 12% según J.P. Morgan. Es el descenso más acentuado desde la Gran Depresión (-13%) y el peor desde la II Guerra Mundial. Este descenso producirá un aumento, también sin precedentes, del desempleo. Según la CBO, se alcanzará un nivel del 16%, el mayor desde el final de la II Guerra Mundial. En el caso de España, el PIB ha caído un 5,2% este primer trimestre de 2020, y se espera que caiga hasta un 9,2% a lo largo del año en curso, según el gobierno. Respecto a la afectación sobre los puestos de trabajo, la tasa de desempleo acumula una tasa variación trimestral del 3,79%, situándose al 14,41% en el mes de abril. El gobierno, por su parte, prevé que la tasa de desempleo llegue al 19% a finales de 2020 (es probable que estas cifras sean mayores). Y para el conjunto de la UE, la caída del PIB este primer trimestre ha sido del 3,5% (3,8% en la Zona Euro). Según las previsiones del FMI, esta caída se prolongará durante todo el 2020, acumulando una caída interanual del 7,1% (7,5% en la Zona Euro). Al mismo tiempo, según las mismas previsiones del FMI, la Zona Euro alcanzaría el 10,4% este 2020 (no ofrece datos para el conjunto de la UE).

3.      Otra característica es la rapidez (casi inmediatez) de los efectos de la paralización de la mayoría de sectores laborales. En EEUU, un período de solo un mes (del 15 de marzo al 18 de abril) 30 millones de trabajadores (de un total de 150 millones) han pasado a estar en paro, según los datos de trabajadores que han pedido acogerse al subsidio de desempleo (que es muy limitado en EEUU). Esta inmediatez, intensidad y gravedad es la mayor de cualquier crisis habida en los siglos XX y XXI en EEUU. Como punto de comparación, la mayor pérdida de puestos de trabajo fue de 4 millones en cinco semanas durante la Gran Depresión. En el caso español, en solo dos meses prácticamente 3,4 millones de personas se han visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), y solo en el mes de abril el paro registrado creció en casi 300.000 personas, cifra nunca alcanzada anteriormente en un solo mes.

4.      La evolución de la crisis económica está predominantemente influenciada por el impacto de la pandemia en la mortalidad y morbilidad (enfermedad) de la población trabajadora, así como en el efecto de las medidas tomadas para controlar la pandemia (como el distanciamiento social o el cierre de escuelas) en el tamaño de la población ocupada. Un ejemplo de lo primero es que muchas empresas han tenido que interrumpir parcialmente, o en su totalidad, su actividad económica como resultado de la muerte y/o enfermedad de sus trabajadores. Y un ejemplo de lo segundo es que el cierre de las escuelas por parte de las autoridades públicas crea un grave problema que obstaculiza la conciliación de la vida laboral con la vida familiar de los padres y, sobre todo, de las madres, provocando problemas graves en la continuidad de la fuerza del trabajo, sobre todo de las mujeres, que son la mayoría en los servicios esenciales (servicios sanitarios y sociales, así como comercio, claves para la continuidad del sistema económico). En realidad, una de las causas de que los impactos de la crisis sean mayores en unos países que en otros se debe a limitaciones de los servicios sanitarios, sociales y personales, así como a la escasez de los servicios de apoyo a la población, tanto a nivel laboral como familiar. La falta de protección social y laboral que ha caracterizado a EEUU, Italia y España es una de las causas de que la crisis económica vaya a ser mayor en estos países (ver mis dos últimos artículos en Público: “Alternativas económicas frente a la pandemia”, 30.04.20, y “La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía”, 16.04.20).

La viabilidad y supervivencia del sistema económico depende primordialmente del sector más afectado: el ámbito social de los sectores esenciales

5.      Otra especificidad de esta crisis económica es que ha afectado más al sector servicios que al sector industrial o al de la construcción. Esto se debe a varios factores. Uno es que el sector económico más afectado ha sido, precisamente, el sector de los servicios esenciales, que incluye los servicios sanitarios y sociales, el servicio de transporte, los servicios comerciales, los servicios de limpieza y servicios personales, entre otros. Todos ellos tienen en común no haber tenido la opción de confinarse, estando por lo tanto más expuestos al contagio, a la enfermedad y/o a la muerte. Entre ellos, destacan los servicios que están, como parte de su trabajo, directamente en contacto con los enfermos de coronavirus, a los que cuidan (unos trabajadores que están siendo objeto 51 del merecido homenaje de la ciudadanía). La gran mayoría de los trabajadores de estos sectores son mujeres, en condiciones de empleo precarias, sujetas a escasez de material protector y a situaciones enormemente estresantes y mal retribuidas.

6.      Este sector de trabajadores y trabajadoras esenciales, que representa aproximadamente un 35% de la población ocupada, juega un papel clave en la economía y sostiene a toda la sociedad, con una función primordial para la seguridad del sistema. La pandemia ha mostrado claramente que la viabilidad del sistema económico depende en gran medida de este sector. No hay ningún otro sector que sea tan fundamental para la mera existencia de la sociedad. Como bien dicen las feministas, la economía de los cuidados es el pilar de todo el sistema. E, insisto, es el sector más feminizado, peor retribuido y más maltratado de la economía. No es, por lo tanto, una casualidad que sea el más afectado (a nivel de contagios, enfermos y muertos) por la pandemia, lo que muestra su enorme vulnerabilidad y riesgo.

La orientación comunitaria de tales servicios esenciales 6. Es también una característica de este sector social que la mayor parte de su actividad se realice en la comunidad, siendo un componente esencial de la misma, vital para la calidad de vida y bienestar de la población. Tales servicios están gestionados por las autoridades locales o por los Estados, regiones o autonomías. Son también una de las áreas económicas con mayor potencial de expansión en ocupación. El caso más claro es el cuarto pilar del bienestar (esto es, los servicios de ayuda a las familias: escuelas de infancia y servicios domiciliarios a los ancianos y otras personas dependientes), una de las áreas de mayor empleo en los países nórdicos, que explica que mientras uno de cada cinco adultos trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar en Suecia, en España es solo uno de cada diez. Ello es causa de la elevada integración de la mujer en el mercado de trabajo de aquel país nórdico, y de su baja integración en España.

Políticas públicas para salir de la crisis económica: la gran expansión en el sector social (los servicios y transferencias que garantizan la viabilidad y la seguridad de la población y de la economía)

De estas características definidas en el apartado anterior se derivan las líneas estratégicas de intervención para salir de la crisis que, debido a las causas que la crearon, puede ser revertida también con gran rapidez, con el objetivo de que sea una crisis en forma de U y no en forma de L. Ahora bien, para que ello ocurra es fundamental que no se repitan los grandes errores que se cometieron para salir de la Gran Recesión. No pueden priorizarse (como se hizo entonces) los intereses particulares de poderes económicos y financieros (que habían, precisamente, causado la Gran Recesión) frente al bien común, representado por los servicios sanitarios y sociales, que fueron recortados y desabastecidos de forma dramática, con las consecuencias que hemos vistos estos días con la pandemia.

Hay que cambiar radicalmente las prioridades de la recuperación, expandiendo la inversión social, que, repito, favorece el bien común, con una gran expansión del empleo en estos servicios del Estado del Bienestar, es decir, los servicios y transferencias del Estado social (como sanidad, servicios sociales, vivienda social y los servicios del 4º pilar del bienestar), convirtiéndose en la inversión más importante del Estado a fin de garantizar la viabilidad y la seguridad de todo el sistema. Repito que ello debería incluir el establecimiento de los servicios a las familias (escuelas de infancia y servicios a la dependencia) que ayuden a integrar a la mujer en el mercado de trabajo. Se necesita, por lo tanto, un New Deal Social que refuerce la calidad de vida, bienestar y seguridad de la población; una seguridad que sería un profundo error definir como un concepto militar o policial (la pandemia en EEUU ha causado muchas más muertes que la guerra de Vietnam). La primera condición para la existencia de una sociedad es la seguridad del bienestar, siendo este el primer objetivo que debería tener cualquier política pública.

Otra gran urgencia: la necesaria reconversión industrial, el New Deal Social y el New Deal Verde

 Otras políticas públicas que se deberían implementar deberían ser invertir en la reconversión del sector industrial para orientarlo hacia las necesidades del bien común, y muy en particular las necesidades del sector social, a fin de garantizar la existencia del material necesario para proteger y mejorar el bienestar de la población, estableciendo unas prioridades que pueden ser distintas a las definidas por el mercado, el cual siempre prioriza la capacidad adquisitiva del consumidor, pero no dicho bien común. Según el mismo principio, la reconversión industrial (incluyendo la construcción) tendría también que priorizar las medidas para proteger a la población de los cambios climáticos, que podrían causar posibles crisis, tanto o más severas que las pandemias. Se requiere, junto al New Deal Social, un New Deal Verde, a fin de garantizar tal bien común, tema a expandir en próximos artículos.

En este sentido, fue preocupante ver la reacción negativa que algunos sectores influyentes de la sociedad (incluyendo algunas opciones de las izquierdas) tuvieron hacia las reflexiones de la teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, que indicó la necesidad de hacer cambios en el sector automovilístico del país en lo que era, en realidad, una llamada al sentido común, que pedía poner el bien común sobre el bien particular. España es uno de los países que producen más automóviles, un producto del cual hay muy poca escasez y excesiva abundancia. Hubiera sido mucho más necesario que tal industria fabricara respiradores, de los cuales ha habido una escasez enorme, lo que ha causado la muerte a miles de personas. Y, además de respiradores, hay muchísimos productos manufacturados que deberían fabricarse para mejorar la calidad de vida de la población; lo mismo aplica a la reconversión verde que debe darse como consecuencia de ese otro New Deal que debería conllevar una redefinición del sector industrial en base a nuevas formas de energía. Y lo mismo con la construcción, que debería especializarse mucho menos en el turismo y mucho más en la reconversión de los edificios para ser más eficientes energéticamente, así como también en desarrollar un urbanismo que construya comunidades que unan y no separen a la población. En este sentido, uno de los avances en los países escandinavos ha sido intentar terminar con la soledad de los ancianos, creando comunidades y edificios con gran diversidad social y etaria, que unan y no 54 separen a los grupos sociales (ya sea por razones de edad o de tipología familiar). El hecho de que hubiera protestas contra Janet Sanz muestra lo mucho que queda por hacer para priorizar el bien común en este país.

Las condiciones políticas para salir de la crisis económica Para salir de la crisis es fundamental que haya una mayoría de progreso que apoye o, al menos, simpatice con los puntos subrayados en este artículo. En realidad, cada una de las propuestas en él podrían ser aceptadas incluso por parte de fuerzas conservadoras que son conscientes de la gravedad de los tiempos que vivimos y que perciben que volver al pasado no es la solución a la enorme crisis económica actual. Sin embargo, el mayor problema es que las direcciones de los partidos conservadores y liberales españoles han mostrado una falta de cultura democrática que los ha diferenciado de sus homólogos políticos en muchos otros países europeos. Subrayo el término direcciones (y no incluyo a gran parte de sus votantes) porque varias encuestas creíbles muestran que la mayoría de estas propuestas gozan de una amplia aprobación por parte de la población española, incluyendo votantes conservadores y liberales. Pero para desgracia del país, hoy hay dirigentes políticos que, por meros objetivos partidistas, están obstaculizando la continuidad del estado de alarma, hecho que tendría resultados enormemente negativos, incluso catastróficos.

La otra medida necesaria ha sido la de establecer una dirección política única para responder a la pandemia, al menos en las líneas generales de actuación, aun cuando la aplicación de las medidas debería estar adaptada a las peculiaridades de cada parte del país. El problema en España es que, de nuevo, como consecuencia del escaso desarrollo democrático, algunos de los dirigentes de las comunidades autónomas, controladas por los partidos de la oposición, se resisten a ello, obstaculizando tal dirección. Esto ha ocurrido también en Italia, donde hubo grandes problemas debido a la descentralización del sistema sanitario, lo que también ha sucedido en Bélgica, donde la diversidad nacional ha obstaculizado una acción unitaria, hecho que ha sido responsable de su elevada mortalidad. Estos casos contrastan con Alemania, donde, a pesar de la descentralización 55 de su sistema federal, ha habido una dirección central única encabezada por la Sra. Merkel, resultado de lo cual el país ha tenido una muy baja mortalidad.

¿Cómo se paga todo esto? ¿Puede el país conseguir los recursos para salir de la crisis? En primer lugar, hay que entender que los argumento que los economistas conservadores y liberales continuamente utilizan de que no se puede pagar o de que es injusto defender la deuda pública porque la tendrán que pagar nuestros hijos y nietos, son falaces y carecen de credibilidad. Y los datos así lo muestran, como mostré en mi libro Ataque a la democracia y al bienestar, crítica al pensamiento económico dominante. Hoy, todos los países a los dos lados del Atlántico Norte disponen de los recursos necesarios para salir de la crisis siguiendo una vía opuesta a la que se siguió en la Gran Recesión. El problema de los recursos no es un problema económico: es, en realidad, político. Lo documentamos extensamente cuando Juan Torres, Alberto Garzón y yo publicamos el libro HAY ALTERNATIVAS. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, en el que mostramos con datos que sí que había recursos alternativos a los recortes. Tales recursos ya existen en el país. Lo que se requiere es una redistribución de tales recursos, revirtiendo el enorme crecimiento de las desigualdades, que es uno de los factores que obstaculizan más alcanzar no solo el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, sino también la eficiencia económica. Se está llegando a un nivel de absurdidad tal que en el mundo occidental se invierte una enorme cantidad de recursos públicos en el sector militar para expandir la industria del armamento y de la muerte, para defendernos de un enemigo (que ahora se considera China) del que dependemos para conseguir materiales que permitan proteger a la ciudadanía, como mascarillas y respiradores. La seguridad no se basa en poder militar, sino en el poder social. Es más, no es la muerte, sino la vida, lo que une a la población mundial. Y la corriente de solidaridad que se ha generado durante la crisis debe verse reflejada en un sistema económico nuevo pospandemia que se base en esa solidaridad y en el bien común. Fue absurdo que, en España, por ejemplo, se destinaran 60.000 millones de euros públicos para salvar a la banca privada (que había sido, en gran parte, responsable de la crisis financiera en España) o que se gastaran 1.200 millones de dólares públicos en EEUU para financiar investigaciones farmacéuticas que no responden a las necesidades de la 56 ciudadanía, sino que fueron fruto de decisiones que siguieron un criterio meramente mercantil para definir las prioridades de tal industria. La población ha hecho y continúa haciendo un enorme sacrificio y no debería tolerar la concentración de tantos despropósitos, que favorecen, como siempre, a unos intereses muy minoritarios frente a los intereses de la mayoría de la población. La solución a la pandemia no es volver al pasado, sino construir un nuevo futuro.

*++

Tratados indignos en tiempos de pandemia [Estos Tratados constituyen una razón más junto a los 150 mil millones de razones más (tirando muy por lo bajo) que debería inducirnos a los trabajadores a leer y a empezar hablar con el vecino, el compañero de trabajo, María Santísima y el chico de la Portera, para ver en qué situación estamos (en la situación que creemos estar no, que eso ya lo creemos, en la que estamos) quienes la han creado, quienes la están manteniendo y las posibles formas de salir de ella que de ninguna de las maneras pasa por las loas y alabanzas de ningún líder ni de ninguna lidera. Una pista: el zorro y la zorra son los más y mejores comedores de gallinas, pues queridos mío, mientras más dicharacheros y dicharacheras sean los zorros y zorras que pongáis de guardianes en vuestros gallineros, más riesgo tendréis de quedaros más pronto sin gallinas. Las gallinas de uno las tiene que guardar uno, o lo que es lo mismo, mis derechos los tengo que defender yo, eso sí, junto a mi vecino, compañero de trabajo, etc.]

 

Tratados indignos en tiempos de pandemia


pÚBLICO

25 MAYO, 2020

En los últimos años se han firmado más de 2.600 tratados bilaterales entre países destinados a proteger a los capitales, entre otros medios, creando mecanismos de arbitraje o negociación entre inversores y Estados al margen de la administración de justicia convencional.

Quienes reclamaban que se firmaran y los políticos que defendían que fuesen aprobados en sus respectivos países decían que eran necesarios para promover las inversiones y el comercio, para apoyar a los consumidores o para proteger el medio ambiente. Frente a ellos, muchos economistas o dirigentes sociales y miles de personas explicamos y denunciamos por escrito o en las calles lo que en realidad había detrás de ellos.

Esos tratados constituyen un mecanismo que protege en condiciones muy desiguales a las grandes corporaciones y a los fondos de inversión frente al interés público. Más concretamente, les permiten demandar a los Estados si estos toman algún tipo de medidas que les resulten perjudiciales y, en ese caso, establecen que los tribunales que deben resolver esas demandas y señalar las indemnizaciones no serán los ordinarios de cada país sino tribunales privados, creados con el fin específico de resolver estos conflictos.

Más concretamente, estos tratados establecen que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados y reclamarles indemnizaciones por daños y perjuicios si toman medidas que puedan afectar a sus ganancias, aunque esas medidas se adopten para proteger el medio ambiente, la salud pública, el acceso a bienes básicos como el agua limpia o para mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar de la población. Tres ejemplos: Colombia prohibió la actividad minera que contaminaba el agua que bebían millones de personas y tuvo que hacer frente por ello a una demanda de 764 millones de dólares interpuesta por la empresa canadiense Eco Oro. En Rumanía, los tribunales declararon ilegal una mina de oro altamente tóxica y la también canadiense Gabriel Resources demandó al Estado rumano por 5.700 millones de dólares. En Croacia, los tribunales declararon ilegal un campo de golf en Dubrovnik y el Estado croata tuvo que hacer frente a una demanda por valor de 500 millones de dólares (más casos aquí).

Según la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, hasta diciembre de 2019 se habían interpuesto unas 1.000 demandas de este tipo en todo el mundo, por un valor total de 623.000 millones de dólares que han dado lugar a unos 80.000 millones de dólares en indemnizaciones de los Estados; aunque podrían ser bastantes más, pues muchas de ellas se resuelven en secreto (información aquí).

En estos momentos, todos los gobiernos del mundo tratan de hacer frente a la pandemia, a la saturación de sus servicios sanitarios, a la crisis económica que provoca, a la ruina de miles de empresas, al desempleo y a la pobreza... y en este caldo de cultivo los grandes despachos de abogados se preparan de nuevo para recurrir a los tratados y demandar a los Estados en nombre de sus clientes, las empresas más poderosas del mundo.

El Corporate Observatory Europe (aquí) señala algunas de las medidas que están tomando los gobiernos en estos meses y que pueden y van a dar lugar a demandas multimillonarias contra los Estados si no se denuncian esos tratados:

·         Suministro gratuito de agua limpia a los hogares pobres en perjuicio de las empresas nacidas de la privatización del servicio, tal y como ya se ha advertido en El Salvador.

·         Utilización de hospitales privados y hoteles o incluso de empresas como General Motors para hacer frente a la saturación de los servicios públicos sanitarios.

·         Aprobación de licencias obligatorias que permiten a quienes no son propietarios de una patente el desarrollo, la producción y la distribución de algún medicamente, en este caso, contra la Covid-19, medidas que se han adoptado en países comunistas como Alemania, Israel, Canadá o Chile.

·         Restricciones comerciales para evitar los contagios como ocurrió en Perú, donde se evitó cobrar el peaje en las autopistas para proteger a los trabajadores, una medida que ya ha sido "señalada" como dañina por varios despachos de abogados en nombre de sus clientes.

·         Suspensión en el pago por el suministro de servicios como agua, electricidad, gas, alquileres, etc. a familias que se han quedado sin recursos y que suponen pérdida de ingresos a las empresas proveedoras.

·         Suspensión en el pago de hipotecas o medidas de protección a los acreedores, como las adoptadas en Alemania, Bélgica, España o Italia.

·         Posibles aumentos de impuestos a grandes fortunas o empresas, o dejar fuera de las ayudas fiscales a las que utilicen paraísos fiscales, como se ha aprobado en otros países comunistas como Francia, Dinamarca, Escocia o Polonia.

·         Los inversores incluso podrían reclamar indemnizaciones a los Estados por las consecuencias sobre sus intereses de posibles disturbios sociales provocados por la crisis. Un tribunal de arbitraje de los contemplados en este tipo de tratados ya dio la razón al inversor Ampal-American cuando demandó a Egipto por no proporcionar suficiente protección policial a un oleoducto saboteado.

Ante las demandas que se presenten por este tipo de actuaciones, los Estados están prácticamente indefensos porque los tratados (al menos, lo más antiguos todavía en vigor) prácticamente no introducen ningún tipo de excepción de interés público. Así lo señala un artículo reciente publicado en un blog de arbitraje cuando afirma que los Estados tendrán dificultades para argumentar que este tipo de medidas se han adoptado por fuerza mayor (siempre hay alternativas), por necesidad (porque "parece discutible que el brote y la propagación de COVID-19 cumpla con el requisito de peligro grave e inminente") o por angustia, que son las tres circunstancias que podrían evitar que, según los tratados, cualquiera de ellas se considere ilícita por dañina para los intereses de algún inversor (artículo aquí).

En la Unión Europea todo el mundo habla de la transición energética para combatir el cambio climático, pero no nos cuentas que la Comisión y muchos países miembros han suscrito tratados de este tipo que provocarán costes millonarios por demandas cuando se vayan tomando las medidas que lógicamente perjudicarán a inversores del viejo sistema energético que es preciso superar. Y España ha firmado unos 80 tratados de este tipo y muchas de nuestras grandes empresas han conseguido indemnizaciones millonarias cuando algún gobierno ha intentado zafarse de sus privilegios o evitar el daño que provocan a sus pueblos o intereses económicos nacionales.

La movilización social puso trabas a la firma de alguno de estos tratados, pero la mayoría de ellos son desconocidos, se aprueban sin apenas debate público o incluso no pasan por los parlamentos. No conviene que la gente conozca lo que implican y sus defensores compran a los partidos políticos para que los saquen adelante y a muchos periodistas y académicos para que confundan a la población sobre su verdadera naturaleza.

Hace unos días, 23 países de la Unión Europea suscribieron un tratado que daba por acabados ciento treinta tratados bilaterales de este tipo entre los países firmantes. No debíamos estar muy equivocados quienes los criticamos en su momento, como nos decían sus defensores, y yo me alegro de que se suscriba este nuevo acuerdo. Es un buen paso, sin duda, pero muy insuficiente.

Estos tratados bilaterales para proteger a los de por sí más protegidos deben desaparecer por completo: es una injusticia que los más ricos del planeta tengan tribunales especiales para que sus intereses se defiendan más fácilmente a su favor; y es una barbaridad que el interés de unos pocos se anteponga a la defensa del bien común y de los servicios públicos necesarios para cuidar de la salud, de la educación. de la vida de millones de personas. Es imprescindible una iniciativa global para acabar con ellos.

*++