domingo, 25 de marzo de 2018

¡CORRUPCIONES POR AQUÍ, CORRUPCIONES POR ALLÁ, TA TÁ TÁ TÁ TA TÁ TA TAAA! QUE ME AGUANTES, LLARENA, QUE ME AGUANTES, QUE TENEMOS QUE EMPAREJAR TODAVÍA EL ROBO DE LAS PENSIONES CON EL PACTO DE TOLEDO. LO QUE YO TE DIGA, LLARENA. QUE A ESTOS CON LA MIERDA DE LA INDEPENDENCIA SE LA VAMOS A METER DOBLADA, ¡QUE ME AGUANTES LUISILLO! QUE MÁS DA LUISILLO QUE LLARENA, QUE TAMPOCO VA DE NOMBRES, ES LA CORRUPCIÓN IDIOTA, LA CORRUPCIÓN.



LA VENGANZA DEL JUEZ LLARENA

En sus autos judiciales, el juez del Tribunal Supremo distorsiona la realidad de lo ocurrido en Cataluña hasta extremos difíciles de creer

Eldiario.es
24.03.2018



La vida política de Cataluña está en manos de un juez del Tribunal Supremo con tal capacidad de fabulación que es capaz de reescribir los acontecimientos que han tenido lugar en esa comunidad autónoma en el último año. La desconexión total con la realidad en boca de un político o periodista puede ser criticable, o debe serlo, pero en el caso de un juez es mucho más grave por afectar de forma inevitable a derechos fundamentales. 
Pablo Llarena ha decidido este viernes el ingreso en prisión incondicional de Jordi Turull, que es  candidato a la presidencia de la Generalitat, y de Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Todos ellos tendrán que responder de su actuación política y de los delitos por los que se les acusa, pero tienen derecho a permanecer en libertad a la espera de juicio a menos que se den una serie de circunstancias muy concretas. 
En la argumentación de esas circunstancias, Llarena distorsiona la realidad de lo ocurrido en Cataluña hasta extremos difíciles de creer. En sus diez folios, conmina a los acusados a renunciar a sus pecados porque los considera culpables antes de que se celebre el juicio. Y ni aun así podrían acceder a la libertad condicional, porque tendrían que pasar por el análisis psicológico que hace el juez, y ahí tienen todas las de perder
Con Llarena, no es posible sostener que se esté aplicando el principio de presunción de inocencia de los acusados. Va más allá, les niega en la práctica el derecho de los políticos encarcelados a creer que son inocentes. Es más, lo considera poco menos que un agravante que impide su puesta en libertad tras su declaración.
"Y puesto que esos argumentos [con los que justificaban su desobediencia de las decisiones judiciales del año pasado] son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos".
"En su esfera psicológica interna", escribe Llarena en calidad de perito psicólogo, aunque antes había escrito que "lamentablemente es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados". Unos párrafos después, lo imposible pasa a ser evidente. 
No aprecia que vayan a respetar las decisiones del instructor del caso, porque además no aceptan "la presunta ilegalidad" de sus actos. Si se consideraran culpables antes del juicio, se supone que la cosa sería diferente. 
"El acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie", afirma en un castellano no muy claro. Es probable que quiera decir que 'no habrá acatamiento del tribunal hasta que cambien su voluntad'.
Nos encontramos ante una situación similar a la que se produjo tras la decisión de la Audiencia Nacional sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios exconsellers. El entonces fiscal general José Manuel Maza afirmó en una entrevista que la decisión jurídica sobre la situación personal de los imputados  podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”, explicó.
Quedó claro entonces como ahora que la Justicia no está sólo valorando hechos, sino también ideas políticas. No son sólo los actos que realizaste en calidad de alto cargo de una Administración los que pueden negarte la libertad condicional, al considerarse la gravedad del delito, sino también tus opiniones. 
Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum (Arrepentíos. El Reino del Cielo está cerca).
En el otro auto en el que procesa a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los demás líderes independentistas, Llarena pone a prueba su imaginación y da a entender que los acusados estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, una opinión personal que no creo que comparta mucha gente informada o en su sano juicio. Todo con la intención de justificar la imputación del delito de rebelión, que exige una intención, planificación y ejecución de actos violentos que nadie ha visto y que aparentemente podrían haber concedido la victoria a los acusados. 
Explica que la actuación violenta requiere tres elementos, y que uno de ellos debe ser de entidad suficiente para que pueda "doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige". La idea de que el Estado podía doblegarse sólo por la manifestación ante la Conselleria de Economía, por las declaraciones de los políticos independentistas o por la celebración de la consulta del 1 de octubre es tan absurda que casi no es necesario ni refutarla.
Los acontecimientos posteriores al 1-O lo dejan claro, y también lo ocurrido tras las elecciones. El Estado nunca estuvo indefenso ante el reto independentista. La actuación de los tribunales y la decisión del Gobierno de aplicar el 155 desmienten con claridad esa supuesta capacidad de los acusados de someter a las instituciones a su voluntad con ayuda de la violencia. 
Pero si Llarena se refiere estrictamente a la concentración ante la Conselleria cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un registro en su interior, la cosa es aún peor. Sostiene que esa noche hubo "una real restricción de la capacidad de actuación" del Estado a causa de la presencia en la calle de miles de personas. 
El hecho evidente es que los agentes realizaron en el interior del edificio las funciones que tenían encomendadas durante el tiempo que necesitaron. La concentración sí impidió su salida normal, que tuvo que aplazarse varias horas, sin que nunca quedara claro por qué algunos agentes sí pudieron salir unas cuantas horas antes que los otros.
La responsabilidad de los mandos de los Mossos por no haber despejado la calle antes (después sí hubo cargas de los antidisturbios de los Mossos) será la que dicten los tribunales si ese es el caso. Afirmar que el presunto carácter violento del desafío independentista empieza y acaba en lo ocurrido esa noche a la hora de justificar un ingreso en prisión es algo que se puede hacer en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, pero no en un auto judicial que limita derechos fundamentales. Al autor de ese artículo se le puede llamar manipulador, pero está en su derecho de manifestar esa opinión. Un juez del Tribunal Supremo no es un editorialista ni un tertuliano.
Pero parece que Llarena no resiste lo que podríamos llamar la tentación del tertuliano cabreado y se lanza a un símil, esa figura retórica tan maltratada en los programas de televisión. Compara la actuación violenta ante la Conselleria con "un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire", que podría ser  una comparación estrambótica con los guardias civiles de Tejero entrando a tiros en el Congreso en el golpe del 23F. 
Di lo que quieras de los tertulianos más airados pero al menos no meten a la gente en prisión con sus elucubraciones. No se puede decir lo mismo de Llarena. 
Para hacer ostentación del peligro que suponía el enemigo, Llarena se convierte en propagandista involuntario de la fortaleza política de los indepes (recordemos que intenta argumentar que estuvieron a punto de conseguir su objetivo de la independencia) hasta el punto de referirse a " un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz".
Muy eficaz. Cualquiera que haya visto el ridículo internacional sufrido por los independentistas (Puigdemont llegó a afirmar en pleno delirio en un mitin que el Departamento de Estado y Jean-Claude Juncker prácticamente habían reconocido la voluntad de los catalanes de formar un Estado propio). El reconocimiento internacional que estaba casi hecho no apareció por ninguna parte, como era previsible, excepto el apoyo recibido de los partidos ultranacionalistas flamencos. 
El "armazón internacional" sólo existe ahora en la cabeza de Llarena, y quizá antes en las de Romeva y Puigdemont.
Más allá de la responsabilidad jurídica de cada uno de los encausados, estamos ante un problema político gravísimo que no tendrá solución si no se reconstruye la convivencia política y social en Cataluña. Tampoco será posible si los políticos independentistas asumen su parte de responsabilidad en el fracaso de su estrategia.
A lo más que han llegado algunos es a afirmar que no contaban con que el Estado reaccionara con tanta agresividad contra Cataluña, lo que es un argumento tan penoso como falso, porque esa era una de las razones con las que justificaban su campaña independentista. 
Vendieron a sus votantes que eso estaba hecho y que sólo tenían que depositar un voto en una urna. La confusión del campo independentista después del 1-O y la inmensa decepción de sus bases por una secesión que sólo duró ocho segundos han sido la principal consecuencia de una estrategia política que sólo podía conducir a la derrota. 
Pero ahí ha aparecido en su rescate el juez Llarena, que se presenta como el cirujano de hierro y salvador de la patria que acabará con la enfermedad y que lo único que conseguirá es perpetuar este cisma durante una generación. No se puede gobernar un país desde un despacho del Tribunal Supremo y menos con la visión deformada de la realidad de la que hace gala este magistrado.
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CATALUÑA: RESULTADO DE LA CUAJADA DE POLÍTICOS CORRUPTOS QUE MANTENEMOS Y QUE SON LOS MISMO QUE NOS HACEN LA VIDA IMPOSIBLE. ¿CAEREMOS EN LA CUENTA LOS TRABAJADORES ALGUNA VEZ, QUE LA RIQUEZA LA CREA EL TRABAJO Y QUE LOS PRIMEROS QUE HAN DE DISFRUTAR DE ELLA SON LOS TRABAJADORES, Y NO EL REY, LA REINA, LA CHIRIGOTILLA QUE LE SIGUE Y EL ASPIRANTON A CHIRIGOTE QUE LE SIGUE?




MANIFESTACIONES EN BARCELONA CONTRA LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT: “ESTA EUROPA ES UNA VERGÜENZA”


La ANC ha organizado una manifestación desde la sede de la UE en Barcelona hasta el consulado alemán.
Centerares de personas, convocadas por los Comités de Defensa de la República, se han desmarcado de la manifestación de la ANC y se han dirigido hacia la Delegación del Gobierno de Barcelona.
Se están viviendo momentos de tensión entre los manifestantes y el cordón de Mossos en las inmediaciones de la Delegación.

ELDIARIO.ES
25.03.2018



Manifestación de Òmniun y la ANC por la detención de Puigdemont

Tarde de protestas en Barcelona contra la detención de Carles Puigdemont. Miles de personas se concentran desde las 17h en el Passeig de Gràcia frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona. Su intención, según ha indicado la ANC, era marchar hasta el consulado alemán en la capital catalana. 
Centerares de personas, convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) se han desmarcado de la manifestación de la ANC hasta el consulado alemán y se han dirigido hacia la Delegación del Gobierno. Un cordón policial de los Mossos d'Esquadra les impide el paso.
Algunos manifestantes han lazado basura, huevos y pintura a los antidisturbios, increpándoles "no merecer" la 'senyera' de su uniforme. Cuando han intentado colocar un contenedor frente al cordón, los agentes se lo han impedido con cargas y el uso de porras.
Paralelamente, la protesta de la ANC se ha convertido en un clamor a favor de investir a Puigdemont president pese a su situación judicial en Alemania. El grito más repetido entre los manifestantes es "Puigdemont, el nostre president [nuestro president]". A la marcha acude la plana mayor de JxCat -los portavoces Eduard Pujol y Elsa Artadi y diputados como Quim Torra, Laura Borràs o Francesc de Dalmases. También ha asistido el líder de Democràtes (que forma parte del grupo parlamentario de ERC), Antoni Castellà, así como la recién elegida presidenta de la ANC, Elisenda Paliuze y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri. 
Varios manifestantes acuden a la marcha pegados a sus teléfonos móviles y a los auriculares de sus radios, desde donde siguen las últimas novedades de los dirigentes independentistas en el extranjero: la policía escocesa ha pedido a la exconsellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, que se entregue para iniciar la tramitación de la euroorden, mientras que Puigdemont sigue detenido en Alemania a la espera de pasar a disposición del juez. 
"Con más razón tenemos que investirle president ahora. Ha hecho bien conservando el acta de diputado pese a estar fuera", dice Montse, una entusiasta votante de Puigdemont que confía en que la Justicia alemana no extraditara al expresident. "Europa tiene que interevenir", tercia Carles, su Marido. Hasta ahora la posición de la UE y de los principales países ha sido de apoyo sin fisuras a la actuación del Gobierno español en contra del proceso soberanista.

Cárteles de Òmnium a favor de la libertad de los presos
El expresident de la Generalitat ha sido detenido por la policía alemana este domingo tras cruzar la frontera en coche desde Dinamarca en su viaje hacía Bélgica. El operativo ha estado dirigido por el CNI y la Policía Nacional, que han esperado a que Puigdemont se encontrase en el punto más adecuado para facilitar la orden europea de arresto y entrega reactivada el viernes por el Tribunal Supremo. El arresto se ha producido cuando el Renault Espace en el que viajaba Puigdemont se ha detenido en una gasolinera de la carretera federal A7.
Partidos políticos como la CUP han llamado inmediatamente a la movilización para protestar contra la detención del expresident. Desde la lista de Puigdemont (que sigue conservando el acta de diputado), la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha dicho que el expresident no tendrá un "juicio justo" en España. El PDeCAT ha anunciado además una reunión de urgencia de su dirección a las 19:00h. Por contra, Albert Rivera (Ciudadanos) ha aplaudido el arresto del expresident: "Se acabó la fuga del golpista Puigdemont".

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sábado, 24 de marzo de 2018

SOBRE LA DETENCIÓN DE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES



LLARENA USA LA POSVERDAD PARA PROCESAR AL INDEPENDENTISMO POR REBELION

David González
ELNACIONAL.CAT
24.03.2018


Querían, querían, querían. No hay hechos muy claros. Hay, como mucho, presuntas "representaciones". O presuntas "voluntades". Pero es suficiente para que Pablo Llarena procese por un presunto delito de rebelión -además de los de desobediencia y malversación- al presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y 11 miembros más del Govern, los Jordis y Marta Rovira, en la causa por el referéndum de autodeterminaciò del 1 de octubre. La postverdad ha entrado con fuerza en la praxis judicial española.
El magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo sostiene en la interlocutoria del procesamiento que los líderes independentistas no sólo "utilizaron el poder de la masa" contra las fuerzas policiales que pretendían impedir el referéndum con el fin de alcanzar la independencia. También se sirvieron de ello para que el Estado se rindiera "a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse". "De esta manera, el delito que se analiza es plenamente exigible a los que, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaran a su actuación criminal", señala el juez.
¿Sin embargo, cómo llega, a una conclusión tan gaseosa? El delito de rebelión, regulado por el artículo 472 del Código Penal y penado con hasta 30 años de prisión, exige que se produzca un alzamiento violento y público. En el auto, Llarena se refiere a la protesta del 20 de septiembre ante la sede de Economía como "violento levantamiento". No osa usar, sin embargo, el término "alzamiento", por las evidentes connotaciones militares, del todo ausentes. En general, del componente violento habla de manera abstrusa y tautológica: "Actúa violentamente -la cursiva es suya- quien lo hace de manera violenta, lo cual no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia".
Toma de rehenes con tiros al aire
El juez duda, pero, enseguida, enfila el camino de la conclusión claramente preestablecida. "En cualquier caso", señala, la protesta del 20 de septiembre, mientras la Guardia Civil registraba la sede de la conselleria de Economia "refleja todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento e incluso para la violencia". Llarena sostiene que 60.000 manifestantes, a los cuales se refiere como "muchedumbre", actuaron como una "masa de fuerza". Y no de manera sólo "intimidatoria" sino restringiendo la capacidad de actuación de los agentes. Lo llega a comparar con una "toma de rehenes mediante tiros al aire".
Lo que sucedió -o no- el 20 de septiembre es la clave de bóveda del relato acusatorio que construye Llarena para justificar la "rebelión" Incluso admitiendo que no claro está lo que pasó. Llarena señala que los hechos del 20-S no los evalúa "estrictamente por su contenido sino por lacapacidad de reflejar que existía un riesgo que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia". Una especie de ensayo general, el cual "permitió que todos los involucrados al proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizacionespudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño al grupo social".
Fanatismo violento
Según Llarena, los principales líderes independentistas "siempre tuvieron que representarse que el proceso acabaría con el recurso a la utilización instrumental de la fuerza". Pero "en todo caso", y aunque se entendiera que lo recogido en la instrucción no aporta la férrea justificación de esta intencionalidad inicial (...) por descontado que se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse".
El primer nivel
A partir de aquí, el magistrado establece varios niveles de presuntas responsabilidades. En el primer nivel, el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el conseller de Interior, Joaquim Forn, quienes prefirieron "continuar el proceso" a pesar de que habían sido advertidos por los Mossos "de un grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un sector de la población particularmente movilizado".
También sitúa aquí a los presidentes del ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los cuales acusa de haber impulsado "una masa de fuerza" contra la policía durante la votación del 1-O tras haber dirigido la protesta ante la sede de Economia el 20 de septiembre. Una "convocatoria incendiaria" -afirma- en la cual Cuixart "apeló a la determinación mostrada en la guerra civil (¡no pasarán!)", en referencia a las fuerzas de seguridad españolas, los tristemente famosos piolines.
El día del referéndum, Llarena relata que un número importante de ciudadanos hicieron frente a la tarea de los policías, lo que "además de las lesiones sufridas por varios ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial" -reconoce de paso- "se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron varios agentes o causaron daños en su material". El juez detalla de manera prolija los lugares donde se produjeron las"agresiones" a los guardias civiles y policías españoles.
El segundo nivel
Llarena coloca en el segundo nivel a los encausados que, a su parecer, contribuyeron a realizar la votación. El primer nombre que aparece es el de Marta Rovira -exiliada desde este viernes-, quien tuvo "una participación esencial" a lo largo de todo el proceso y una "responsabilidad rectora" para conseguir centros de votación.
También en el segundo nivel está el conseller de Presidència, Jordi Turull, de nuevo encarcelado, como responsable de la inserción publicitaria del referéndum, las infraestructuras informáticas y el reclutamiento de voluntarios. El tercero es Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores, a quien se sitúa como responsable de la llegada de observadores internacionales al referéndum. Tarea en la cual habría colaborado también, se señala, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la participación de la cual "en todo caso (...) ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la acción". "Estuvo en la manifestación del 20 de septiembre", se remarca.
Los también consellers Toni Comín(Sanidad), Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales) y Clara Ponsatí(Enseñanza) son acusados como responsables del control de los locales de votación dependientes de sus conselleries. Al conseller de Territori, Josep Rull, se le acusa, finalmente, de haber impedido que un ferry que tenía que acoger una parte importante de las fuerzas policiales españolas destinadas a impedir el referéndum atracara en el puerto de Palamós.
Ataque a l'Estado aún en desarrollo
Llarena ve también la "intencionalidad de las revueltas" en las "numerosas movilizaciones que, con posterioridad al 1-O se siguieron impulsando para la exigencia de reconocimiento de la república catalana". Se trata de un "ataque al Estado constitucional", afirma en una expresión que bordea la del "golpe de estado" de que acusa el PP y sus aliados unionistas al independentismo, de una "gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". "Un ataque que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas". Todo un aviso a navegantes.

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jueves, 22 de marzo de 2018

CRISTINA CIFUENTES, UNA MEMBRILLA EN EL PP SIN CAPACIDAD DE ASIMILAR LO QUE LEE O UNA NUEVA VERSIÓN DE LA CORRUPCIÓN DEL PP



Los cuatro agujeros de la versión de la Rey Juan Carlos para justificar el máster de Cristina Cifuentes

La universidad reduce el caso del cambio de notas de la presidenta a un error descubierto cuando "la alumna interesada" pidió su titulación. Esa no ha sido la explicación de la presidenta
Su trabajo final, que arrojaría luz sobre el asunto, no está accesible. El director del máster cree que la ley no lo permite, aunque es la autora quien autoriza o no la publicación 
El profesor Álvarez Conde aseguró hace 24 horas que estaba intentando encontrar al tutor de Cifuentes; hoy ha asegurado que fue él mismo



Raúl Rejón
Diario.es
21.03.2018  

A LA POSIBLE DIMISION DE CRISTINA CIFUENTES (Cosa improbable, porque cuando el sistema esta corrupto, el sistema está corrupto) HABRÁ QUE AÑADIR LA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, AL MENOS DOS PROFESORES Y LA DEL IRRESPONSABLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN?


El registro de secretaría confirma que Cifuentes no aprobó el máster en 2012
Tanto el  rector de la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos como Cristina Cifuentes aseguran que aprobó el trabajo de fin de máster el 2 de julio de 2012
Sin embargo, el registro de secretaría revela que la presidenta de la Comunidad pagó unos gastos para poder matricularse por segunda vez en ese trabajo cuatro meses después, el 20 de noviembre de 2012
Los documentos que hoy publica eldiario.es contradicen la segunda versión de los hechos que presenta la presidenta de Madrid: se volvió a matricular para presentar el trabajo de fin de máster después de supuestamente haberlo aprobado ya
21/03/2018 - 22:11h

Pantallazo que muestra que en noviembre de 2012 Cifuentes hizo el trámite para presentarse de nuevo
Pantallazo que muestra que en noviembre de 2012 Cifuentes hizo el trámite para presentarse de nuevo
Según los registros informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos,  Cristina Cifuentes no se presentó a dos asignaturas de su máster y una funcionaria le cambió las notas a "Notable" en 2014, dos años después. Según la versión de la universidad pública, aprobó todo en el curso en que se matriculó (2011-2012) y si apareció como "No presentado" fue por una  "mala transcripción en la introducción de las notas",  un error informático que en 2014 simplemente se subsanó. Cristina Cifuentes, en un comunicado posterior, se ha sumado a esa versión, la segunda que traslada a eldiario.es, tras asegurar el martes un portavoz de la presidenta autonómica que se había dejado dos asignaturas para después.
Sin embargo, los pagos de la propia Cristina Cifuentes a la Universidad Rey Juan Carlos, un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, desmienten tanto a la presidenta autonómica como a la propia Universidad. Cifuentes pagó el importe necesario para presentar el trabajo de fin de máster cuatro meses después de, según su versión, haberlo aprobado.
En la ficha de Cifuentes que hoy publica eldiario.es aparecen tres pagos en distintas fechas. El primero, el 4 de enero de 2012: 1.586,39 euros por el pago del máster. El segundo, el 20 de noviembre de 2012: un gasto administrativo de 6,11 euros. El concepto: "Trabajo fin de Máster Derecho Autonómico". Y un tercer pago, el 6 de noviembre de 2014 de 176,27 euros, como tasas para sacar el título.
Tal y como demuestra el documento de cuatro pantallazos que hoy publica eldiario.es, cuatro meses después de "aprobarlo todo", en noviembre de 2012, Cristina Cifuentes paga 6,11 euros para poder presentar y defender el Trabajo Fin de Máster (TFM) que teóricamente ya tenía con un notable, según la última versión de la presidenta autonómica y la propia universidad. 
Como dice el reglamento de la propia Universidad Rey Juan Carlos en su artículo 7, el TFM no tiene asociadas unas tasas como las asignaturas en segunda convocatoria, sino que son unos gastos mucho menores: "En el supuesto en que el alumno no se presente a la asignatura de Trabajo Fin de Máster en el curso en el que la matricula por primera vez, para los siguientes cursos académicos, deberá matricularse nuevamente de dicha asignatura. El segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes".  También según las tarifas de la URJC los "gastos de secretaría"  son precisamente 6,11 euros, justamente lo que paga Cifuentes. ¿Por qué es un precio tan bajo? Como se especifica en las normas de la URJC , "la matrícula del Trabajo Fin de Máster se realiza en el momento de la matrícula ordinaria. La convocatoria de esta asignatura será indefinida" y cuando se quiere presentar solo hay que pagar esta pequeña tasa por los gastos de secretaría.
A menos que Cifuentes quisiera volver a aprobar una asignatura ya aprobada (la que más valor tiene, 24 créditos de 60), la coartada de que fue un error informático se cae, ya que la alumna sabe en noviembre de 2012 que, al menos, le falta una asignatura, así que el "no presentado" no es un error. Curiosamente, entre los documentos de pago aportados por Cifuentes  junto a su comunicado, están los de la matrícula principal y el de las tasas del título, pero se obvia el pago de la prórroga de presentación del trabajo de fin de máster.
La URJC aún no ha sabido explicar este nuevo pago, que contradice la versión que ha ofrecido el rector. Ha asegurado a eldiario.es que tiene que revisar la documentación y emplaza la respuesta sobre este punto a este jueves. 
Por su parte, fuentes cercanas a Cristina Cifuentes explican ese nuevo pago en que "la fecha de presentación del trabajo finalizaba en junio de 2012, como lo presentó el 2 de julio, a las 15:45, pagó una tasa por haberse pasado de la fecha". Como sabe cualquier alumno o profesor, el curso escolar empieza el 1 de septiembre, ni en julio ni en junio ni en agosto. En cualquier caso, y tal como muestra el calendario de máster de la URJC del año 2011-2012 (abajo), en julio de 2012 Cifuentes estaba dentro del curso escolar que había pagado, con lo que esas tasas de 6 euros de penalización no tienen sentido.
Calendario académico de la URJC del año 2011-2012
Calendario académico de la URJC del año 2011-2012
Así que el registro de pagos de Cristina Cifuentes en la URJC desmiente todo lo dicho por el rector, Javier Ramos, el profesor de la asignatura, Pablo Chico, y el director del máster, Enrique Álvarez Conde. Este último, que el martes por la tarde no era capaz de decir al vicerrector de la URJC quién había sido el tutor del Trabajo Fin de Máster (TFM), se ha presentado a sí mismo al día siguiente en la rueda de prensa como el tutor del trabajo de Cifuentes, a la que él llama  "la alumna de referencia" en su intervención. eldiario.es ha intentado contactar con él por teléfono sin éxito para saber cómo es posible que ella se diera por no presentada y pagara tasas si él, como tutor, ha dicho que se presentó y sacó un notable. 
Otro misterio es qué pasó con la asignatura 'La financiación de las comunidades autónomas', porque es imprescindible haberla aprobado para matricularse del TFM. La norma es así, excepto para Cristina Cifuentes, que sí pudo matricularse del TFM teniendo una asignatura en ese momento, por error o no, como "No presentada". 
Después de este pago para intentar sacarse el TFM, algo que según el sistema de la Universidad Rey Juan Carlos no consiguió hasta 2014 cuando la funcionaria le cambia la nota, el siguiente pago de secretaría de Cifuentes en secretaría es el desembolso de las tasas de retirada de título, 176,27 euros. Ahí acaba su relación académica y económica de su máster. 

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miércoles, 21 de marzo de 2018

PENSIONES: ¡OH, SU SEÑOR MAJESTÁ (Que la majestá es Suya y no mía), DE LOS BORBONES EL 6º TIRANDO POR LOS FELIPES!, ¿POR QUÉ ESTAS DEJANDO QUE CUATRO GABILLETES DE LA MENTIRA DIRIGIDA Y DOS DE LA ECONOMÍA ESTÉN ENGAÑANDO, PASO PREVIO AL ROBO, A TU AMADO PUEBLO? Y NO DIGO MÁS, QUE TÚ YA ME ENTIENDES (Y que salve Dios al Rey, que como no lo salve Dios yo no muevo un dedo para salvarlo). SALUT, MAJESTAT.


(¿No sería bueno -y justo y necesario, amén, Jesusito de mi vida eres Niño como yo- que personas como Vicenç Navarro explicara a la sociedad española -incluido Herrera Carlos, locutor de ustedes de la Cadena COPE para estar informados- si las pensiones nos las tiene que robar sí o sí la banca mediante su brazo del tenderete del Pacto de Toledo en el que se afanan PP-PSOE-C´s y otros pascualetes, o si por el contrario, como son nuestras, pagadas con nuestros dineros, nos las tienen que dar?)

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LAS PENSIONES SON VIABLES (ESCRITO EN 2009)









Vicenç Navarro
Sociología Crítica

09.06.2013


Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive

Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales

Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.

3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo

Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas

Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.

Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.
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