Bases, guerras, revoluciones de colores… la masa de dólares
empleada es gigantesca, pero enriquece a un buen número de leales súbditos.
Claro que empobrece a la población, pero eso ¿a quién le importa? A la clase
política estadounidense desde luego que nada.
Política y corrupción
El Viejo Topo
7 enero, 2024
LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE ES UNA ESTAFA BASADA EN LA CORRUPCIÓN
La política
exterior estadounidense parece completamente irracional. Estados Unidos entra
en una guerra desastrosa tras otra: Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania y
Gaza. En los últimos días, EE.UU. se ha aislado mundialmente al apoyar las
acciones genocidas de Israel contra los palestinos, votando en contra de una
resolución de la Asamblea General de la ONU para un alto el fuego en Gaza
apoyada por 153 países con el 89% de la población mundial, y a la que sólo se
oponen EE.UU. y 9 pequeños países con menos del 1% de la población mundial.
En los últimos
20 años, todos los grandes objetivos de la política exterior estadounidense han
fracasado. Los talibanes volvieron al poder tras 20 años de ocupación
estadounidense de Afganistán. El Irak posterior a Sadam se ha vuelto
dependiente de Irán. El presidente sirio Bashar al Assad se mantuvo en el poder
a pesar de los esfuerzos de la CIA por derrocarlo. Libia cayó en una larga
guerra civil después de que una misión de la OTAN liderada por Estados Unidos
derrocara a Muamar Gadafi. Ucrania fue apaleada en el campo de batalla por
Rusia en 2023, después de que Estados Unidos cancelara en secreto un acuerdo de
paz entre Rusia y Ucrania en 2022.
A pesar de
estas notables y costosas debacles, una tras otra, el mismo elenco de
personajes permaneció al timón de la política exterior estadounidense durante
décadas, entre ellos Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer,
Mitch McConnell y Hillary Clinton.
¿QUÉ ES LO QUE PASA?
El enigma se
resuelve reconociendo que la política exterior estadounidense no tiene nada que
ver con los intereses del pueblo estadounidense. Por el contrario, se trata de
los intereses de los iniciados en Washington, que persiguen contribuciones a
sus campañas y puestos de trabajo lucrativos para sí mismos, su personal y sus
familiares. En resumen, la política exterior estadounidense está siendo violada
por el gran capital.
Como resultado,
el pueblo estadounidense está perdiendo mucho. Las guerras fracasadas desde
2000 han costado unos 5 billones de dólares en gastos directos, o unos 40.000
dólares por familia. En las próximas décadas se gastarán otros 2 billones de
dólares aproximadamente en atención a los veteranos. Más allá de los costes en
los que incurren directamente los estadounidenses, también debemos reconocer
los costes terriblemente elevados en los que se incurre en el extranjero, en
millones de vidas perdidas y billones de dólares de destrucción de la propiedad
y la naturaleza en las zonas de guerra.
Los costes
siguen aumentando. En 2024, los gastos militares estadounidenses ascenderán a
cerca de 1,5 billones de dólares, o unos 12.000 dólares por familia, si se
suman los gastos directos del Pentágono, los presupuestos de la CIA y otras
agencias de inteligencia, el presupuesto de la Administración de
Veteranos, el programa de armas nucleares del Departamento de Energía, la
«ayuda exterior» militar del Departamento de Estado (como a Israel) y otras
partidas presupuestarias relacionadas con la seguridad. Cientos de miles de
millones de dólares son dinero tirado por el desagüe, despilfarrado en guerras
innecesarias, bases militares en el extranjero y un armamentismo completamente
innecesario que acerca al mundo a la Tercera Guerra Mundial.
Sin embargo,
describir estos enormes costes también significa explicar la retorcida
«racionalidad» de la política exterior estadounidense. El gasto militar de 1,5
billones de dólares es la estafa que sigue nutriendo al complejo
militar-industrial y a los iniciados en Washington, incluso mientras empobrece
y pone en peligro a Estados Unidos y al mundo.
Para entender
la estafa de la política exterior, piénsese en el gobierno federal actual como
un tinglado de múltiples divisiones controladas por los mejores postores. La
división de Wall Street está dirigida por el Tesoro. La
división de la Industria Sanitaria está dirigida por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos. La división de Grandes Petroleras y Carbón está
dirigida por los Departamentos de Energía e Interior. La división de Política
Exterior está dirigida por la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA.
Cada división
utiliza el poder público para obtener ventajas privadas mediante el uso
de información privilegiada, combinada con contribuciones corporativas a
las campañas y gastos de los grupos de presión. Curiosamente, la
división de la industria sanitaria rivaliza con la división de política
exterior como una notable estafa financiera. En 2022, el gasto sanitario
estadounidense alcanzó la increíble cifra de 4,5 billones de dólares, o unos
36.000 dólares por familia, con diferencia el mayor gasto sanitario del mundo,
mientras que Estados Unidos ocupaba el puesto 40 entre las naciones en
esperanza de vida. Una política sanitaria fracasada se traduce en enormes
beneficios para la industria sanitaria, al igual que una política exterior
fracasada se traduce en mega-ingresos para el complejo militar-industrial.
La División de
Política Exterior está dirigida por un círculo reducido, secreto y muy unido
que incluye a los altos mandos de la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de
Estado, el Pentágono, los Comités de Servicios Armados de la Cámara de
Representantes y el Senado, y las principales empresas militares, como Boeing,
Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y Raytheon. Hay quizás un
millar de personas clave implicadas en la elaboración de políticas. El interés
público desempeña un papel secundario.
Los máximos
responsables de la política exterior gestionan las operaciones de 800 bases
militares estadounidenses en el extranjero, cientos de miles de millones de
dólares en contratos militares y las operaciones bélicas en las que se
despliegan los equipos. Más guerras, por supuesto, significa más negocio. La
privatización de la política exterior se ha visto amplificada en gran medida
por la privatización del negocio de la guerra en sí, ya que cada vez más
funciones militares «básicas» han pasado a manos de fabricantes de armas y
contratistas como Haliburton, Booz Allen Hamilton y CACI.
Además de los
cientos de miles de millones de dólares en contratos militares, existen
importantes beneficios comerciales derivados de las operaciones militares y de
la CIA. Con bases militares en 80 países de todo el mundo y operaciones de la
CIA en muchos más, Estados Unidos desempeña un papel importante, aunque
mayoritariamente encubierto, a la hora de determinar quién gobierna en esos
países y, por tanto, en las políticas que dan forma a lucrativos acuerdos
comerciales relacionados con minerales, hidrocarburos, oleoductos y tierras
agrícolas y forestales. Desde 1947, Estados Unidos ha intentado derrocar al
menos a 80 gobiernos, mediante la instigación dirigida por la CIA de golpes de
Estado, asesinatos, insurrecciones, disturbios civiles, manipulación electoral,
sanciones económicas y guerras abiertas. (Para un magnífico estudio de las
operaciones estadounidenses de cambio de régimen desde 1947 hasta 1989,
véase Covert Regime Change, de Lindsey O’Rourke, 2018).
Además de los
intereses comerciales, hay por supuesto ideólogos que creen de verdad en el
derecho de Estados Unidos a gobernar el mundo. El caso más famoso es el de la
familia Kagan, cada vez más tibiamente implicados, aunque sus intereses
financieros estén profundamente entrelazados con la industria bélica. La
cuestión sobre la ideología es ésta. Los ideólogos se han equivocado en casi
todas las ocasiones y hace tiempo que habrían perdido sus púlpitos en Washington,
si no fuera por su utilidad como belicistas. Les guste o no, sirven como
artistas a sueldo para el complejo militar-industrial.
Hay un
inconveniente persistente en esta estafa comercial en curso. En teoría, la
política exterior se lleva a cabo en interés del pueblo estadounidense, aunque
en realidad sea todo lo contrario. (Una contradicción similar se aplica
naturalmente a la asistencia sanitaria sobrevalorada, los rescates
gubernamentales de Wall Street, las prebendas de la industria petrolera y otras
estafas). El pueblo estadounidense rara vez apoya las maquinaciones de la
política exterior estadounidense cuando de vez en cuando oye la verdad. Las
guerras de Estados Unidos no se llevan a cabo por demanda popular, sino por
decisiones tomadas desde arriba. Se necesitan medidas especiales para mantener
al pueblo al margen del proceso de toma de decisiones.
La primera de
estas medidas es la propaganda incesante. George Orwell lo clavó en 1984 cuando
«el Partido» cambió repentinamente el enemigo extranjero de Eurasia a Eastasia
sin una palabra de explicación. Estados Unidos hace esencialmente lo mismo.
¿Quién es el mayor enemigo de Estados Unidos? Elijan, según la época del año.
Saddam Hussein, los talibanes, Hugo Chávez, Bashar al-Assad, ISIS, Al-Qaeda,
Gadafi, Vladimir Putin, Hamás, todos han desempeñado el papel de «Hitler» en la
propaganda estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, hace la
propaganda con una sonrisa en la cara, dando a entender que incluso él sabe que
lo que dice es ridículo, aunque ligeramente divertido.
La propaganda
es amplificada por los think tanks de Washington que viven de las donaciones de
contratistas militares y, ocasionalmente, de gobiernos extranjeros que forman
parte de las operaciones de estafa de Estados Unidos. Basta pensar en el
Atlantic Council, el CSIS y, por supuesto, el siempre presente Instituto para
el Estudio de la Guerra, abastecido por los principales contratistas militares.
La segunda es
ocultar los costes de las operaciones de política exterior. En la década de
1960, el gobierno de Estados Unidos cometió el error de obligar al pueblo
estadounidense a sufragar los costes del complejo militar-industrial reclutando
a jóvenes para luchar en Vietnam y subiendo los impuestos para pagar la guerra.
La opinión pública se opuso.
Desde la década
de 1970, el gobierno ha sido mucho más astuto. El gobierno puso fin a la
conscripción e hizo del servicio militar un trabajo remunerado en lugar de un
servicio público, apoyado por el gasto del Pentágono para reclutar soldados de
los estratos económicos más bajos. También ha abandonado la pintoresca idea de
que el gasto público debe financiarse con impuestos, y en su lugar ha
desplazado el presupuesto militar hacia un gasto deficitario que lo protege de
la oposición popular que se desataría si se financiara con impuestos.
También ha
convencido a Estados clientes como Ucrania para que libren guerras
estadounidenses sobre el terreno, de modo que ninguna bolsa de cadáveres
estadounidenses pueda estropear la maquinaria propagandística estadounidense.
Huelga decir que los maestros de guerra estadounidenses como Sullivan, Blinken,
Nuland, Schumer y McConnell permanecen a miles de kilómetros de los frentes. La
muerte está reservada para los ucranianos. El senador Richard Blumenthal
(demócrata de Connecticut) ha defendido la ayuda militar estadounidense a
Ucrania como dinero bien gastado porque «sin una sola mujer o un solo militar
estadounidense herido o perdido», sin que al buen senador se le ocurra perdonar
la vida a los ucranianos, que han muerto por centenares de miles en una guerra
provocada por Estados Unidos para la ampliación de la OTAN.
Este sistema se
sustenta en la total subordinación del Congreso estadounidense al negocio de la
guerra, para evitar cualquier cuestionamiento de los presupuestos
desproporcionados del Pentágono y de las guerras instigadas por el poder
ejecutivo. La subordinación del Congreso funciona de la siguiente manera. En
primer lugar, la supervisión de la guerra y la paz por parte del Congreso se
asigna en gran medida a los Comités de Servicios Armados de la Cámara de
Representantes y el Senado, que establecen en gran medida la política general
del Congreso (y el presupuesto del Pentágono). En segundo lugar, la industria
militar (Boeing, Raytheon y otras) financia las campañas electorales de los
miembros del Comité de Servicios Armados de ambos partidos. Las
industrias militares también gastan grandes sumas en grupos de presión para
garantizar lucrativos salarios a los miembros retirados del Congreso, su
personal y sus familias, ya sea directamente en empresas militares o en
empresas de presión en Washington.
El pirateo de
la política exterior del Congreso no es sólo obra del complejo
militar-industrial estadounidense. El lobby israelí dominó
hace tiempo el arte de comprar al Congreso. La complicidad de Estados Unidos
con el Estado de apartheid israelí y los crímenes de guerra en Gaza no tienen
sentido para la seguridad nacional y la diplomacia estadounidenses, y mucho
menos para la decencia humana. Son el fruto de las inversiones del
lobby israelí, que alcanzó los 30 millones de dólares en contribuciones de
campaña en 2022 y los superará con creces en 2024.
Cuando el
Congreso vuelva a reunirse en enero, Biden, Kirby, Sullivan, Blinken, Nuland,
Schumer, McConnell, Blumenthal y los de su calaña nos dirán que es
absolutamente necesario financiar la guerra perdedora, cruel y engañosa en
Ucrania y la masacre y limpieza étnica en curso en Gaza, no sea que nosotros,
Europa y el mundo libre, y tal vez el propio sistema solar, sucumbamos ante el
oso ruso, los mulás iraníes y el Partido Comunista Chino. Los promotores de los
desastres de la política exterior no son irracionales en esta propaganda del
miedo. Son engañosos y extraordinariamente codiciosos, persiguen intereses
estrechos a expensas de los del pueblo estadounidense.
Es el deber
urgente del pueblo estadounidense revisar una política exterior tan quebrada,
corrupta y engañosa que está enterrando al gobierno en deudas y acercando al
mundo al Armagedón nuclear. Esta revisión debería comenzar en 2024, rechazando
cualquier financiación adicional para la desastrosa guerra de Ucrania y los
crímenes de guerra de Israel en Gaza. La pacificación y la diplomacia, no el
gasto militar, es el camino hacia una política exterior estadounidense de
interés público.
Fuente: ACrO-Pólis.
