viernes, 29 de julio de 2016

MARIANO RAJOY, UN GOBIERNO FUERTOTE PARA QUÉ



Sombras e ingeniería contable para ocultar el gasto militar

Rebelión
La Marea
27.07.2016

Los Presupuestos Generales del Estado no reflejan partidas como los contratos de armas, las misiones en el exterior o las actividades del CNI


España destina mucho más dinero para fines militares del que aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El gasto militar español se camufla en el ya clásico juego de ingeniería contable que se remonta al gobierno de Felipe González y que tomó fuerza durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, a pesar de que este último presume de haber recortado más en Defensa que en otras partidas más sensibles para la opinión pública, como las destinadas a Educación y Sanidad.

La industria armamentística española aparenta malestar. “Estamos a la cola respecto a nuestros aliados, el descontento es general en la industria y en el seno de las Fuerzas Armadas”, sostiene Eva Cervera, directora del grupo editorial especializado en defensa Edefa. Los PGE de 2015 asignaron 5.634 millones de euros al Ministerio de Defensa, un 22% menos comparado con los 7.258 millones de 2010, mientras que la partida para Sanidad en ese periodo cayó un 16%, de 4.573 a 3.812 millones. Hasta ahí la versión oficial. Lo que los Presupuestos no muestran es que a finales de 2015 el gasto militar de España ascendió a 17.444 millones, según los cálculos del Centro Delàs de Estudios por la Paz a partir de datos oficiales. O lo que es lo mismo, una cifra que triplica la cantidad presupuestada para Defensa.

¿Por qué el gasto superó en 12.000 millones la partida inicial? La Ley General Presupuestaria establece que los presupuestos nacionales deben recoger todos los compromisos adquiridos y previstos por el Gobierno y los ministerios. No obstante, año tras año el Ejecutivo deja fuera de este criterio los contratos armamentísticos que se van acumulando desde la última legislatura de Felipe González, así como las misiones en el exterior, el presupuesto de la Guardia Civil, los préstamos a interés cero para I+D con fines militares, los intereses de deuda pública relativa a Defensa, las pensiones militares (única partida que disminuyó en 2015) y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo ahora adscrito a la Presidencia del Gobierno donde el 60% de los empleados son militares.

Fue González quien al final de su mandato puso en marcha los dos primeros contratos de los Programas Especiales de Armamento (PAE) para modernizar el material bélico del Ejército. Actualmente este plan cuenta con 22 programas de adquisición de armas cuyo coste total asciende a 30.076 millones de euros, de los cuales España aún debe 21.389 millones. El 87% de estos contratos se firmaron bajo la batuta de Aznar, mientras que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, prolongó su vigencia hasta 2030.

La directora de Edefa reconoce que esta “artimaña” responde a “lo impopular del gasto en Defensa en este país”, pero opina que es “necesaria para responder a los compromisos adquiridos”. Expertos del Centro Delàs denuncian la opacidad de estos acuerdos y su falta de vigencia, pues fueron diseñados en un contexto geopolítico muy diferente al actual.

Cada año el gobierno aprueba por decreto ley el pago de los PAE, por lo que no figuran en los Presupuestos Generales. Morenés reconoció recientemente que “el respaldo a la industria española de Defensa (…) es un acicate para quienes tenemos una responsabilidad política en el mismo”. Este apoyo se traduce en que 97 de cada 100 euros de los PAE van destinados a cuatro empresas, tres de las cuales (Santa Bárbara Sistemas, Navantia y CASA) eran públicas hasta que Aznar ordenó su privatización. Al igual que sucedió tras la privatización de Telefónica, Endesa y otras compañías de propiedad estatal, estos fabricantes de armas pasaron a formar parte del circuito de puertas giratorias del que se benefician altos mandos militares y políticos.

Una larga lista de puertas giratorias
Santa Bárbara Sistemas, fabricante de carros de combate, fue vendida en 2001 a la estadounidense General Dynamics. Entre 2010 y 2013 estuvo presidida por Carlos Villar Turrau, militar con larga experiencia en las altas instancias del Estado, incluida la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el órgano responsable de realizar las compras del Ejército. Entre los innumerables casos de puertas giratorias también figura el de Adolfo Menéndez, antiguo subsecretario de Defensa y actual presidente de la patronal armamentística española, TEDAE, labor que combina con el cargo de consejero representante del gobierno en INDRA, un peso pesado de la industria militar española. Otro salto de la vida pública al mercado de la guerra es el del ex ministro Eduardo Serra, padre intelectual de los PAE a quien Aznar otorgó la cartera de Defensa. Actualmente Serra preside Everis, consultora especializada en industria armamentística que cuenta con consejeros como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, investigado por su presunta relación con los paramilitares. También Francisco Torrente Sánchez, almirante de la Armada y exsecretario de Defensa, fue nombrado en 2006 presidente de Expal, empresa que fabrica municiones y explosivos donde también ocupó un alto cargo Jesús del Olmo Pastor, antiguo director adjunto del servicio secreto por entonces conocido como CESID (el actual CNI).

Pedro Morenés, ministro de Defensa con Mariano Rajoy, es uno de los políticos que más saltos ha dado entre la administración pública y la industria armamentística, tal y como detalló el año pasado La Marea en un artículo titulado Pedro Morenés, el comercial armamentístico indispuesto. Desde que obtuvo la cartera ministerial, Morenés ha firmado algunos de los contratos armamentísticos más onerosos de los últimos 20 años, a pesar del alto nivel de endeudamiento del departamento que dirige. Por ejemplo, en 2015 negoció con Navantia la compra de una fragata F110 de 800 millones de euros, así como 350 vehículos piraña a Santa Bárbara y tres aviones cisterna Airbus 330 con costes de producción y manutención que podrían superar los 10.000 millones de euros en la próxima década. Tan solo en sus tres primeros años al frente del ministerio, Morenés rubricó 32 contratos con Instalaza y sus filiales, para las que trabajó en calidad de consejero y representante antes de entrar en el gobierno.

El Ministerio de Defensa no ha contestado a las peticiones de esta publicación para conocer mejor sus criterios a la hora de adquirir armamento, pero un miembro de las Fuerzas Armadas sí ha accedido a dar su opinión desde el anonimato. Una de las quejas de este militar sobre el equipamiento que utiliza el Ejército recae sobre el HK G36, el fusil reglamentario