Andalucía es nación en la
España plurinacional
Por Asociación
Andalucía y Democracia
Rebelion / España
09.09.2023
Fuentes: Ctxt
Los autores sostienen que sin el pueblo andaluz no será posible el proceso
de “neoconstitucionalización” demandado por el lehendakari Urkullu.
Señor Urkullu,
con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo
del pasado 31 de agosto en El Paístiene el mérito de
abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las
propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance
y la profundización democrática.
No obstante,
nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante
para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar
“un nuevo pacto utilizando la vía de la ‘actualización de los derechos
históricos’, tal y como establece la disposición adicional primera de la
Constitución”.
Para el pueblo
cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el
argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de
Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las
calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980,
algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28F
imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en
sus respectivos referéndums de independencia.
La línea de
exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa,
aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de
nacionalidades históricas exclusivamente a aquellas reconocidas en la II
República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la
nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936.
Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía
fuera de su propuesta “neoconstituyente”.
Las
nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la
misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el
lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a
exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a
históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen
que deberíamos superar abriendo una vía republicana.
Añadimos que la
“convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en
los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a
autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías
no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de
los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28F de 1980 en el mapa
autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las
instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias
diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4
nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz
de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como
oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier
nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir
su tergiversación posterior.
Al PNV le
interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los
obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para
reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en
el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial
le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente
deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de
la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen,
PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal
Constitucional.
El Partido
Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir
su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con
decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su
fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes
de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para
disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar
con la inviolabilidad del rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con
la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos
de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de
Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de
espionaje político como el Pegasus.
Reconocemos
como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones
de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un
estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce
que hay un Estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener
su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras
bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento
constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos
conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y
económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere
imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo
andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.
Andalucía no
puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los
acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de
cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no
lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad
territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.
Los datos en
este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y
económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva
y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía
y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden
encontrar en este
enlace, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023,
Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos
demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de
vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de
autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.
Advertimos que
sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado
plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más
necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la
decimosexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como
colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se
manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución
centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978.
El extractivismo
colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel
de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo
en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio
para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de
los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello
con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de
cambio climático con consecuencias catastróficas claras.
Pero no solo.
El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes
sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra
cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas
emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus
cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía.
Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para
usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza),
despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio
(Al–Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo.
Todo ello
agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y
por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del
régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos
colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones
centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad
subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las
clases más desfavorecidas.
En esta
legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques.
Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo
el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto
Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones
generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina
constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque
democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad
del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y
ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque
progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al
freno de mano.
Ante todo lo
anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos
históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria
y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas
décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE.
El bloque reaccionario utilizará a Andalucía –ya lo está haciendo– para una
supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo
que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial,
aunque sea a costa de enfrentarnos –como hicieron con el “a por ellos”– a
pueblos que legítimamente demandan soberanía.
Aviso para
navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de
“neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con
Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los
pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir
quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los
que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una
nación en la España plurinacional. Como la que más.
—–––––––––––
Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación
Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador
Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia
Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y
agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de
Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano,
jurista profesor de la Universidad de Granada; Carmen Reina López,
arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la
Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica
forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel
Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz,
maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la
Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado
laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco
Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín,
empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y
Profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Raúl
Solís Galván, periodista.
Fuente: https://ctxt.es/es/20230901/Firmas/44009/carta-abierta-urkullu-pueblo-andaluz-andalucia-plurinacional-espanya-madrid-pnv-andaluces-constitucion.htm
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