sábado, 27 de enero de 2018

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. PARECE QUE LA ABUELA ESTÁ PARIENDO


LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT

El ponente de la resolución del TC aboga por inadmitir el recurso del Gobierno
·        
El informe de los letrados del Constitucional ya coincidía con las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado
·          
·         Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid (Dani Duch)
 Comparte en
La Vanguardia
27/01/2018 13:36 | Actualizado a 27/01/2018 18:54

El ponente de la resolución sobre el recurso del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont, el magistrado Juan Antonio Xiol, ha defendido esta mañana en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se inadmita la impugnación formulada por el Ejecutivo. Xiol se ha basado en el informe elaborado por los propios letrados del TC, que se pronuncia por el rechazo del mencionado recurso.
Xiol ha empleado todo el tiempo que ha durado la reunión del pleno del Constitucional a lo largo de la mañana, hasta su interrupción hacia las dos y media de la tarde. Por tanto, ha empleado una hora y media en dar al Constitucional todos los argumentos por los que, como ponente de la resolución que habrá de dictarse, considera que la impugnación del Gobierno debería ser inadmitida a trámite.Tales argumentos son, en sustancia, los que empleó el Consejo de Estado para pronunciarse en contra del recurso del Ejecutivo, considerándolo inadmisible por su carácter preventivo. Xiol, en todo caso, ha discrepado del informe de los letrados en algún punto de su argumentación, pero no en cuanto a sus conclusiones, ya que, como ellos, estima que el recurso debe ser rechazado.

El TC se ha constituido hoy con sólo 11 magistrados, lo que hace imposible que el debate se resuelva con el voto de calidad del presidente.

Una vez oído el extenso informe del ponente, y sus conclusiones sobre la inadmisibilidad de la impugnación del Gobierno, el presidente del TC, Juan José González Rivas, decidió suspender la sesión para que los magistrados pudieran almorzar. El debate, por tanto, será previsiblemente largo, ya que en la sesión de la mañana sólo ha tomado la palabra el ponente de la resolución, y no ha habido ninguna intervención más. Ningún magistrado, aparte del ponente, ha hablado aún, y todos ellos quieren hacer uso de la palabra.

El pleno del Tribunal Constitucional, por otra parte, se ha reunido hoy con la presencia de once de los doce magistrados que lo componen. El juez que no ha podido acudir a la reunión extraordinaria que se está desarrollando es Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y perteneciente a la mayoría conservadora del Constitucional. Ollero no ha podido asistir por razones de salud. Su ausencia impedirá que, en su caso, la decisión que adopte el pleno tenga que resolverse con el voto de calidad del presidente del TC, ya que siendo once los magistrados asistentes al pleno no es posible que se produzca una votación que concluya con empate.

El informe de los letrados del TC también propone la inadmisión del recurso del Gobierno
El informe preparado por los letrados del Tribunal Constitucional como base para la discusión del pleno de la institución propone la inadmisión del recurso presentado por el Gobierno. El informe de los letrados coincide con las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, en el sentido de que la impugnación formalizada por el Ejecutivo supone una actuación preventiva que en modo alguno encaja con la jurisprudencia del propio Constitucional.

El pleno del TC se ha iniciado, como estaba previsto, a la una de la tarde. Cuando los magistrados han llegado a la sala de reuniones ya tenían preparado encima de la mesa el informe de los letrados del gabinete técnico de la institución, elaborado a lo largo de la tarde y noche de ayer sobre la base de la respuesta dada en ocasiones anteriores cuando se ha pretendido una respuesta preventiva. De forma indubitada, el informe de los propios técnicos del TC considera que el recurso del Gobierno debería ser inadmitido porque, efectivamente, pretende que se tome para prevenir la eventualidad de la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, cuando de momento sólo ha sido propuesta su candidatura. El informe no ve en esta decisión tomada por el president del Parlament, Roger Torrent, ilegalidad constitucional alguna.

El informe de los letrados del gabinete técnico del TC es un paso preceptivo siempre que el pleno se reúne para decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Lo habitual es que los magistrados actúen en consonancia con lo que el gabinete técnico de la institución haya propuesto. El criterio de los letrados es muy tenido en cuenta porque a su especialidad en derecho constitucional unen la circunstancia de conocer muy a fondo la jurisprudencia del propio Constitucional.
El criterio de los letrados es muy tenido en cuenta porque a su especialidad en derecho constitucional unen la circunstancia de conocer muy a fondo la jurisprudencia de la institución.

En este caso, el cúmulo de precedentes apunta en dirección de la no admisión del recurso, por coherencia con las resoluciones del TC en ocasiones anteriores cuando se ha presentado un recurso con una clara voluntad preventiva. Entre los magistrados del Constitucional se tendrá muy en cuenta el informe, porque existe plena conciencia de que, en caso contrario, la institución tendrá que explicar muy bien por qué modifica, e incluso contradice ahora su jurisprudencia. A mayor abundamiento, el fundamento esencial del dictamen elaborado por el Consejo de Estado para considerar que el recurso del Gobierno era improcedente consistía precisamente en que la impugnación tenía un claro propósito preventivo.
Los letrados del gabinete técnico del TC, en suma, han aplicado al caso los mismos criterios, llegando a la misma conclusión que el Consejo de Estado, con lo que sostienen con toda rotundidad que el recurso del Gobierno debe ser inadmitido a trámite. La consecuencia de mayor calado que tendría esta decisión, en el caso de que el pleno del Constitucional tome el mismo acuerdo que el Consejo de Estado y adopte la misma postura que los letrados de su propio gabinete técnico, sería que la propuesta del presidente del Parlament en favor de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat se mantendría en pie, porque no quedaría automáticamente suspendida, como ha pedido el Gobierno.
En caso de inadmisión a trámite

La propuesta del presidente del Parlament en favor de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat se mantendría en pie.
La suspensión de la candidatura de Puigdemont es precisamente el objetivo de fondo que pretende la impugnación del Gobierno. El recurso del Ejecutivo, en efecto, se hizo con expresa apelación al artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión automática de la norma o la decisión impugnada en cuanto el recurso presentado se haya admitido a trámite. Luego, el Constitucional dispone de cinco meses para fallar sobre el fondo del asunto. Nada de ello ocurría, sin embargo, si, como han propuesto los letrados del TC, la impugnación del Gobierno es inadmitida a trámite.
Los 34 diputados de JxCat –incluido Carles Puigdemont– presentaron este viernes un escrito al TC pidiendo la inadmisión a trámite del recurso del Gobierno lo que consideran “un fraude de ley”. En este sentido, este mediodía el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha querido subrayar que “los letrados del Constitucional ha dictaminado lo mismo”.

LAS PENSIONES SON AHORROS DE TODOS LOS TRABAJADORES. ASÍ, QUE, MANGANTES, SUBMANGANTES Y DISPUETOS A MANGAR SI LLEGARAN AL PODER, MIENTRAS MÁS ALEJADITOS DEL DINERO PÚBLICO MEJOR


Por unas pensiones dignas

27-01-2018

"...Lo que se aplica es una política con cuatro constantes: austeridad, es decir, reducción de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatización, es decir, vender todo lo público, colectivo y común a la burguesía a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media de beneficio aunque sea a costa del empobrecimiento popular. Flexibilidad, es decir, destrucción de derechos sociolaborales y democráticos, derechos políticos conquistados por el pueblo trabajador pero que dificultan los negocios burgueses. Y represión, es decir, amedrentar a las clases trabajadoras para que no se resistan y sobre todo no pasen a la ofensiva, para que malvivan en el miedo y en la obediencia acobardada"
(Iñaki Gil de San Vicente) 


A vueltas con el Sistema Público de Pensiones y sus últimos ataques orquestados, habría que aclarar en primer lugar que la defensa de las pensiones públicas en toda su extensión no es sólo cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que el sistema incluye para las personas, además de la propia jubilación a su edad correspondiente, otros tipos de prestaciones asociadas, tales como las pensiones de viudedad, orfandad, protección ante las incapacidades derivadas de cualquier contingencia, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria y el resto de servicios sociales vinculados a todas ellas. El Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP) debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora, pues sus múltiples manifestaciones les afectan en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Todo el ataque que está sufriendo el SPP está derivado de la ofensiva neoliberal que está derribando poco a poco la práctica totalidad de las conquistas de la clase obrera durante las últimas décadas. En el fondo, la idea y el objetivo que subyacen es que sea la banca privada la que asuma el rol que ahora mismo posee la Seguridad Social, y se encargue de sufragar las pensiones de los mayores. Pero lógicamente, si tenemos en cuenta la trayectoria de estas entidades y los referentes ocurridos en otros países, el panorama es ciertamente desolador.

Nosotros pensamos que ningún agente ni entidad privada puede encargarse de este objetivo, pues se trata de un derecho humano fundamental, alejado del afán de lucro y beneficio que cualquier empresa pueda lícitamente tener. Desde este punto de vista, han de ser las instituciones y organismos públicos los que se sigan encargando de ello, pero el saqueo que llevan sufriendo desde los últimos años acá nos sugiere que este asunto necesita un replanteamiento urgente. Pero metidos en harina, también nos damos cuenta de que el SPP no puede sufragarse con ocurrencias como nuevos impuestos (como el sugerido recientemente por el PSOE para gravar las transacciones financieras, que además es un carro al que se ha subido tarde y mal), ni ordinarios ni extraordinarios, pues todos ellos dependen del nivel de recaudación que el Estado pueda hacer sobre ellos. El SPP es demasiado importante como para depender de los vaivenes del mercado, ni de la recaudación de cierto tipo de impuestos que contribuyan a las arcas públicas. Pero es evidente que la precariedad del mundo laboral actual (temporalidad, bajos salarios, escasa protección social, etc.) y los altos niveles de paro generados no pueden aportar las cantidades suficientes como para que el SPP sea sostenible. ¿Cuál es, entonces, la solución? Evidentemente, y en primer lugar, volver a reconstruir un mundo de relaciones laborales que ha sido prácticamente destruido mediante las últimas Reformas Laborales (tanto de PP como de PSOE), anulando el poder sindical y la negociación colectiva, y vinculando todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales.

Pero aún nos quedaría alguna inseguridad en la financiación del SPP si lo derivamos todo y siempre al mundo laboral. Un mundo laboral fuerte, estable y con derechos, con bajas tasas de paro, permitiría por sí mismo, de entrada, anular las peligrosas incertidumbres que se ciernen sobre el SPP, pero todavía deberíamos dar alguna vuelta de tuerca más para asegurar definitivamente el sistema. Durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido alarmante, pues mientras el IPC ha seguido su curso, la revalorización de las pensiones públicas no se ha desviado del 0,25% contemplado en el Decreto que las regula. Por tanto, se necesita en primer lugar revalorizar las pensiones a niveles dignos, y la sola vuelta del mundo laboral a sus condiciones anteriores (cosa que aún está por ver) no sería quizá garantía para poder alcanzar dicho objetivo. Necesitamos unificar (en el horizonte tenemos la Renta Básica Universal que aglutinaría todas las prestaciones públicas con dicho rasero) el importe de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subiendo dichos valores hasta niveles dignos. Y como decimos, hemos de colocar un nuevo factor de sostenibilidad al sistema, que despeje cualquier tipo de duda al respecto. Dichas políticas han de descansar sobre la base del pleno y escrupuloso respeto a los Derechos Humanos fundamentales, luego está claro que si el sistema actual de cotizaciones a la Seguridad Social es insuficiente (o como medida hasta que vuelva a ser suficiente), hemos de implementar una fuente de recursos proveniente de otra vía, y esa vía no puede ser otra que los Presupuestos Generales del Estado.

Porque en efecto, los PGE contemplan la financiación de múltiples partidas públicas de recursos (sueldos de todo tipo de funcionarios, por ejemplo), incluidas la financiación espuria a ciertos elementos que nosotros entendemos sobrantes, como la financiación a la Casa Real o a la Iglesia Católica, por no citar la cantidad de ingresos que se van a pagar los intereses de la demencial deuda pública que soportamos, o los presupuestos (muchos de ellos disfrazados u ocultos) destinados a las políticas de armamentos, de defensa (o mejor dicho, de ataque). La pregunta es muy fácil de enunciar: ¿cómo es posible que existan fondos para todas estas partidas, y no podamos garantizar fondos para sufragar el SPP? Pues es otro de los indecentes flecos que tenemos que soportar, sobre todo si comparamos las dificultades de toda persona asalariada o autónoma para cobrar una pensión digna, comparada con los privilegios de nuestros políticos, banqueros y grandes empresarios, que pueden compatibilizar en algunos casos hasta 3 pensiones, o cobrar la pensión máxima habiendo cotizado sólo 10 años, o autoconcederse indemnizaciones millonarias antes de liquidar la entidad, mientras a los demás trabajadores/as se les manda el mensaje de que hay que jubilarse cuanto más tarde mejor, e incluso, si se puede, jubilarse compatibilizando la pensión con un trabajo. Las vergüenzas de este injusto sistema aparecen por doquier. Se necesita imperiosamente romper con este panorama. Más que una solución mágica, lo que necesitamos es poner en marcha un conjunto de nuevas políticas que partan de la idea de asumir la sostenibilidad del sistema como absolutamente garantizada en todo momento. 

No valen los cálculos demográficos baratos que nos hablan de la evolución de la esperanza de vida, porque los que nos argumentan esta falacia son los mismos que nos proponen planes de pensiones privados, o que llevan años degradando y precarizando el mercado laboral. Hay que romper con las limitaciones referidas a la financiación exclusiva a través de las cotizaciones sociales, abriendo el campo a la financiación pública a través de los PGE, y hay que crear puestos de trabajo estables y con derechos, en vez de continuar basando el discurso en mantras como los "20 millones de ocupados", que en realidad estarán ocupados en ser números de una estadística temporal. Las prioridades económicas serían restablecer el poder adquisitivo de los pensionistas (caído en picado desde 2011), devolver la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y sincronizar la pensión mínima con el SMI y demás prestaciones básicas, alcanzando hasta los 1.000 euros mensuales. A nivel social, necesitamos homologar nuestras cifras a los valores europeos de nuestro entorno, reducir (hasta anular) la brecha de género en las pensiones, eliminar todo tipo de co-pago (más bien re-pago) que se imponga a los pensionistas, y garantizar los servicios de suministros básicos (energía, agua, transporte...). Todo ello debe apoyarse en un conjunto de medidas legales que descansen sobre la aceptación del SPP como un derecho constitucional contemplado en los PGE, el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, que contemple la jubilación anticipada sin penalización alguna (es decir, con el 100% de la base reguladora a partir de 40 años cotizados), la integración y armonización de las cotizaciones de todos los regímenes de la Seguridad Social, y la recuperación del subsidio indefinido para las personas mayores de 52 años. Para todo ello, sólo necesitamos la voluntad política necesaria.


Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

*++