lunes, 16 de diciembre de 2019

11 Canalejas de Puerto Real - Pobres Pastores - Villancicos Flamencos, V...

LE PODEMOS LLAMAR PARA NO HERIR LA SENSIBILIDAD DE LA TÍA FRASQUITA: MANGURRICOPYDIGITALENCINEMASCOPEORIENTATIVO, PERO SE LLAMA: MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, ASÍ, TAL CUAL, A PALO SECO



Salud 

(Neo)capitalismo y sufrimiento psíquico 

 Manuel Desviat
 VIENTOSUR
 14/12/2019

Confundimos libertad con “libre mercado”. Así desconocíamos nuestra implacable condena como mercancías.

Francisco Pereña (Pereña, 2014)

Como anunciaba Joaquín Estefanía en Estos años bárbaros (2015) la salida de la Gran Recesión ha convertido en estructural lo que durante la gestión de la crisis financiera se vendía como secuelas transitorias: el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, la desregulación de los mercados, la privatización de los bienes públicos, arrasando con los antaño derechos constitucionales en educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales. El neoliberalismo completa la revolución conservadora iniciada con Reagan y Thatcher en los años ochenta del pasado siglo con la conquista del Estado en beneficio de unos pocos. Para el fundamentalismo neoliberal, una vez dueños del mundo tras la caída del muro de Berlín, las leyes sociales surgidas tras la crisis de 1929 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, son un obstáculo, un residuo a suprimir, como lo son las políticas sociales de algunos Estados latinoamericanos (Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela…) iniciadas a contracorriente.

Se juega con el mito de la mejor eficacia de los mercados y el necesario adelgazamiento de las cuentas públicas, cuando la toma de los gobiernos nacionales por el capital financiero, por ese 1% de la población mundial, no supone el adelgazamiento del gasto público, supone la venta de hospitales, pensiones y universidades del erario a los fondos buitres internacionales. Supone la acumulación ilimitada del capital, como previó Marx, más la también ilimitada invasión de la vida toda. La lógica del mercado configura subjetividades, cosifica las relaciones humanas, convirtiendo todo en consumo, competencia y, en definitiva, mercancía. Estrategia totalizadora, que pretende ir más allá del control de la economía, buscando imponer una cultura y un pensamiento único a nivel mundial. Un pensamiento que borre en el imaginario colectivo los grandes relatos que configuraron el sujeto de ayer, la ilustración, el freudismo, el marxismo. Se trata de forjar un sujeto neoliberal cuya ideología esté procurada por la publicidad y su el deseo copado por el consumo.

Los dueños de los medios seducen a la población con el ideal privatizador, convirtiendo la precarización del trabajo en un aliciente emprendedor, individualismo competitivo del que depende la persona y la sitúa siempre en continuo riesgo. Empresario de uno mismo, se pierde el vínculo social. El nosotros se convierte en un pronombre peligroso, cuando no se reduce a unas pocas personas o a la comunión de los estadios de fútbol. La vida se vuelve una competición en la que ya están definidos los ganadores, los detentadores del poder patrimonial y meritocrático y también los perdedores, los nadie, los desechos poco meritorios, los excluidos, el sobrante social del sistema productivo. Los determinantes sociales lo atestiguan. Por poner unos ejemplos: la renta media de los estudiantes de la Universidad de Harvard corresponde a la renta media del 2% de los estadounidenses más ricos. En Francia las instituciones educativas más elitistas reclutan a sus miembros en grupos sociales apenas más amplios (Piketty, 2015). O las desigualdades en la esperanza de vida, entre una clase social y otra; en un barrio u otro de la misma ciudad en cualquier parte del mundo. En Barcelona, la esperanza de vida en barrios como Torre Baró, en NouBarris, es 11 años menor que en Pedralbes. En el barrio de Calton, un barrio pobre de la ciudad de Glasgow, la población tiene una esperanza de vida de 54 años, una de las más bajas del mundo; a pocos kilómetros, en la rica zona de Lenzie, la esperanza de vida es de 82 años, una de las más altas de Europa (Maestro, 2017). Según un estudio reciente (The Lancet Planetary Health, Usama Bilal y Ana Diez Roux), dependiendo de la zona de Santiago de Chile la diferencia de esperanza de vida es de 18 años. El Chile que ahora explota en las calles y que ha sido vendido como modelo de desarrollo por el neocapitalismo durante las últimas décadas.

Las consecuencias en el sufrimiento psíquico son el incremento de los problemas mentales y sobre todo un estrés generalizado que se traduce en malestar, en infantil desesperanza, frustrado un deseo que nunca fue construido, que nunca tuvo el forjado necesario para perdurar. Enfermedades del vacío o quiebra de la identidad en la ausencia de un útero social.

En este presente, ante estas circunstancias, los interrogantes se vuelven hacia la asistencia social y el sistema sanitario, recolectores de la miseria social, donde la pregunta de entrada, parafraseando al sociólogo Jesús Ibáñez, estaría en si es posible en un sistema capitalista hacer una política de gobierno no capitalista (Ibáñez, 199, p. 223). Llevada a la asistencia sanitaria y social, la pregunta es ¿si es posible una sanidad universal y equitativa, una salud colectiva en el contexto neoliberal? Su viabilidades la apuesta (retórica) de la socialdemocracia una vez que aceptó como el menos malo de los sistemas el capitalista. En su discurso: la vuelta a un Estado de Bienestar actualizado por la gestión privada. Pero la cuestión es ¿cuál es el precio de esta actualización, que por lo que sabemos hoy desvirtúa completamente los principios comunitarios y salubristas en los procesos llevados a cabo en Europa? (Desviat, 2016).

En cualquier caso, en esta contradicción se encuentra la ambigüedad y la insuficiencia de los Servicios Nacionales de Salud, de las propias leyes que los crearon en tiempos del Estado del Bienestar, dejando siempre la puerta abierta a la privatización de los servicios. En realidad, aún en los años de mayor protección social, la sanidad pública estuvo siempre condicionada a una financiación que privilegiaba a las grandes empresas farmacéuticas, tecnológicas y constructoras. Los gobiernos conservadores, pero también los socialdemócratas, mantuvieron la sanidad pública en sus programas, lo que además les permitía disminuir costes y acercar los recursos a la población atendida con un claro beneficio político electoral, mas al tiempo protegieron las infraestructuras de poder de la medicina conservadora y empresarial. La reforma sanitaria, y de la salud mental comunitaria, en sus logros de mayor cobertura y universalidad, se desarrolló siempre a contracorriente del poder económico, fueran ministros conservadores o socialistas.

De hecho, las ayudas económicas del Banco Mundial se acompañaron de la exigencia a los países de la reducción de la participación del sector público en la gestión de actividades comerciales y la disminución de los servicios sociales, convirtiendo en objetivo prioritario la privatización de la sanidad y las pensiones, al estilo de EEUU. Algo que queda claro en el informe de 1989 del Banco Mundial sobre financiación de los servicios sanitarios, donde se plantea introducir las fuerzas del mercado y trasladar a los usuarios los gastos en el uso de las prestaciones (Akin, 1987). Y en la pronta asunción de esta política por los Estados, empezando por el Reino Unido, que fue durante tiempo referencia por su aseguramiento público universal, como puede verse en documentos recientemente desclasificados del Gabinete de Margaret Thatcher, donde en un informe del Banco Mundial se dice textualmente que se deberá poner fin a la provisión de atención sanitaria por el Estado para la mayoría de la población, haciendo que los servicios sanitarios sean de titularidad y gestión privada, y que las personas que necesiten atención sanitaria deberán pagar por ello. Aquellos que no tengan medios para pagar podrán recibir una ayuda del Estado a través de algún sistema de reembolso (Lamata, Oñorbe, 2014).

La filosofía es trasparente: la salud es responsabilidad de la persona, del cuidado o no cuidado que haga con su vida, por tanto deben pagar por los servicios que consume. La sanidad deja de ser un bien público al que todas las personas tienen, por tanto, derecho. La ideología salubrista basada en el estilo de vida –cuide su comida, su hábitat, haga ejercicio, no corra riesgos—ignora los determinantes sociales, las condiciones de vida y de trabajo, que la salubridad que propone exige un cierto estatus social al que buena parte de la población no tiene acceso.

El hecho es que la quiebra de la universalidad deja fuera del sistema sanitario a colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, inmigrantes sin papeles, discapacitados, ancianos…), al tiempo que los recortes presupuestarios deterioran los servicios asistenciales públicos, reducen la cesta básica, introducen el copago en medicamentos y suprimen prestaciones de apoyo (transporte, aparatos ortopédicos…). El Estado desplaza a los mercados la decisión de quien tendrá acceso a vivir y a cómo malvivir o morir. El paciente pasa a ser un cliente que puede ser rentable o no.

Pero hay otro fenómeno que hay que considerar al referirnos al sufrimiento singular y colectivo. Otro fenómeno al que enfrentar aparte de la falta de soporte social de los Estados y de la hegemonía del discurso conservador, la sustancial medicalización de la sociedad. La existencia de un Estado privatizador, la ausencia de una doctrina de salud y servicios sociales orientada al bien común, va a posibilitar el proceso de la mercantilización de la medicina, convertida en una importante fuente de riqueza, y consecuente medicalización y psiquiatrización de la población. Un proceso que tiene tres aspectos básicos, tal como enuncian Isabel del Cura y López García: uno, referir como enfermedad cualquier situación de la vida que comporte limitación, dolor, pena, insatisfacción o frustración (lo que podríamos definir como enfermedades inventadas); otra, la equiparación de factor de riesgo con enfermedad; y, por último, la ampliación de los márgenes de enfermedades (que sí lo son) aumentando así su prevalencia. Todo ello origina intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas de dudosa eficacia y eficiencia(del Cura, Isabel; López García Franco, 2008). Hacer medicamentos para personas sanas era un viejo deseo de los laboratorios farmacéuticos, ahora el complejo médico-técnico-farmacéutico, aliado con los medios y con el poder político va más allá, con la fabricación de enfermedades. Ahora la estrategia funciona vendiendo no sólo las excelencias del fármaco sino, sobre todo, vendiendo la enfermedad. La depresión es un buen ejemplo, convertida en una pandemia mundial gracias a los antidepresivos. La cosa es simple, buscamos o creamos un malestar (el síntoma), le otorgamos un diagnóstico (precoz) y comercializamos un medicamento o una nueva indicación para un medicamento ya en uso (un antidepresivo para la timidez o un ansiolítico para circunstancias adversas) o costosas pruebas de alta tecnología completamente innecesarias. Robert Whitaker, un estudioso del fenómeno del aumento de consumo delos de los psicofármacos en EE UU, describe rigurosamente en su libro Anatomía de una epidemia la implicación de las instituciones sanitarias, profesionales y de usuarios en la elaboración del relato que les ha convertido en el tratamiento psiquiátrico dominante tanto de trastornos mentales graves como de síntomas comunes de malestar psíquico, cuando no han servido para la creación de falsas enfermedades. Preguntándose, y ese es el origen de la investigación que da lugar al libro, ¿cómo es posible que los problemas mentales se hayan incrementado desde los años 90 del pasado siglo, cuando precisamente por esas fechas aparecen lo que se propaga por asociaciones científicas y autoridades sanitarias como el mejor, sino único, remedio para atenderlos: los nuevos, supuestamente más eficientes y mucho más caros, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, estimulantes y ansiolíticos? (Whitaker, 2015)(Desviat, 2017).

La introducción de nuevos medicamentos, no necesariamente mejores, pero si mucho más caros en los años ochenta del pasado siglo, colonizan el discurso psiquiátrico. El fármaco, respaldado por las Clasificaciones y Protocolos Internacionales de las Asociaciones científicas (infectadas por la financiación de las empresas farmacéuticas), se convierte en la bala de plata, en la panacea de los tratamientos del malestar, un atajo acorde con la cultura de la época, pragmática, intrascendente y apresurada. La psiquiatría se introduce en la gestión biopolítica de la vida por el resquicio de la insatisfacción, del vacío, la vida liquida que describe Bauman, ofertando soluciones a los problemas de la existencia: del amor, el odio, el miedo, la tristeza, la timidez, la culpa.

Se medicaliza el sufrimiento social —desahucios, desempleo, pobreza— y se psiquiatriza el mal; así cuando leemos en la prensa un caso criminal, vandálico, y se atribuyen sus actos a un trastorno mental, experimentamos cierta tranquilidad al imputar como una cuestión médica lo que es un mal social. Convertido en una cuestión genética o de anómala personalidad, no existe la responsabilidad de la sociedad en la que convivimos de una manera u otra, sostenemos. Al fin al cabo, no hace tanto que se vinculaba científicamente la criminalidad a la degeneración orgánica, hereditaria e inscrita en el cuerpo y en la mente.

El escándalo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es ilustrativo de la fabricación de una enfermedad que ha multiplicado por cientos de miles la venta de estimulantes en pocos años para tratar, en la inmensa mayoría de lo casos, comportamientos habituales en la infancia y adolescencia: distraerse fácilmente y olvidarse cosas con frecuencia; cambiar frecuentemente de actividad; soñar despiertos/fantasear demasiado, corretear mucho; tocar y jugar con todo lo que ven; decir co­mentarios inadecuados, pueden ser diagnosticados de TDH con el aval técnico Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIMH). Estimaciones recogi­das por Sami Timimi (Timimi, 2015)sugieren que a aproximadamente el 10 % de los niños en las escuelas de Estados Unidos se les ha pautado o tienen pautado un estimulante. En el Reino Unido la prescripción ha aumentado de 6000 recetas al año en 1994 hasta más de 450.000 en 2004; un asombroso aumento del 7000 % en solo una década (Department of Health, 2005).

La medicina se ha convertido en una gran generadora de riqueza, en cuanto la salud y el cuerpo se convierten en un objeto de consumo. En manos de la publicidad, es decir de los mercados, la medicina es una herramienta de normalización. Entendiendo por normal aquello que dictan los intereses del capital. Qué comer, qué vestir, qué tomar, como o con quien juntarnos. Las normas estandarizadas se multiplican al tiempo que avanza el proceso que Foucault denominó de “medicalización indefinida”. La medicina se impone al individuo, enfermo o no, como acto de autoridad, y ya no hay aspecto de la vida que quede fuera de su campo de actuación. El cuerpo se convierte en un espacio de intervención política. Este tiempo donde los poderes económico-políticos se inmiscuyen y regulan cada ámbito de nuestra vida, donde la vida es cualquier cosa menos algo espontáneo.

La atención de la Salud Mental al sufrimiento psíquico

Los cambios las formas de gestión y en el pensar de la época van a repercutir en las respuestas técnicas de la comunidad psi profesional. Hay una vuelta a la enfermedad como contingencia, que reduce a lo biológico el malestar. El sujeto, su biografía, queda fuera. Protocolos y vademécums sustituyen a una clínica de la escucha, qué se pregunte por el por qué subjetivo, afectivo, social del sufrimiento psíquico; una clínica que busque en las propias defensas de la persona formas de superar el padecer. Al tiempo, la medicalización produce cambios profundos en la demanda de prestaciones, que no tienen porque corresponder con las necesidades de la población, sino a los intereses de la clase hegemónica.

En el esfuerzo por reducir la psiquiatría al hecho físico, a la medicina del signo, se establecen criterios diagnósticos con unos signos-hechos-datos escogidos por consenso o por votación de un pocos que reducen la complejidad de la persona. Uno ya no delira con lo relacionado con su propia biografía. El contenido del delirio es ruido producido por la falla neuronal. No hay lenguaje, sujeto ni deseo. Solo cuerpo, enjambre químico neuronal. Mas, y he aquí la insustancialidad de la propuesta, es que los datos por si solos, como bien saben los propios publicistas de los mercados, poco valen, hay que interpretarlos.

La estrategia es obvia, se trata de homogeneizar, en torno a unos cuantos criterios, una propedéutica y un vademécum común para diagnosticar y tratar a las personas aquejadas de problemas de salud mental, en beneficio de las empresas farmacológicas y tecnológicas. Un único sentido para el mundo. El trastorno mental sería el mismo en China que en Costa Rica, en Noruega que en Mali, lo que facilitaría el mismo tratamiento. Algo tan disparatado, premeditadamente ignorante de la antropología, de la idiosincrasia de los pueblos, que seria irrelevante sino fuera porque la credibilidad de un hecho o de una visión determinada de los hechos está condicionada al aval de universidades, centros de investigación y a publicaciones de gran impacto que suelen depender directa o indirectamente de la financiación de los mercados.

Muy alejadas, por otra parte, de la realidad de la práctica asistencial. Lo que hace decir a autores como Richard Smith y Ian Roberts: que “la forma en que las revistas médicas publican los ensayos clínicos se ha convertido en una seria amenaza para la salud pública (Smith and Roberts, 2006).

Entre la aceptación y la resistencia

La acumulación irrefrenable descrita por Marx se aceleró con el fin del capitalismo industrial y no se sabe cual va a ser el acontecimiento que precipitará el choque final pronosticado por el autor de El capital, el momento en el que las fuerzas productivas entrarían en contradicción con las relaciones de producción, ni si ese acontecimiento tendrá lugar. El derrumbe disruptivo del fracasado socialismo de Estado en 1989 parecería haber agotado, como dice Enzo Traverso(2019), la trayectoria histórica del propio socialismo, de los movimientos que lucharon por cambiar el mundo con el principio de la igualdad como programa al reducir la historia toda del comunismo al hundimiento del totalitario régimen soviético. Una caída a la que se unía además los cambios profundos en las formas de producción que estaban acabando con el capitalismo industrial, en el que la izquierda forjo su identidad. Las grandes fábricas que concentraban a la clase obrera donde surgieron los sindicatos y los partidos políticos de izquierdas estaban siendo sustituidas por los nuevos modos de producción del neoliberalismo, la deslocalización, la precarización, la fragmentación y robotización de la producción. El sistema de partidos políticos surgidos con la industrialización en la confrontación obreros empresarios perdió su esencia política, convirtiéndose en aparatos electorales. En el caso de la derecha, los empresarios, sobre todo la empresa familiar y localizada territorialmente, fueron sustituidos por los lobbies financieros, sin perder la esencia de su identidad: la defensa de sus intereses de clase. En el caso de la izquierda revolucionaria, el resultado fue la perdida de un escenario que constituía su campo de batalla y su conexión con la izquierda civil. Por otra parte, el fracaso del socialismo autoritario no supuso la construcción de un socialismo democrático, como en un principio algunos imaginaron, sino que la caída de la URSS supuso la rápida transición a regímenes de un capitalismo salvaje, con el nacionalismo como identidad y en muchas ocasiones, infiltrado por criminales mafias. Algunos de los logros sociales del socialismo de Estado, como la sanidad universal y el pleno empleo, se derrumbaron, lo que llevó en pocos años a la reducción de la esperanza de vida y la precariedad o la indigencia para buena parte de la población. En la otra orilla, un capitalismo sin trabas, desalojadas las narraciones y utopías del siglo que acababa, afianzaba un presente que se quería sin pasado y sin futuro. No es el fin de la historia como preconizaba Fukuyama, sino el fin de la política. El mercado va a sustituirla, en un presentismo, donde no cabe la utopía, y por tanto, el futuro; ni cabe el pasado, perdida la memoria, en una historia huera, vacía de sentido.

Planteaba en Cohabitar la diferencia (Desviat, 2016) que la Reforma Psiquiátrica, cuyo primer objetivo fue sacar a los pacientes mentales de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, y situar servicios de atención en la comunidad, creó en su devenir nuevas situaciones, nuevos sujetos, nuevos sujetos de derechos. La locura se hizo visible y con ella la intolerancia, el estigma, la exclusión de la diferencia. Hizo ver que el proceso desinstitucionalizador atravesaba toda la formación social, desvelando prejuicios y representaciones sociales que iban mucho más allá del trastorno psíquico, una reordenación asistencial, y que situaban a los alienados juntos con otros de la exclusión social. Destapó la parte oculta en nuestra sociedad por la dictadura de la Razón, de la podredumbre de la razón en palabras de Antonin Artaud, en la que los locos son las víctimas por excelencia (Artaud, 1959), un imaginario colectivo poblado de los mitos, las leyendas y los sueños que nos constituyen. Nos acerca a lo que en verdad teje el síntoma singular y social, pues el síntoma se forja en la historia colectiva, en los deseos y miedos ubicados en la trastienda de nuestra cultura. Un proceso desinstitucionalizador que enfrenta a la Reforma de la Salud Mental con la miseria social y subjetiva, en un escenario en el que no se puede ser un simple observador, un impotente teórico de la marginación, la alienación y el sufrimiento. Donde el hacer comunitario hace del profesional un militante de la resistencia al orden social que instituye la enajenación en la miseria, donde la acción terapéutica, necesariamente experta en los entresijos técnicos de la terapia y el cuidado, se colorea políticamente.

Este estar en lo común por el que se define la salud mental comunitaria supone considerar a la población no solo como potenciales usuarias de los servicios, implica adentrarse en los deseos y frustraciones de sus barrios, hacerles cómplices de la gestión de su malestar. El fracaso de la medicina social es semejante al de la política gobernante que padecemos, y la razón de este fracaso está en la ausencia de comunidad, de los intereses, anhelos, frustraciones y ensueños, de las poblaciones que se atiende o se representa. Es frecuente la existencia de políticos que no han estado nunca en las circunscripciones que representan más allá de los días de la campaña electoral y es igualmente frecuente planificaciones, programas y actividad profesional de salud mental hechos sin haber pisado el barro o las aceras de los barrios que comunitariamente se atiende.

En salud y más concretamente en salud mental hablamos de participación, de la necesidad de contar con los ciudadanos, con las comunidades y los propios usuarios a la hora de la planificación y programación, mas, sin embargo, la participación se reduce, si existe, a encuentro a nivel directivo con sindicatos para temas laborales y el trabajo comunitario a situar centros de consulta fuera de los hospitales. Luego puede extrañarnos que la población no defienda los modelos que más podrían beneficiarles, de confundir las necesidades reales en sus demandas, de dejarse llevar por engañifas electorales que propician la privatización como modelo sanitario, en contra de una salud colectiva que puedan hacer suya.

Concluyendo. El hecho es que hoy, como nunca hasta ahora en la historia parece que no hay un afuera del sistema neoliberal, donde el fascismo hace presente el planteamiento de George Kennan, en un informe secreto, hoy accesible, cuando aconsejaba que había “que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales, como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización, y operar con genuinos conceptos fuerza que no estuviesen entorpecidos por eslóganes idealistas sobre altruismo y beneficencia universal, aunque estos eslóganes queden bien, y de hecho sean obligatorios, en el discurso político” (Chomsky, 2000). Una situación que puede conducirnos al “esto es lo que hay” y al “todo vale”. Un esto es lo que hay y en esta situación todo vale al que se suma la desgana por falta de perspectivas profesionales y ciudadanos, el queme o la renuncia o la aceptación de la derrota. Un es lo que hay y todo vale que nos lleva a una permanente insensibilidad, nos lleva a eludir nuestra parte de responsabilidad, nuestra ciega complicidad en el trascurrir de los hechos, nuestra parte de culpa. Algo que según Cornelius Castoriadis, nos ha convertido en cínicos profesional, social y políticamente, pues encerrados en un nosotros, en un mundo personal privatizado, hemos perdido la capacidad de actuar críticamente (Castoriadis C, 2011). Quizás lo más frecuente, como escribía en el libro antes citado (Desviat: p. 17) es el considerar que lo que sucede es lo natural de la sociedad humana, que ha sido siempre, la iniquidad, la desigualdad, la competitividad canalla y la desatención de los más frágiles, asumiendo las funciones cosméticas y de control social que impone el orden social; en el mejor de los casos cobijando la conciencia profesional y cívica en preservar ciertas cotas de dignidad, calidad y eficacia. Pero queda otra postura, una opción partisana, militante que trata de mantener una “clínica” de la resistencia, buscando aliados en los usuarios, familiares y ciudadanos para conseguir cambios en la asistencia a contracorriente y profundizar las grietas del sistema, en pos de un horizonte donde sea posible el cuidado de la salud mental, una sociedad de bienestar.

El peso de la alienación cambia cuando se es consciente de ella. En ese descubrimiento, cuando la mirada del amo ya no fulmina al colonizado, se introduce una sacudida esencial en el mundo, toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto, escribe Fanon en Los condenados de la Tierra (p40).

Una sanidad diferente, una atención a la salud mental que se entienda desde lo singular a lo colectivo, no será plenamente posible sino en una sociedad diferente. No podemos saber qué nos deparará el futuro. El socialismo es tan posible como la caída en la barbarie. Pero sí estamos obligados, si queremos una salud pública universal y equitativa, a desear y trajinar por una sociedad que parta de la igualdad como eje central de su discurso y tarea; una igualdad que trascienda la explotación, sin jerarquías de clase ni de género, y donde se reconozcan y convivan todas las diferencias; donde todas las fronteras sean reconocidas, respetadas y franqueables. Sin falsas identidades societarias.

Inmersos en la distopía del neocapitalismo y el auge en su seno de un nuevo capitalfascismo, puede parecer una descomunal utopía, pero podemos consolarnos con el hecho de que las revoluciones llegan cuando nadie las espera.

13/12/2019

Referencias
Akin, J. (1987). Fianancing Health Services in Developing Countries. An agenda for Reform 1997. Washington, DC: World Bank.
Artaud, A. (1959). Carta a los poderes. Buenos Aires: Mundo Nuevo.
Chomsky, N. (2000). El beneficio es lo que cuenta.Barcelona: Crítica.
del Cura, Isabel; López García Franco, A. (2008). La medicalización de la vida: una mirada desde la aención priamria. Átopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura, 7, 4–12.
Desviat, M. (2016). Cohabitar la diferencia. Madrid: Grupo 5.
Desviat, M. (2017). Anatomia de uma epidemia (solapas). In Anatomia de uma epidemia.Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas eo Aumento Asobroso da Doença Mental. Rio de Janeiro: Fiocruz.
Ibáñez, J. (1997). A contracorriente.Madrid: Fundamentos.
Lamata, Fernando; Oñorbe, M. (2014). Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud). Retrieved from http://www.bubok.es/libros/235021/Crisis-esta-crisis-y-Salud-nuestra-salud
Maestro, A. (2017). El grito: capitalismo y enfermedad mental. In I. Maestro, A; González Duro, E; Fernández Liria, A; De la Mata (Ed.), Salud mental y capitalismo. Madrid: CismaEnsayo.
Pereña, F. (2014). La religión capitalista y el infirno. Átopos.Salud Mental, Comunidad y Cultura, 15, 64–84.
Piketty, T. (2015). El capital en el siglo XXI. Barcelona: RBA.
Timimi, s. (2015). La McDonaldización de la infancia: La Salud Mental Infantil en las culturas neoliberalese. Atopos, 16, 15–34.
Traverso, E. (2019). Melancolía de izquierda. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Whitaker, R. (2015). Anatomia de una epidemia. MadridCapitan Swing.

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SOBRE EL ABORTO DE LAS MUJERES RICAS Y LAS MUJERES POBRES (En Bolivia la iglesia bendice las armas para que sean matados santamente y en la Paz del Señor, envueltos en la piedad de Cristo a cualquier seguidor de Evo Morales o al primer rojo que se cruce en el camino. Feliz Navidad. Dale a tu cuerpo alegria Macarena, Hosanna en el cielo y estoy lo otro y pelillos a la mar)



Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas
 
“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

16.12.2019


María Teresa Rivera, salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En 2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de 2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.
Cuando se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también
la organización de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014- la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”. 

En el acto celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar; el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017, tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años, “podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía. 

Desde 1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de 1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.
En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva, señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994). 

En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en aborto. 

Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000 (tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147 mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas, condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

La Agrupación Ciudadana acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso –enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada. “Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.
Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten . Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17 mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión, denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18 años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.
Actualmente Las 17 y Más continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de 30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario). 

Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”, denunciaron. 

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