La involución posdemocrática: ¿a qué nos enfrentamos?

 

Las grandes compañías determinan la política económica de los países en los que operan y la carga fiscal recae sobre los contribuyentes pertenecientes a las clases medias-bajas. A esto es a lo que nos enfrentamos.

La involución posdemocrática: ¿a qué nos enfrentamos?

 

Marc Luque

El Viejo Topo

29 julio, 2022 

 

La corrupción (también moral), manipulación de la agenda pública y el matchpolitik ad eternum, lejos de ser excepciones empiezan a resultar principios normativos. Esta degradación de la democracia liberal que presenciamos fagocita el origen de un nuevo contrato social sometido a los emporios económicos. En un contexto de globalización avanzada y justificación de las desigualdades, la suplantación que efectúan los poderes económicos sobre las autoridades políticas dan lugar a la «posdemocracia». Un nuevo prototipo de organización social, desgranado por el politólogo Colin Crouch, que promulga una recesión al período predemocrático, a través de la imposición de un modelo feudal que reedite la jerarquización social entre señores y vasallos.

Si bien su primera singularidad es la implementación de una relación mercantil entre los sujetos-agentes adscritos a los sistemas de gobernanza (político-empresario y votante-comprador),  a continuación se pondrán de manifiesto las señas de identidad del nuevo arquetipo.

Al desplazar el mantenimiento del Estado del bienestar a una preferencia exclusiva de los desfavorecidos y desecharlo del ámbito del derecho universal, el papel del Estado se desvanece. Como resultado, tras dinamitar la igualdad política, son las empresas quienes —aprovechándose de la globalización financiera— presionan a los representantes políticos y amenazan con trasladar la producción a terceros países, en caso de que sus demandas no sean satisfechas. En ese mismo instante queda probado el «trilema de la globalización», cuya autoría corresponde al profesor de Hardvard Dani Rodrik. Una teoría que afirma que establecer una relación equilibrada entre Estado-Nación, política democrática e hiperglobalización es misión imposible.

La primera opción porque la subordinación de las corporaciones empresariales a un modelo democrático de gobernanza, enmarcado en un Estado-Nación, conduce a su deslocalización. Dicho de otra manera, establecer barreras comerciales restringidas a un área concreta y no circunscritas al conjunto del globo, implosionan la efectividad de la democracia. La segunda opción, consiste en compatibilizar la globalización económica con el modelo Estatal de gobernanza, acabando así con la política democrática. Este modelo, adolece de la misma problemática que el anterior (Estado-Nación democrático), la satisfacción de las demandas queda presa de, en palabras de Rodrik, una «camisa de fuerza dorada» que aplica limitaciones arbitrarias a la traducción de la voluntad general del demos en políticas concretas. La tercera opción, radica en la incompatibilidad de la Nación-Estado con un sistema de globalización democrática. Con toda probabilidad, la entidad política que sigue esta es la Unión Europea, con un proyecto donde los Estados miembros ceden soberanía en favor del buen funcionamiento del ente supranacional. El reto de la Unión estriba en democratizar sus instituciones, evitando así que el Parlamento Europeo sea una mera entidad consultiva al servicio del Banco Central Europeo. Sin embargo, como se ha constatado (por ejemplo) con la actuación de la «Troika» en Grecia, la organización supraestatal ha quedado subyugada en múltiples ocasiones a las sociedades financieras.

Certificada la imposibilidad de alinear democracia, globalización y Estado-Nación, en la «posdemocracia» se opta por la segunda alternativa planteada, subyugar democracias liberales a la globalización económica. Por ende, son las grandes compañías quienes determinan la política económica de los países en los que operan y la carga fiscal recae sobre los contribuyentes pertenecientes a las clases medias-bajas. De ahí que la partitocracia inicie en cada comicio electoral una competición a fin de demostrar al elector quién es capaz de bajar más la recaudación impositiva. Al desprenderse paulatinamente de sus responsabilidades, los gobiernos se ven imposibilitados a llevar a cabo sus funciones y acaban por privatizar la gestión de los quehaceres públicos (servicios de limpieza, centros de atención primaria…etc). De este modo, aunque su cometido en teoría se limite a «garantizar la libertad de mercado», en la práctica fundamenta el nacimiento de empresas monopolistas y la privatización del territorio político común. Es decir, una reconstrucción de las clases de poder «predemocráticas». A esto nos enfrentamos.

 *++