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Educación
El nuevo y el viejo “pin parental”
21/01/2020 | Moisés Martín Gómez
cuartopoder.es
21.01.2020
La política
educativa de los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos con apoyo de VOX
contribuye a clarificar la “naturaleza” de los mismos. Encontramos, por una
parte, una previsible sintonía en materia económica en el seno del
“trifachito”: son gobiernos con una dura agenda neoliberal que conciben los
servicios públicos como nichos de negocio. Fijémonos en Andalucía: el recorte
de líneas en centros públicos en combinación con medidas anunciadas como la
extensión de los conciertos educativos a FP y Bachillerato, por ejemplo,
evidencian la inspiración del “trifachito” en tantos años de políticas
educativas del PP en la Comunidad de Madrid, anteriores a la emergencia de VOX.
Por otra parte, estas agresivas políticas se aderezan con medidas planteadas
por la extrema derecha pensadas para contentar al electorado más reaccionario,
como la inclusión de la caza en el currículo o la implantación del “pin
parental”.
Esta última es
objeto de una polémica después de que en Murcia el gobierno de PP y Ciudadanos
la hayan aceptado a cambio del apoyo de VOX a los presupuestos. Un chantaje
similar se está dando en Andalucía. Se habla de “PIN parental” porque sería,
grosso modo, una solicitud que permitiría a los progenitores no solo requerir
información a la dirección del centro sobre ciertas charlas o actividades, sino
evitar que sus hijas e hijos asistan o participen en las mismas. Los contenidos
“intrusivos” que pretenden vetar son -obviamente- los relacionadas con la
memoria histórica, con la educación afectivo-sexual, con la lucha contra las
violencias machistas y la LGTBIfobia, y con el fomento en general de la
convivencia y el conocimiento y la aceptación de la diversidad.
Digámoslo
claro: ese veto que llaman “PIN parental” es un mecanismo de censura de
contenidos curriculares que forma parte de una estrategia más amplia de
criminalización de la lucha contra la xenofobia, las violencias machistas o la
LGTBIfobia, al tiempo que cuestiona la educación pública y a su profesorado.
Para combatirlo hemos de tener en cuenta dos aspectos.
Hay que empezar
poniendo sobre la mesa que la implantación del “pin parental” será difícil
porque choca con la legalidad vigente. De hecho, cuando el presente curso
arrancó en Andalucía, con la amenaza -por una parte- de la implantación de esta
medida, y la llegada a los centros -por otra parte- de material de cierta
organización ultracatólica defendiéndola, en el sindicato USTEA elaboramos un
documento que estamos distribuyendo por los centros en el que se explica la
legislación que no solo ampara, sino que obliga al profesorado a trabajar los
contenidos que estos censores quieren vetar, con el objeto de informar y, por
así decirlo, “tranquilizar” a las y los docentes. Lo ocurrido estos días lo ha
puesto en evidencia: horas después de saberse que el gobierno de Murcia daría
curso al “pin parental”, la ministra Isabel Celáa amenazaba con llevarlo a los
tribunales si no lo retiraba, pues choca con leyes de ámbito autonómico y
estatal, empezando por la propia ley de educación. Por su parte, el gobierno de
Andalucía ha dicho que está estudiando el “encaje legal” de la medida.
Pero sería un
error centrarse en el terreno de la legalidad. Estamos ante una nueva guerra
cultural planteada por la derecha en general y la extrema derecha en
particular. Es necesario combatir el “pin parental” con un sólido discurso
público que, entre otras cosas, cuestione la tópica apelación -de nuevo- a la
libertad, en esta ocasión a “la libertad de los padres a elegir la educación de
sus hijas e hijos”.
De la apelación
de la derecha a la “libertad” de los progenitores para educar a sus hijas e
hijos se desprende una triste sensación de cosificación y “pertenencia” que
parece “anularlos”, como si formaran parte de su “propiedad privada”. En
realidad, lo que esconde esta supuesta “libertad” es la potestad de imponer la
ideología a los hijos, para lo que es necesario tener amordazados a los centros
educativos. Lo que debemos defender, porque es lo que aquí está en juego, es la
libertad y el derecho de las y los jóvenes a recibir una educación integral,
que les posibilite conocer y conocerse, también en lo referente a su
sexualidad.
Porque no se
trata solo de educar al alumnado en la diversidad, convirtiendo así la escuela
–por emplear una socorrida metáfora- en una “ventana al mundo”. Las aulas deben
ser también espacios desde los que contribuir a la lucha contra las opresiones,
porque también hay que pensar en la libertad y los derechos de quienes las
sufren. En esa alumna o ese alumno que está descubriendo su identidad LGTBI, a
los que la escuela debe proporcionar formación y referentes que le sirvan de
herramientas para facilitarle la comprensión y la aceptación (el periodista
Raúl Solís escribía este fin de semana que de haber existido el “pin parental”
cuando él tenía 16 años quizás se habría suicidado). O en esa alumna que sufre
porque, pongamos por caso, su pareja le coge el móvil o la controla en las
redes sociales, a la que la escuela pública debe explicar que eso es también
violencia machista. Los ejemplos, en fin, podrían multiplicarse. Y vamos
incluso más allá de la libertad y los derechos del alumnado: tenemos que luchar
desde las aulas contra la opresión del heterocispatriarcado porque está
oprimiendo y matando a la mitad de la población mundial, y están en juego la
libertad y los derechos de esa mitad, o tenemos que hablar de emergencia
climática porque también está en juego nuestro planeta, y no puede ser arrasado
por los beneficios de una minoría en el marco de un sistema económico que es incompatible
con los límites de la biosfera. De nuevo los ejemplos podrían multiplicarse.
La aceptación,
en fin, de que desde los centros educativos debemos trabajar para
proporcionarle al alumnado una formación integral y contribuir a la lucha
contra las opresiones nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿qué hacemos
entonces con la educación concertada y privada? Porque lo que ahora llaman “pin
parental” es tan solo, en realidad, un nuevo tipo de “PIN parental”. Hay otro
muy arraigado al que también hay que oponerse: el que se aplica en las escuelas
concertadas y privadas, en manos en su mayoría de la Iglesia. La activación del
viejo “pin parental” no depende solo de la solicitud de los progenitores: el
ingreso en esos centros educativos conlleva el veto automático a determinados
contenidos y enfoques. Y en el caso de la concertada, ese “pin parental” se
subvenciona con dinero público. En este sentido, resulta irónico y
contradictorio que la ministra Celáa hable del derecho fundamental de las niñas
y niños a ser educados, y afirme cosas como que “una familia homófoba no tiene
derecho a que los hijos sigan siendo homófobos”, que evidentemente comparto,
cuando el PSOE ha amparado y protegido la escuela privada y concertada.
Por eso, la
lucha coherente contra el “pin parental” pasaría por exigirle al nuevo gobierno
no solo que lleve a los tribunales a las Autonomías que pretendan implantarlo,
sino también la eliminación de los conciertos educativos. Y más aún, debe
llevar a cuestionarnos la existencia misma de la educación concertada y
privada.
21/01/2020
Moisés Martín
Gómez, es militante de Anticapitalistas y delegado de USTEA
Cádiz
https://www./ideas/2020/01/21/el-nuevo-y-el-viejo-pin-parental
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